El pasado 26 de abril de 2023, concluyó la audiencia del caso U’wa Vs. el Estado Colombiano en Santiago de Chile. En la audiencia fueron escuchados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los delegados de la nación U’wa, quienes hablaron de las múltiples violaciones de sus derechos por parte del Estado colombiano.
Como parte de la comitiva participó Berito Kuwar’uwa, líder U’wa, reconocido internacionalmente por llevar el testimonio de su pueblo durante décadas. Igualmente, lo acompañó Daris Cristancho, Ebaristo Tegría en compañía del equipo jurídico de Earth Rights International ERI, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR, Camilo Niño Secretario Técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, quien participó como perito ante la CIDH, Fabio Villamizar Director Territorial de Parques Nacionales y los declarantes por parte del Estado colombiano.
Luego de décadas de lucha y resistencia por violaciones de sus derechos humanos y colectivos, la Nación U’wa, finalmente fue escuchada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia histórica. Pese a las contundentes pruebas presentadas por la Nación U’wa y a pesar de que la representación del Estado admitiera que se tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas, el Estado no reconoció responsabilidad internacional en el caso U’wa por las múltiples violaciones de derechos ocurridas durante más de 26 años.
Una posición que contradice el reciente discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro Urrego, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el 18 de abril, donde reconoció la importancia de la lucha del pueblo U’wa para la conservación ambiental y los riesgos de la extracción petrolera para el futuro de la humanidad.
Este caso evidencia la imposición de un modelo desarrollo depredador sobre un pueblo indígena que se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. Para los U’wa, en cambio, el desarrollo es “vivir en libertad y armonía con la naturaleza, la Madre Tierra y el planeta azul”, visión necesaria en un contexto de crisis climática.
Durante la audiencia, realizada en el marco del 157º Periodo de Sesiones de la Corte IDH, Daris Cristancho, llevó la palabra de la Nación U’wa exponiendo los impactos que ha sufrido la comunidad por culpa de las actividades extractivas y turísticas: “Cuando destruyen nuestro territorio para nosotros es como morir lentamente; es aceptar que está muy cerca la muerte espiritual y cultural de nuestro pueblo”.
Asimismo, Ebaristo Tegría, abogado y docente U’wa, explicó cómo el derecho a la consulta y consentimiento más que un derecho, ha sido entendida por el Estado como un trámite y no en un instrumento que respete la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios: “Nos dijeron a viva voz: esto es una reunión de información porque la decisión de que si se ejecuta o no se ejecuta el proyecto es única y exclusivamente del gobierno colombiano”.
Por su parte, Camilo Niño, perito de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI. En su declaración realizó un contexto de imposición de proyectos extractivos y militarización del territorio, “el Estado no ha adoptado medidas para proteger nuestros derechos”. En ese sentido, su argumento fue respaldado por Laura Posada, abogada de Earth Rights International ERI, quien expresó ante el Tribunal que el Estado colombiano ha señalado que los proyectos extractivos generan desarrollo y bienestar a toda la población, “paradójicamente esto no ocurre en territorio de la nación U’wa”. Además, agregó que “El Estado no realizó esfuerzos para consultar a la Nación U’wa sobre los proyectos extractivos, pese a las múltiples evidencias de ocupación ancestral del territorio y al alto valor espiritual que para la Nación U’wa tienen las zonas en donde se implantaron los proyectos”.
Las organizaciones representantes demostraron las sistemáticas vulneraciones culturales y territoriales de las que el Estado colombiano es responsable. En aras de un pretendido desarrollo se han impuesto en el territorio una serie de proyectos no consentidos por la Nación U’wa, que sólo han traído destrucción y conflicto.
A su vez la Comisión IDH enfatizó que los acuerdos establecidos entre el 2014 y 2016, entre el Estado y la Nación U’wa, no exime la competencia de la Corte para pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales que venían desde antes de la suscripción del acuerdo conforme al derecho internacional.
Ahora, la protección de los derechos de la Nación U’wa está en manos de las juezas y los jueces de la Corte IDH, por lo cual, desde los representantes, ERI, el CAJAR, la ONIC y la Secretaría Técnica indígena de la CNTI confían que la Corte emita una sentencia favorable, que el Estado colombiano se haga responsable por sus acciones y los U’wa obtengan una decisión que dé respuesta a sus exigencias de protección territorial, respeto a la autodeterminación y cuidado de la naturaleza en tiempos de crisis climática.
