La colección de informes elaborados por el ODTPI en cuanto al seguimiento a la
implementación del decreto 2333 durante los últimos tres años de vigencia
aporta elementos para evidenciar la negligencia estatal . Estos análisis revelan al
menos, seis hallazgos principales sobre los cuales es urgente que la
institucionalidad revise su accionar, de manera que se logre resolver el rezago y
paralelamente se dé celeridad a las nuevas solicitudes de protección de territorios
ancestrales.

De esta manera, los principales cuellos de botella en la implementación del
decreto identificados tienen que ver con: i) El incumplimiento sistemático de
acuerdos por parte del gobierno nacional, ii) Dificultades en la implementación
de los planes de acción y atención, iii) Dificultades en el procedimiento de
notificación personal, iv) Superposición de rutas de protección, v) Limitaciones
en el acceso a la información institucional e, vi) Intereses económicos de terceros
alrededor del proceso de protección de territorios ancestrales.