El documento fue presentado durante el programa “Encuentro de Saberes, territorios en disputa” organizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y da cuenta del riesgo en el que están los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia, debido, entre otras cosas, a la nula aplicación del decreto desde su expedición.
Por Redacción CNTI
La brecha entre el reconocimiento normativo para la protección y la posesión de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia, y los pocos casos en los que este es implementado, fue el centro de la conversación en las que fueron abordadas las dinámicas a las que han tenido que recurrir las comunidades para la recuperación de sus territorios y la garantía de sus derechos.
Según el exconstituyente Francisco Rojas Birry, en Colombia existen dos ideas opuestas de lo que representa la tierra y el territorio. Por un lado, las comunidades étnicas entienden que es necesario proteger la vida y la especial relación que tienen con la naturaleza, mientras que otro sector percibe la tierra como una fuente de negocio a la que hay que llevar al límite para generar la mayor cantidad de dinero posible. «Mientras tengamos esas dos formas de ver, siempre vamos a enfrentarnos porque quienes aplican las normas tienen una concepción de los territorios distinta a la de los pueblos indígenas», agregó.
Como el concepto de la territorialidad indígena va más allá de la visión occidental, Carolina Gil, directora regional Noroeste Amazonas de Amazon Conservation Team, señaló la importancia de entender que, si bien los pueblos indígenas tienen un reconocimiento formal que en algunos casos coincide con sus territorios ancestrales, no siempre es así, pues en ocasiones las comunidades han tenido que desplazarse y reciben titulaciones en lugares diferentes. Por este motivo no es posible afirmar que estos territorios estén siendo efectivamente preservados.
El preocupante panorama del Decreto 2333 para los pueblos indígenas
El acto administrativo fue expedido en 2014 como resultado de un ejercicio de reivindicación permanente, adelantado por los pueblos indígenas en Colombia. Este ordenó medidas de protección provisional en favor del derecho a la propiedad colectiva y una protección especial preferente a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. La misma Corte Constitucional ha reconocido en diferentes sentencias la necesidad de proteger la relación intrínseca de los indígenas con el territorio y salvaguardar su pervivencia física y cultural.
Sin embargo, no se ha determinado ningún territorio ancestral desde su entrada en vigencia siete años atrás y los procesos continúan abiertos, a pesar de que las medidas provisionales buscaban atender precisamente una situación de amenaza urgente. “Esa informalidad sobre los territorios se debe a la negligencia histórica del Estado y hoy se sigue disponiendo de ellos como un recurso lejano del que se puede decidir con determinaciones desde Bogotá», dijo Jhenifer Mojica, abogada experta en derechos territoriales.
Respecto al informe del ODTPI “En riesgo los territorios ancestrales de los pueblos indígenas ante la ausencia de la resolución de fondo de los conflictos por la tierra y el territorio en Colombia”, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, socializó los dos grandes “momentos” bajo los cuales fue concebido. El primero, un balance del estado de implementación del Decreto 2333 desde 2014 hasta 2021, y el segundo, la exposición de los factores que obstaculizan la implementación del mismo.
Las consideraciones en el documento alegan una “evidente falta de voluntad política por parte de Estado (…) Mientras que los pueblos indígenas y sus territorialidades se enfrentan a las permanentes amenazas normativas, económicas y políticas que con mayor éxito avanzan paulatinamente hacia una agudización de la concentración de la tierra y a desconfigurar las bases mínimas para la construcción de la paz contempladas en el AFP”.
Por este motivo es contemplada la necesidad de identificar nuevas estrategias como la movilización social que en primer lugar dio origen a la expedición del decreto y que representa un mecanismo para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados y detener el estado de inseguridad jurídica de los territorios ancestrales.
Movilización social como vía para exigir los derechos
Para la abogada Mojica, el estallido social que ha dado pie al Paro Nacional refleja que hay un letargo histórico del Estado colombiano en cumplir sus compromisos en materia de derechos al trabajo, a la vida y a la salud, entre otros, pues han sido adquiridos por las organizaciones en las ciudades, los sectores rurales y los movimientos indígenas por medio de luchas históricas.
