El 29 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento «Del riesgo a la acción: implementar el Marco Mundial de Biodiversidad desde un enfoque de seguridad de la naturaleza», realizado en el Pabellón del Reino Unido en Ereván, Armenia. Ante ministros y delegaciones de gobierno, organismos internacionales, instituciones financieras e investigadores, llevamos un mensaje claro. Los Pueblos Indígenas ya producimos datos que alertan sobre los riesgos en nuestros territorios, y para reducir esos riesgos, esos datos deben convertirse en decisiones con el Estado.
El evento, organizado por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra), buscó ir más allá del diagnóstico para mostrar cómo los países pueden incorporar los riesgos relacionados con la naturaleza en sus decisiones, en sus sistemas de alerta temprana, en el financiamiento y en contextos afectados por conflictos. Nuestra intervención hizo parte del bloque sobre alertas tempranas, centrado en cómo combinar múltiples señales, como las ambientales, económicas o relacionadas con conflictos, con el conocimiento de los Pueblos Indígenas para crear sistemas que permitan actuar antes de que surjan las crisis.
Nuestra respuesta partió de un hecho. Las señales ya están ahí, y los Pueblos Indígenas ya contamos con sistemas propios para registrarlas. Chey, el Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena de la CNTI, reúne más de 120 capas de información sobre ecosistemas, especies, deforestación, minería y frontera agrícola, tanto en los territorios titulados como en las tierras que los pueblos han usado y ocupado por generaciones, y que muchas veces los datos oficiales no ven. Con esa información es posible anticipar dónde un nuevo proyecto puede abrir el próximo foco de deforestación, antes de que ocurra.
A ello se suma el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), que muestra quién está en riesgo y por qué. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 registró 144 indígenas víctimas de homicidio. Más de una de cada tres víctimas era líder, autoridad, integrante de la guardia indígena o médico tradicional, y el 80 % de las víctimas de 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica. Cuando se asesina a una autoridad, se debilita el gobierno propio que protege el territorio. Por eso, la inseguridad jurídica de la tierra es un indicador claro de riesgo.
Primero llega la presión sobre la tierra, luego las amenazas y el desplazamiento, después los ataques a quienes defienden. Si no se actúa a tiempo, las comunidades pueden terminar sin poder ejercer su gobierno propio y despojadas de su territorio, y con ellas se pierde también la naturaleza que cuidan.
Según Chey, hoy el 15,44 % del área con títulos mineros vigentes, el 9,79 % del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10 % de la deforestación del último año en el país están en territorios indígenas. Muchas de estas presiones provienen de economías legales, como la ganadería y la agroindustria, vinculadas a mercados globales, por lo que gestionar el riesgo también implica mirar las cadenas de suministro.
Pero los datos solos no reducen el riesgo. Las decisiones sí. La brecha está en el puente entre las señales de alerta y quienes tienen el mandato y los recursos para actuar. En Colombia, ese puente es la CNTI, creada por el Decreto 1397 de 1996 como espacio de concertación entre el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas sobre los derechos territoriales. Allí llevamos nuestros datos y conocimientos, dialogamos con el Estado y concertamos políticas y normas para proteger los territorios. Por eso, la alerta temprana no es solo un asunto de datos, sino también de decisiones.
Actuar a tiempo cuesta menos que reparar. Cuando un bosque se pierde, no vuelve. Donde los territorios indígenas cuentan con título de propiedad colectiva, los bosques están mejor protegidos, pero hoy siguen sin resolver 1.650 solicitudes de los Pueblos Indígenas para que el Estado reconozca, titule y proteja sus territorios. Asegurar los derechos territoriales es una de las formas más eficaces de acción anticipatoria.
Lo que ocurre en los territorios indígenas importa a todos. Ecosistemas como la Amazonía sostienen el agua, las lluvias y la estabilidad del clima de regiones enteras y del planeta. Por eso propusimos a los países tres acciones conjuntas. Primero, reconocer los datos y conocimientos de los Pueblos Indígenas como evidencia para la toma de decisiones. Segundo, construir puentes para que las alertas lleven a la acción, con los Pueblos Indígenas en la mesa. Y tercero, asegurar los territorios indígenas como una de las mejores inversiones en prevención.
Proteger los territorios indígenas no es solo un asunto de derechos. Es una inversión en seguridad y una responsabilidad compartida, que exige reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos y de conocimientos, no como un actor interesado más.
¡Defender los territorios es defender la vida!
