Los territorios indígenas de Colombia ya contribuyen al cuidado de la biodiversidad, y los datos lo muestran. Ese fue el mensaje que llevamos desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) el 22 de octubre de 2026 a la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, en espacios como el evento paralelo “Gobernanza Indígena en la Protección de la Biodiversidad” y la sesión “Integración de datos de biodiversidad en los sistemas de información indígenas: experiencias, retos y soluciones conjuntas desde Colombia”. También fuimos claros. Ese aporte no es la razón de ser de nuestros territorios, y reconocerlos, protegerlos y garantizar nuestros derechos territoriales es una obligación de los Estados.
El evento sobre gobernanza indígena fue organizado por Cultural Survival junto con el Foro Indígena del Abya Yala (FIAY) y el Consorcio TICCA, en la Zona de Acción del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB). Allí, Camilo Niño Izquierdo, nuestro Secretario Técnico Indígena, compartió el panel con Aimee Roberson, de la Nación Chahta/Chikashsha y de Cultural Survival; Jesús Amadeo Martínez, del FIAY; Daniel Santi, presidente del Pueblo de Sarayaku; y Wrays Perez, del Consorcio TICCA. La moderación estuvo a cargo de Nataly Domicó, del Pueblo Embera Eyabida y de Cultural Survival.
En la sesión sobre integración de datos, realizada en el Pabellón GEO BON/GBIF, Camilo participó junto con María Cecilia Londoño, del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia). El diálogo, moderado por Mauricio Ferrari, permitió compartir experiencias y propuestas sobre el uso de información de biodiversidad para fortalecer la defensa de nuestros derechos territoriales. Ambos eventos contaron con una amplia asistencia y una activa participación del público, que enriqueció el intercambio de experiencias y propuestas sobre la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y el cuidado de la biodiversidad.
Ese aporte a la biodiversidad tiene su origen en nuestro gobierno propio. Las autoridades tradicionales, los sabedores y sabedoras, los mayores y la guardia indígena orientan y protegen el territorio, y nuestros planes de vida y los mandatos de la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho Propio y la Ley Natural fundamentan las decisiones sobre cómo habitarlo y cuidarlo. Lo ejercemos cada día al decidir dónde sembrar, cazar o pescar, cómo proteger las aguas y los bosques, y qué cuidados requieren los lugares sagrados. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, los mamus realizan pagamentos en sitios sagrados conectados desde las cumbres nevadas hasta el mar. El cuidado de la biodiversidad es resultado de estas relaciones y responsabilidades, no su fin.
Los datos lo confirman. Según Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I), los territorios indígenas abarcan alrededor de 41 millones de hectáreas, cerca del 36% de la superficie continental de Colombia. Al cruzar esta información con datos del IDEAM y MapBiomas, encontramos que allí está el 57,89% de los bosques, el 61% del área nacional de aguas superficiales y el 21% de los páramos del país, y que el 91% de sus ecosistemas está en estado natural.
A esto se suma el trabajo conjunto con el SiB Colombia, nodo nacional de GBIF, con el apoyo del Instituto Humboldt. Al cruzar los resguardos espacializados en Chey con los registros biológicos publicados en el SiB, vimos que en nuestros resguardos se han registrado 21.544 especies, una de cada cuatro especies registradas en Colombia. Entre ellas hay 1.344 endémicas, 532 migratorias y 411 amenazadas.
Y esto es solo lo registrado. Apenas el 3% de los registros biológicos del país se ha tomado en resguardos, y cerca del 40% de los resguardos no tiene ningún registro. Eso no significa que haya menos biodiversidad, sino menos registro. Cerrar esa brecha requiere reconocer los conocimientos de nuestras comunidades y fortalecer el monitoreo propio.
Un ejemplo es el corredor de la península de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui, Wiwa y Wayuu, que presentamos en una infografía elaborada con el SiB Colombia. De los cerca de 41 resguardos del corredor, 27 tienen al menos un registro biológico, y solo en el resguardo Kogui Malayo Arhuaco se han documentado 2.996 especies.
Pero nuestros derechos no dependen de cuántas especies se hayan registrado. Son derechos colectivos, reconocidos en la Constitución y en el derecho internacional, que deben ser garantizados. Los datos respaldan nuestros derechos; no los reemplazan. Además, la información sobre nuestros territorios, sitios sagrados y especies es nuestra. Nuestras autoridades deciden qué se registra, qué se publica y con qué fin, y toda investigación requiere el consentimiento libre, previo e informado.
Desde ahí planteamos nuestras exigencias. Los territorios indígenas tienen un origen ancestral y contribuyen a la conservación, aunque ese no es su objetivo. Por eso deben ser reconocidos de forma diferenciada respecto de las áreas protegidas y de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC). La Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal contempla el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales; en ese marco, es necesario implementar mecanismos efectivos para protegerlos y crear marcos jurídicos y políticos para su reconocimiento. Expresamos nuestra preocupación por los cuestionamientos a este reconocimiento en las negociaciones y exigimos mantenerlo y fortalecerlo.
Los datos también pueden ayudar a los países a dar cuenta de lo que pasa en nuestros territorios en sus informes nacionales, por ejemplo en el indicador 22.1 del Marco, que mide el cambio en el uso del suelo y la tenencia de la tierra en los territorios tradicionales. Pero ese indicador no puede limitarse a lo titulado. Nuestros territorios abarcan cerca de 41 millones de hectáreas, frente a cerca de 35 millones tituladas como resguardos, y hay 1.650 solicitudes de formalización que el Estado aún no resuelve.
En Colombia, el Decreto 1275 de 2024 establece normas para que nuestras autoridades ejerzan competencias ambientales en sus territorios. Ese reconocimiento debe traducirse en condiciones efectivas para ejercer nuestro gobierno propio, y debe ir acompañado de protección, porque quienes cuidamos estos territorios enfrentamos amenazas contra nuestra vida y contra el ejercicio de nuestras autoridades. Reconocer lo que aportan nuestros territorios exige proteger a quienes los cuidamos y garantizar nuestros derechos territoriales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
