El 26 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el diálogo “Where Land and Water Meet: Who Decides?” (“Donde la tierra y el agua se encuentran: ¿quién decide?”), en el Pabellón del Océano de la Zona Azul. Frente a esa pregunta, nuestra respuesta fue clara. Deben decidir los Pueblos Indígenas, a través de sus autoridades, sobre sus territorios, incluidas sus tierras y sus aguas. Y los Estados deben reconocerlos y protegerlos de manera integral.
Participamos por invitación de Tenure Facility y Turning Tides, en una conversación sobre la relación entre las tierras, las aguas y las decisiones que definen su futuro, y sobre cómo el financiamiento puede responder mejor a nuestras prioridades como Pueblos Indígenas, que gobernamos y cuidamos nuestros territorios.
Nuestra apuesta en este espacio era mostrar que, para nuestros pueblos, la tierra y el agua no se separan, y advertir que cuando la ley y los proyectos dividen el territorio, también dividen nuestras decisiones y debilitan nuestros derechos. Como se planteó en el diálogo, todo territorio tiene dos mapas. Uno es el que gobiernan y cuidan los Pueblos Indígenas, y el otro, el que dibujan las instituciones y el financiamiento. Desde la CNTI, donde hacemos seguimiento a la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, vemos a diario lo que ocurre cuando esos dos mapas no coinciden. Hay territorios titulados sin sus aguas, decisiones que se toman sin nuestras autoridades y proyectos que dividen lo que cuidamos como un todo.
Esa diferencia tiene un peso enorme en Colombia, porque buena parte del agua y de los ecosistemas del país está en territorios indígenas. Según los análisis de la CNTI, los territorios indígenas de Colombia abarcan unos 41 millones de hectáreas, cerca de una tercera parte del país. Allí se encuentra el 61 % de las aguas superficiales, el 64 % de las playas, el 58 % de los bosques y el 54 % de los glaciares. Son ecosistemas donde el agua nace, se guarda y baja hacia los ríos y el mar.
Para explicar ese primer mapa, compartimos el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, su territorio se define por la Línea Negra, una red de 348 sitios sagrados que une lagunas, nacimientos de agua, ríos y playas, donde los Mamus, autoridades espirituales, realizan ofrendas para mantener el equilibrio entre la montaña y el mar. Allí lo que pasa arriba se siente abajo. Si se seca un nacimiento, sufre el río; si se contamina el río, sufre el mar. Por eso sus autoridades deciden sobre todo el territorio desde sus formas de gobierno, las cuales orientan las decisiones sobre dónde sembrar, qué espacios preservar y cómo cuidar cada sitio.
El segundo mapa lo dibujan las instituciones del Estado a través de sus leyes. Desde un enfoque de derechos humanos, los Estados deben garantizar el territorio de manera integral, y no solo la propiedad, sino también el uso y el acceso a la tierra, al agua y a los demás espacios de la naturaleza. Pero en Colombia, como en muchos países, la ley hizo lo contrario. Separó el territorio en tierra y agua, en lo público y lo privado, y muchas veces esa separación terminó en despojo.
Como ejemplo, expusimos que en Colombia hay cerca de 35 millones de hectáreas tituladas como resguardos, pero esos títulos dejan por fuera ríos, lagos, humedales, glaciares y playas, bajo el argumento de que son bienes de uso público. Se nos reconoce la tierra hasta la orilla del agua, pero no el río ni el mar. Como si un territorio indígena pudiera existir sin sus aguas. Esta separación fragmenta el reconocimiento territorial y debilita las garantías para ejercer nuestros derechos sobre el conjunto de los espacios que habitamos y cuidamos.
Advertimos que el financiamiento muchas veces reproduce esa fragmentación. Un proyecto para el bosque, otro para el agua y otro para la pesca, cada uno con sus tiempos, indicadores e intermediarios. Esa organización sectorial termina imponiendo a nuestros pueblos las prioridades de los proyectos y desconociendo las relaciones que sostienen nuestras formas ancestrales de gobierno y cuidado.
Por eso, a la pregunta de quién decide, respondimos que hoy decide quien dibuja el segundo mapa, cuando debería decidir quién gobierna y cuida el primero. Y esto importa en esta COP y se relaciona con la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que busca conservar y gestionar eficazmente para 2030 al menos el 30 % de las zonas terrestres y de aguas continentales, y de las zonas marinas y costeras, reconociendo y respetando los derechos y territorios de los Pueblos Indígenas. Es una meta que une la tierra y el agua, y no puede cumplirse si a los pueblos se nos reconoce la tierra, pero no el agua.
Las cifras de financiamiento muestran por qué es urgente transformar estos mecanismos. Según Rainforest Foundation Norway, entre 2011 y 2020 el apoyo a la tenencia y al manejo forestal de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales fue menos del 1 % de la ayuda climática internacional, y solo el 17 % de esos recursos se destinó a proyectos que nombraban a una organización indígena o comunitaria. El Forest Tenure Funders Group reportó que la proporción de recursos entregados directamente a estas organizaciones pasó del 2,9 % en 2021 al 7,2 % en 2025, dentro del financiamiento informado por sus miembros. Es un avance, pero sigue siendo insuficiente.
Por tal razón, les solicitamos a quienes financian ampliar el financiamiento directo, flexible, predecible y de largo plazo para los Pueblos Indígenas, para fortalecer la seguridad jurídica de nuestros territorios y para que podamos gobernar el territorio completo, tierra y agua, y no por sectores o ecosistemas. Nuestras autoridades propias deben orientar las prioridades de ese financiamiento de acuerdo con sus procesos y necesidades.
En términos concretos, esto significa crear mecanismos y abrir ventanillas de acceso directo en fondos como el Fondo Cali y el Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad (GBFF), adecuar los requisitos a las realidades de nuestros pueblos y apoyar las capacidades para administrar los recursos y rendir cuentas, y fortalecer los fondos indígenas y territoriales como complemento del acceso directo y no como su sustituto. Estos mecanismos deben contribuir a ampliar el apoyo a los procesos propios y respetar las decisiones de nuestras autoridades.
Nuestros territorios ya contribuyen a la conservación, aunque ese no sea su fin. Solo en los resguardos se han registrado más de 21.500 especies, una de cada cuatro especies registradas en Colombia, según datos del SiB Colombia analizados a través de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Este aporte no condiciona el reconocimiento de nuestros derechos ancestrales, históricos y colectivos, que los Estados están obligados a garantizar.
La pregunta, entonces, no es si los Pueblos Indígenas podemos gobernar nuestros territorios. Ya lo hacemos. La pregunta es si los Estados y quienes financian están dispuestos a respetarlo y protegerlo. Por eso cerramos con un llamado a cada financiador presente. Su próximo proyecto, ¿va a fragmentar el territorio o va a aportar a su reconocimiento y su protección integral?
¡Defender los territorios es defender la vida!