La protección de los territorios requiere políticas públicas que realmente se cumplan y la institucionalidad no lo garantiza, por lo que a los pueblos indígenas solo les ha restado el camino de la movilización a pesar de proponer constantemente alternativas para solucionar las diferentes problemáticas que enfrentan en el orden local y nacional.
No obstante, una de las mayores preocupaciones es la estigmatización de la protesta y la radicalización de una narrativa racista que en vez de abrir canales de concertación, ha aumentado el nivel de violencia que ya sufrían las comunidades en los territorios. «Lograr un diálogo muy amplio es el camino para avanzar como sociedad, pero este debe ser con buena fe y con garantías, no con un Estado que masacre a los que se están movilizando», agregó Jhenifer Mojica.
Para finalizar, el líder del pueblo Arhuaco y secretario técnico de la CNTI, invitó a la audiencia a consultar el informe completo y pidió que el Gobierno nacional se conecte con la realidad actual que viven las comunidades en los territorios y que se atreva a conocerla a profundidad pues, según él, “los pueblos indígenas no son solo folklore y estamos dispuestos a construir país”.
Entre los meses de marzo y mayo de 2021, fueron asesinadas cuatro mujeres pertenecientes a al pueblo indígena Wayúu, además la comunidad ha denunciado otros ataques de los que ha sido objeto por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Sin embargo, y a pesar de los constantes llamados a las entidades competentes para estos casos, hasta el momento las investigaciones no han arrojado resultados.
Por Redacción CNTI
El pasado fin de semana se realizó un plantón frente al Departamento de Policía de La Guajira, en Riohacha, con el fin de exigir celeridad en el proceso de investigación y dar con los culpables de los crímenes que enlutan al pueblo Wayúu. También familiares de las víctimas y otras organizaciones piden que haya justicia y que los casos de feminicidio no queden impunes.
El primer caso de homicidio ocurrió el día 31 de marzo. La lideresa de la comunidad Aronshy, Aura Esther García Peñalver, fue asesinada por hombres armados quienes le dispararon mientras se movilizaba en una moto con su esposo en el corregimiento El Cardón, Uribia. Semanas antes la misma lideresa había solicitado medidas de protección por amenazas de muerte provenientes de grupos ilegales.
De igual manera, en el mes de abril, otros hechos criminales fueron registrados por la Policía. María Alejandra Brito Guariyu fue la nueva víctima de estos casos violentos, quien recibió impactos de bala mientras iba en una moto en el municipio de Barrancas. La mujer fue llevada al hospital local y más tarde remitida al hospital San Rafael de San Juan del Cesar, donde falleció.
Las investigaciones también tienen en cuenta dos aparentes feminicidios: el primero de ellos es el de Luz Dary Cotes Ballestas, trabajadora social de origen wayúu, que fue encontrada en un motel el 29 de abril, pero sus familiares alegan que el cuerpo fue trasladado allí para desviar las pesquisas.
El segundo caso ocurrió en menos de 48 horas, el día 1 de mayo. Esta vez la víctima fue Yeini Elena Epiayú Guariyu, menor de edad quien fue encontrada en zona rural del municipio de Fonseca. Durante la investigación se estableció que la muerte de ambas mujeres fue a causa de asfixia mecánica y la evidencia está siendo procesada para determinar si responden a cuestiones de género, debido a los signos que presentan sus cuerpos.
Las amenazas de grupos paramilitares
Otro de los hechos que permanece sin respuesta por parte de las autoridades, es el ataque que hombres encapuchados realizaron en la comunidad La Loma (Riohacha), el pasado 18 de mayo, cuando en la madrugada llegaron al sitio y prendieron fuero a la enramada (espacio de diálogo e intercambio para el pueblo Wayúu) y posterior al ataque, dejaron panfletos amenazantes en los que ordenaban detener las reclamaciones sobre el botadero de basura a cielo abierto.
Documento firmado por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Las comunidades de Los Cabritos, La Loma, El Manantial, Santa Clara I y II, ubicadas en jurisdicción de Riohacha, han exigido el cierre definitivo del botadero de basura a cielo abierto en el km. 5, vía Riohacha-Valledupar, que funciona desde hace 40 años y afecta su territorio ancestral por la contaminación y el deficiente tratamiento de los desechos.
