Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica los hechos violentos ocurridos en el Cauca durante los últimos días, en un contexto de creciente inseguridad, atentados y afectaciones directas contra la población civil.
En este escenario, condenamos de manera particular los actos ocurridos en el sector El Túnel, municipio de Cajibío, sobre la vía Panamericana, donde la detonación de artefactos explosivos dejó víctimas fatales y personas heridas. Estos hechos constituyen una agresión grave contra la vida y una nueva expresión de la escalada de violencia que golpea a los territorios indígenas y a las comunidades del suroccidente colombiano.
Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas por estos hechos. Nos unimos al clamor de las autoridades indígenas del Cauca frente al dolor, la incertidumbre y el riesgo que hoy enfrentan comuneros, trabajadores, transeúntes y población civil ajena al conflicto, que termina padeciendo las consecuencias de acciones armadas que no distinguen la vida civil ni respetan los mínimos humanitarios.
Estos hechos no son aislados. Se inscriben en un panorama de creciente inseguridad en el Cauca, marcado por la presencia de múltiples actores armados, por la sistematicidad de los atentados y por el aumento de amenazas, asesinatos selectivos y violaciones a los derechos humanos. La instalación de explosivos en una vía altamente transitada constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo inminente la vida de las comunidades y la pervivencia colectiva de los Pueblos Indígenas del departamento.
En primer lugar, exigimos a los grupos armados el cese inmediato de las acciones que siguen sembrando muerte y terror en los territorios. Nuestros territorios no son botín de guerra. Exigimos respeto por la vida, por la población civil, por nuestra autonomía, por los mecanismos de control territorial y por los procesos organizativos de los pueblos. Ningún actor armado puede pretender justificar la violencia sobre las comunidades ni convertir los territorios indígenas en escenario de disputa.
Asimismo, exigimos al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales la adopción de medidas urgentes y eficaces, concertadas directamente con las autoridades indígenas. La respuesta no puede reducirse a la militarización de las vías. Se requiere una protección integral que garantice la seguridad de las comunidades, respete la jurisdicción especial indígena y fortalezca las capacidades territoriales de prevención y cuidado. Exigimos también a la Fiscalía General de la Nación resultados prontos, imparciales y transparentes para identificar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de estos hechos.
Hacemos además un llamado a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, para que fortalezcan su presencia, monitoreo y acompañamiento en el Cauca y en el suroccidente colombiano. Defender el territorio no puede seguir costando la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
