En el recurso jurídico también se le solicita al Gobierno nacional suspender todos procesos de este tipo, hasta tanto no se supere la crisis sanitaria y social por la que atraviesa el país por cuenta del coronavirus. También se pide dejar sin efecto las circulares emitidas por el MinInterior al respecto.
Ante el Tribunal Superior de Bogotá fue instaurada una acción de tutela contra el Ministerio del Interior por parte de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STICNTI).
Con este recurso jurídico, soportado en 25 páginas, se busca que el Gobierno nacional garantice y respete el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos aborígenes, a partir de la prohibición total de la consulta virtual.
Y es que, para la STICNTI, las dos circulares externas expedidas por esa cartera ministerial sobre este tema dejaron abierta la posibilidad de realizar consultas previas de tipo virtual, «siempre que las comunidades cuenten con los medios tecnológicos y condiciones necesarias para tal fin».
Para esta organización sigue latente el riesgo de que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales para vulnerar el derecho a la consulta de las comunidades. En tal sentido, aseguran que la tutela busca prohibir al Gobierno que replique estos intentos de reforma a derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada, y el debido proceso.
Asegura que a pesar de que el Ministerio del Interior derogó una de las circulares externas que había proferido, el problema continúa y por esa razón solicitan, además, dejar sin efecto dichas circulares.
Ricardo Camilo Niño Izquierdo, secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, indicó que a la fecha no se han adoptado medidas especiales que garanticen a las comunidades indígenas su derecho a la vida, salud, integridad y consulta previa, libre e informada, en el marco de la emergencia social que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus.
En la acción judicial también le solicitan al Gobierno nacional ordenar la suspensión de todo proceso de consulta previa, hasta tanto se supere la crisis humanitaria desatada por el coronavirus en el país. Adicionalmente, que se adopten las medidas sanitarias diferenciales para garantizar a las comunidades indígenas el goce efectivo de este derecho.
“En especial esta suspensión debe aplicarse frente a proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y demás que impacten de manera directa e indirecta los territorios indígenas”, solicitó la comisión.
De igual manera, la tutela le pide a la justicia colombiana, conforme al principio de progresividad, ordenar al Ministerio del Interior que consulte con los representantes de las organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Indígena todas las propuestas diferenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, según sus condiciones de múltiple vulnerabilidad.
La secretaría reitera que en ninguna circunstancia se puede proceder a realizar nuevas consultas previas en los territorios a través de los términos propuestos por el Ministerio del Interior, porque, en su concepto, proponer la realización de este tipo de procesos a pueblos indígenas en situaciones de extrema vulnerabilidad y carentes de tecnología, viola sus derechos fundamentales.
«No estamos preparados para enfrentar la pandemia y por eso las comunidades han concentrado en este instante todo su esfuerzo en proteger el territorio, a partir del no ingreso de personas externas. Hoy debemos concentrarnos en eso, en resolver la crisis sanitaria y humanitaria frente a la covid-19 y no ponernos a pensar en hacer consultas virtuales debido a que no están garantizados los estándares mínimos para su implementación ni los principios que por ley se deben tener en cuenta», expuso.
Jhenifer Mojica Flórez, abogada y especializada en derecho procesal, considera que las consultas previas virtuales no se pueden hacer ni ahora ni nunca. «Aquí lo que está de fondo es una presión de los empresarios de la economía extractiva para que se les quiten obstáculos y como los pueblos indígenas son eso para ellos, por eso insisten en la realización de este tipo de medidas», dijo.
La jurista explicó que en la tutela también se le pidió al Gobierno que fortalezca los mecanismos de participación haciéndolos más eficientes y que dialogue y consulte con los indígenas antes de tomar decisiones para que ellos puedan ejercer sus derechos de manera adecuada y más en un momento humanitario tan grave como el que están atravesando», recalcó.
Mojica aseguró que para los pueblos indígenas las consultas previas virtuales constituyen una burla, porque son comunidades muy vulnerables que, si no tienen acceso a derechos mínimos fundamentales como el agua o salud, pues mucho menos a la tecnología. «Con esto los que se quiere es sacar adelante los proyectos que están detrás de todo», apuntó.
