Situación territorial de los Pueblos Indígenas en el departamento del Putumayo

Situación territorial de los Pueblos Indígenas en el departamento del Putumayo

Desde la instancia de concertación para el avance en la garantía y protección de los derechos territoriales indígenas, los delegados indígenas de las organizaciones que integran la CNTI, su Secretaría Técnica y Observatorio de Derechos Territoriales, han desarrollado la estrategia de recorridos territoriales con el fin de acercar el espacio de concertación nacional a los territorios y a los pueblos indígenas brindando herramientas para la defensa y garantía de los derechos territoriales. Esta metodología apunta a fortalecer y asesorar a los diferentes pueblos y sus organizaciones, para que puedan incidir e interlocutar con el gobierno nacional para realizar acciones en los diferentes niveles territoriales que permitan identificar las problemáticas estructurales y los obstáculos que han impedido avanzar con la seguridad jurídica de sus territorios, así como desarrollar y establecer rutas para su garantía.

Bajo ese marco, entre el 26 de marzo al 03 de abril y del 21 al 23 de julio de 2024, el equipo técnico del ODTPI, en compañía de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, realizaron un recorrido territorial en el departamento del Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villagarzón y Orito, con el objetivo de establecer una serie de relacionamientos y articulaciones con cinco organizaciones indígenas, entre ellas, la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS), la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí (AMPII CANKE), Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón (ACIMVIP), las cuales representan y agrupan a comunidades de los pueblos indígenas Koreguaje, Kofan, Nasa, Inga, Murui, Siona, Kichwa, Embera y Awá.

Decisión histórica: la Corte IDH reconoce que el Estado colombiano violó los derechos del pueblo U’wa

Decisión histórica: la Corte IDH reconoce que el Estado colombiano violó los derechos del pueblo U’wa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico en el que se declara la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos del pueblo U’wa. Una decisión que ocurre después de treinta años de lucha por la justicia, caso en el cual la Comisión Nacional de Territorios Indígenas actuó como perito.

Con esta decisión se confirma la responsabilidad de Colombia por no proteger de manera efectiva los derechos ancestrales sobre el territorio del pueblo U’wa, en parte por permitir que allí se ejecuten actividades extractivistas y turísticas, sin realizar consulta previa, libre e informada, lo cual ha afectado el plan de vida de este pueblo, desde lo cultural, territorial y espiritual.

El fallo reconoce que “la cosmogonía U’wa se fundamenta en el permanente equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y su universo cósmico, de modo que la defensa del territorio ha sido una parte central de su identidad y modo de vida. Particularmente el Zizuma (nevado en castellano), constituye una fuente hídrica del territorio y un espacio de gran importancia cultural y espiritual del Pueblo U’wa”. Este equilibrio ha sido alterado de manera significativa por acciones que externos que rompieron la armonía del territorio.

En este caso, la CIDH analizó de manera particular siete proyectos extractivos, varios de ellos ejecutados dentro del resguardo U’wa. Además, se tomó en cuenta la afectación a los derechos por actos de violencia ejecutados por el Ejército Nacional y grupos armados ilegales que realizan sus acciones de control en su territorio.

Además, se encontró que a más de 23 años de la creación del resguardo hay una clara violación al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los estados a delimitar y titular los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Esto queda en evidencia en el traslape que existe entre el resguardo U’wa y el Parque Nacional Natural El Cocuy, lo que ha llevado a que los indígenas hayan solicitado el cierre del parque porque esta situación no les permite ejercer su autonomía.

Algunas de las decisiones más importantes de la CIDH frente a las obligaciones del Estado con el pueblo U’wa son las siguientes: Saneamiento integral del resguardo Unido U’wa y resguardo Kuita.

  • Involucrar al pueblo U’wa en la administración y conservación de la zona en la que se traslapa el resguardo con el Parque Nacional Natural El Cocuy.
  • Realizar proceso de participación para los proyectos extractivos vigentes y vigilar los que se encuentran en áreas cercanas al resguardo.
  • Realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por permitir la violación de los derechos del pueblo U’wa.
  • Reparar el daño generado a la participación en la vida cultural, la vida digna y la integridad personal de los miembros del Pueblo U’wa.

