El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se reunió este 12 de octubre con el equipo de cooperación del Gobierno Británico para un diálogo de acercamiento para una posible colaboración conjunta. En esta reunión, se compartió información clave sobre el nuevo programa dirigido a fortalecer las capacidades de los Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y locales con el propósito de mejorar la gestión de los bosques en la Cuenca Amazónica.
En el marco de este espacio, el equipo de Gobierno Británico, manifestó que está enfocando sus esfuerzos en la creación de un programa que promoverá la gobernanza forestal en la Cuenca Panamazónica. En esta primera fase, el programa está en busca de aliados estratégicos en Colombia, con planes de expansión a Perú y Bolivia para el año 2024-2025.
Este programa, que se encuentra en su fase inicial, el cual se va a desarrollar con la participación activa de los Pueblos Indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Por ende, se han iniciado una serie de diálogos directos con las comunidades, y se espera que estos diálogos continúen en los próximos meses. Aunque se prevé que el proceso de aprobación se complete para el año 2024, la cooperación se basa en un enfoque participativo y altamente inclusivo, en el cual involucra a una gama de actores para garantizar que se reflejen las necesidades y perspectivas de las comunidades forestales.
La visión de este programa se centra en un enfoque Panamazónico que trasciende las fronteras nacionales, con el objetivo de fortalecer los derechos territoriales y la seguridad de los bosques en toda la Cuenca Panamazónica. Sin embargo, manifestaron que a medida que avanza la visión del programa puede evolucionar y ajustarse para responder a la diversidad de necesidades cambiantes.
La reunión también incluyó una presentación por parte de la CNTI, donde se explicaron las funciones y responsabilidades de la Comisión, como el seguimiento a la asignación presupuestal del gobierno, el seguimiento de las solicitudes de los procesos de formalización y de protección de territorios ancestrales a nivel nacional y la implementación de leyes y los decretos ley relacionados con los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas del país.
También se destacó la importancia de la creación del Observatorio de Derechos Territoriales Indígenas (ODTPI) y los Sistemas de Información propios que este espacio de diálogo y concertación dispone, como esfuerzos complementarios destinados a fortalecer, salvaguardar y promover la protección de los territorios indígenas.
Este encuentro de diálogo entre la CNTI y el equipo de cooperación del Gobierno Británico, busca abonar esfuerzos para trabajar por el fortalecimiento de la gobernanza forestal en la Cuenca Panamazónica y de su conservación donde se garantice la seguridad jurídica de los territorios de los Pueblos Indígenas involucrados.
En lo corrido del mes de septiembre de 2023, las comunidades de los resguardos Siona Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, ubicadas entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo, en el departamento de Putumayo, han venido denunciando ante diferentes entidades del Estado una serie de hechos violentos que están ocurriendo dentro de sus territorios, perpetrados por estructuras armadas, presuntamente pertenecientes a las disidencias de las FARC y los Comandos de la Frontera.
Como consecuencia de estos hechos de violencia, hoy las comunidades de ambos resguardos son víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, dado que la presencia de estos grupos armados, así como de las fuerzas armadas del estado, y los constantes enfrentamientos que sostienen dentro de los territorios indígenas, se traducen en la imposibilidad de que los pobladores puedan acceder a sus sitios sagrados, así como a sus chagras y lugares de pesca, lo que significa la vulneración a su derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria.
Además de atentar contra la seguridad alimentaria de estas comunidades, y obligarlas a confinarse o desplazarse, con las escuelas cerradas existe un riesgo inminente de incremento del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes que habitan estos resguardos por parte de los grupos armados, razón por la cual las familias se han visto obligadas, en medio del terror, a separarse y enviar a sus jóvenes y menores fuera de los territorios sin ningún tipo de acompañamiento.
