En el marco de la Cuarta Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas recibimos oficialmente el Decreto 698 de 2026, suscrito por el presidente de la República, Gustavo Petro, y la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino. Este instrumento normativo busca agilizar los procesos de adquisición de tierras para los Pueblos Indígenas.
La entrega del decreto representa un avance dentro de la agenda territorial que hemos impulsado durante años en la CNTI y es resultado del trabajo sostenido de sus delegados y delegadas, quienes han llevado estas demandas al escenario de diálogo y concertación con el Estado. Su expedición responde a la necesidad de superar barreras administrativas y procedimentales que han retrasado el acceso a la tierra y la garantía material de nuestros derechos territoriales.
Durante la entrega, el viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, señaló que el decreto permitirá contar con un mecanismo más eficiente para avanzar en la adquisición de tierras. También destacó el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como sujetos de la Reforma Agraria y como actores fundamentales en la protección de los territorios, los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad del país.
Desde la CNTI reconocemos que este resultado es producto de años de trabajo, diálogo y concertación entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional. Como señaló Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI, el decreto se suma a otros instrumentos normativos expedidos durante los últimos años para responder a desafíos históricos identificados por los propios Pueblos Indígenas.
“Hoy recibimos este decreto con satisfacción. Esperamos que contribuya a agilizar los procesos de adquisición de tierras y que deje de ser una discusión pendiente para convertirse en resultados concretos para los Pueblos Indígenas del país”, afirmó.
La expedición del Decreto 698 de 2026 constituye un nuevo paso, pero su alcance dependerá de una implementación efectiva, con recursos suficientes, responsabilidades institucionales claras y mecanismos permanentes de seguimiento. El reconocimiento normativo debe traducirse en procesos ágiles y en resultados verificables para las comunidades y pueblos que continúan esperando respuestas frente a sus solicitudes territoriales.
Reafirmamos que el acceso a la tierra no es únicamente un procedimiento administrativo. Es una condición para nuestra autonomía, el gobierno propio, la protección de los sistemas de vida y la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.
¡Defender los territorios es defender la vida!