Desde la Secretería Técnica indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI informamos y rechazamos ante la opinión pública la orden de lanzamiento – amparo policivo emitida el día 24 de abril de 2023 por la Inspección Municipal de Policía de Riohacha, bajo amparo policivo por Auto 0018 del 10 de mayo de 2022, a favor de la señora Alicia Josefina Rodríguez Iguara, contra la comunidad indígena Santa Clara del Pueblo Wayuu en la que se advierte que dicho procedimiento será realizado el día de hoy 26 de abril de 2023.
La comunidad Santa Clara del Pueblo Wayuu se encuentra en el kilómetro 7 de la vía a Valledupar, conformada en su mayoría por mujeres, niños y adolescentes indígenas. La conforman familias que habitan ancestralmente el lugar, reconocido legalmente como parte de un sistema de sitios sagrados denominado Línea Negra, por Decreto presidencial 1500 de 2018, según consta el Oficio de la Subdirección de asuntos Étnicos de las Agencia Nacional de Tierras. Esta comunidad viene siendo violentada en su derecho al territorio por autoridades del distrito, quienes emiten la orden de desalojo de sus tierras ancestrales.
En ese sentido, hacemos un llamado a la entidades competentes como la Inspección Municipal de Policía de Riohacha, Alcaldía Municipal de Riohacha, Personería Municipal de Riohacha, Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, Defensoría del Pueblo Delegada para Asuntos Étnicos, Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras – ANT y Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica para que de manera urgente y prioritaria eviten las acciones violentas de desalojo que puedan generar desarmonías en el territorio y se les garantice sus derechos. Además, de que se realice una caracterización de las familias y advertir garantías de reubicación de conformidad con la sentencia T-391 de 2022 para así garantizar la pervivencia como pueblos indígenas.
El pasado 19 de abril, La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, asistió a una reunión en Villavicencio con la Agencia Nacional de Territorios ANT, con el fin de discutir alternativas sobre las solicitudes de protección del territorio ancestral para las comunidades de Barrulia, San Rafael de Warrojo, Iwitsulibo y Tsabilonia, pertenecientes al Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta.
En este espacio, participaron la alcaldía de Puerto Gaitán, la Gobernación del departamento del Meta, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, la organización Unuma, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, Astolfo Aramburo Vivas, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Territorios ANT y la Sociedad Activos Especiales SAE, quienes propusieron, bajo el procedimiento de seguridad jurídica establecido en el decreto 2333 de 2014, la entrega provisional de algunos predios para garantizar de manera transitoria el acceso a la tierra para el desarrollo, uso y costumbres de las cuatro comunidades del Pueblo Sikuani.
En ese sentido, desde la ANT, a través de la Sociedad de Activos Especiales SAE, propuso administrar un predio en el que las cuatro comunidades pudieran ser ubicadas mientras que la agencia resolviera las solicitudes de protección ancestral en curso para estas comunidades. Esto obedece, a que los procesos que la ANT está llevando a cabo tomarán más tiempo de lo previsto. Por esta razón, la agencia propuso que un predio rural de más de 9 mil hectáreas, como una medida de ubicación provisional para las comunidades mientras se resuelven los procedimientos administrativos.
Durante esta presentación, las comunidades solicitaron aclaraciones, realizaron preguntas y plantearon otros temas. Posteriormente, se pasó a un escenario autónomo para valorar la propuesta, y así, las comunidades pudieran tomar una decisión al respecto.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades bajo un escenario de interlocución y ajustes de acuerdo a la propuesta de la ANT, tomó la decisión de que el predio propuesto solo podría ser ocupado por la comunidad de Tsabilonia, ya que esta ubicado en el territorio solicitado en protección por esta misma comunidad. Por lo tanto, las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Warrojo consideran que no podrían ocupar este territorio ya que no forma parte de su solicitud de protección.
De esta manera, las delegaciones de las cuatro comunidades propusieron a la Agencia Nacional de Territorios que este predio fuera un lugar transitorio exclusivo para la comunidad de Tsabilonia, y que se continuara al mismo tiempo con los procesos y las solicitudes de protección ancestral de las otras tres comunidades que no habrían de ocupar el predio, así como las cuatro revocatorias que debe resolver la ANT para el caso de Barrulia.
La reunión fue un escenario de interlocución, de escucha y de respeto mutuo. La comunidad de Tsabilonia cumplirá, a través de la Agencia Nacional de Territorios, un acuerdo mediante el cual se gestionará su ubicación provisional en el predio propuesto por la Sociedad Activos Especiales SAE. Además, el Ministerio del Interior se comprometió a hacer un seguimiento de las condiciones y medidas de seguridad.
