por STI | Oct 17, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
En el desarrollo de la V Sesión CNTI de diálogo de alto nivel de Gobierno a Gobierno, realizada entre el 15 y 16 de octubre, los delegados, delegadas y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, reafirmamos que la garantía de nuestros derechos territoriales constituye una obligación permanente del Estado colombiano.
La CNTI, creada mediante el Decreto 1397 de 1996, es una conquista histórica del movimiento indígena y un escenario de alto nivel para la concertación, el seguimiento y la exigibilidad de nuestros derechos territoriales. Su existencia, como la de nuestros derechos, es resultado de luchas históricas y de siglos de resistencia. Los Pueblos Indígenas somos sujetos colectivos de derechos y de especial protección constitucional, y continuaremos resistiendo y existiendo para garantizar su respeto y cumplimiento, con independencia de los cambios de gobierno.
En los últimos cuatro años, la formalización de los territorios indígenas aumentó en un 137 %. Este avance demuestra, con datos técnicos, que es posible fortalecer la respuesta institucional cuando existen coordinación, recursos y mecanismos adecuados para garantizar nuestros derechos territoriales.
Los gobiernos pasan, pero los Pueblos Indígenas permanecemos. Por ello, en esta V Sesión, la primera con el nuevo Gobierno Nacional, planteamos que estos avances deben continuar bajo los principios de progresividad, no regresividad e integralidad. La progresividad implica que los avances alcanzados continúen materializándose, que los compromisos pendientes tengan un cierre adecuado en el actual Plan Nacional de Desarrollo y que esos resultados constituyan un punto de partida para el próximo PND, con las debidas garantías de consulta previa, libre e informada.
Asimismo, las adecuaciones institucionales y normativas que han permitido fortalecer y agilizar los procedimientos territoriales requieren una implementación efectiva y sostenida para seguir avanzando en la materialización de nuestros derechos.
En este propósito, la buena fe, la coordinación y la articulación institucional son condiciones indispensables para que las decisiones adoptadas por el Estado se traduzcan en garantías efectivas en los territorios. Esta garantía debe comprender integralmente nuestros derechos colectivos, incluida la participación, la consulta y el ejercicio legítimo de la movilización social como expresión de nuestras demandas y de la defensa de los territorios.
Reconocemos los avances alcanzados y, al mismo tiempo, señalamos los rezagos, las solicitudes pendientes y las necesidades históricas que aún requieren respuesta. La progresividad implica dar continuidad a lo logrado, avanzar en el cumplimiento de los compromisos pendientes y garantizar un cierre adecuado del actual Plan Nacional de Desarrollo en materia de derechos territoriales indígenas.
Los acuerdos suscritos durante esta sesión buscan establecer rutas concretas para avanzar en nuestra lucha por la defensa y la garantía efectiva de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Como parte de nuestras funciones, desde la CNTI haremos seguimiento a su desarrollo, cumplimiento y a los cronogramas definidos, y evaluaremos los avances y asuntos pendientes en la próxima sesión, prevista entre el 25 y el 27 de noviembre de 2026.
Reafirmamos nuestra voluntad permanente de diálogo y coordinación con el Estado colombiano. Los gobiernos cambian, pero la obligación estatal de proteger y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas permanece.
Estamos convencidos de que defender los territorios es defender la vida, y que defender nuestros territorios no puede costarnos la vida.
por STI | Oct 13, 2026 | Informes
Para nosotros, los pueblos indígenas, el territorio no es exclusivamente un espacio físico. Es la base de nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra organización, nuestros sistemas de vida y nuestro ordenamiento colectivo. Allí se reproduce nuestra memoria, nuestro conocimiento, nuestras formas de gobierno y nuestras formas de justicia. Allí se asegura la continuidad de nuestra existencia histórica y social. Su protección no es negociable: es un derecho integral, preexistente y ancestral.
