En la reunión preparatoria del Caucus Indígena en Antalya, Turquía, revisamos las prioridades de negociación y coordinamos nuestra participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Los días 7 y 8 de noviembre, representantes de los Pueblos Indígenas de las siete regiones socioculturales reconocidas en el sistema de las Naciones Unidas nos reunimos para preparar nuestra participación en la COP31. Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia (CNTI) participamos en estas jornadas como parte de nuestra incidencia internacional por los derechos territoriales.
Revisamos la estructura y el calendario de las negociaciones, así como los espacios de incidencia dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También abordamos la coordinación del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (IIPFCC), nuestro espacio político colectivo y no jerárquico. Su trabajo articula los caucus regionales, los equipos técnicos, temáticos y de comunicación, la representación de jóvenes indígenas y nuestra representación en el Grupo de Trabajo de Facilitación (FWG) de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP).

Reafirmamos la libre determinación, la participación plena y efectiva, el consentimiento libre, previo e informado y la protección de nuestros derechos sobre las tierras, territorios y recursos. Estos principios deben orientar todas las decisiones climáticas, junto con el reconocimiento de nuestros sistemas de conocimiento, gobierno propio y el acceso directo y equitativo al financiamiento.
Expresamos preocupación por iniciativas extractivas, proyectos de compensación de carbono, la expansión minera para la transición energética, los agronegocios y la infraestructura energética. Estas y otras medidas presentadas como soluciones climáticas pueden generar despojo, desplazamiento y nuevas afectaciones cuando se diseñan e implementan sin nuestra participación y consentimiento.
Al abordar el Programa de Trabajo sobre Transición Justa, planteamos que la transición debe respetar nuestros gobiernos propios, los derechos territoriales y la propiedad intelectual colectiva, y garantizar la participación de representantes que elijamos mediante nuestros procedimientos. Analizamos propuestas para que un futuro mecanismo ofrezca orientación política, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, prevención de riesgos e intercambio de conocimientos. También debe apoyar las iniciativas que lideramos y facilitar el acceso directo al financiamiento y la tecnología.

Sobre la LCIPP y su Grupo de Trabajo de Facilitación, revisamos el informe del FWG, la preparación del plan de trabajo 2028–2031, la revisión de la Plataforma prevista para 2027 y la elaboración de un protocolo ético. Planteamos construir posiciones compartidas desde la COP31, dialogar oportunamente con las Partes y acompañar la transición hacia las nuevas representaciones regionales.
En financiamiento, revisamos las negociaciones sobre el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo para responder a Pérdidas y Daños y el Fondo de Adaptación. Abordamos también la revisión del mecanismo financiero, el programa de trabajo sobre financiación climática y el compromiso de aumentar los recursos para adaptación. Planteamos que el acceso a estos mecanismos sea directo, oportuno, flexible y culturalmente pertinente, y que se eliminen las barreras burocráticas que dificultan que los recursos lleguen a nuestros territorios.
En adaptación, analizamos la Hoja de Ruta de Adaptación de Bakú: la identificación de impactos, vulnerabilidades y riesgos; la planificación para su implementación; las tecnologías; el financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. Reivindicamos nuestros sistemas de conocimiento como fuentes de ciencia, orientación territorial y respuesta frente a la crisis climática.
Respecto a las pérdidas y daños económicos y no económicos que enfrentamos, revisamos tres componentes de la arquitectura internacional: el Mecanismo Internacional de Varsovia, encargado de la coordinación política y la generación de conocimiento; la Red de Santiago, orientada a la asistencia técnica; y el Fondo para responder a Pérdidas y Daños, responsable del apoyo financiero.
Insistimos en que estos mecanismos deben actuar de manera articulada, garantizar salvaguardas, respetar nuestro consentimiento libre, previo e informado, reconocer las pérdidas no económicas y permitir el acceso directo. Nos preocupa que algunas recomendaciones aún no nos reconozcan expresamente como Pueblos Indígenas, pese a los impactos sobre nuestra vida comunitaria, espiritualidad, espacios sagrados, conocimientos y continuidad cultural.
Abordamos la participación de mujeres, jóvenes y personas indígenas con discapacidad. Se presentó la propuesta de fortalecer un espacio propio de las personas indígenas con discapacidad dentro del Caucus, con representación significativa, liderazgo, accesibilidad y capacidad de incidencia.
Reclamamos que las mujeres indígenas sean reconocidas como actoras de la acción climática y que sus derechos, necesidades y liderazgos se incorporen al Plan de Acción de Género de Belém, a las contribuciones determinadas a nivel nacional y a los mecanismos de financiamiento. Llamamos a reforzar su protección y la de quienes defendemos los territorios frente a la violencia, la criminalización, el desplazamiento y las represalias.
Representantes de las siete regiones trabajamos en la declaración de apertura que se presentará ante la plenaria de la COP31. El mensaje reafirma que nuestros derechos inherentes, colectivos e individuales no son negociables y deben garantizarse en toda medida climática. Durante décadas hemos aportado nuestros conocimientos y ciencias a las negociaciones, mientras enfrentamos los efectos de una crisis que no provocamos.

Con el inicio de la Conferencia, mantendremos reuniones diarias del Caucus entre las 9:00 y las 9:55 de la mañana para revisar las negociaciones, distribuir el seguimiento de los temas y coordinar nuestros mensajes e intervenciones.
Desde la CNTI contribuiremos a esta agenda común con la experiencia de nuestros pueblos en Colombia. Defendemos el reconocimiento y la garantía de los derechos territoriales como una condición para enfrentar la crisis climática y proteger la biodiversidad, con respeto por nuestra autonomía, conocimientos y formas de relacionarnos con la naturaleza.
¡Defender los territorios es defender la vida!