La Nación U’wa que habita los territorios ancestrales ubicados en los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, luego de 25 años buscando justicia será escuchada este próximo 25 y 26 de abril de 2023 durante la 157°periodo de sesiones de La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH que se llevará a cabo en Santiago de Chile.
En este hecho histórico la Nación U’wa, participará con una delegación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de la Nación U’wa AsoU’wa, La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, EarthRights International-ERI, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR y el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, quienes expondrán el caso ante Corte IDH, quien tendrá que tomar una decisión frente a la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de este pueblo indígena en Colombia.
Ante el tribunal internacional los delegados de la Nación U’wa hablarán de las reiteradas violaciones de las que ha sido víctimas en su territorio. Heber Tegría, miembro de la Nación U’wa, aseguró que “se trata de un momento determinante, no sólo para los U’wa, sino también para los demás pueblos indígenas de Colombia, pues esta será una audiencia en la que podrán ser escuchados de viva voz y a través del legítimo ejercicio de defensa del derecho a la vida, al territorio y a la integridad cultural, para exigir que el Estado colombiano garantice su protección de manera efectiva como pueblos ancestrales”.
Cabe mencionar que, luego de acudir a instancias nacionales y no obtener respuesta, la Nación U’wa presentó su demanda ante el Sistema Interamericano en 1997. De este modo, su participación en una audiencia es un hito, pues es, el primer pueblo indígena del país que ha logrado llegar a la Corte IDH en un juicio contra el Estado colombiano por la violación a sus derechos territoriales y culturales. Según Juliana Bravo Valencia directora del programa Amazonía de EarthRights International mencionó que “la Nación U’wa lleva décadas buscando justicia para que su territorio, su autonomía y su cultura sean respetadas, por ello la relevancia de que la Corte Interamericana los escuche y establezca medidas de reparación que garanticen su supervivencia”.
Esta será la primera vez que el Estado colombiano responda ante un tribunal internacional por siglos de discriminación y abandono de los pueblos indígenas, así como por la apropiación y explotación de los recursos naturales de sus territorios. Además, “en medio de la crisis climática que atraviesa el planeta es fundamental que los pueblos indígenas sean escuchados y por la importante labor que cumplen en la protección del medio ambiente”, puntualizó Juliana.
Por su parte, Alejandra Escobar Cortázar, coordinadora del equipo de litigio internacional del CAJAR señaló que “esta es una oportunidad para que el Estado colombiano desarrolle su política de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, y repare integralmente a una Nación cuyos derechos han sido vulnerados durante siglos. La Nación U’wa ha defendido el buen vivir, la cultura y el territorio ancestral en medio de un continuum de violencias, consecuencia de un modelo de desarrollo extractivista impuesto que concibe el territorio tan sólo como un acumulado de recursos por explotar”.
Igualmente, desde la Secretaria Técnica de la CNTI se aportará las pruebas recogidas de las declaraciones de peritos que se realizó sobre las diferentes afectaciones que viene padeciendo el pueblo U’wa en materia de sus derechos territoriales debido a las explotaciones petroleras que atentan contra su espacio sagrado.
Las reparaciones solicitadas por la Nación U’wa ante la justicia internacional giran en torno a cuatro componentes como las medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías para la no repetición y medidas de compensación. Finalmente, la Nación U’wa espera que la Corte IDH falle a su favor y que su caso contribuya con la reivindicación de derechos de los pueblos étnicos, pues esto representaría el reconocimiento de la resistencia y la lucha de la Nación U’wa, y su rol como guardianes de la Madre Tierra. Además, puede convertirse en un referente para otros pueblos ancestrales en Colombia y el resto de Latinoamérica.
Una de las obligaciones a cargo del Estado colombiano en el marco de su responsabilidad de garantizar el derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas, la seguridad jurídica de los territorios, así como el disfrute interdependiente de todos los derechos que allí se ejercen.
Con el comienzo de este nuevo gobierno, más concretamente en octubre del año pasado, en el marco del evento “Colombia, un país diverso y multiétnico: formalización de territorios indígenas e intercambio de saberes ancestrales” la Agencia Nacional de Tierras anunció al país la entrega PROTOCOLARIA de las resoluciones tendientes a la formalización de 10 resguardos que abarcaban 297mil hectáreas. Es importante aclarar que estas hectáreas hacían referencia a predios sobre los cuales ya se había tomado una decisión de formalización en gobiernos anteriores, que la fecha de creación del registro de cada una de estas decisiones también tuvo lugar en el periodo del gobierno anterior, de este modo la única actividad del actual gobierno asociada a dichas entregas en ese momento, solo tuvo que ver con el reporte de algunas de esas formalizaciones al sistema de metas de cumplimiento del Estado -Sinergia-, lo cual constituye un paso ajeno a la consolidación de los derechos territoriales en estricto sentido.