A esta situación se suman los señalamientos a la población indígena como “colaboradores” o “sapos” de un grupo o de otro, situación que se agrava dada la presencia de “cordones de seguridad” conformados por más de cien (100) hombres armados de estos grupos, que determinan la movilidad de las comunidades obligándolas a permanecer confinadas o a salir de los territorios para no regresar so pena de retaliaciones.
Esta crítica situación humanitaria, ha sido puesta en conocimiento por parte de las comunidades ante entidades del Estado como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Secretarías de Salud, Educación y la Personería Municipal de Puerto Asís; sin que hasta la fecha haya habido una respuesta efectiva por parte de la institucionalidad que busque, garantizar la seguridad dentro del territorio y la atención humanitaria de emergencia que requieren las comunidades afectadas en el marco del enfoque diferencial.
Actualmente son aproximadamente más de 1.100 familias para un total estimado de 2.735 personas afectadas por los hechos expuestos.
Las organizaciones Indígenas que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en el marco de su acompañamiento a los Resguardos Siona Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, exigimos a las entidades requeridas por las comunidades, la atención inmediata a atender esta problemática; así mismo, se le exige a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad de Restitución de Tierras, que avancen en los procesos de formalización y restitución de los derechos territoriales de estos resguardos indígenas.
Este 26 de septiembre, como un hito histórico para los Pueblos Indígenas de Colombia, se protocolizó el Instrumento Normativo de Catastro Multipropósito para Territorios y Territorialidades Indígenas en el marco del espacio de diálogo y concertación de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la participación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Autoridades y voceros del Movimiento Indígena.
El desarrollo de este espacio de concertación ha sido fundamental para abordar y dialogar sobre la protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia. Durante las discusiones se destacó la importancia de considerar el territorio como fuente de vida y sujeto de derechos, respetando el mandato propio de las Autoridades Indígenas en la toma de decisiones sobre sus territorios ancestrales, siempre bajo los principios de la Unidad, el Respeto y la Autonomía.
Este logro no solo tiene un significado simbólico, sino que también se traduce en la protección y la reafirmación de los derechos ancestrales de los Pueblos Indígenas. El Catastro Multipropósito para Territorios y Territorialidades Indígenas, es una herramienta que permitirá establecer las bases para la construcción de los Planes de Vida en los territorios, así como una política pública que estará orientada en enfrentar la deforestación contribuyendo a la preservación de la Madre Tierra y a continuar en la lucha contra el cambio climático.
Por otro lado, el Mayor Carlos Sánchez, como líder indígena del Pueblo Nasa y vocero político de la CNTI, resaltó el esfuerzo de los Pueblos Indígenas en este proceso, agradeciendo la labor de los equipos técnicos con la construcción de dicho instrumento normativo que se llevó a cabo del 11 al 22 de septiembre en articulación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Seguido de esto, destacó la voluntad de las partes involucradas entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional, como un paso crucial hacia la garantía de la pervivencia y permanencia de los Pueblos Indígenas en sus territorios.
Posteriormente, Camilo Niño, secretario técnico Indígena de la CNTI, subrayó la importancia de esta Consulta Previa, Libre e Informada que se protocolizó, destacando los desafíos superados y haciendo un llamado a los funcionarios de la institucionalidad para que la implementación de esta política pública sea efectiva y garantice los derechos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido, Camilo Niño manifestó que, desde la CNTI, se inició esta discusión en el año 2020, en medio de la pandemia, a través de reuniones virtuales. Donde su contribución fue clave tras la acción de tutela 202174, que se interpuso ante el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, sección Tercera, con el fin de seguir reafirmando ese compromiso constante en la defensa de los derechos territoriales y la protección de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Desde este espacio, es relevante mencionar que esta protocolización es un paso significativo que se espera que el Decreto Ley correspondiente sea expedido el 31 de diciembre del presente año, marcando un hito en la lucha de los Pueblos Indígenas para la garantía de sus derechos territoriales. Este logro representa un testimonio de la capacidad de las Organizaciones Indígenas y las entidades gubernamentales para seguir trabajar de manera conjunta en la protección de los pueblos originarios que habitan este país.