La abogada advirtió que los pueblos indígenas enfrentan, además, en situaciones corruptividad, pues podría presentarse manipulación o constreñimiento hacia algunos de sus líderes por parte de las empresas, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Lourdes Uquillas.- En Colombia los defensores indígenas y ambientales “seguimos sufriendo el acoso de mineras, grupos armados y el narcotráfico”, y “el número de asesinatos ha aumentado desde la firma de la paz en 2016”, denuncia el coordinador de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Camilo Niño.
Ricardo Camilo Niño Izquierdo, ecólogo con una maestría en desarrollo rural, es el coordinador de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, creada en 1996 como “espacio de diálogo y concertación” entre el Gobierno y los pueblos indígenas del país sudamericano.
Presión y asesinato de líderes ambientales
Niño, indígena del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y miembro de la Confederación Indígena Tayrona (CIT), explica en entrevista telefónica con EFE que la situación de los pueblos indígenas en Colombia en este momento de pandemia, la inestabilidad se ha incrementado por las acciones armadas entre grupos armados, de narcotráfico y de seguridad nacional.
Precisamente, en uno de los últimos enfrentamientos, señala Niño, dos líderes indígenas murieron asesinados hace tres semanas aproximadamente.
Explica que desde la firma de la paz en 2016, los asesinatos de líderes indígenas han aumentado, y señala que según el estudio del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas que está próximo a publicarse, en ese año (2016) se produjeron 9 asesinatos, 38 en 2017, 68 en 2018 y 83 en 2019.
Precisamente este viernes pasado, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de 19 asesinatos de defensores de derechos humanos y sociales en Colombia en lo que va de 2020, cifra que podría aumentar al estar pendiente de verificación la de otras 34 posibles muertes de activistas.
Según el portavoz de esa Oficina de la ONU en Ginebra, Rupert Colville, se ha registrado un aumento del acoso y amenazas a los pueblos indígenas, agricultores y afrodescendientes en el departamento del Cauca (suroeste), y una intensificación de los enfrentamientos entre las bandas armadas y las fuerzas de seguridad.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su informe hecho público hace quince días alertó del desplazamiento de 393 indígenas en el departamento del Chocó (noroeste), por combates entre grupos armados ilegales.
Desatención y vulnerabilidad
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas que coordina Niño está formada por cinco organizaciones nacionales: la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), la Confederación Indígena Tayrona (CIT) -a la que pertenece Niño-, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor), y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO).
Por parte del Gobierno, hay representantes de los ministerios de Agricultura, Interior y Hacienda y de departamentos de Asuntos Etnicos, Tierras o Planeación.
La Comisión fue creada por exigencia de los pueblos indígenas para debatir “todos los temas sobre la seguridad jurídica de nuestros territorios” o resguardos. Actualmente suman “768 resguardos legalmente constituidos” que están en zonas de “ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, bosques secos tropicales, bosques húmedos tropicales, coberturas naturales y seminaturales”.
Los 768 resguardos indígenas, “abarcan aproximadamente 31 millones de hectáreas de las 114 millones del país, lo que equivale al 27,26 % del territorio colombiano”.
Según el censo de 2018 del Departamento Nacional de Estadística (DANE) existen 2,9 millones de indígenas, sin embargo, según Niño, “no es una cifra certera porque hubo zonas donde no se llegó a hacer el conteo de población, como ha reconocido el Gobierno”.
Amenazas de grupos de presión
“El 82 % de los resguardos se encuentran en los bosques húmedos, todo lo que es la Amazonía colombiana y la Sierra Nevada, que alberga más del 80 % de los bosques existentes”. En esas áreas, “el 62 % del suelo es para conservación de la naturaleza”.
El dirigente indígena señala que según un estudio de 2016 de la World Resource Institute “si los pueblos indígenas no tuvieran garantías para la conservación de sus territorios y bosques, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Colombia habrían sido entre el 10 y 15 % más altas”.
Los pueblos indígenas “son garantes de la conservación de la naturaleza“, sin embargo, advierte Niño, “ante la solicitud de constitución de 889 nuevos reconomientos de territorios indígenas, también ha aumentado el número de asesinatos de líderes por la defensa de las tierras y del ambiente”.
