RECHAZAMOS LOS ATAQUES, EL RACISMO Y LA ESTIGMATIZACIÓN EN CONTRA DE LA MINGA INDÍGENA EN LA CIUDAD DE CALI
10 de mayo de 2021
El pasado domingo 9 de mayo, la Policía Nacional y civiles armados abrieron fuego contra comuneros/as de la Minga Indígena que realizaban acciones humanitarias en el marco del Paro Nacional, en un ejercicio de derecho propio, ancestral y de movilización pacífica. Esta violenta incursión dejó un saldo de diez comuneros/as heridos/as, algunos/as de gravedad.
No olvidemos que la Minga Indígena en las últimas décadas nos ha mostrado la importancia de la movilización social para la exigencia legítima de los derechos. Los pueblos indígenas son una de las poblaciones rurales que han tenido que vivir la sistematicidad de la violencia y el despojo de sus territorios, y hoy son símbolo de la dignidad a la hora de reclamar sus derechos fundamentales, al realizar movilizaciones multitudinarias que dejan en la memoria la organización, la cultura y el rechazo a la violencia como vía para la resolución de los conflictos.
La Minga también ayudó a coordinar, en medio del Paro Nacional, el tránsito de una caravana humanitaria de víveres, medicinas y servicios de urgencias, con lo que dieron claras muestras de su voluntad de aportar a la construcción de salidas dialogadas y concertadas con el Gobierno. El apoyo de la Minga al Paro Nacional es un ejemplo más de la generosidad que caracteriza a los pueblos indígenas.
Asimismo, se solidarizó con la acción de protesta de la ciudadanía que ante el desconocimiento y la burla del Gobierno, solo ha recibido el actuar por fuera de la ley del ESMAD y la Policía, quienes la han reprimido brutal y arbitrariamente. Es de esta manera que la “Minga Hacia Afuera” se dirigió a Cali, epicentro de las más autoritarias e inconcebibles acciones de represión, para actuar como un cordón humanitario y aunar esfuerzos en apoyo al paro.
Comunicación propia y periodismo alternativo en tiempos de resistencia y represión
Denunciamos las prácticas criminales adoptadas por la fuerza armada en medio de las movilizaciones del Paro Nacional en Colombia
4 de mayo de 2021
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) reivindicamos el derecho a la protesta ante un Gobierno que desconoce la realidad del país, se muestra indiferente y busca recargar sus responsabilidades a una ciudadanía ya suficientemente afectada por la pandemia, la precaria atención en salud y la ausencia de una renta básica que garantice los derechos de la población más vulnerable, sin contar las problemáticas históricas que se viven especialmente en los territorios.
Responsabilizamos al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Diego Molano, a Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, y a los altos mandos de la Policía Nacional, por cada uno de los asesinatos perpetrados por aquellos que, habiendo jurado defender a su pueblo, alzaron sus armas y derramaron la sangre del mismo.
La CNTI y las organizaciones de los pueblos indígenas acompañamos a los diferentes sectores sociales que se han unido a las movilizaciones y recordamos que hacemos parte de esta lucha por la vida y la dignidad. Exigimos que se deje de criminalizar la protesta y que cese la desinformación en la prensa.
Seguimos rechazando la reforma tributaria y la reforma a la salud. Decimos NO a la violación de derechos humanos y de derechos fundamentales como a la consulta previa, libre e informada. Nos oponemos a la implementación del catastro multipropósito sin la participación efectiva de los pueblos mediante la consulta previa y al regreso de las aspersiones aéreas con glifosato a nuestros territorios. Honramos además la memoria de los líderes y lideresas asesinados/as: por sus vidas, sus luchas y el legado de sus procesos organizativos, reclamamos que se detenga el genocidio.
Así mismo, requerimos la participación real del defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien ha estado ausente y cuya negligencia resulta escandalosa. Aún más, al ver que en su más reciente aparición, hizo un “llamado a la cordura” a la ciudadanía, ignorando por completo la situación que estamos viviendo los colombianos a causa de la militarización y las constantes agresiones, no solo contra los manifestantes sino también contra viviendas y transeúntes en zonas residenciales.
A fecha del 3 de mayo y ante la posibilidad de presentar un subregistro en la información, la plataforma GRITA reportó 1181 casos de violencia policial en Colombia. De estos, fueron reportadas 142 víctimas de violencia física, 26 víctimas de violencia homicida, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violencias, 17 víctimas de agresión en sus ojos, 56 casos de disparos de arma de fuego, 9 víctimas de violencia sexual y 56 denuncias por desapariciones en el marco de las movilizaciones. ¡¡¡No es hora de callar!!!
