Desde la Secretería Técnica indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI informamos y rechazamos ante la opinión pública la orden de lanzamiento – amparo policivo emitida el día 24 de abril de 2023 por la Inspección Municipal de Policía de Riohacha, bajo amparo policivo por Auto 0018 del 10 de mayo de 2022, a favor de la señora Alicia Josefina Rodríguez Iguara, contra la comunidad indígena Santa Clara del Pueblo Wayuu en la que se advierte que dicho procedimiento será realizado el día de hoy 26 de abril de 2023.
La comunidad Santa Clara del Pueblo Wayuu se encuentra en el kilómetro 7 de la vía a Valledupar, conformada en su mayoría por mujeres, niños y adolescentes indígenas. La conforman familias que habitan ancestralmente el lugar, reconocido legalmente como parte de un sistema de sitios sagrados denominado Línea Negra, por Decreto presidencial 1500 de 2018, según consta el Oficio de la Subdirección de asuntos Étnicos de las Agencia Nacional de Tierras. Esta comunidad viene siendo violentada en su derecho al territorio por autoridades del distrito, quienes emiten la orden de desalojo de sus tierras ancestrales.
En ese sentido, hacemos un llamado a la entidades competentes como la Inspección Municipal de Policía de Riohacha, Alcaldía Municipal de Riohacha, Personería Municipal de Riohacha, Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, Defensoría del Pueblo Delegada para Asuntos Étnicos, Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras – ANT y Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica para que de manera urgente y prioritaria eviten las acciones violentas de desalojo que puedan generar desarmonías en el territorio y se les garantice sus derechos. Además, de que se realice una caracterización de las familias y advertir garantías de reubicación de conformidad con la sentencia T-391 de 2022 para así garantizar la pervivencia como pueblos indígenas.
El pasado 19 de abril, La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, asistió a una reunión en Villavicencio con la Agencia Nacional de Territorios ANT, con el fin de discutir alternativas sobre las solicitudes de protección del territorio ancestral para las comunidades de Barrulia, San Rafael de Warrojo, Iwitsulibo y Tsabilonia, pertenecientes al Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta.
En este espacio, participaron la alcaldía de Puerto Gaitán, la Gobernación del departamento del Meta, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, la organización Unuma, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, Astolfo Aramburo Vivas, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Territorios ANT y la Sociedad Activos Especiales SAE, quienes propusieron, bajo el procedimiento de seguridad jurídica establecido en el decreto 2333 de 2014, la entrega provisional de algunos predios para garantizar de manera transitoria el acceso a la tierra para el desarrollo, uso y costumbres de las cuatro comunidades del Pueblo Sikuani.
En ese sentido, desde la ANT, a través de la Sociedad de Activos Especiales SAE, propuso administrar un predio en el que las cuatro comunidades pudieran ser ubicadas mientras que la agencia resolviera las solicitudes de protección ancestral en curso para estas comunidades. Esto obedece, a que los procesos que la ANT está llevando a cabo tomarán más tiempo de lo previsto. Por esta razón, la agencia propuso que un predio rural de más de 9 mil hectáreas, como una medida de ubicación provisional para las comunidades mientras se resuelven los procedimientos administrativos.
Durante esta presentación, las comunidades solicitaron aclaraciones, realizaron preguntas y plantearon otros temas. Posteriormente, se pasó a un escenario autónomo para valorar la propuesta, y así, las comunidades pudieran tomar una decisión al respecto.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades bajo un escenario de interlocución y ajustes de acuerdo a la propuesta de la ANT, tomó la decisión de que el predio propuesto solo podría ser ocupado por la comunidad de Tsabilonia, ya que esta ubicado en el territorio solicitado en protección por esta misma comunidad. Por lo tanto, las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Warrojo consideran que no podrían ocupar este territorio ya que no forma parte de su solicitud de protección.
De esta manera, las delegaciones de las cuatro comunidades propusieron a la Agencia Nacional de Territorios que este predio fuera un lugar transitorio exclusivo para la comunidad de Tsabilonia, y que se continuara al mismo tiempo con los procesos y las solicitudes de protección ancestral de las otras tres comunidades que no habrían de ocupar el predio, así como las cuatro revocatorias que debe resolver la ANT para el caso de Barrulia.
