Extranjerización de la tierra: violación de los derechos territoriales del pueblo Sikuani en la Altillanura
Actualmente, en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, se encuentran las comunidades Iwitsulibo, Tsabilonia y Barrulia del pueblo indígena Sikuani; pueblo de origen nómada quienes habitan la región de la Altillanura colombiana. Estas comunidades, en razón de los procesos de colonización y, más recientemente, el contexto de violencia sociopolítica y armada, así como la negación de su existencia como pueblos originarios de este territorio a partir de adjudicaciones de tierras denominadas “baldías” a terceros por parte del Estado, estos pueblos han tenido que adaptarse y asentarse en ciertos territorios, en donde han sido desalojados, confinados e incluso desplazados, desconociendo su relación ancestral con sus territorios.
Es por ello que, desde 2017 las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia y Barrulia iniciaron su proceso de reclamación de la protección de sus territorios ancestrales ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), amparadas en el Decreto 2333 de 2014; esta exigencia se hizo con el objetivo de salvaguardar su derecho territorial manifiesto en sus prácticas culturales y de subsistencia acorde con sus sistemas de vida y conocimiento. A la fecha, la falta de celeridad en la respuesta a la solicitud de las comunidades de Iwitsulibo y Tsabilonia y a la negativa a la solicitud de protección de la comunidad de Barrullia por parte de la ANT ha vulnerado los derechos territoriales de estas comunidades, puesto que se han adelantado los procesos de compra-venta de tierra y con ello la posibilidad de procesos policivos de desalojo amparados en el “derecho a la propiedad privada”, el desarrollo de la agroindustria, las afectaciones ambientales, la limitación y negación de movilidad de estas comunidades en su territorio.
A raíz de la negativa de protección del territorio ancestral de la comunidad de Barrulia en el año 2022, las organizaciones indígenas nacionales que conforman la CNTI, entre ellas, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Confederación Indígena Tayrona (CIT) y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachama (AICO) y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, recurrieron al mecanismo de revocatoria directa para que la ANT, revoque y estudie nuevamente su decisión ya que va en contravía de los preceptos constitucionales relacionadas con la protección a la diversidad étnica y cultural, el acceso al territorio de un pueblo seminómada y la garantía de sus derechos fundamentales.
En ese marco de exigencias, la Asociación Indígena UNUMA, la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, la ONG Somos Defensores y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, se unieron para realizar la misión de prensa “Extranjerización de la Tierra en la Altillanura: violación de los derechos territoriales del pueblo Sikuani”, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que han traído los procesos de extranjerización de los territorios ancestrales a las tres comunidades antes nombradas.
Para ello, los días 16 y 17 de marzo de 2024 se visitaron las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia y Barrulia. Durante la visita se evidenció que la falta de protección y garantías de los derechos territoriales de estas comunidades afecta sus sistemas propios, puesto que las dinámicas de propiedad de la comunidad extranjera de los Menonita, que se evidencia a partir del levantamiento de cercas, contratación de empresas de vigilancia privada, la creación de caminos, producción de monocultivos y el control territorial, impide el desarrollo de sus dinámicas identitarias, culturales y materiales, así como la garantía de sus derechos fundamentales que les merecen.
Con relación al ingreso a sus territorios ancestrales, las comunidades indígenas encuentran limites de acceso por los caminos que transitan, pues se encuentran puestos de control de la empresa La Fazenda y de la comunidad religiosa de los Menonitas. En cada acceso, la empresa de vigilancia respectiva frena el tránsito e inicia el interrogatorio preguntando sobre el lugar al que se dirigen y sus intenciones de ingreso en el territorio. No siempre hay permiso para que las comunidades puedan ingresar al territorio, lo que afectan su acceso y movilidad.
A su vez, las labores de quema a las sabanas y los bosques de galería, la explotación y arado permanente, el uso de cal para modificar la acidez del suelo y las fumigaciones a los cultivos desarrollados por las comunidad de los Menonitas, además de generar afectaciones ambientales a la tierra y sus sustratos, las aguas subterráneas, las cuencas hídricas y los bosques de sabana, se advierte, además, la perdida de flora y fauna, han transgredido los derechos de las comunidades indígenas a su salud, sistemas alimentario, a su autonomía, a la relación territorial y el cuidado de la naturaleza.
A diferencia de las familias menonitas, que han hecho perforaciones de pozos y construidos tanques de agua de almacenamiento, las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia y Barrulia recurren a los ríos y quebradas para tomar el agua para la cocción de sus alimentos y demás usos cotidianos, fuentes que, como se señalaba previamente, están más expuestas a los pesticidas utilizados para el mantenimiento de cultivos; al respecto, en diferentes testimonios, señalaron que el uso de estas aguas contaminadas les ha traído enfermedades gastrointestinales y cutáneas. Además, han visto una disminución en la cantidad de peces, lo que ha traído una afectación en su seguridad y soberanía alimentaria, es decir en su sistema alimentario.
Adicionalmente, su sistema de alimentación y salud se ha visto alterado ya que las plantas sagradas medicinales, así como sus cultivos y los animales de caza, que antes se encontraban en las sábanas han desaparecido por las prácticas de quema y arado. Ello ha generado que deban acudir a la medicina occidental y salir de sus territorios para buscar su alimentación acudiendo incluso a la mendicidad.
En ese sentido, solicitamos al Estado colombiano de cumplimiento a las garantías de protección de los derechos territoriales y fundamentales del pueblo Sikuani amparados en la Constitución, los Convenios internacionales y demás instrumentos normativos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
