Por orden judicial de desalojo se pone en riesgo los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de la comunidad de Barrulias

Por orden judicial de desalojo se pone en riesgo los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de la comunidad de Barrulias

Desde el año 2017, la comunidad de Barrulias solicitó ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la aplicación de los mecanismos que fueron establecidos en el Decreto 2333 de 2014 para la garantía de la protección y seguridad jurídica del territorio ancestralmente ocupado por el pueblo Sikuani sobre las veredas La Cristalina, Chavilonia, Nuevas Fundaciones, Rancho Alegre, San Pedro de Arimena, Casuna y El Frío en Puerto Gaitán, departamento de Meta.

Después de más de cinco años de interpuesta la solicitud y tras varias dilaciones administrativas del proceso, el día 17 de mayo del 2022 mediante Resolución 20225100110896 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT decidió no reconocer la ocupación ancestral e histórica de la comunidad de Barrulia sobre dicha zona solicitada en protección.

Esta lamentable decisión de no conceder la medida de protección de su territorio ancestral, porque al levantar la suspensión de las acciones policivas que la alcaldía y la inspección de policía del municipio de Puerto Gaitán, Meta, habían establecido por supuesta “perturbación de la propiedad”, se ha puesto en riesgo todos los derechos territoriales, culturales, espirituales, políticos y económicos del Pueblo Indígena Sikuani.

La comunidad de Barrulia, al no estar de acuerdo con esta decisión, interpuso varias acciones jurídicas, entre las que se cuentan los recursos de reposición en subsidio de apelación en contra de esta resolución, la acción de tutela, y los derechos de petición solicitando la suspensión de las medidas de desalojo por perturbación a la propiedad.

Además de ello, en el mes de noviembre de 2022 y en coadyuvancia con las Organizaciones Indígenas de Colombia: Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), La Confederación Indígena Tayrona (CIT), El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se interpusieron ante la ANT sus correspondientes acciones de Revocatoria Directa, en contra de la resolución que negó la ocupación y la protección del territorio ancestral del pueblo Sikuani, las cuales aún no ha sido resueltas hasta la fecha.

A pesar de todas las acciones jurídicas y administrativas que se ha interpuesto, la Inspección Segunda de Puerto Gaitán Meta el día 13 de enero del 2023 emitió el Auto 003 dentro del cual se ordena el desalojo de la comunidad de Barrulias, fijado para los días lunes treinta (30) de enero, martes treinta y uno (31) de enero y miércoles primero (01) de febrero de 2023, en la finca los Cocuyos de la Vereda Nuevas Fundaciones en Puerto Gaitán, Meta.

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas advierte que con esta acción de desalojo, se pone en riesgo la vida y se vulneran todos los derechos fundamentales de la comunidad de Barrulias. De igual modo, denunciamos que esta es una situación que se viene repitiendo en contra de dicha población Indígena, lo anterior teniendo en cuenta que hasta la fecha se han presentado seis intentos de desalojos en contra de dicha comunidad. Inclusive en repetidas ocasiones se ha utilizado la fuerza desmedida por parte de la policía del municipio.

Por lo tanto, desde este espacio de concertación, advertimos que hasta que no exista un pronunciamiento de fondo sobre las Revocatorias Directas que fueron interpuestas por las organizaciones indígenas ante la Agencia Nacional de Tierra (ANT), no se puede proceder a realizar ninguna actuación policiva y menos represiva en contra del Pueblo Indígena de la comunidad de Barrulias.

De igual modo, hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, para que realice el acompañamiento de la comunidad de Barrulias, así como a la Agencia Nacional de Tierras, para que mediante comunicación informe a la alcaldía y a la inspección de policía del municipio que suspendan los procesos de desalojo ordenados recientemente contra la comunidad, hasta tanto la Agencia Nacional de Tierras no resuelva de fondo las solicitudes de Revocatoria Directa que fueron interpuestas por las organizaciones indígenas del país, en contra de la resolución, mediante la cual a esta comunidad indígena del pueblo Sikuani de la altillanura, se le ha negado la ancestralidad de su existencia y ocupación territorial.

Defender los territorios es defender la vida.