La reunión fue un escenario de interlocución, de escucha y de respeto mutuo. La comunidad de Tsabilonia cumplirá, a través de la Agencia Nacional de Territorios, un acuerdo mediante el cual se gestionará su ubicación provisional en el predio propuesto por la Sociedad Activos Especiales SAE. Además, el Ministerio del Interior se comprometió a hacer un seguimiento de las condiciones y medidas de seguridad.
La Nación U’wa que habita los territorios ancestrales ubicados en los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, luego de 25 años buscando justicia será escuchada este próximo 25 y 26 de abril de 2023 durante la 157°periodo de sesiones de La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH que se llevará a cabo en Santiago de Chile.
En este hecho histórico la Nación U’wa, participará con una delegación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de la Nación U’wa AsoU’wa, La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, EarthRights International-ERI, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR y el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, quienes expondrán el caso ante Corte IDH, quien tendrá que tomar una decisión frente a la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de este pueblo indígena en Colombia.
Ante el tribunal internacional los delegados de la Nación U’wa hablarán de las reiteradas violaciones de las que ha sido víctimas en su territorio. Heber Tegría, miembro de la Nación U’wa, aseguró que “se trata de un momento determinante, no sólo para los U’wa, sino también para los demás pueblos indígenas de Colombia, pues esta será una audiencia en la que podrán ser escuchados de viva voz y a través del legítimo ejercicio de defensa del derecho a la vida, al territorio y a la integridad cultural, para exigir que el Estado colombiano garantice su protección de manera efectiva como pueblos ancestrales”.
Cabe mencionar que, luego de acudir a instancias nacionales y no obtener respuesta, la Nación U’wa presentó su demanda ante el Sistema Interamericano en 1997. De este modo, su participación en una audiencia es un hito, pues es, el primer pueblo indígena del país que ha logrado llegar a la Corte IDH en un juicio contra el Estado colombiano por la violación a sus derechos territoriales y culturales. Según Juliana Bravo Valencia directora del programa Amazonía de EarthRights International mencionó que “la Nación U’wa lleva décadas buscando justicia para que su territorio, su autonomía y su cultura sean respetadas, por ello la relevancia de que la Corte Interamericana los escuche y establezca medidas de reparación que garanticen su supervivencia”.
Esta será la primera vez que el Estado colombiano responda ante un tribunal internacional por siglos de discriminación y abandono de los pueblos indígenas, así como por la apropiación y explotación de los recursos naturales de sus territorios. Además, “en medio de la crisis climática que atraviesa el planeta es fundamental que los pueblos indígenas sean escuchados y por la importante labor que cumplen en la protección del medio ambiente”, puntualizó Juliana.
Por su parte, Alejandra Escobar Cortázar, coordinadora del equipo de litigio internacional del CAJAR señaló que “esta es una oportunidad para que el Estado colombiano desarrolle su política de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, y repare integralmente a una Nación cuyos derechos han sido vulnerados durante siglos. La Nación U’wa ha defendido el buen vivir, la cultura y el territorio ancestral en medio de un continuum de violencias, consecuencia de un modelo de desarrollo extractivista impuesto que concibe el territorio tan sólo como un acumulado de recursos por explotar”.
Igualmente, desde la Secretaria Técnica de la CNTI se aportará las pruebas recogidas de las declaraciones de peritos que se realizó sobre las diferentes afectaciones que viene padeciendo el pueblo U’wa en materia de sus derechos territoriales debido a las explotaciones petroleras que atentan contra su espacio sagrado.
Las reparaciones solicitadas por la Nación U’wa ante la justicia internacional giran en torno a cuatro componentes como las medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías para la no repetición y medidas de compensación. Finalmente, la Nación U’wa espera que la Corte IDH falle a su favor y que su caso contribuya con la reivindicación de derechos de los pueblos étnicos, pues esto representaría el reconocimiento de la resistencia y la lucha de la Nación U’wa, y su rol como guardianes de la Madre Tierra. Además, puede convertirse en un referente para otros pueblos ancestrales en Colombia y el resto de Latinoamérica.
