En el marco de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia. El 19 de octubre, nuestro Secretario Técnico Indígena, Camilo Niño Izquierdo, presentó cómo los Pueblos Indígenas, desde nuestros territorios y sistemas de gobierno propio, contribuimos al cuidado de la naturaleza, y los riesgos que enfrentamos quienes los defendemos.
La intervención tuvo lugar en el evento paralelo “De la apropiación verde a la conservación basada en los derechos: impulsar una aplicación equitativa y eficaz del objetivo 30×30”, durante el panel “Derechos, conservación y rendición de cuentas”, junto a representantes de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) y Synchronicity Earth. Allí planteamos que la implementación de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad debe reconocer nuestros sistemas de gobierno y garantizar los derechos que permiten sostener el cuidado de los territorios.
Camilo Niño Izquierdo presentó los resultados de los análisis realizados por la CNTI a través de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Estos muestran que los territorios indígenas en Colombia abarcan aproximadamente 41 millones de hectáreas, cerca del 36 % de la superficie continental del país, y albergan el 58 % de sus bosques y el 61 % del área nacional de aguas superficiales.
A partir de esta información, identificamos que el 71 % de los territorios indígenas presenta una integridad del paisaje alta o muy alta y el 91 % de sus ecosistemas se encuentra en estado natural. Estos resultados dan cuenta de la conectividad de la vegetación y de funciones esenciales como el almacenamiento de carbono, la regulación del agua y el control de inundaciones y erosión.
En los resguardos indígenas se han registrado 21.544 especies, el 25,7% de las registradas en Colombia, de acuerdo con información del SiB Colombia con corte al 31 de marzo de 2026. Y esto es apenas lo documentado, ya que solo alrededor del3% de los registros biológicos del país se ha tomado en estos territorios con título de propiedad colectiva. Por ello, destacamos la necesidad de fortalecer el monitoreo propio y el reconocimiento de los conocimientos de nuestras comunidades.
Durante la intervención relacionamos estas condiciones con nuestras autoridades tradicionales, guardias indígenas, planes de vida, mandatos territoriales y conocimientos ancestrales. Desde esa experiencia, insistimos en que la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, conocida como 30×30, debe respaldar nuestras formas de cuidado y respetar nuestros derechos en las decisiones de conservación.
También advertimos sobre las presiones extractivas, la deforestación y la violencia que afectan a nuestros territorios. La información presentada muestra que en nuestros territorios se encuentra el 15,44% de las áreas con títulos mineros vigentes del país, el 9,79% del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10% del área deforestada en el último año. Estas presiones deben abordarse junto con el conflicto armado y la inseguridad jurídica territorial, señalados en nuestros análisis como factores estructurales de la violencia contra los Pueblos Indígenas.
El Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) registró 144 personas indígenas víctimas de homicidio entre enero de 2025 y agosto de 2026. Aproximadamente una de cada tres víctimas ejercía funciones de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional. La muerte de quienes cumplen estas funciones afecta la transmisión de conocimientos, la justicia propia y las capacidades colectivas que sostienen el territorio.
Los datos presentados también señalan que el 80% de las víctimas registradas en 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica, mientras 1.650 solicitudes de formalización territorial permanecen pendientes de resolución por parte del Estado. A estas afectaciones se suman amenazas, desplazamiento, confinamiento, desapariciones forzadas, secuestros y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El miedo y el control armado, además, favorecen el subregistro.
Frente a este panorama, presentamos cuatro recomendaciones a la COP17. Exigimos seguridad jurídica y material mediante el reconocimiento y la protección integral de nuestras tierras, territorios y aguas, con garantías para permanecer y ejercer el gobierno propio.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible y respetuoso de nuestra autonomía, que responda a las prioridades de nuestros pueblos y respalde sus capacidades de cuidado territorial. También exigimos mecanismos efectivos de protección para autoridades, líderes, lideresas, guardias y demás personas defensoras.
Reivindicamos nuestro reconocimiento como titulares de derechos en las decisiones sobre biodiversidad. Esto requiere participación plena, segura, efectiva y vinculante desde el diseño de las políticas hasta su implementación y seguimiento, con respeto por nuestras formas propias de representación y deliberación.
Con nuestra participación en este espacio, insistimos en que proteger a quienes defienden los territorios también es proteger la biodiversidad. El cumplimiento del Marco Mundial debe fortalecer nuestros derechos colectivos y nuestros sistemas de gobierno. Honramos la memoria de quienes han defendido el territorio con su vida y exigimos garantías para la continuidad de nuestros pueblos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