Valga señalar que, en el marco de un proceso de formalización de un territorio indígena, posterior al cumplimiento de múltiples trámites que comprenden un estudio socioeconómico, un estudio de títulos, adquisiciones de predios en caso de ser necesario, y conceptos de diversas entidades -lo cual suele demorarse al punto de ser necesario repetir las etapas por desactualización de los datos, y existen solicitudes de formalización radicadas hace más de treinta y cinco años y en el promedio su culminación está alrededor de los diez años.
Superado este filtro este Consejo -que está conformado por 11 miembros en representación de diversas entidades del gobierno – expide la resolución que constituye, amplía, sanea o clarifica la vigencia del título de un resguardo, de ahí en adelante, lo que procede es registrar dicha decisión ante la oficina de instrumentos públicos con el fin de dar publicidad de esta decisión con efectos hacia terceros y en caso de que la comunidad no esté en posesión del predio respectivo se procede a la entrega material. De ahí en adelante, para efectos de reporte de resultados de la entidad, el respectivo caso se sube al sistema Sinergia como parte del cumplimiento de metas a cargo de la Agencia Nacional de Tierras tal cual lo hacen todas las entidades públicas (ver imagen 1).
Imagen 1 Síntesis del proceso de formalización resguardos indígenas
A continuación está la tabla 1 que relacionado los resguardos que fueron entregados en dicha jornada. Tabla 1 Actos de formalización entregados por parte de Agencia Nacional de Tierras en octubre de 2022
Fuente: elaboración propia con base en ANT (datos de 2023)
Lejos de ser un hecho aislado, desde su inicio, la divulgación de este tipo de información puede llegar a presentarse para interpretaciones erróneas sobre la gestión del nuevo gobierno en materia de dotación de tierras para pueblos indígenas, situación que se ha venido reiterando a un punto que más allá de mostrar resultados, puede estar actuando en desmedro de la transparencia, y por el contrario puede ser el detonante absolutamente evitable de nuevos conflictos inter étnicos, el cual sería el escenario menos deseado durante este cuatrienio como lo pasamos a describir.
Así, en noviembre de 2022, al cierre de los primeros cien días del gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras hizo un nuevo anuncio en la ciudad de Valledupar sobre la formalización de 256 mil hectáreas de tierras en el marco de lo que fue presentado por la entidad como “la titulación masiva de comunidades étnicas más grande que se haya realizado hasta ahora” en la que se hizo la entrega de las resoluciones de constitución o ampliación de lo que en su momento se anunció que involucraba a 32 resguardos indígenas.
Una vez más aclaramos, que los resguardos involucrados según la información reportada por la Agencia Nacional de Tierras a la Secretaría Técnica Indígena del espacio de diálogo nacional en materia de tierras de los pueblos indígenas con el gobierno nacional, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (en adelante STI-CNTI), además de responder al listado de 30 y no 32 resguardos como lo anuncia la publicidad, hacían referencia a predios que también habían sido formalizados en gobiernos anteriores, por ejemplo, algunas adoptadas desde el año 2019 (Naexal Lajt, El águila), razón por la cual, en este caso, no se evidencia ninguna gestión por parte del gobierno actual, salvo que, el registro de algunas de estas resoluciones hayan tenido lugar en los últimos 10 meses, información que no fue aportada por parte de la Agencia.
Aquí podemos destacar el caso del Resguardo Monilla Amena, del pueblo Murui Muina, ubicado en el departamento del Putumayo, el cual fue constituido en noviembre de 2021 y la fecha de reporte a Sinergia de este acto figura en diciembre de 2021. Cada uno de los casos de este segundo anuncio publicitario por parte de la ANT puede verse en la tabla 2. Cabe insistir en que, sobre este segundo anuncio no fue posible acceder a las respectivas fechas de registro, lo cual nos limita a precisar o tener mayor claridad sobre los alcances de la gestión de cada gobierno.
Tabla 2 Actos de formalización entregados en Valledupar el 11 de noviembre de 2022
Fuente: elaboración propia con base en ANT (2023)
Con estos dos anuncios presentados a la opinión pública, al parecer se está dando a entender que ya se trataría de al menos 553mil ha formalizadas para pueblos indígenas en el marco del presente gobierno nacional. Razón por la cual la STI-CNTI prendió sus alarmas, y en aras de tener mayor claridad sobre los datos que venía anunciando la ANT, justo el día de la entrega de las resoluciones en Valledupar, en sesión formal de la CNTI del 11 de noviembre de 2022, la STI presentó una declaración pública dirigida al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras en la que se indicó que la entrega de las resoluciones en relación con esos 32 resguardos como producto del trabajo de este gobierno, no se correspondía con un hecho cierto, en la medida que dichos reconocimientos estaban asociados a gestiones gubernamentales y de los pueblos indígenas en vigencias anteriores.