Hacemos un llamado urgente a los medios de comunicación internacionales, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las demás entidades competentes, para vencer la censura y que tanto los casos de brutalidad policial como las ejecuciones perpetradas por la fuerza pública, no queden impunes. Es indispensable saber quiénes han ordenado estos ataques directos y desproporcionados contra la población civil que claramente nos impiden hablar de un Estado en democracia.
Seguiremos en pie de lucha, ¡defender los territorios es defender la vida!
Lanzamiento del informe Etnocidio de liderazgo indígena en Colombia
Lanzamiento del informe «Etnocidio de liderazgo indígena en Colombia»: efectos letales de la pandemia y el fracaso de la implementación del Acuerdo de Paz
El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) hizo el lanzamiento de su más reciente informe en la Yat Wala (casa grande) de la ACIN, en Santander de Quilichao, durante su visita a territorio en el norte del Cauca.
Por Redacción CNTI
El recrudecimiento de la violencia en el país y las ataques contra los pueblos indígenas en 2020 encendió las alarmas del equipo de investigación. Como señaló July Calderón, coordinadora del ODTIPI, “desde la implementación del Acuerdo de Paz van más de 1.100 líderes y lideresas asesinados/as, de los cuales el 34% es indígena”.
La situación en lo que va de 2021 es preocupante. Al 29 de abril, en el departamento del Cauca ya se han presentado 26 asesinatos, 28 hostigamientos en combate, 7 atentados, 9 amenazas y 3 situaciones de abuso de autoridad. Así lo denunció Juan Manuel Camayo, coordinador del Tejido de Defensa a la Vida y Derechos Humanos de la Çxab Wala Kiwe.
Por su parte, Celia Umenza, coordinadora del Tejido Mujer de la Çxab Wala Kiwe, recordó que las mujeres están siendo gravemente afectadas, especialmente cuando se trata de lideresas y sabedoras ancestrales. En su intervención honró la memoria de las compañeras Cristina Bautista y Sandra Liliana Peña, gobernadoras indígenas asesinadas en 2019 y 2021, respectivamente.
El contexto de inseguridad jurídica y las dinámicas del conflicto han incrementado las vulneraciones a los pueblos. Las economías ilegales y la presencia de grupos armados que disputan el control de la ruralidad, agravan el panorama, y el gran despliegue de la militarización en los territorios, no ha disminuido la violencia. Por el contrario, no son pocas las denuncias acerca de los ataques y hostigamientos de la fuerza pública contra las comunidades étnicas.
De hecho, la mayoría de las afectaciones en 2020 han sido registradas en los departamentos de Cauca y Nariño, especialmente contra los pueblos Nasa y Awá que, como fue señalado en el informe, “se caracterizan por ser protagonistas de escenarios de movilización de importante alcance a nivel nacional, lo cual da cuenta de una tendencia sistemática hacia su persecución y amedrentamiento”.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, 115 indígenas han perdido la vida a causa de las acciones criminales de los actores armados y en este contexto, cinco desplazamientos forzados y diez masacres, han sido perpetradas. En los departamentos anteriormente mencionados, “la sistematicidad de los hechos (…) parecen revelar estrategias premeditadas para atacar de manera estructural los procesos organizativos de la región y con ello, las expresiones de movilización popular más fuertes hoy existentes en el país”, reza el documento.
De acuerdo a la información publicada en el informe, en el marco de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, las medidas de confinamiento permitieron establecer con mayor facilidad la ubicación de los liderazgos que más adelante se convirtieron en víctimas mortales. Doce de los casos se dieron en su lugar de residencia y en el periodo de cuarentena estricta, comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de agosto del año pasado, 41 indígenas fueron asesinados (lo que corresponde al 35,6% de los homicidios contra indígenas en 2020).
En este orden de ideas, una de las principales denuncias es la amenaza de etnocidio contra los pueblos indígenas en el país y la implementación de políticas que van en contravía de la garantía de sus derechos, ya que atentan directamente contra la pervivencia física y cultural de las comunidades en los territorios. A pesar de esto, los procesos organizativos buscan fortalecerse y reivindicar los planes de otra Colombia posible que le apuesta a la paz y al diálogo para la resolución de conflictos, según las palabras de Milton Conda, líder del pueblo Nasa y delegado de la CNTI.
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