La visita del relator especial de la ONU Francisco Cali, es un hito importante, toda vez que las recomendaciones que pueda realizar dicho relator al Gobierno Nacional, así como las diferentes entidades del estado, permite que haya mayor incidencia para que se pueda avanzar una materialización oportuna sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y de este modo se logren concretar mayores acciones para garantizar la vida digna y en armonía de los Pueblos y comunidades Indígenas.
El mandato que tiene el relator especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es poder promover prácticas y acuerdos oportunos entre los Pueblos Indígenas y los Estados donde se apliquen los criterios internacionales relacionados a los derechos de los Pueblos Indígenas. Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas a apropiadas de prevenir y reparar las violaciones o vulneraciones de los derechos de los Pueblos Indígenas. Presentar informes sobre la situación de Derechos Humanos y abordar casos específicos de los Pueblos Indígenas del Mundo entero.
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) espera poder participar de dicho encuentro con el Relator Especial de la ONU y de este modo poder exponer toda la situación actual en materia de seguridad jurídica y derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
En el marco de dicha visita los voceros de los Pueblos Indígenas de Colombia, esperan reunirse con el Relator Especial de la ONU y presentarle un informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, allí se destaca la crítica situación que enfrentan los Pueblos Indígenas en Colombia. A lo largo de décadas, los pueblos originarios han sufrido un proceso de genocidio y enfrentan un riesgo inminente de extinción física y cultural. La militarización de sus territorios, la presencia de actores armados legales e ilegales, economías ilegales y megaproyectos extractivos han exacerbado esta situación.
La Constitución Política de Colombia, reconoce esta realidad y la gravedad del impacto desproporcionado del conflicto armado interno en los Pueblos Indígenas, de acuerdo con lo que ha señalado la Corte Constitucional. Después de 20 años sin una visita oficial del Relator Especial de la ONU, se destaca la urgencia de abordar esta situación, especialmente por el recrudecimiento de los actos violentos contra los Pueblos Indígenas en el país.
El informe recopila información de diversas Organizaciones Indígenas y entidades estatales, resaltando las violaciones de derechos humanos que sufren diariamente. Se alerta sobre la marginalización de sus sistemas de conocimientos y gobiernos propios, la criminalización de sus protestas y la alteración a su Buen Vivir. Se presenta un panorama general sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia, recopilando datos de diversas fuentes.
Por otro lado, el informe destaca la situación actual de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia, realizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) donde se abordan tres aspectos fundamentales: la brecha en el reconocimiento, la garantía y la protección de estos derechos; la brecha en el ejercicio de la autonomía y el control territorial; y las apuestas actuales de los Pueblos Indígenas por la defensa, la seguridad jurídica y por la recuperación de sus territorios.
En cuanto a la brecha en el reconocimiento de los derechos territoriales, se evidencia una considerable demora en la formalización y protección de los territorios indígenas. A pesar de las solicitudes presentadas desde hace décadas, el proceso de delimitación y titulación de resguardos avanza lentamente, evidenciando que existen numerosos casos aún sin resolver. Se señalan diversos obstáculos como la interpretación excesiva de requisitos por parte de las autoridades, la gestión documental deficiente y la expedición de licencias de explotación en territorios indígenas. A pesar de los esfuerzos legales, como el Decreto 2333 de 2014, se observa una falta de protección efectiva de los derechos territoriales por parte del Estado.
En cuanto a la brecha en el ejercicio de la autonomía y el control territorial, se destaca la necesidad de reconocer la autoridad pública y ambiental de los Pueblos Indígenas, así como su papel como guardianes de la naturaleza. A pesar de los avances constitucionales, persisten obstáculos para ejercer plenamente la autonomía en la gestión de los recursos naturales en sus territorios. La consulta previa como derecho fundamental de los pueblos ancestrales no se cumple adecuadamente y se observa una falta de coordinación entre la institucionalidad estatal y los gobiernos indígenas.
Por último, se presentan las apuestas actuales de los Pueblos Indígenas en defensa y recuperación de sus territorios. Se destaca la necesidad de implementar un sistema propio para hacer seguimiento en tiempo real al avance de los procesos de formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Posteriormente, se insiste en la simplificación de los procesos administrativos y en el reconocimiento de los derechos territoriales de acuerdo con los sistemas de vida y conocimiento propios de los Pueblos Indígenas. Se menciona también el acuerdo logrados en los espacios de diálogo y concertación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para formular una política pública integral del territorio, que requiere superar las nociones fragmentadas sobre el territorio y garantizar la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas en su diseño e implementación.
Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
“Defendemos los territorios, tejemos la vida”
