Entre el 6 y el 8 de mayo se desarrolla la II Sesión 2026 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), instancia vinculante de concertación política de Gobierno a Gobierno creada por el Decreto 1397 de 1996, que reúne a los 115 Pueblos Indígenas de Colombia.
Durante la primera jornada, los delegados y delegadas indígenas y la Secretaría Técnica Indígena hacen seguimiento a los avances, retos y compromisos derivados de sesiones anteriores, con el fin de exigir al Gobierno Nacional cumplimiento efectivo de los acuerdos, garantías jurídicas para los territorios y respuestas concretas a las demandas históricas de los Pueblos Indígenas.
En el primer día de la sesión, las entidades del Gobierno asistieron al espacio técnico y presentaron parte de la información solicitada. Reconocemos esos pasos y la voluntad política de algunas entidades y funcionarios, pero la información entregada sigue siendo parcial, no incorpora plenamente el enfoque del pluralismo jurídico ni el derecho propio, y no resuelve los incumplimientos de fondo.
Este patrón afecta la confianza construida y compromete la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos. La defensa de los territorios requiere avanzar hacia acciones concretas y resultados verificables, que materialicen los compromisos asumidos y reafirmen la voluntad de transformación del actual Gobierno.
Hacemos los siguientes llamados:
- Avanzar en el cumplimiento integral de los compromisos asumidos por las entidades del Gobierno Nacional en materia territorial indígena, con acciones, tiempos y responsables concretos.
- Garantizar la participación efectiva y continua de funcionarios con poder de decisión en todas las Sesiones CNTI 2026, como condición indispensable para que la concertación produzca resultados.
- Asegurar el acceso real, autónomo y permanente de la CNTI a los sistemas de información del Estado, en cumplimiento del Decreto 1397 y del derecho fundamental de acceso a la información.
- Una revisión estructural de los procedimientos y normativas que obstaculizan el ejercicio pleno de nuestros derechos territoriales, incluida la suspensión y reformulación, mediante consulta previa libre e informada, de los instrumentos expedidos sin nuestra participación.
- Respeto por nuestras autoridades y formas de gobierno propio, y un lenguaje institucional que reconozca la diversidad étnica y cultural como principio fundamental del Estado Social de Derecho y que nombre nuestros derechos en los términos explícitos de la Constitución Política.
Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control sobre el patrón estructural aquí denunciado, hagan seguimiento estricto a los compromisos adquiridos y se pronuncien sobre las afectaciones presupuestales, normativas y procedimentales que hoy comprometen los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas hemos caminado con dignidad, resistencia y propuestas claras. La defensa de nuestros territorios no es negociable. Nuestra disposición al diálogo y la concertación permanece intacta, pero la palabra acordada debe traducirse en hechos y actuaciones que garanticen el goce efectivo de nuestros derechos territoriales, base de nuestra existencia física, espiritual y cultural.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado
