En el marco de la Sesión Autónoma del Gobierno Indígena CNTI, los delegados indígenas y la Secretaría Técnica Indígena avanzamos en una evaluación política del cumplimiento de los acuerdos suscritos en materia territorial entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional, particularmente en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026. Este ejercicio propio no se limita a revisar balances administrativos. Busca precisar lo alcanzado, nombrar con claridad lo pendiente y definir la posición política con la que asumiremos el diálogo con el Gobierno entrante.
Durante la jornada reconocimos que, a pesar de los retos, las dificultades y las brechas históricas que persisten, en este periodo se registraron avances importantes en materia de reconocimiento, ampliación y constitución de resguardos. Lo alcanzado en ese campo tiene un carácter histórico y debe ser leído como resultado de la exigencia sostenida de los pueblos, de la concertación política y de la obligación estatal de avanzar en la garantía de los derechos territoriales.
En este balance también reconocemos la disposición política del Gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en asuntos territoriales que durante años permanecieron estancados. Aunque persisten brechas históricas y obligaciones pendientes, los avances logrados en este periodo constituyen un referente que debe ser profundizado y no interrumpido por el Gobierno entrante.
Persisten asuntos estructurales que siguen comprometiendo la permanencia y la pervivencia de los pueblos, entre ellos la conversión de reservas indígenas en resguardos, la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano y el reconocimiento efectivo de los territorios ancestrales. Estas materias no son rezagos menores ni simples asuntos procedimentales. El territorio es parte integral de la existencia de los Pueblos Indígenas. De él dependen la vida colectiva, la continuidad espiritual y cultural, el gobierno propio, la soberanía alimentaria y la posibilidad de sostener los sistemas de conocimiento que han garantizado la permanencia de los pueblos a lo largo del tiempo.
También insistimos en que la agenda territorial indígena no puede desligarse del debate ambiental y político del país. Los territorios indígenas albergan hoy más del 50 % de los bosques que existen en Colombia. Esto confirma que la garantía territorial no solo responde a un mandato constitucional y a estándares internacionales de derechos humanos, sino que constituye una condición concreta para la protección de la biodiversidad y para enfrentar la crisis climática. Desde nuestros sistemas de conocimiento y nuestras formas de relación con la Madre Tierra, aportamos de manera real a los procesos de mitigación y adaptación. Por eso, reconocer y proteger los territorios indígenas es también una decisión estratégica para la vida del país.
En esta Sesión Autónoma reafirmamos que el Gobierno Nacional entrante debe afianzar la confianza con los Pueblos Indígenas como actores fundamentales para la vida democrática, ambiental y territorial de Colombia. Esa confianza no puede reducirse al reconocimiento discursivo ni a compromisos parciales. Debe expresarse en la progresividad real de los derechos, en el cumplimiento efectivo de la Constitución Política, en la observancia de los estándares internacionales y en la comprensión de que Colombia es, por mandato constitucional, un Estado pluricultural y multicultural. La relación entre el Estado y los pueblos exige decisiones de fondo, continuidad política y voluntad real de transformación.
Desde este espacio propio seguimos tejiendo una palabra colectiva orientada a fortalecer la vocería del Gobierno Indígena y a sostener una posición clara frente al presente y al futuro. Defendemos los territorios porque en ellos se sostiene la vida. Y reafirmamos, con la fuerza de ancestral y política de los pueblos, que defender los territorios no puede seguir costándonos la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
