por Prensa CNTI | Sep 1, 2025 | Informes
Desde el ODTPI de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STI-CNTI), propusimos la realización de dos estudios de caso sobre dos territorios ancestrales: la Línea Negra en la Sierra Nevada de Gonawindua o Santa Marta y la Altillanura, con énfasis en el territorio de Barrulia, localizado en Puerto Gaitán en el departamento del Meta, debido a los procesos de seguridad jurídica territorial emprendidos en cada caso –enmarcados en los decretos 1500 de 2018 y 2333 de 2014, respectivamente–, y en el acompañamiento hecho por la STI-CNTI a las comunidades de estos territorios en el contexto de la exigibilidad de sus derechos territoriales. Ello nos ha permitido dar cuenta de los obstáculos para la materialización y el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, tanto como proponer rutas de actuación y/o mecanismos para su superación. En este sentido, el objetivo del presente texto es aportar insumos técnicos para la protección de los territorios ancestrales y de los espacios sagrados.
En principio, los estudios de caso se plantearon con una temporalidad reciente con el propósito de comprender, analizar y proponer mecanismos que aportaran a la protección del territorio ancestral. Sin embargo, debido a que la actualidad está atravesada por un contexto histórico con actores y dinámicas que afectaron el territorio ancestral, nos pareció pertinente ampliar el marco temporal del caso, para comprender la forma como estos hechos incidieron en los territorios y ampliar la mirada, en aras de aportar a las propuestas de protección de los territorios, teniendo en cuenta sus características sociales y culturales.
por Prensa CNTI | Sep 1, 2025 | Informes
Este documento parte de la necesidad de superar las brechas en la garantía y protección de los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas cuyos territorios fueron constituidos en la segunda mitad del siglo XX como Reservas Indígenas. No obstante ser contemplada normativamente a partir de los años ochenta, y de haberse adelantado la misma efectiva y significativamente en distintos lugares del país, la conversión de estas a Resguardos es al día de hoy un proceso inacabado.
El documento está organizado en cuatro partes. Primero, el apartado de “Análisis normativo”, en el que se profundiza en la normatividad y los estándares internacionales de derechos territoriales relacionados con los procesos de reconocimiento de reservas indígenas y su conversión hacia resguardos. Este análisis se articula con una línea de tiempo de hechos históricos y una síntesis de precedentes jurídicos y jurisprudenciales, los cuales permiten hacer una lectura sobre las condiciones y elementos políticos y culturales que han configurado el escenario de reconocimiento de las reservas indígenas en Colombia.
El segundo apartado se denomina “Análisis espacial” y presenta la espacialización de las reservas indígenas en Colombia identificadas por el ODTPI, sobre las cuales se realizaron diferentes análisis procedimentales y de interpretación geográfica. El tercer apartado se titula “Estudios de caso de reservas indígenas”; allí se documentan los dos casos de reservas indígenas de Colombia en correlación con diferentes elementos culturales, políticos, geográficos y sociales de sus contextos particulares. Por último, se presentan una serie de conclusiones sobre el análisis planteado, así como unas recomendaciones a las entidades competentes, a los pueblos indígenas y la sociedad en general, en materia de garantía de derechos territoriales indígenas, con el fin de formular reflexiones, estrategias y acciones en favor de la protección, saneamiento, conversión y formalización de las reservas indígenas en Colombia.
por STI | Sep 1, 2025 | Nota de prensa, Noticias
En el marco de las funciones y competencias de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), espacio de interlocución entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas para la defensa de los derechos territoriales, el equipo de la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI acompañó, en articulación con la Corporación Jurídica Yira Castro, a la comunidad Je’ruriwa Yukuna en una nueva sesión de la mesa de seguimiento al fallo de la Corte Constitucional que tutela sus derechos fundamentales al territorio, la reubicación y la reparación integral colectiva.
El encuentro se desarrolló el 29 de agosto con la participación de las autoridades de la comunidad indígena, la Corporación Jurídica Yira Castro y las entidades accionadas: Agencia Nacional de Tierras, Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior, Sociedad de Activos Especiales, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Medina. También hicieron presencia la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo como órganos de acompañamiento y control.
Desde la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI se constató el escaso avance en el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, especialmente en lo que compete a la Agencia Nacional de Tierras, así como la falta de articulación efectiva entre las entidades del Estado. No obstante, en esta sesión se lograron concretar nuevos compromisos interinstitucionales que representan un paso hacia adelante en la garantía de los derechos de la comunidad.