La secretaría técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, se reunió el día 11 de abril del 2023, con Astolfo Aramburo Vivas, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Territorios ANT, para revisar la ruta que se ha implementado desde la agencia para dar respuestas de fondo a la problemática que viene padeciendo la comunidad de Barrulia del pueblo Sikuani, quienes vienen solicitando el reconocimiento de su territorio ancestral. Además, de resolver el tema de la revocatoria directa donde se tenía que oficializar la suspensión de los desalojos policivos que se presentó en la comunidad.
En ese sentido, desde la Secretaria Técnica en cabeza de Camilo Niño, comentó que desde la ANT se debe actuar para no seguir esperando si hay una recusación, ya que no se puede continuar presentando una demanda para que la entidad actúe, puesto que para eso se ha dialogado, para a su vez, generar la confianza con la comunidad. Este caso requiere de celeridad, puesto que desde el mes de marzo del 2022 se emitió una resolución para dar solución al tema Barrulia, pero continúan las revocatorias, las cuales ya están cumpliendo su periodo y hasta el momento no hay una respuesta. Igualmente, en los meses de mayo, junio y julio de 2022, se esperaba que la ANT diera respuesta sobre los elementos que encontraron y cómo se pensaba resolver, pero esto no se dio y en cambio, los menonitas que ocupan parte del territorio no se han detenido y continúan acaban con la pradera y lo que queda del territorio.
Esto ha generado un problema de derechos humanos, ya que los niños se están enfermando tanto el estómago como de la piel por la contaminación de químicos que están llegando a los morichales. La preocupación desde la CNTI es que no se logra resolver el problema de fondo y solo se está dilatando a través de reuniones donde no hay una respuesta concreta para dar solución a la comunidad.
Por su parte, el subdirector de la ANT, mencionó que se continúan recopilando los elementos de prueba para el auto y así darle una salida a esta problemática. En este proceso participarán un equipo de topógrafos, profesionales sociales, abogados e intérpretes quienes harán las visitas en campo. Además, aclaró que este es un nuevo equipo que acompañara en este proceso quienes están comprometidos para darle una salida a este tema.
También desde la ANT están considerando varios elementos en el auto de prueba, los cuales reposan en los expedientes que se tienen sobre el caso de Barrulia. Es decir, que no harán caso omiso sobre lo que ya se ha realizado, sino que esto será considerando en la etapa probatoria para así tomar una decisión frente al caso.
Finalmente se mencionó en promover una reunión interinstitucional para tocar este asunto donde se cuente con las garantías que busca tanto de la CNTI como la comunidad de Barrulia. Es decir, vinculando a la Unidad de Restitución de Tierras URT, La Procuraduría, La Defensoría y otras organizaciones para abordar el tema del pueblo Sikuani y darle la importancia y la magnitud que tiene este caso. Puesto que se entiende que desde la ANT tiene la responsabilidad en resolver o reconocer el tema del territorio ancestral, las otras entidades puede garantizar la situación de derechos humanos. Porque si bien, se han detenido los desalojos por parte de la policía, hay una amenaza latente, por el solo hecho de estar presentes en la comunidad, quienes están en un estado complejo de nerviosismo, porque en cualquier momento los pueden desalojar nuevamente.
Los U’wa son un pueblo indígena ubicados en los departamentos de Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Este pueblo indígena lucha desde hace más de 20 años en contra de las distintas empresas petroleras que están explotando hidrocarburos en su territorio ancestral. Cuenta con una población de 7.581 personas según el Censo DANE de 2005.
Su lucha por cuidar el territorio es su principal objetivo, siendo este un espacio sagrado, un ser vivo con espíritu propio que cumple la función de brindar armonía y equilibrio. Donde todo ser vivo tiene sangre, es decir todo árbol, vegetal y animal. La sangre (ruiria petróleo) es quien da la fuerza y representa la sangre de la madre tierra que circula a través de las venas que se encuentra en el mundo de abajo, según la cosmovisión U’wa. Razón por la cual, es fundamental y determinante para la vida y pervivencia como nación U’wa.
Aunque, han dado su lucha por la protección de los recursos naturales, el Estado colombiano no ha reconocido su derecho de propiedad colectiva sobre su territorio ancestral, ni les garantizado los derechos territoriales. En cambio, ha otorgado contratos de concesión para la exploración y explotación de petróleo, carbón y otros minerales que colocan en riesgo la vida de este pueblo.