La formalización de los derechos de propiedad colectiva sobre nuestros territorios constituye un derecho irrenunciable que genera para el Estado el deber de garantizar y proteger nuestra relación integral con el territorio ancestral. Dicha garantía no se limita al reconocimiento formal de la propiedad, sino que comprende la protección de las condiciones que hacen posible nuestra autonomía, la pervivencia colectiva, cultural y espiritual, y la continuidad de nuestros sistemas de vida y formas propias de ordenamiento territorial.
A pesar de contar con un marco jurídico sólido —sustentado en convenios internacionales, normas constitucionales y jurisprudencia interamericana— la actuación del Estado en materia de formalización ha sido insuficiente, fragmentada y, en algunos casos, regresiva. Esta brecha estructural entre el mandato normativo y su aplicación efectiva debilita nuestra seguridad jurídica territorial, restringe el ejercicio pleno de nuestros derechos y compromete las condiciones materiales, culturales y políticas que garantizan nuestra pervivencia colectiva. Además, los procesos de formalización se ven afectados por interpretaciones restrictivas impuestas desde el aparato estatal, que obstaculizan el reconocimiento integral de nuestra relación con el territorio y profundizan la distancia entre lo reconocido jurídicamente y lo garantizado en la práctica.
En concordancia con lo anterior, desde el ODTPI de la CNTI presentamos este informe sobre la formalización territorial a partir de un enfoque que proponemos tridimensional. En primer lugar, abordamos el deber ser, que comprende tanto los referentes normativos propios de los pueblos indígenas, como el marco jurídico y jurisprudencial internacional y nacional que reconoce y protege nuestros derechos territoriales. En segundo lugar, analizamos el ser, entendido como el panorama real y actual de la formalización de los territorios indígenas, así como de sus avances y limitaciones en Colombia. Finalmente, mediante el estudio de dos experiencias concretas, pretendemos evidenciar la interacción y el distanciamiento entre el ser y el deber ser alrededor de la formalización de los territorios indígenas en el país.
Formalizar nuestros Territorios: Estándares jurídicos, avances, desafíos y experiencias en Colombia, con estudios de caso en Guainía y Putumayo.
por STI | Oct 12, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Este 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, reafirmamos que nuestra historia no comienza con la invasión europea ni puede reducirse al relato del “descubrimiento”. Somos pueblos milenarios y ancestrales que hemos sostenido nuestra pervivencia física, cultural, espiritual y territorial frente a más de cinco siglos de despojo, violencia y silenciamiento. La resistencia continúa porque seguimos defendiendo la vida, la Madre Tierra y los territorios que habitamos y cuidamos.
Para nosotros, el territorio no es una superficie disponible para la explotación ni una suma de recursos. Es un sistema vivo de relaciones ancestrales entre pueblos, aguas, montañas, bosques, animales, espíritus, memorias y conocimientos. Allí se sostienen nuestras lenguas, formas propias de gobierno, prácticas de cuidado y los mandatos que hemos recibido de nuestros ancestros y ancestras. Defender los territorios es, por tanto, defender las condiciones materiales, culturales y espirituales que hacen posible nuestra existencia como pueblos.
Por eso, nuestra resistencia tampoco pertenece únicamente al pasado. El colonialismo cambió de formas, pero sus efectos continúan expresándose en decisiones y proyectos que desconocen nuestra autonomía y Gobierno Propio, en presiones extractivas sobre los territorios y en políticas que fragmentan nuestras formas de vida y las relaciones que hemos construido ancestralmente con la Madre Tierra.
Frente a estas presiones, seguimos afirmando los sistemas propios de conocimiento, nuestras autoridades, espiritualidad y palabra colectiva. La resistencia indígena no es únicamente memoria de lo que ocurrió hace siglos. Es una práctica cotidiana de cuidado, decisión y permanencia. Se expresa en la defensa territorial, en la transmisión de las lenguas, en la educación propia, en la comunicación, en los sistemas de conocimiento y en las formas colectivas mediante las cuales seguimos sosteniendo la vida.