Esta es una decisión histórica, producto de años de luchas, que se puede convertir en un referente importante para los pueblos indígenas de América Latina que enfrentan una situación similar de violación sistemática de sus derechos ancestrales por parte de los estados.

¡Defender los territorios es defender la vida!

El llamado Indígena por un futuro sostenible

El llamado Indígena por un futuro sostenible

La crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad han alcanzado niveles alarmantes y los Pueblos Indígenas del mundo, especialmente en Colombia, han decidido alzar su voz ante la comunidad internacional. Este llamado no solo busca preservar la naturaleza, sino también que se reconozca el papel esencial que ellos juegan en su cuidado. Además de que se comprenda que la única forma de asegurar un futuro sostenible para la humanidad es estableciendo una relación más profunda y respetuosa con la tierra, basada en sus conocimientos ancestrales y en la defensa de sus territorios.

Para los Pueblos Indígenas, la relación con la naturaleza es un principio fundamental; sus territorios son lugares de profunda conexión espiritual, cultural y ecológica. Sin embargo, estos han sido objeto de despojo y explotación por parte de políticas coloniales y extractivas. Hoy, se exige un reconocimiento integral de los derechos territoriales, pues solo a través de la protección de estos será posible restaurar el equilibrio del planeta.

La sabiduría indígena es otro de los pilares que que se destaca como esencial para enfrentar la crisis ecológica. Estos sistemas de conocimiento, que han sido transmitidos a lo largo de generaciones, están basados en una comprensión profunda de los ecosistemas y una relación respetuosa con la naturaleza. Integrarlos con las ciencias modernas no es solo una posibilidad, sino una necesidad urgente para lograr soluciones efectivas a los problemas ambientales. La visión indígena de la conservación no se limita a la protección de especies o áreas específicas, sino que contempla una gestión integral de los territorios, donde la biodiversidad, la cultura y el bienestar humano son elementos inseparables.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Marco Mundial de Biodiversidad, ofrecen herramientas clave para que los Pueblos Indígenas exijan el respeto de sus derechos. Estas iniciativas internacionales pueden y deben incluirlos como actores fundamentales en la lucha contra la crisis climática y en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, este reconocimiento no puede limitarse a simples formalidades, debe implicar un compromiso real con la autodeterminación y el respeto por los sistemas de conocimiento propios.

A la hora de implementar los compromisos internacionales en torno a la biodiversidad, los Pueblos Indígenas insisten en que las políticas no deben quedarse en planes abstractos o promesas incumplidas. Es necesario que se traduzcan en medidas concretas, respaldadas por recursos financieros y voluntad política.

Por esta razón, los acuerdos internacionales deben tener un enfoque que valore y respete a los Pueblos Indígenas como socios en la conservación. Esto incluye la asignación de recursos que fortalezcan las iniciativas locales y el apoyo a la implementación de proyectos que respeten los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Una parte fundamental de este reconocimiento es garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, especialmente aquellos que han sido despojados a lo largo de la historia. El Estado debe asumir la responsabilidad de proteger estos territorios, asegurando que las comunidades puedan seguir gestionándolos de acuerdo con sus tradiciones y sistemas de gobernanza. El reconocimiento de la posesión ancestral de estos territorios no solo implica la protección de su propiedad, sino también el respeto por el derecho a decidir sobre el manejo y uso de los recursos naturales. La restitución de territorios y la garantía de su conservación son pasos fundamentales para garantizar la autonomía y autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

El futuro de la biodiversidad, y por ende de la vida en la Tierra, depende en gran medida de una transformación en las relaciones entre los Pueblos Indígenas y el resto del mundo. Para que esto suceda, es imprescindible que las políticas internacionales y los compromisos globales incluyan de manera plena las voces y las perspectivas indígenas.