De acuerdo, a lo anterior a través de esta línea del tiempo se hace el recuento histórico de lo que ha sido su lucha por el territorio y las afectaciones que han tenido durante estos años.
1995: El Estado colombiano concedió la primera licencia a la Occidental Petroleum Corporation OXY una multinacional estadounidense dedicada a la búsqueda y explotación de petróleo, para estudios sísmicos en el bloque Samoré. Debido a esto, los U´wa interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, y la Oxy por haber otorgado una licencia ambiental para estudios sísmicos en la zona de Samoré sin consultar previamente a los U’wa.
1997: Como consecuencia de la Acción de Tutela interpuesta por la Nación U’wa, vinculada con la licencia ambiental. La Corte Constitucional determinó que no se había garantizado el derecho a la consulta previa, vulnerando las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Constitución Política de Colombia.
De este modo, la Corte ordenó que la consulta se realizara en un plazo de 30 días, condicionando la vigencia de la tutela a la decisión pendiente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, la consulta nunca ocurrió.
Para ese mismo año debido al incumplimiento, los U’wa con ayuda de otras organizaciones colombianas e internacionales presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la concesión de la licencia de Samoré y la falta de consulta previa.
1998: La OXY pidió al Ministerio de Medio Ambiente una nueva licencia de exploración en una zona conocida como Gibraltar. Aunque para ese mismo año el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA emitió la resolución 056 donde se mencionó la creación del Resguardo Unido U’wa, dicha ampliando dejó por fuera el área de explotación del pozo de Gibraltar desconociendo la totalidad del territorio ancestral de la Nación.
2000 para este año el Estado colombiano con las Fuerzas Armadas bloquearon el acceso a los alimentos, el agua y otras necesidades con la finalidad de forzar a los U’wa a salir de la zona de Gibraltar, el cual estaba marcada para la perforación.
En ese sentido los U’wa interpusieron otra acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y OXY, oponiéndose a la licencia ambiental que habilitó la perforación exploratoria de Gibraltar, puesto que vulneró el derecho a la consulta previa de la Nación U’wa. Con esta acción de tutela se logró detener temporalmente la perforación del Gibraltar.
Sin embargo, mas adelanten esta decisión fue revocada por El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y la OXY prometió reanudar la construcción. Los U’wa apelaron la decisión al Tribunal Constitucional. Pero, el Tribunal se negó a escuchar el caso.
En 2001: Los U’wa presentaron una acción de nulidad contra la Resolución 80851 mediante la cual el Ministerio de Minas reservó un área alrededor del Bloque Gibraltar 1 para uso exclusivo de explotación de hidrocarburos a favor de OXY.
2002: La OXY se retiró del Bloque Samoré y la concesión fue transferida a Ecopetrol, para luego redefinirlos límites del Bloque Samoré y separarlo en los bloques Siriri y Catleya.
2003: Ecopetrol solicitó el inicio de una consulta previa para los bloques Sirirí y Catleya.
2004 y 2005 Se realizaron 14 cursos de capacitación y seis talleres vinculados con los bloques Siriri y Catleya. Las reuniones iniciales no se celebraron con el co-peticionario AsoU’wa y solo involucraron la participación de Ascatidar, otra organización representativa de la Nación en el departamento de Arauca.
En mayo de 2005, los U’wa rechazaron el proceso de “consulta” y se negaron a asistir a otros actos. No obstante, el Ministerio del Interior y Ecopetrol llegaron a la conclusión de que los bloques Sirirí y Catleya no violaban los derechos de los U’wa ni la integridad de la comunidad.
Aunque Los U’wa no participaron en la consulta y rechazaron todos los proyectos de desarrollo petrolero en su territorio. A finales de año, el Ministerio del Interior pidió que el más alto tribunal administrativo de Colombia, el Consejo de Estado, declararar que las reuniones de 2004 y 2005 eran suficientes para satisfacer los requisitos de la consulta.
2006: El Consejo de Estado decidió a favor de Ecopetrol que las reuniones eran suficientes para la consulta previa de los bloques Sirirí y Catleya.
2007: Se firmó el contrato para la concesión de minería de carbón GKT-081 que se superpone al territorio U’wa.