 

Informe de la CNTI a la CIDH sobre las afectaciones diferenciadas a Pueblos y Comunidades Indígenas en el marco del Paro Nacional

Informe de la CNTI a la CIDH sobre las afectaciones diferenciadas a Pueblos y Comunidades Indígenas en el marco del Paro Nacional

Las Comunidades y Pueblos Indígenas de Colombia hemos participado activamente en el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021. Desde todos los rincones del país las y los comuneros hemos salido a las vías, carreteras y centros urbanos para exigir la garantía de nuestros derechos en una larga lista de incumplimientos que hoy persiste.

Ante la falta de garantía de nuestros territorios, avanza la prelación de intereses económicos como la minería, el petróleo y la agroindustria, así como la presencia de actores armados que ponen en riesgo a las comunidades indígenas con el interés de despojarlas, desplazarlas u obligarlas al desarrollo de economías ilícitas. Estas son algunas de las deudas históricas en materia territorial indígena que nos llevan a movilizarnos y a ejercer el derecho a la protesta social.

Ante la falta de garantías para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los hechos ocurridos a nivel nacional desde noviembre de 2019, relacionados a la protesta social y el abuso de la fuerza pública, además de la excesiva respuesta militar por parte del Gobierno nacional como única salida, la estigmatización y el señalamiento que hoy persiste contra los Pueblos y Comunidades Indígenas en el ejercicio legítimo de la protesta social, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuve a las investigaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colombia desde el año 2019.

Además, proponemos que este GIEI emita un informe final con la reconstrucción de los hechos, establezca responsabilidades individuales y colectivas, y que presente recomendaciones para evitar la impunidad y la repetición de contextos similares en el ejercicio de la protesta social, todo ello bajo una lectura que considere el enfoque diferencial para establecer las afectaciones a Pueblos y Comunidades Indígenas.

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Comunicado a la opinión pública en defensa del Derecho fundamental a la Consulta Previa y al consentimiento previo, libre e informado

Comunicado a la opinión pública en defensa del Derecho fundamental a la Consulta Previa y al consentimiento previo, libre e informado

Congresistas de la Circunscripción Especial Indígena y organizaciones étnicas del país expresamos públicamente nuestro rechazo al proyecto de ley estatutaria N° 442 de 2020 “Por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y se dictan otras disposiciones”

El derecho fundamental a la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado hace parte esencial del reconocimiento de la diversidad de los pueblos y comunidades étnicas; por medio de este derecho colectivo se materializa nuestra expresión social, política, cultural y espiritual, así como el autogobierno, los derechos territoriales y otros derechos colectivos.

En Colombia hemos allanado distintos escenarios para defender este derecho fundamental y evitar que sea instrumentalizado o reducido a un procedimiento: desde la movilización social y popular como expresión propia de nuestros pueblos, hasta el litigio jurídico en cortes nacionales e internacionales para salvaguardar este y otros derechos. Contamos con instancias de interlocución y Diálogo de Gobierno a Gobierno: Gobierno Propio Indígena y Gobierno Nacional, como la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y mesas regionales representativas de comunidades y pueblos indígenas. También hacemos parte de la Circunscripción Especial Indígena en el Congreso de la República y, desde esta tribuna, protegemos los intereses de quienes decidieron que les representemos.

Comunicado oficial

Una vez más el Gobierno nacional les incumple a los Pueblos Indígenas y viola las garantías a sus derechos fundamentales

Una vez más el Gobierno nacional les incumple a los Pueblos Indígenas y viola las garantías a sus derechos fundamentales

Denuncian que el catastro multipropósito se está realizando sin surtir el proceso de consulta previa, situación que genera graves afectaciones territoriales.

 Piden medidas provisionales para suspender la implementación de la política pública y así evitar daños y afectaciones a los Pueblos Indígenas por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

Bogotá, marzo 31 de 2021

A más de tres meses de haber acordado con el gobierno de Iván Duque la ruta de la consulta previa para la implementación del catastro multipropósito en los territorios indígenas, el Ministerio del Interior, el DNP, la Presidencia de la República, el IGAG y las entidades responsables, incumplen lo acordado en la sesión mixta de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y expone a las comunidades indígenas a situaciones que pueden favorecer el despojo de sus tierras.

