Entre el 22 y el 24 de julio de 2026 desarrollamos la Cuarta Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, escenario vinculante de concertación de alto nivel entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional, creado mediante el Decreto 1397 de 1996. Durante estas tres jornadas analizamos los avances alcanzados, los incumplimientos y los asuntos pendientes que requieren decisiones y rutas claras para garantizar la continuidad de la agenda territorial indígena.
Esta sesión adquiere una importancia particular por ser la última con el Gobierno Nacional saliente. Por ello, centramos el diálogo en el balance de estos cuatro años, los compromisos que no se han cumplido y los asuntos estructurales que aún requieren decisiones, ajustes institucionales y acciones concretas.
Las entidades que integran este escenario —entre ellas el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural— presentaron la información incorporada en sus informes de empalme para el Gobierno entrante.
Este balance constituye una carta de navegación para el seguimiento y la exigibilidad de los compromisos del Estado. La información entregada debe ser completa, verificable y transparente, y debe identificar con claridad los avances, los incumplimientos, los vacíos institucionales y los desafíos que tendrá que asumir la nueva administración. También analizamos los retos que deberán ser considerados en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
Reconocemos los avances normativos, administrativos y presupuestales alcanzados en materia de adquisición, formalización, restitución y seguridad jurídica de los territorios indígenas. Durante este periodo se avanzó en más de 260 procedimientos de constitución, ampliación y saneamiento, así como en la expedición de instrumentos normativos orientados a superar obstáculos históricos para la materialización de nuestros derechos territoriales.
Estos resultados son producto del trabajo sostenido de los delegados, delegadas, autoridades y organizaciones indígenas, que hemos llevado nuestras demandas históricas a este escenario de diálogo y concertación. También responden al trabajo técnico, jurídico y político desarrollado con las entidades responsables de la agenda territorial.
En el marco de la sesión recibimos oficialmente el Decreto 698 de 2026, instrumento normativo orientado a agilizar la adquisición de tierras para los Pueblos Indígenas. Reconocemos su expedición como un avance construido durante meses de trabajo y concertación en la CNTI, que debe contribuir a superar los cuellos de botella que han retrasado los procedimientos de compra y las solicitudes presentadas reiteradamente por las comunidades.
El alcance de este decreto dependerá de su implementación efectiva. Debe traducirse en procedimientos más ágiles, recursos suficientes, responsabilidades institucionales claras y resultados concretos para todos los pueblos y comunidades que adelantan procesos de adquisición de tierras.
Al mismo tiempo, señalamos que persisten rezagos, barreras institucionales y compromisos que no se han cumplido en los tiempos acordados. La falta de información completa y oportuna, las demoras en los procedimientos territoriales y las dificultades de articulación entre las entidades continúan limitando el goce efectivo de nuestros derechos.
Durante la sesión acordamos fortalecer el acceso a la información, el seguimiento a los procesos de compra y formalización de tierras, la protección y restitución de los territorios, la adecuación institucional y la coordinación entre las entidades responsables. También insistimos en establecer rutas claras frente a los territorios ancestrales, los bienes administrados por el Estado y las relaciones culturales, espirituales y de subsistencia que mantenemos con las aguas y los ecosistemas.
En este mismo contexto, participamos en la Semana de la Geomática para compartir el trabajo del Sistema de Información Geográfica Indígena, una herramienta construida desde la CNTI que reúne más de 116 capas de información y se consolida como un referente para la gestión y defensa territorial. Reafirmamos que la información es un derecho fundamental y que su acceso, uso, manejo, disposición y salvaguarda son indispensables para tomar decisiones sobre nuestros territorios.
Los compromisos definidos deben contar con responsables, plazos verificables y mecanismos permanentes de seguimiento. Su cumplimiento no puede depender del cambio de gobierno. Son obligaciones del Estado colombiano y deben incorporarse en el proceso de empalme para garantizar su continuidad ante la nueva administración.
Los delegados y delegadas mantenemos nuestro compromiso de hacer seguimiento y exigir mecanismos efectivos para materializar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Reconocemos lo avanzado, pero también señalamos con claridad lo incumplido y lo que aún falta por resolver.
Reafirmamos nuestra voluntad permanente de diálogo y concertación con el Estado colombiano. El cierre de un periodo de gobierno no puede significar la interrupción de los procesos ni el desconocimiento de la palabra concertada.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios es defender la vida!