2009: Un batallón militar ocupó y destruyó un lugar sagrado. Las autoridades indígenas presentaron una queja a la oficina del fiscal en Cocuy pero no recibieron respuesta. Se firmaron contratos para otras dos concesiones de minería de carbón. El Ministerio de Medio Ambiente concedió una licencia ambiental a Ecopetrol para la construcción del gasoducto de Gibraltar.
2010: Ecopetrol presentó documentos al Ministerio del Medio Ambiente solicitando un estudio ambiental para el Área de Perforación Exploratoria (APE) de Magallanes.
2012 El gasoducto de Gibraltar comenzó a funcionar.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorgó una licencia ambiental a Ecopetrol para el APE Magallanes. Los U’wa argumentaron que la evaluación de impacto ambiental era deficiente e incompleta.
2014: Los ataques al oleoducto de Caño Limón por parte de agentes armados no estatales, frecuentes desde su construcción, siguieron afectando la paz y la tranquilidad de los U’wa. Los ataques al oleoducto provocan contaminación por el derrame de petróleo, afectan la flora y fauna y tienen un impacto especialmente negativo en elementos sagrados para la Nación U’wa.
En octubre de ese mismo año, Colombia presentó sus objeciones a la admisión de la petición de los U’wa a la CIDH.
2015: AsoU’wa presentó una acción de nulidad contra la evaluación de impacto ambiental del APE Magallanes.
En septiembre, fue aprobada la solicitud de la Nación U’wa para la creación del Resguardo Indígena Kuitua.
EarthRights se unió al caso ante la CIDH como co-peticionario, apoyando a la Nación U’wa en su búsqueda de justicia. AsoU’wa también presentó información adicional a la CIDH sobre las nuevas y continuas violaciones.
El 15 de octubre de 2015, la CIDH publicó el informe de admisibilidad reconociendo su competencia sobre la petición presentada por la Nación U’wa contra Colombia.
El Estado convocó una segunda reunión de consulta previa relacionada con las concesiones mineras de carbón. Los U’wa rechazaron cualquier intento de consulta previa porque el territorio no está abierto a las empresas multinacionales.
2016: Los U’wa ocuparon la planta de gas Gibraltar en protesta por el incumplimiento de los acuerdos de 2014 por parte del Estado.
AsoU’wa solicitó el cierre del Parque Nacional Cocuy/Zizuma, debido a los impactos negativos del turismo. Parques Nacionales Naturales de Colombia aprobó el cierre temporal del Parque Nacional Cocuy/Zizuma.
2017: El Parque Nacional Cocuy/Zizuma se reabrió con una mayor regulación de los visitantes. La Nación U’wa y Parques Nacionales Naturales acordaron una evaluación de impacto ambiental.
2018 y 2019: El Estado de Colombia presentó su informe con las observaciones de fondo del caso y luego otro informe adicional a la CIDH.
El 27 de noviembre de 2019, la CIDH adoptó el informe de fondo del caso, encontrando a Colombia responsable por las violaciones de derechos humanos bajo la Convención Americana. El informe confidencial contenía una serie de recomendaciones que Colombia debe seguir para cesar las violaciones y garantizar los derechos de la Nación U’wa, evitando así que el caso sea enviado a la Corte Interamericana.
2020: AsoU’wa y los peticionarios presentaron información a la CIDH sobre el asesinato de un líder U’wa a manos del Ejército Nacional de Colombia durante un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La CIDH envió el caso del Pueblo Indígena U’wa vs. Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2023: Por primera vez la Corte IDH tendrá que tomar una decisión frente a la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de un pueblo indígena en Colombia.
De este modo, se realizará una audiencia tendrá lugar el próximo 25 y 26 de abril, durante el 157° periodo de sesiones que se llevará a cabo en Santiago de Chile. Donde a su vez, participará la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI en cabeza del secretario técnico Camilo Niño, quien aportará las pruebas recogidas mediante las declaraciones de peritos que se realizó sobre las diferentes afectaciones que viene padeciendo el pueblo U’wa en su territorio, debido a las explotaciones petroleras que atentan contra su espacio sagrado.
Luego de una espera de más de 25 años, será escuchada por un tribunal internacional para exponer las reiteradas violaciones de las que ha sido víctima para ser reparados ante la justicia internacional, en los cuales están cuatro componentes como medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías para la no repetición y medidas de compensación por la violación a sus derechos territoriales y culturales.