Representantes del pueblo Wayúu se han movilizado en repetidas oportunidades para que la Alcaldía de Riohacha, la Corporación Regional Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y la empresa operadora Interaseo, tomen cartas en el asunto y resuelvan las graves afectaciones ambientales, a la vida, a la salud y al territorio de la que han sido víctimas las comunidades indígenas.
Hasta el momento no hay capturas de los responsables en ninguno de los hechos ni indicios que conduzcan a su identificación. Por lo tanto, continúa la exigencia con denuncias a medios locales y manifestaciones pacíficas en la capital de La Guajira.
Desde este espacio rechazamos categóricamente la negativa del Gobierno nacional a aceptar la visita de la CIDH para investigar las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el Paro Nacional.
Las declaraciones de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, después de la reunión sostenida en Washington con Luis Almagro, secretario general de la OEA, son una muestra más de la falta de interés del Gobierno por esclarecer los hechos que enlutan al país y que son consecuencia de un actuar sistemático de la fuerza pública que ha dado un tratamiento de guerra a los y las manifestantes desde el pasado 28 de abril.
Sugerir que la visita de la CIDH al país podría realizarse eventualmente y a la vez argumentar que por el momento es competencia de los organismos de control nacional, prolonga la incertidumbre y revictimiza a la población que en constantes ocasiones ha señalado la ausencia de dichos organismos para hacer un seguimiento exhaustivo a las denuncias. Actualmente la ciudadanía no encuentra respaldo en los representantes de la institucionalidad y esto es resultado de una dudosa gestión que parece responder a los intereses del Gobierno de turno.
Así mismo, hacemos seguimiento a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien niega que la fuerza pública haya actuado en contravía de los derechos humanos en el marco del paro. Durante su intervención del 24 de mayo en la plenaria del Senado, afirmó que esta “actúa con estricto apego a los derechos humanos para garantizar las movilizaciones. Tenemos normas que regulan el uso legítimo de la fuerza y cumplimos procedimientos”.
Estaremos al tanto del avance de esta iniciativa, pues es inadmisible que quienes deben trabajar por la defensa y la seguridad de su propio pueblo, avalen, apliquen y justifiquen tales modos de represión como los que hemos visto desde hace un mes en Colombia.
Reiteramos como organización que:
Es urgente la presencia de organismos internacionales que verifiquen las violaciones de derechos humanos que se han evidenciado en el marco del Paro Nacional. Los crímenes cometidos durante las protestas no pueden ser ocultados y dejados en la impunidad.
La protesta social es un derecho fundamental reconocido y protegido por la Constitución Política de Colombia, contemplado en el artículo 37. El garantizar las libertades y otros derechos relacionados a la protesta como la libertad de reunión y asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión, entre otros, no es y nunca será negociable.
La estigmatización y la criminalización de la protesta nunca será la forma de resolver los justos reclamos de miles de colombianos/as afectados/as por la falta de oportunidades, la desigualdad social y la aplicación de medidas que van en retroceso de los derechos adquiridos.
Nos unimos a las voces que reclaman el desmonte del ESMAD y exigimos el esclarecimiento de los asesinatos, las desapariciones, los casos de violencia sexual y los abusos de autoridad por parte la fuerza pública.
En el marco del trabajo que se teje desde el Observatorio, componente de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se realizó un acompañamiento a las comunidades entre el 26 de abril y el 7 de mayo del presente año. Las diferentes actividades permitieron afianzar trabajos articulados con organizaciones y comunidades indígenas del Cauca que resisten a la constante violación de derechos humanos y territoriales.
De la mano de los/as compañeros/as Nasa, la CNTI compartió un espacio en el Resguardo Indígena Kitek Kiwe ubicado en el municipio de Timbío, Cauca, en el que alrededor de la tulpa y de diversos comuneros fue posible socializar el trabajo que está realizando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
De igual manera, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) ubicada en Popayán, se llevó a cabo el fortalecimiento de los canales de comunicación y la articulación con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), así como la presentación general de los avances sobre la ruta de implementación de la política del catastro multipropósito y el barrido predial, en un espacio político en el que intervino Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión.
En los últimos días ha sido evidente el aumento en los ataques y los señalamientos contra los pueblos indígenas que acompañan el Paro Nacional en Colombia. La exacerbación del racismo estructural y los intereses de sectores políticos y económicos, apoyados por el actuar de grupos armados ilegales y la aparente connivencia de la fuerza pública, amenazan la pervivencia física y cultural de las comunidades.