Es hora de que las naciones reconozcan que la defensa de los territorios indígenas es, en última instancia, la defensa del planeta. Solo trabajando juntos, en un marco de respeto y colaboración, podremos asegurar un futuro más armonioso y equilibrado para todas las formas de vida.

¡Defender los territorios es defender la vida!

El reconocimiento de los Pueblos Indígenas en la conservación de la biodiversidad

El reconocimiento de los Pueblos Indígenas en la conservación de la biodiversidad

En las montañas, los bosques, los ríos y las sabanas de Colombia, más de 35 millones de hectáreas son gestionadas y protegidas por los Pueblos Indígenas. Son guardianes de los territorios ancestrales que albergan una biodiversidad única, esencial no solo para el país, sino para el equilibrio ecológico del planeta.

En Colombia viven 115 pueblos indígenas, algunos de los cuales han logrado mantener sus tradiciones, sistemas de vida y conocimientos durante siglos, resistiendo a los intentos de despojo, desplazamiento y exterminio cultural. Hoy, la comunidad internacional comienza a reconocer, aunque de manera aún parcial, el papel fundamental de los Pueblos Indígenas en la conservación de la biodiversidad y la protección del planeta.

Los pueblos indígenas protegen con sus conocimientos ancestrales los ecosistemas. Esta conexión espiritual y material con la naturaleza es la base de la conservación que ejercen desde tiempos inmemoriales. Son ellos quienes, a través de su cosmovisión, logran mantener un equilibrio entre los recursos naturales y la vida humana, pues sus sistemas de manejo y organización territorial son inseparables de sus prácticas culturales, sociales y espirituales.

Los resguardos indígenas, reconocidos legalmente en Colombia, constituyen un vasto espacio territorial donde la protección de la biodiversidad no se da en términos aislados, sino como parte de un tejido de relaciones de respeto mutuo entre las personas, los seres vivos y la tierra. Estos resguardos no solo son espacios de vida, sino también de resistencia y lucha. Son la respuesta histórica a los intentos de despojo que se han enfrentado durante siglos, ya sea por la expansión de la agricultura, la minería o la deforestación indiscriminada.

A través de las luchas por el reconocimiento de los derechos territoriales, se ha logrado algo que la humanidad entera debe reconocer: la conservación no es una cuestión de imposición, sino de derechos. La diversidad biológica no debe considerarse solo desde una perspectiva científica o de conservación «externa», sino como un derecho fundamental que debe ser respetado. Los Pueblos Indígenas no solo protegen la biodiversidad, sino que la enriquecen con sus saberes ancestrales, sus prácticas agrícolas, sus conocimientos medicinales y su relación armónica con los ciclos de la naturaleza.

El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, en el que se establece un enfoque basado en derechos para la conservación, constituye un avance importante en este reconocimiento. Este enfoque, al incorporar a los Pueblos Indígenas como actores clave en la preservación de la biodiversidad, reconoce que los territorios que albergan la mayor biodiversidad son, en su mayoría, tierras indígenas.

El compromiso con este enfoque de derechos exige a los Estados una responsabilidad mayor. No basta con firmar acuerdos o crear políticas ambientales, sino que es necesario asumir un compromiso real con el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. En Colombia, aunque la legislación ha avanzado en el reconocimiento de estos derechos, aún persisten deudas históricas. Muchos territorios indígenas siguen siendo invadidos por actividades extractivas que afectan la biodiversidad y los líderes indígenas que defienden estos territorios enfrentan amenazas constantes. El respeto por estos derechos implica la protección de la vida de los defensores de la tierra, la garantía de la tenencia de la tierra y la autonomía para gobernar los territorios conforme a sus propias formas de organización y autoridad.

El camino hacia la plena integración de los pueblos indígenas en las políticas globales de conservación no está exento de desafíos. Los Estados deben trabajar en la adecuación de sus marcos jurídicos y de gobernanza para reconocer a las autoridades indígenas como las legítimas guardianas de sus territorios. El principio de autodeterminación debe ser el eje central de cualquier política que busque garantizar la conservación de la biodiversidad.

