Los delegados, delegadas indígenas y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, rechazamos los hechos de violencia que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Nuquí, Chocó, y expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria que enfrentan las familias, autoridades y comunidades afectadas, así como por las condiciones de riesgo que persisten en sus territorios.
Nos solidarizamos con las comunidades desplazadas y con quienes permanecen bajo amenaza, pero también denunciamos los hechos de violencia que continúan afectando a los Pueblos Indígenas del Chocó y que han generado desplazamientos forzados, confinamientos y graves afectaciones territoriales. Advertimos, además, que la falta de una respuesta oportuna y efectiva por parte del Gobierno Nacional y de las instituciones competentes profundiza esta crisis y contribuye a la vulneración de derechos humanos, colectivos y territoriales fundamentales.
El 1 de noviembre, aproximadamente 500 personas indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en Jurubidá, se vieron obligadas a abandonar su territorio ante la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. A esta situación se suma el riesgo que enfrenta la comunidad de Puerto Indio, donde cerca de 300 personas podrían verse obligadas a desplazarse si persisten las condiciones de inseguridad.
Esta emergencia no es un hecho aislado ni imprevisible. Desde abril de 2024, la Alerta Temprana 009 de la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos derivados de la presencia y disputa territorial entre actores armados en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó. La materialización de estas amenazas en confinamientos y desplazamientos evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta institucional.
Para los Pueblos Indígenas, el desplazamiento forzado no significa únicamente abandonar una vivienda. Implica romper relaciones comunitarias, culturales y espirituales; afectar el ejercicio del Gobierno Propio; interrumpir prácticas ancestrales y poner en riesgo la permanencia y pervivencia de los pueblos en sus territorios. Por ello, cualquier respuesta a esta emergencia debe reconocer la dimensión colectiva y territorial de las afectaciones.
Desde la CNTI exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes garantizar una atención humanitaria inmediata, integral y con enfoque étnico y diferencial; adoptar medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en riesgo; y coordinar cualquier actuación con las autoridades indígenas. Las garantías para un eventual retorno deben asegurar condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad, no repetición y permanencia territorial.
También hacemos un llamado a evaluar las medidas adoptadas frente a las alertas previamente emitidas y a fortalecer la coordinación institucional para impedir nuevos desplazamientos. Las alertas tempranas deben traducirse en acciones oportunas y garantías efectivas para proteger la vida, la autonomía y los territorios de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas no podemos seguir siendo desplazados de nuestros territorios por una guerra de la que no somos parte. Reafirmamos nuestro llamado al respeto de nuestras autoridades, el Gobierno Propio, la autonomía y los derechos territoriales.
La protección de la vida exige garantizar la permanencia de los pueblos en nuestros territorios. La presencia y las disputas entre actores armados en nuestros territorios ponen en riesgo la vida, la autonomía, el Gobierno Propio y la permanencia y pervivencia de nuestros pueblos.
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
¡Defender los territorios es defender la vida!