Por Redacción CNTI
El pasado domingo 9 de mayo, fue perpetrado un ataque por parte de civiles armados y efectivos de la policía, quienes dispararon contra los/as comuneros/as indígenas que hacían presencia en la vía Cali-Jamundí, en el Valle del Cauca. Así mismo, la llegada de la Minga Indígena a Medellín, programada para lunes 17 de mayo, fue amenazada por otros grupos quienes señalaron que habría ataques armados como los que ya se han presentado contra manifestantes en Cali, Pereira y la misma Medellín.
En palabras de Roseli Fxizkwe, coordinadora del programa Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el contexto del paro hay toda una situación de negación y desconocimiento tanto de los derechos como de las luchas adelantadas por los pueblos indígenas, razón por la cual el racismo, que no es de ahora, sino que está ya institucionalizado, es cada vez más evidente.
A pesar de que la Constitución Política de Colombia reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del país, las políticas sociales, educativas y económicas del mismo están muy lejos de brindar garantías para todos. Por ello, la lideresa señaló: “¿Cuáles son las culturas, las ciudadanías y el prototipo de persona válida en este país?, ¿a quiénes sí se les respeta y se les puede garantizar derechos? Son preguntas que tenemos que hacernos y nos estamos haciendo en este momento”.
Estas reflexiones han sido replicadas en varios espacios de interlocución, ya que la ciudadanía que se moviliza, es muy diversa y los medios de comunicación hegemónicos insisten en mostrar pérdidas económicas o daños materiales, pero no visibilizan la pérdida de vidas y cómo serán restituidos los derechos vulnerados a la ciudadanía.
Según cifras compartidas por Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma GRITA de Temblores ONG, del 28 de abril al 18 de mayo en el marco del Paro Nacional, la organización registró 2.387 hechos de violencia policial, 47 casos de violencia homicida cometidos presuntamente por la fuerza pública, 33 víctimas de agresiones oculares, 18 casos de violencia sexual y 1.139 detenciones arbitrarias.
Por su parte, Jenny Romero, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) en Cundinamarca y de la campaña Defender la Libertad asunto de Todas, apuntó que “la respuesta en un Estado social de derecho debe ser atender las reivindicaciones y no atacarlas o minimizarlas a partir del uso desproporcionado de la fuerza”, además denunció que una de las principales problemáticas que enfrentan los defensores de derechos humanos en su ejercicio de acompañamiento a las movilizaciones, es que en las calles no solo la fuerza pública está portando las armas, sino que otros grupos ilegales están irrumpiendo en las mismas.
La estigmatización de la protesta ha contribuido a fortalecer los discursos de odio que tanto daño hacen a los procesos colectivos. Desde la oficialidad han buscado relacionar la protesta a movimientos subversivos o “terroristas” y aún más cuando se trata de manifestaciones en los sectores rurales. Todo este despliegue pretende legitimar el uso de la fuerza y un tratamiento de guerra a los manifestantes, además de obstaculizar el acceso a la justicia, especialmente en las zonas más alejadas de las grandes capitales.
Para Juvenal Arrieta, líder del pueblo Emberá y vocero de la Minga Indígena en Antioquia, los ataques recibidos no obedecen a la visión de los pueblos indígenas como sujeto racial sino por lo que significan. Según él, “es un tema político alrededor de un sujeto colectivo y étnico que plantea una agenda de país distinta, una agenda que ya no es solo de los pueblos indígenas sino de la mayoría de los colombianos y que alrededor de la Minga se ha ido posicionando a nivel nacional”.
En este orden de ideas, Arrieta, que además es exconsejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), puntualizó que hay demostraciones de odio contra las diferentes formas de representar el estallido social, aunado al rechazo a actores políticos con un gran poder de convocatoria, que pueden hacer tambalear la estructura de poder actual y que construyen con sectores diversos de la sociedad.
Al finalizar, pidió aclarar tres conceptos claves que las campañas de desinformación han buscado establecer: en primer lugar, los pueblos indígenas no buscan destruir; segundo, no “odian” la ciudad y tercero, no son agitadores, hay toda una propuesta de país que intentan promover y la defensa por la vida continúa.
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