Aunque en diciembre de 2020, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, y la consejera presidencial para la gestión y el cumplimiento, Alejandra Botero, acordaron con las organizaciones indígenas respetar y garantizar el proceso de consulta previa, libre e informada para su aplicación en los territorios, ese derecho fundamental se está violando.

La propuesta inicial del Gobierno fue “socializar” la guía metodológica para la implementación del catastro multipropósito; sin embargo, la exigencia de los Pueblos Indígenas es que se adelante Consulta Previa. Después que los Pueblos Indígenas expusieron las diferentes afectaciones directas y la vulneración a derechos fundamentales, el Gobierno acepta construir una ruta de consulta previa. “Se busca que se pueda adelantar con toda la responsabilidad y celeridad”. Ello, “teniendo en cuenta la trascendencia de esta política pública, como tema prioritario para el presidente Duque”, expresó en diciembre el viceministro Carlos Baena, pero no cumplió.

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Comunicado a la opinión pública-Históricos fallos de tutela reconocen y amparan derechos colectivos de los Pueblos Indígenas Embera Katío y Los Pastos en Córdoba y Nariño

Comunicado a la opinión pública-Históricos fallos de tutela reconocen y amparan derechos colectivos de los Pueblos Indígenas Embera Katío y Los Pastos en Córdoba y Nariño

31 de marzo del 2021

Las ordenes determinan que la Agencia Nacional de Tierras debe concluir y decidir de fondo las solicitudes de titulación de los resguardos Dochama y La Montaña, cuya formalización se ha dilatado administrativamente por 42 y 8 años para cada caso.

Los jueces le advierten a la Agencia Nacional de Tierras que debe formalizar territorios colectivos para el ejercicio de la autodeterminación, autonomía y goce efectivo de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas. Exponen, además, que la Agencia Nacional de Tierras debe ceñirse al cumplimiento de los pasos establecidos para el procedimiento de constitución de Resguardos establecidos en La Ley.

En los fallos enfatizan que la Agencia Nacional de Tierras y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior han obstruido injustificadamente la culminación del proceso, indagando sobre situaciones asociadas a la presencia de grupos armados, minas antipersona y cultivos de uso ilícito, factores que, si bien resultan importantes, no se encuentran asociados con los requisitos para acceder a la formalización del territorio, constituyéndose en una ‘doble carga y en la revictimización’ de las comunidades.

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Las Organizaciones Indígenas Nacionales rechazamos vehemente el nombramiento del señor Juan Carlos Pulido como coordinador de enfoque étnico en el Centro Nacional de Memoria Histórica

Las Organizaciones Indígenas Nacionales rechazamos vehemente el nombramiento del señor Juan Carlos Pulido como coordinador de enfoque étnico en el Centro Nacional de Memoria Histórica

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Bakatá, 6 de marzo de 2021. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana (OPIAC),  Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama y Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia-Gobierno Mayor, expresamos nuestro RECHAZO por el nombramiento del señor Juan Carlos Pulido como coordinador de Enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El señor Juan Carlos Pulido en su calidad de asesor y coordinador de Consenso Social en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), fue protagonista de un acto de racismo y desprecio en contra de los Pueblos Indígenas; el hecho fue evidenciado y repudiado públicamente en el marco de una reunión virtual de espacio mixto entre el Gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el pasado 19 de marzo de 2020.

No es nuevo que el Gobierno nacional en la contratación de funcionarios públicos a cargo de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, nombre a personas que no responden a los criterios de responsabilidad, idoneidad y experticia que implica el manejo del enfoque diferencial en las instituciones públicas. Ante esta grave y reiterada situación EXPRESAMOS que, la llegada a este cargo de una persona abiertamente racista y que no reconoce nuestra existencia diversa, se traduce en un riesgo para la garantía efectiva de nuestros derechos como Pueblos indígenas, en contravía de los estándares internacionales, amenazando además el acceso a justicia y la eficacia de los mecanismos disciplinarios y diferenciales cuyo objetivo debe ser la eliminación de cualquier forma de racismo estructural e institucional, además de ser una burla para nuestras comunidades.

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