El 22 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento paralelo “Monitoreo comunitario de la biodiversidad y los derechos humanos: el Módulo de Biodiversidad del Navegador Indígena”, en la sala de eventos paralelos 1, Talin. Allí llevamos un mensaje claro: la información que producen nuestras comunidades debe incidir en las decisiones sobre biodiversidad y derechos territoriales.
Coorganizamos este espacio con Indigenous Navigator, Forest Peoples Programme, IWGIA, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Tebtebba y el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR). El evento estuvo dedicado al lanzamiento del Módulo de Biodiversidad y al intercambio de experiencias sobre la producción y el uso de datos comunitarios para defender los derechos de los Pueblos Indígenas.
En el diálogo participó Camilo Niño Izquierdo, nuestro Secretario Técnico Indígena, junto con Shylina Lingaard y Marie-Josee Artist, de VIDS, Surinam; Edward Porokwa, de PINGOs Forum, Tanzania; y Sefa Tauli, de PIKP, Filipinas.
La información que generamos pertenece a nuestras comunidades y debe fortalecer nuestras decisiones. El Navegador Indígena permite hacer seguimiento a la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con base en el principio de soberanía de datos, y su Módulo de Biodiversidad conecta ese monitoreo con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. En el evento compartimos la experiencia del piloto de este módulo en Colombia.
Entre 2024 y 2025 implementamos el piloto del módulo con cuatro Pueblos Indígenas y seis comunidades: Simūnúrwa e Ikarwa, del Pueblo Arhuaco; El Arenal, del Pueblo Awá; Obonuco, del Pueblo Quillasinga; y Guachucal y Yaramal, del Pueblo de los Pastos. La recolección estuvo a cargo de encuestadores indígenas de cada una de las comunidades.
El piloto incluyó 81 encuestas respondidas y utilizó dos instrumentos: una encuesta comunitaria sobre las realidades territoriales y una encuesta nacional sobre el marco jurídico del país. El proceso tuvo cuatro momentos: recolección, sistematización, análisis y socialización. En esta última etapa, la información regresó a las comunidades para que puedan usarla en su incidencia. Esta experiencia fortaleció capacidades para producir, analizar y utilizar información propia en la toma de decisiones y la incidencia política.
También permitió relacionar conceptos técnicos con nuestros sistemas de conocimiento y abrir espacio a las narrativas y los saberes espirituales de las comunidades. Estos aprendizajes mostraron la necesidad de sostener un monitoreo permanente, con capacidades y recursos que permitan actualizar la información y utilizarla en defensa de nuestros derechos.
Los hallazgos evidenciaron brechas entre el reconocimiento normativo y la garantía efectiva de nuestros derechos en la agenda de biodiversidad. Identificamos obstáculos para la participación, la protección de los conocimientos tradicionales y el reconocimiento de nuestras contribuciones a la conservación. También advertimos sobre la debilidad de las salvaguardas territoriales y la aplicación limitada del consentimiento libre, previo e informado en iniciativas de biodiversidad.
El ejercicio identificó, además, barreras financieras, lingüísticas, geográficas, procesales e institucionales para acceder a la justicia frente a impactos sobre la biodiversidad. Estos resultados muestran por qué evaluar los compromisos ambientales requiere examinar las condiciones en las que vivimos y ejercemos nuestros derechos en los territorios.
A partir de esta experiencia identificamos el potencial del Navegador: permite medir la brecha entre lo que establecen las leyes y lo que viven las comunidades; conecta el monitoreo comunitario con el Marco Mundial de Biodiversidad y los informes nacionales; fortalece la toma de decisiones propias con datos generados por las comunidades; aporta evidencia para la incidencia y la exigencia de derechos; y pone en diálogo el conocimiento propio con los conceptos técnicos.
Desde estos aprendizajes propusimos reconocer los datos de los sistemas comunitarios de monitoreo en los informes nacionales y en la revisión mundial del Marco Mundial de Biodiversidad. Las decisiones 15/5 y 16/31 del Convenio reconocen las contribuciones de estos sistemas y llaman a respaldarlos, incluido el uso de sus datos en la implementación del marco de seguimiento.
También planteamos ampliar el Módulo de Biodiversidad a más pueblos y territorios del país y pasar de pilotos a un monitoreo permanente, con financiamiento directo a las comunidades. Exigimos respetar el consentimiento libre, previo e informado durante todo el ciclo de los datos: recolección, sistematización, análisis y uso de la información.
La experiencia también recoge la reflexión de Luis Javier Izquierdo, joven del Pueblo Arhuaco: «El cuidado y el manejo de la naturaleza en nuestros territorios es también el cuidado de nuestros derechos colectivos».
¡Defender los territorios es defender la vida!