Es necesario, además, que las políticas de conservación se diseñen de manera integral, entendiendo que el territorio indígena no es solo un espacio físico, sino un espacio cultural, social y espiritual que debe ser respetado en su totalidad. La implementación de estos enfoques integrales de conservación, en coordinación con los Pueblos Indígenas, permitirá superar los modelos de conservación que históricamente han sido impuestos sin el consentimiento de las comunidades, y que han resultado en el desplazamiento forzado de pueblos enteros.

El reconocimiento de los Indígenas como aliados en la lucha contra la pérdida de biodiversidad es también una invitación a repensar los modelos de desarrollo. Sus conocimientos tradicionales no son un obstáculo para el progreso, sino una herramienta invaluable para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. En este sentido, la conservación debe ser entendida no como una meta aislada, sino como un proceso continuo que involucra a las comunidades locales, sus saberes y su relación con la tierra.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Una vez más se suspende la sesión de la CNTI por incumpliendo de la Gobierno Nacional

Una vez más se suspende la sesión de la CNTI por incumpliendo de la Gobierno Nacional

Los Pueblos Indígenas dejamos constancia que el Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se retiró de la VI Sesión Mixta de la CNTI sin ofrecer respuestas claras a las inquietudes y demandas expresadas por nuestros delegados y Secretario Técnico Indígena.

Ante esta falta de compromiso, a las 12:00 a.m. decidimos pausar el espacio de diálogo y concertación, esperando su regreso para atender de manera responsable los temas planteados. Sin embargo, su ausencia prolongada, sin explicaciones ni justificaciones, evidencia un desinterés y una carencia de compromiso hacia los derechos de los Pueblos Indígenas.

Luego de varias horas de dilación, a las 3:00 am los delegados del gobierno descaradamente proponen la continuación de la sesión para el próximo año. Sin embargo, los delegados de los Pueblos y organizaciones Indígenas de la CNTI nos declaramos en Sesión Permanente hasta que exista un nuevo espacio de concertación y diálogo antes de finalizar el año. Exigimos que en cumplimiento de sus funciones asistan y participen en el espacio el señor Juan Felipe Harman, Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la señora Martha Viviana Carvajalino Villegas, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.

Esta actitud displicente con este espacio de concertación refleja la falta de voluntad política para garantizar nuestros derechos territoriales y avanzar en el cumplimiento de acuerdos previos, alcanzados en este espacio de diálogo y concertación. Los Pueblos Indígenas hemos participado en estos diálogos con la firme intención de construir soluciones conjuntas, desde el respeto y la concertación. Sin embargo, el abandono abrupto de los representantes de la ANT y del Ministerio de Agricultura, voceros políticos del Gobierno Nacional, transmite un mensaje claro de negligencia frente a las problemáticas que afectan a nuestros pueblos y territorios.

Por lo tanto, EXIGIMOS:

Reanudación lo antes posible de los espacios de diálogo y concertación, con la presencia de los altos funcionarios de la ANT y del Ministerio de Agricultura, y los compromisos claros para responder a nuestras exigencias.

Una disculpa pública por la falta de respeto demostrada al abandonar el diálogo sin previo aviso ni justificación.
Garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en sesiones mixtas anteriores, respetando nuestras decisiones y propuestas en los espacios de concertación. Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo tomen las medidas correctivas necesarias frente a esta inoperancia que vulnera los derechos de los Pueblos Indígenas.

Los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de paz, justicia y garantías para nuestros territorios. Sin embargo, advertimos que no permitiremos que nuestras voces sean ignoradas ni que nuestros derechos sigan siendo vulnerados. El llamado es #URGENTE, para que el Gobierno Nacional actúe de manera inmediata con seriedad y responsabilidad, garantizando un diálogo de resultados concretos para la materialización de nuestros derechos fundamentales y territoriales.

¡Defender los territorios, es defender la vida!

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