Hacemos un llamado urgente a las instituciones competentes para que intensifiquen sus esfuerzos y asuman con responsabilidad el cumplimiento de las órdenes judiciales, garantizando el derecho al territorio de la comunidad Je’ruriwa Yukuna y avanzando de manera decidida en su reparación integral como víctimas del conflicto armado interno.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ago 28, 2025 | CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
En el marco de las funciones y competencias de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), espacio de interlocución entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas para la defensa de los derechos territoriales, participamos en un diálogo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Parques Nacionales Naturales de Colombia, representantes de los pueblos indígenas, sociedad civil y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (CMAP-UICN).
En este espacio reafirmamos que el cumplimiento de la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad (MMB) Kunming-Montreal (30×30) no puede reducirse a cifras, porcentajes o áreas designadas. Debe construirse desde un enfoque de derechos territoriales, reconociendo a los Pueblos Indígenas como actores históricos y legítimos en el cuidado de la Madre Tierra.
Para los Pueblos Indígenas, el territorio es el primer derecho de todos los derechos, porque allí habitan nuestra memoria, nuestras espiritualidades, nuestros sistemas de conocimiento, nuestras culturas y la vida misma. Por ello, la Meta 3 solo será justa y efectiva si se avanza en tres aspectos fundamentales:
- Identificar los territorios de especial importancia para la conectividad biológica, cultural y espiritual.
- Reconocer y formalizar jurídicamente los territorios indígenas para garantizar su protección real.
- Respetar la autonomía y el gobierno propio, de manera que la conservación responda a las prioridades y apuestas de nuestras comunidades.
Los Pueblos Indígenas hemos cuidado todas las expresiones de vida que habitan la Madre Tierra durante siglos. El futuro del 30×30 depende de que se garanticen nuestros derechos territoriales y de que se reconozca nuestro papel como guardianes de la vida, de los territorios y de la biodiversidad del planeta.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Ago 28, 2025 | CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Exigimos garantías y justicia tras retención de líderes indígenas en la vía Panamericana
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a los hechos ocurridos en la madrugada del sábado 23 de agosto en la vía Panamericana, sector El Pital, municipio de Caldono (Cauca).
En este sector, un grupo de hombres armados al margen de la ley interceptó tres vehículos y dos motocicletas en los que se movilizaban líderes y comuneros indígenas. Entre las víctimas se encontraba el Taita Manuel Mavisoy, secretario general de la organización indígena Gobierno Mayor, quien junto con los demás ocupantes fue retenido durante varias horas, amenazado y despojado de todas sus pertenencias.
Este acto de violencia constituye una grave vulneración a los derechos humanos, a la libre movilidad y a la seguridad de quienes defienden los territorios y la autonomía indígena. La retención y amenaza de líderes indígenas no sólo atenta contra su vida e integridad, sino que representa un ataque directo a la pervivencia de los pueblos, nuestras formas de gobierno propio y procesos organizativos.
Hacemos un llamado urgente al Estado colombiano y a sus instituciones competentes —incluyendo a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección— para que se esclarezcan de inmediato los hechos, se identifique a los responsables materiales e intelectuales y se garanticen condiciones reales de seguridad en los territorios.
La creciente inseguridad en la vía Panamericana, corredor vital para las comunidades del Cauca y del suroccidente del país, exige respuestas efectivas y coordinadas. No podemos permitir que la impunidad fortalezca a los grupos armados que amenazan la vida y la dignidad de nuestros pueblos.
Desde este escenario reiteramos que defender la vida y los territorios es un mandato colectivo. Exigimos respeto por las autoridades indígenas, los líderes y las comunidades, y reafirmamos que la paz y la justicia solo serán posibles si se garantiza la seguridad integral de quienes históricamente hemos cuidado la Madre Tierra.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ago 26, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos que, en el marco del cierre de la consulta previa de la Ruta de Reparación Colectiva del Pueblo Nukak, el Ministerio del Interior, entidad responsable de liderar este proceso, no se hizo presente. Esta ausencia debilita el ejercicio de la consulta previa y desconoce la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Mientras el Gobierno Nacional reitera en sus discursos su compromiso con los Pueblos Indígenas y la Amazonía, la realidad en los territorios demuestra lo contrario: promesas en el papel, pero ausencia en los espacios donde se define la garantía de derechos. El caso del Pueblo Nukak —en grave riesgo de exterminio físico y cultural, como lo ha reconocido la Corte Constitucional— exige respuestas inmediatas y no más dilaciones.
Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control, den seguimiento a los compromisos adquiridos y velen por el cumplimiento efectivo de la reparación colectiva del Pueblo Nukak.
La reparación colectiva no puede seguir siendo postergada. El respeto por los derechos de los Pueblos Indígenas es un deber inaplazable del Estado colombiano.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado
¡Defender los territorios, es defender la vida!