Publicidad marzo 1 de 2023 Publicidad marzo 10 de 2023
Es preciso destacar que, si bien los trinos del 1 y 10 de marzo de 2023 se refieren a ¨entregas¨, una posterior publicidad de este mismo mes parece ofrecer un comparativo de las hectáreas formalizadas para cada sector beneficiario, es decir, que se podría fortalecer la idea de que no se trata de entregas de títulos sobre las tierras si no de formalizaciones impulsadas durante este gobierno. Al respecto también precisar que la constitución de una Zona de Reserva Campesina no necesariamente implica una formalización y no se asemeja a la consolidación de una propiedad colectiva como ocurre con un resguardo.
Frente a estas cifras, hasta donde tiene conocimiento la STI-CNTI, en el marco del consejo directivo de la Agencia, el actual gobierno ha dado a conocer la formalización, de por lo menos 10 casos. Siete (7) de ellos de constitución de resguardo y tres (3) de ampliación, los cuales suman un total de 114.350 hectáreas. Esta cifra reportada sería la que el actual gobierno podría presentar como parte de su gestión y no la cifra publicada el 10 de marzo en sus canales de comunicación. Lo anterior, con la salvedad que no se cuenta con la certeza del registro de dos de estas resoluciones como paso final con efectos de publicidad a terceros sobre la propiedad colectiva.
En el entender de la STI-CNTI, al momento de la última publicidad del 10 de marzo, a la gestión del gobierno Petro le son atribuibles 114.550 hectáreas que favorecen 10 resguardos indígenas. Respecto de las 553mil hectáreas que favorecieron a 40 resguardos indígenas, se atribuyen en principio al gobierno anterior, en la medida en que todos los actos administrativos son previos al gobierno actual. Se hace necesario corroborar en qué fecha se procedió al registro de dichos casos, datos que hasta el momento, como ha sido mencionado, no fueron aportados por la Agencia a la STI-CNTI.
Relación de hectáreas formalizadas a pueblos indígenas mencionadas en notas de prensa de la Agencia Nacional de Tierras durante este gobierno
Sumando las dos cifras anteriores (114.350 + 553.828) con el objetivo de entender por qué se llegó a anunciar la formalización de 910mil ha en el reporte más reciente, quedarían aun 243mil ha sobre las cuales no se tiene información.
Valga señalar que posterior a esta publicidad del gobierno han sido adoptadas otras cuatro resoluciones por parte del consejo directivo, las cuales abarcan la formalización, mediante dos constituciones de resguardo y dos ampliaciones de resguardo, de 44.869 hectáreas sobre las que aparentemente faltaría garantizar el respectivo registro. Lo anterior, sin perjuicio de otras pocas resoluciones que hayan podido expedirse en días recientes.
Formalización de territorios indígenas durante el gobierno Petro
Fuente: elaboración propia con base en ANT (2023)
Por todo lo anterior, desde la STI-CNTI hacemos un llamado al gobierno nacional para que de precisión a la opinión pública sobre cuáles son las cifras de formalización de territorios para pueblos indígenas gestionadas durante el actual gobierno, diferenciando cuáles casos hacen parte las gestiones adelantadas y culminadas en el gobierno anterior.
En el mismo sentido, para los pueblos indígenas es de suma importancia que el gobierno nacional pueda dar todas las claridades pertinentes sobre los procesos de formalización de territorios indígenas, tanto de la gestión de gobiernos pasados como los casos que le corresponde a la gestión del actual gobierno. Información que también es importante para las demás poblaciones rurales y la ciudadanía en general. Y de este modo se pueda evidenciar precisión y coherencia con el compromiso manifestado por este gobierno con los pueblos indígenas.
Es claro que en algunos casos las nuevas administraciones recogen la cosecha de los anteriores gobiernos, por lo que necesario que haya veracidad en la información que se comparte con la ciudadanía colombiana a fin de evitar malentendidos o general posibles conflictos innecesarios entre la población indígena y otros sectores de la sociedad. De igual modo este gobierno esperamos que no caiga en esas viejas prácticas de la desinformación o información parcializada, contrario a ello esperamos que con cifras ciertas, claras y veraces podamos seguir construyendo entre todos esa tan anunciada reforma agraria.
Fuente: elaboración propia con base en ANT (datos de 2023)
