Acciones de desalojo violan los derechos humanos del Pueblo Indígena Wayuú en Riohacha

Acciones de desalojo violan los derechos humanos del Pueblo Indígena Wayuú en Riohacha

La administración del municipio de Riohacha se encuentra realizando desalojos de comunidades Wayuú que están ubicadas en predios que constituyen sus territorios ancestrales, tradicionales e históricos. La alcaldía basa su actuar en documentación que no tiene sustento jurídico y que no acredita propiedad alguna de quienes han solicitado activar los procesos policivos.

Estos desalojos, además de ilegales y violatorios del debido proceso y demás derechos fundamentales, se hacen desconociendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la Sentencia T 556 de 2017 en la que en esa ocasión se le ordenó al municipio y a los inspectores de policía de Riohacha suspender la realización de actuaciones y procesos de desalojo en contra de las comunidades hasta tanto se tenga claridad sobre la titularidad de los bienes en disputa.

Además, teniendo en cuenta la condición de precariedad en la que se encuentran las comunidades indígenas que han sido víctimas de estos despojos, y que estos se realizan por fuera del marco jurídico, se observa el incumplimiento sistemático y premeditado, por parte de la alcaldía de Riohacha, de la Policía Nacional y demás entidades del orden local, regional y nacional, lo que fue ordenado por la misma Corte Constitucional en la Sentencia T 302 de 2017, por medio de la cual se decretó la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios.

Estas acciones de desalojo y despojo se han adelantado con la acción violenta de la Policía Nacional de la que también han participado civiles armados, sin que las entidades del Estado que son encargadas de velar por la garantía de los derechos humanos, se haya adelantado control y seguimiento alguno; lo que expuesto a las comunidades y a las familias víctimas de estas acciones, a su propia suerte y a sus agresores.

El actuar de los funcionarios de la alcaldía de Riohacha es ILEGAL y obedece a intereses que están por fuera de los mandatos constitucionales y del respeto por los derechos humanos. En ese sentido desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas solicitamos de manera urgente:

A la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional investigar y tomar las medidas necesarias para controlar el actuar ilegal y desmedido de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Riohacha, así como de los de la Policía Nacional que están involucrados en esta acción desproporcionada, que es violatoria de los derechos fundamentales de la Población Wayuú como sujeto de especial protección Constitucional.

  • A la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tomar las medidas necesarias para atender la crisis humanitaria que las actuaciones violentas e ilegales de los funcionarios públicos han provocado en niños, niñas, adolescentes, población adulta y en condición de discapacidad pertenecientes a las comunidades afectadas.
  • A la alcaldía del municipio de Riohacha abstenerse de continuar con estas acciones de desalojo sin observancia de los derechos fundamentales de la población indígena víctima de conflicto armado y sin considerar lo ordenado por la Corte Constitucional sobre estas acciones.

Defender los territorios es defender la vida

Por: Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2023

La CNTI rechaza los comentarios racistas y estigmatizantes contra la Guardia Indígena

La CNTI rechaza los comentarios racistas y estigmatizantes contra la Guardia Indígena

Desde la CNTI, rechazamos las acciones de señalamiento y discriminación contra las y los Guardias Indígenas, así como contra las autoridades indígenas que se encuentran en la ciudad de Bogotá desarrollando acciones de exigencia en el marco del legítimo derecho de la movilización.

Es preocupante que varios medios de comunicación, congresistas y actores políticos con sus comentarios o afirmaciones discriminatorios y racistas terminen poniendo en riesgo la vida y seguridad de los Pueblos Indígenas que hoy están en Bogotá empuñando sus bastones de mando para exigir el cumplimiento de los derechos, como de los acuerdos pactados con el gobierno nacional en el marco de la Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Equiparar un bastón de madera con un arma de fuego, más que una comparación desproporcionada es una acción basada en el odio, el racismo y la estigmatización contra las formas propias de los pueblos indígenas para defender y reivindicar los derechos de un población históricamente marginada y excluida del resto de la sociedad Colombiana.

El bastón de mando no es un arma, sino un símbolo que representa la protección y el cuidado de los territorios y los Pueblos Indígenas de Colombia

Estos comentarios racistas y estigmatizantes han conllevado a que los pueblos indígenas se les continúe vulnerando los derechos o que terminen siendo violentados y asesinados como pasó el día 03 de mayo de 2023 con el Kiwe Thegna (guardia indígena) del Resguardo de Jambaló William Vargas Peña, asesinado por los grupos armados cuando realizaba acompañamiento a las autoridades indígenas, quienes desarrollaban una acción humanitaria en el marco de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Camilo Niño, expone las deudas del Estado con los Pueblos Indígenas en la Universidad Nacional

Camilo Niño, expone las deudas del Estado con los Pueblos Indígenas en la Universidad Nacional

El día de hoy 31 de marzo, Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), participó del conversatorio sobre las “Deudas del Estado colombiano y los Pueblos Indígenas-Declaración de la Asamblea Permanente” en la plaza Che de la Universidad Nacional de Colombia, en compañía de las organizaciones estudiantiles de la facultad de derecho y ciencias políticas.

Durante el evento, Camilo, destacó la importancia de la CNTI, como un espacio de dialogó y concertación entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional para resolver la deuda histórica en materia territorial y garantizar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas del país. Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de avances en las más de 1.300 solicitudes existentes ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

El secretario técnico indígena, señaló que los Pueblos Indígenas se han declarado en Asamblea Permanente por la defensa de los acuerdos pactados y por el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios en el marco de la Ley 21 y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se manifestó que dichos acuerdos se debían mantener y respetar.

Por otro lado, manifestó que, en Colombia los Pueblos Indígenas están enfrentando una serie de amenazas y confinamiento. Además, de encontrarse en un riesgo de exterminio físico y cultural. En particular, más de 34 pueblos originarios indígenas en el pacifico colombiano por el conflicto armado y en la Altillanura por el no reconocimiento de sus territorios. Sin embargo, los gobiernos han reconocido dichos territorios indígenas a empresarios y a iniciativas minero energéticas mediante mecanismos administrativos y jurídicos que han generado situaciones preocupantes para los pueblos.

Ante esta situación, los Pueblos Indígenas demandan una solución de fondo que incluya la formalización y protección de sus territorios ancestrales, así como una apropiación presupuestal para tal fin. En caso contrario, los pueblos originarios se movilizarán a nivel nacional, teniendo en cuenta que existe la solidaridad de otros sectores sociales y populares por la defensa de los derechos fundamentales y territoriales.

¡El intercambio de saberes entre los mayores indígenas y los estudiantes, es fundamental para preservar la riqueza cultural y ancestral de nuestro país!

¡Defender los territorios, es defender la vida!

Informe Decreto Ley 4633 de 2011

Informe Decreto Ley 4633 de 2011

Recomendaciones a la implementación de la prórroga del Decreto Ley 4633 de 2011 en materia de Restitución de Derechos Territoriales de los Pueblos indígenas 

Boletín Decreto Ley 4633 de 2011

Boletín Decreto Ley 4633 de 2011

Boletín de seguimiento a la implementación del Decreto Ley 4633 durante 2022. Un balance a la implementación del Decreto Ley 4633 de 2022, otro año infructuoso para la restitución de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas 

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