Y sostiene que el estudio del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas señala que “donde hay intereses minero energéticos y pueblos indígenas reclamando los derechos de protección de nuevos resguardos, ahí se han dado los mayores casos de asesinatos”.
Por parte del Estado Colombiano “no ha habido una respuesta como responsable de la garantía efectiva de protección” de los territorios, lamenta.
Generalmente “ha habido una desatención sistemática por parte del Gobierno y ha minimizado la violación de los derechos humanos y los asesinatos”.
Vulneración de derechos
Remarca que los pueblos indígenas apostaron por la paz, sin embargo “no han visto los beneficios que incluían la creación de un banco de tierras del que iban a ser beneficiaros”.
Denuncia la doble cara del Gobierno hacia el exterior y asegura que “no se ha cumplido el último compromiso de lograr deforestación cero en 2020, una situación que, al contrario, “se ha incrementado sobre todo en territorios indígenas, donde, además, se produce colonización”.
Igualmente denuncia la violación del derecho a consulta previa recogido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento” y la falta de un censo pormenorizado de los pueblos indígenas por parte del Estado.
Cercos para la pandemia
“En este momento estamos centrados en el tema de la pandemia, porque de seguir en esta tasa de contagios, los pueblos indígenas vamos a ser de los más afectados”, asegura Camilo Niño.
“Si muchas ciudades donde tienen acceso a energía, salud, educación, entre otros beneficios, no tienen las garantías (para controlar la propagación del coronavirus)”, sostiene, “la situación puede ser terrible para pueblos aislados, sin carreteras, sin energía ni puestos de salud”.
Es una “gran preocupación que tenemos actualmente los pueblos indígenas de Colombia”, por lo que “nos hemos concentrado en la protección territorial”.
“Estamos haciendo cercos (cerrando) en nuestros territorios para que no llegue gente que quiera entrar desde las ciudades”, asegura, porque en el marco que les otorga la “autonomía de los territorios hacemos presencia en las vías deteniendo a las personas y poniéndonos de acuerdo entre nosotros mismos”.
El acceso es “más difícil en una zonas más que en otras, pero estamos concentrados en esto” para evitar el contagio, asegura el líder del Pueblo Arhuaco.
Sin embargo, “el Estado ha aprovechado esta situación y ha entrado en nuestros territorios donde se hallan grupos armados” y en una de esas actuaciones asesinaron a dos líderes indígenas hace pocas semanas.
Asimismo, hay empresas en los territorios que “no están en cuarentena”, denuncia.
Y para “enrarecer” más la situación, “el Estado, en su mecanismo supuestamente para garantizar los derechos de los indígenas, habilitó unas consultas previas virtuales”.
Sin embargo, “ahora en esta situación propone consultas previas virtuales en sitios donde no hay vías, ni energía ni señal, por lo que no se garantiza la participación de la población que pueda estar afectada” por conflictos socio económicos y las empresas mineras.
“El Gobierno como otros segmentos de la sociedad han aprovechado que estamos concentrados en evitar la propagación del virus para violar derechos de los indígenas”, denuncia. EFEverde.
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas han sido objeto de una lucha histórica que las comunidades han librado, resistiendo en sus territorios y exigiendo al Estado el reconocimiento, respeto y garantía de los mismos. Entre los avances más significativos se ha logrado el reconocimiento al derecho de propiedad colectiva sobre los territorios poseídos y ocupados ancestralmente. Sin embargo, hoy estamos ante una crisis generalizada de incumplimiento de este derecho que expone a las comunidades al despojo, destierro y por esa vía al riesgo de extinción física y cultural. La institucionalidad agraria del Estado colombiano no está atendiendo las demandas territoriales indígenas, y dilata en el tiempo la respuesta de manera irrazonable, con interpretaciones lesivas y restrictivas a los derechos de los pueblos y la creación de más y nuevos trámites que obstruyen este derecho.
El desconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas implica una agresión a todos sus derechos por la relación estrecha que tiene la vida en sí misma de las comunidades con el territorio, con la madre tierra. Negar el reconocimiento del territorio ancestral indígena sin garantizar la seguridad jurídica de sus territorios, mientras se incentivan e impulsan agendas de desarrollo en sus territorios, como la minería, la explotación de hidrocarburos y la construcción de megaobras de infraestructura constituye un riesgo alto de despojo territorial. Esto ocurre a la vez que aumentan los asesinatos, atentados y desplazamientos forzados entre otras graves violaciones de derechos humanos contra miembros de las comunidades, autoridades y miembros de la guardia indígena como consecuencia de la reconfiguración de las dinámicas de violencia política en los territorios indígenas.
El presente foro quiere presentar un análisis del estado actual de incumplimiento del Estado frente a los derechos territoriales de los pueblos, con el ánimo de alertar a las autoridades públicas, órganos de control, Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos, comunidad en general y organizaciones indígenas sobre esta situación ya que nos encontramos ante un Estado de Cosas Inconstitucional-ECI de los derechos territoriales indígenas, ante la necesidad de implementar políticas, reformas normativas, proyectos de inversión y planes de trabajo que superen de manera estructural la negligencia institucional del Estado colombiano en esta materia.
Día: miércoles 11 de diciembre de 2019 Lugar: Universidad Libre Sede Candelaria, auditorio Darío Echandía
Hora: de 8:00 am a 12:30 m
Organiza: Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Universidad Libre, Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, grupo de investigación de estudios en Bioética Ecología Humana y Ecología Política.
Es para la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, una alegría presentar nuestro informe titulado: ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (2019), que consiste en el análisis del estado actual de incumplimiento del Estado frente a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Este tuvo cómo insumos diferentes fuentes cómo los informes propios de la STI, informes del Observatorio de Derechos Territoriales de la STI, insumos enviados por Agencia Nacional de Tierras, entre otros.
Nuestra finalidad, es alertar a las autoridades públicas, órganos de control, Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos, comunidad en general y organizaciones indígenas sobre esta situación, de manera que entre todos podamos construir alternativas que contribuyan a dar mayores garantías a la protección territorial de los pueblos y comunidades indígenas.
Este informe concluye que estamos ante un Estado de Cosas Inconstitucional-ECI de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, por ello es urgente la implementación de políticas, reformas normativas, proyectos de inversión y planes de trabajo que superen de manera estructural la negligencia institucional del Estado colombiano en esta materia.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, acompañamos a nuestros hermanos y hermanas del pueblo Nasa, rechazamos contundentemente los asesinatos sistemáticos que se están presentando en el territorio nacional y la masacre ocurrida el día 29 de octubre del presente año en el resguardo indígena de Tacueyó, Cauca, en donde fueron masacrados por la columna móvil Dagoberto Ramos, la Nej’wesx Cristina Bautista y los guardias indígenas Eliodoro Finscue, Asdruval Cayapu, James Wilfredo Soto y José Gerardo Soto. Gravemente heridos, la autoridad Crescencio Peteche y los guardias Dora Rut Mesa, Rogelio Taquias, José Norman Montano y Matías Montano.
Las acciones de control territorial adelatadas por autoridades y guardia indígena en ejercicio de la autonomía en defensa del territorio y de la madre tierra están siendo fuertemente perseguidas y reprimidas. Hechos como la masacre de Tacueyó, el asesinato y ataques sistemáticos de la guardia indígena y reteradas amenazas en contra de los líderes y lideresas del Norte del Cauca ponen de manifiesto la existencia de un plan de exterminio contra el Pueblo Nasa del Norte del Cauca por todos los actores armados legales e ilegales que se disputan el control del territorio y del negocio del naroctráfico. Según el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica Indígema de la CNTI desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 han sido asesinados 143 líderes y lideresas indígenas en Colombia, el 36% de los casos se han registrado en Norte del Cauca. Durante el gobierno de Iván Duque se ha registrado cerca de la mitad de los casos, de estos el 49% de los hechos ha sido en contra del Pueblo Nasa.
Las organizaciones indígenas locales, regionales, nacionales, los delegados indígenas y secretaría técnica indígena de este espacio continuaremos nuestra labor por la defensa del territorio, la vida y la paz. Repudiamos la masacre de la que fueron víctimas nuestros hermanos y hermanas en tanto acto de cobardia y denunciamos que estos hechos se presentan debido a la NO implementación del Acuerdo Final de Paz, el Capítulo Étnico y los cerca de 2000 acuerdos incumplidos entre el Gobierno Nacional y Gobierno Indígena en el marco de los diferentes escenarios nacionales de concertación, mesas regionales de trabajo, movilizaciones y mingas.
Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a que levantemos la voz para unirnos a una sola fuerza, por la vida, los derechos humanos y por nuestros territorios. Al Gobierno Colombiano en cabeza de Iván Duque exigimos que brinde una respuesta oportuna a esta crítica situación humanitaria, que no siga haciendo caso omiso a la situación de violencia y violación de derechos humanos que se están presentando en los territorios indígenas y que active a todo el Estado en su conjunto para que se tomen medidas efectivas de judicialización de los responsables, respeto a las autoridades indígenas, protección integral, entre otras muchas que debe adoptar de común acuerdo con las autoridades indígenas respectivas.
Alertamos a la comunidad internacional sobre este exterminio del que está siendo víctima el Pueblo Nasa, para que hagan presencia en el Cauca, acompañen y rodeen con garantías a nuestros hermanos indígenas, realicen observación y denuncia internacional, exigiendo al gobierno de Colombia la adopción de políticas adecuadas y concertadas con las autoridades indígenas que cumplan el deber de garantía de derechos humanos que le compete al Estado.
Asimismo alertamos sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas y consultadas de manera previa con las comundiades indígenas que garanticen el principio de distinción de la población civil a la luz del Derecho Internacional Humanitario, para que la arremetida militar anunciada el día 30 de octubre por parte del Presidente Iván Duque Marquez que se piensa implementar en la región del Norte del Cauca en contra de las estructuras guerrilleras y de narcotráfico con la presencia de 2.500 hombres de la fuerza pública y de la Operación Atalanta, no afecte a las comunidades indígenas y éstas no queden en medio del fuego cruzado ni padezcan las consecuencias del conflicto. El aumento de la militarización en la zona, sin otras medidas complementarias de protección y prevención, en lugar de proteger a los líderes y a las comunidades, aumenta la presión y la amenaza en contra del Pueblo Nasa.
Llamamos a los Pueblos Indígenas a profundizar las acciones que permitan el fortalecimiento del ejercicio del Gobierno Propio en los territorios, la implementación del Capitulo Étnico para la Paz, los acuerdos firmados en las Mingas y en el PND.
Consolidar alianzas estratégicas con otros procesos organizativos sociales para asumir conjuntamente los retos y desafíos para reorganizar y garantizar la Movilización permanente bajo los principios de la UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA y AUTONOMÍA.
Ante estos hechos EXIGIMOS:
Al Estado Colombiano que pare el asesinato de los Pueblos Indígenas que se configura en un GENOCIDIO. En virtud de ello, exigimos adoptar las medidas necesarias para superar la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social, Económica y Cultural que sufren los pueblos indígenas del Cauca y todos los Pueblos Indígenas de Colombia.
Exigimos la implementación inmediata del Acuerdo final de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, en especial de los componentes del acuerdo tendientes a los mecanismos de verificación de la situación de derechos humanos y los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones; incluytendo la presencia de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia del Proceso de Paz, para que visite y se pronuncie sobre la situación del reflorecimiento del conflicto que afecta a los pueblos indígenas, y las recomendaciones sobre los que debe implementarse para parar el exterminio físico y cultural del pueblo Nasa.
Exigimos garantizar la vida de nuestros líderes y lideresas a través de la adopción de mecanismos de protección culturalmente adecuados, así como la implementación de los planes de vida de cuidado y protección para las comunidades, territorios y organizaciones indígenas de Colombia.
Convocamos a la comunidad internacional para que hagan presencia en el Cauca y actúen como garantes y veedores permanentes para la superación de la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica que sufren todos los Pueblos Indígenas del Cauca y de Colombia.
Requerimos el acompañamiento de organizaciones y organismos de DDHH a nivel nacional e internacional para la verificación del Genocidio físico y cultural del que están siendo víctimas los Pueblos Indígenas en Colombia a causa del conflicto armado, el extractivismo y las políticas de “desarrollo» del Estado.
Convocamos a toda la sociedad colombiana a levantarnos en defensa de la vida, los derechos, los territorios y la paz de todo el pueblo colombiano.
Convocamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita extraordinaria con el fin de acompañar esta grave situación de emergencia humanitaria en los territorios y pueblos indígenas.
Solicitamos a la relatora especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas prestar atención a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Cauca, y realizar las recomendaciones pertinentes al Estado Colombiano con el fin de que las medidas que se tomen sean para nuestra salvaguarda y pervivencia.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, a organizaciones de derechos humanos y a los organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre otros, que exijan al gobierno de Colombia la adopción de medidas efectivas para garantizar el principio de distinción de la población civil a la luz del Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, saludamos y extendemos nuestro apoyo incondicional a los pueblos, organizaciones y autoridades indígenas que continúan resistiendo en los territorios.
¡TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS, NUESTRO PRINCIPIO ES LA UNIDAD!
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL ESTADO COLOMBIANO Y A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Interconexión eléctrica Tesalia – Alférez, Comunidad Indígena Pijao “El Vergel”
Desde las organizaciones indígenas que conforman la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Cacica Ana Teresa Manjarres Tique, Gobernadora de la Comunidad Indígena Pijao ¨El Vergel¨ quién nos alertó en la construcción de la vía interconexión eléctrica Tesalia – Alférez a cargo del Grupo de Energía de Bogotá – GEB.
Este proyecto busca la instalación de 22 torres de energía eléctrica en el territorio de Santa María, Huila entre el cerro conocido como “El Cerro del diablo” y el Nevado del Ruiz, donde habita la comunidad Pijao del Vergel, quienes desde el año 2002 después de tomarse la vía panamericana por la región de Natagaima lograron ser reconocidos como miembros del Pueblo Pijao ante el Ministerio del Interior bajo la resolución 0039 del 6 de Mayo de 2002, desde entonces han solicitado ante el INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, la constitución de su resguardo.
Desde el año 2009 se asignó a la Empresa de Energía de Bogotá, hoy Grupo de Energía de Bogotá – GEB la realización de esta interconexión eléctrica, quienes hasta la fecha se han negado a dialogar con la comunidad sobre la realización de la Consulta Previa, Libre e Informada en cumplimiento a este derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas del país ante la realización de este tipo proyectos que afectan la permanencia cultural y pervivencia física, espiritual, comunitaria y territorial de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Como segunda instancia, el pasado 7 de septiembre del año en vigencia, se reunieron autoridades indígenas de la comunidad, coordinadores regionales del GEB, delegados del Ministerio del Interior y trazaron un protocolo de dialogo para la concertación de dicho proyecto, este protocolo busca lograr un acuerdo entre las partes sobre el impacto del proyecto de Interconexión eléctrica, en el tramo del área de influencia de la comunidad Pijao El Vergel, que salvaguarde los derechos colectivos y fundamentales de la comunidad, especialmente en lo que respecta a la protección de su integridad territorial, cultural, social y alcance espiritual. Llegando a un nuevo acuerdo para el sábado 28 de septiembre en el que se reunirán las partes para definir la realización de la consulta previa a la comunidad local, el cumplimiento a los acuerdos pactados en el protocolo de diálogo o acudir a la legitima movilización social.
“Si ustedes no permiten que la empresa entre a desarrollar esas obras, ya tenemos los batallones listos para instalarlos, porque la obra va o va” Juan Carlos Soler – Delegado del Ministerio de Interior.
Denunciamos que la instalación de estas 22 torres como menciona la Gobernadora Ana Teresa, perjudicará el territorio ancestral de la comunidad, cementerios tradicionales, zonas de pagamento, humedales, bosques, reservas de palma de cera, yacimientos de agua, lagunas y deteriorará las condiciones de vida de quienes habitan estos territorios.
La violación a los derechos humanos y territoriales a los que están siendo sometidos los habitantes de esta región junto con las repetidas amenazas y atentados de los que ha sido víctima la gobernadora Ana Teresa Manjarres.
La violación al derecho fundamental a la consulta previa a las comunidades indígenas de Colombia, a un ambiente sano, a la salud de la comunidad, a la constitución de su resguardo, a la protección de lugares sagrados, a disponer y administrar sus territorios, a conservar y proteger ambientalmente sus territorios y a ejercer la autodeterminación.