Hoy martes 26 de septiembre se dio la primera reunión del equipo de los 10 delegados conformados entre técnicos y líderes de las organizaciones que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, para avanzar en la dinamización del acuerdo 4 pactado en la I sesión mixta de la CNTI del 2023.
Este acuerdo tiene como propósito a su vez revisar el acuerdo IT1-2 del Plan Nacional De Desarrollo del 2023, donde se garantice la contratación de un equipo exclusivo e interdisciplinar de 10 personas delegadas por los pueblos y organizaciones indígenas, el cual, en conjunto con un equipo del Gobierno Nacional tendrá como objetivo formular propuestas y acciones en aras de dinamizar el plan de descongestión, las adecuaciones normativas e institucionales, en articulación con las entidades pertinentes para agilizar los procedimientos de formalización, dotación, protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
En este primer encuentro, el equipo delegado logró avanzar en la construcción de un cronograma con actividades generales que permitirán darle cumplimiento al plan de descongestión de los procedimientos administrativos de la formalización (Construcción, ampliación y saneamiento) de los territorios de las comunidades originarias. Además, este avance será presentado en la próxima sesión mixta que se realizará en el mes de octubre.
Siendo así, este equipo intercultural seguirá trabajando en la construcción del plan de trabajo donde se identifiquen problemáticas territoriales que no puedan ser resueltas, para que luego sean llevados a los espacios de concertación de la CNTI; como también, se deberán dar reportes periódicos en secretarías operativas para el respectivo seguimiento.
Sin embargo, para que este ejercicio de seguimiento y descongestión pueda ser efectivo, es el Gobierno Nacional quien debe garantizar y ser el responsable del cumplimiento de las metas e indicadores del IT1-2 del PND.
Desde la Secretaría técnica indígena de la Comisión Nacional Territorios Indígenas, se seguirá trabajando en la construcción de acciones que permitan las garantías jurídicas de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
El presente informe es un balance de esos impactos, logros y retos en el marco de los acuerdos y los diálogos en la CNTI. La suscripción de acuerdos permite tener una continuidad en el análisis y monitoreo de los derechos territoriales en el trasegar de los diferentes gobiernos.
En el trascurso del año 2022 se suscribieron cincuenta y nueve (59) acuerdos como resultado del desarrollo de seis (6) sesiones adelantadas, entre los meses de octubre y diciembre, en el marco de un nuevo gobierno
La colección de informes elaborados por el ODTPI en cuanto al seguimiento a la implementación del decreto 2333 durante los últimos tres años de vigencia aporta elementos para evidenciar la negligencia estatal . Estos análisis revelan al menos, seis hallazgos principales sobre los cuales es urgente que la institucionalidad revise su accionar, de manera que se logre resolver el rezago y paralelamente se dé celeridad a las nuevas solicitudes de protección de territorios ancestrales.
De esta manera, los principales cuellos de botella en la implementación del decreto identificados tienen que ver con: i) El incumplimiento sistemático de acuerdos por parte del gobierno nacional, ii) Dificultades en la implementación de los planes de acción y atención, iii) Dificultades en el procedimiento de notificación personal, iv) Superposición de rutas de protección, v) Limitaciones en el acceso a la información institucional e, vi) Intereses económicos de terceros alrededor del proceso de protección de territorios ancestrales.
Este acuerdo tiene como propósito a su vez revisar el acuerdo IT1-2 del Plan Nacional De Desarrollo del 2023, donde se garantice la contratación de un equipo exclusivo e interdisciplinar de 10 personas delegadas por los pueblos y organizaciones indígenas, el cual, en conjunto con un equipo del Gobierno Nacional tendrá como objetivo formular propuestas y acciones en aras de dinamizar el plan de descongestión, las adecuaciones normativas e institucionales, en articulación con las entidades pertinentes para agilizar los procedimientos de formalización, dotación, protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