Más de cinco siglos después, seguimos de pie. No porque la historia haya sido benevolente con nuestros pueblos, sino porque hemos construido caminos de resistencia, reorganización y continuidad colectiva. Nuestra espiritualidad, autonomía y palabra han sido fundamentales para sostener esa permanencia y para enfrentar los distintos intentos de exterminio, subordinación y silenciamiento.
En esta fecha también honramos a nuestros ancestros y ancestras, a quienes defendieron la vida y los territorios antes que nosotros, a quienes caminaron estos procesos y retornaron a la Madre Tierra. Sus luchas, conocimientos y mandatos siguen presentes en las decisiones que tomamos y en las responsabilidades que asumimos con las generaciones que vienen.
Pero no somos únicamente memoria. Somos presente y futuro. Somos pueblos que hablan desde sus propias voces, lenguas, conocimientos, medios de comunicación y sistemas de gobierno. Somos autoridades, comunidades y procesos organizativos que continúan defendiendo el derecho a permanecer en los territorios y a decidir sobre ellos desde las formas propias de comprender y ordenar la vida.
En este 12 de octubre también cuestionamos las narrativas que aún presentan nuestra historia desde una mirada colonial y reafirmamos que la pervivencia de los Pueblos Indígenas está estrechamente ligada a la garantía de nuestros derechos territoriales. No puede hablarse de diversidad cultural mientras se desconocen los territorios que la sostienen, ni de protección de la naturaleza mientras se debilitan las formas propias de gobierno y los sistemas de conocimiento que ancestralmente han cuidado la vida.
En este marco, al Gobierno Nacional le recordamos que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país exige respetar plenamente nuestras autoridades, formas de Gobierno Propio y los derechos colectivos y territoriales de los Pueblos Indígenas, reconocidos en la Constitución, la ley, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos derechos no dependen de coyunturas políticas ni pueden quedar sujetos a interpretaciones regresivas que desconozcan su carácter histórico, colectivo y fundamental.
Cualquier decisión, política pública o reforma que incida sobre nuestros pueblos y territorios debe partir del respeto a la autonomía, la participación efectiva y los derechos ya reconocidos. No aceptamos retrocesos en las garantías alcanzadas ni medidas que debiliten nuestras autoridades, fragmenten nuestros territorios o reduzcan el alcance de nuestros derechos colectivos. La relación con los Pueblos Indígenas debe construirse desde el diálogo y la concertación de Gobierno a Gobierno, reconociendo nuestra diversidad, sistemas de conocimiento propio y formas de organización.
Nuestra lucha sigue siendo diaria, ancestral y colectiva. Somos palabra, memoria, conocimiento y territorios vivos. Seguiremos defendiendo la vida, fortaleciendo el Gobierno Propio y transmitiendo a las nuevas generaciones los conocimientos que han permitido nuestra permanencia.
Este 12 de octubre no conmemoramos un descubrimiento. Reafirmamos nuestra resistencia, ancestralidad y derecho a seguir existiendo como pueblos en nuestros territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
¡Que vivan los Pueblos Indígenas del mundo!
por STI | Oct 10, 2026 | Informes, Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Desde la invasión, los derechos territoriales de nosotros los Pueblos indígenas en Colombia han estado marcados por tensiones entre el reconocimiento jurídico y las prácticas históricas de despojo. Al finalizar el siglo XIX, la Ley 89 de 1890, que se refería a los indígenas como salvajes, representó un aparente intento de protección al establecer resguardos como figuras de propiedad colectiva, aunque bajo una lógica integracionista, derivada del proyecto de consolidación del Estado-nación, mediante el ejercicio de soberanía sobre el territorio que desconocía nuestra autonomía.
En 1886 se promulga la nueva Constitución Política de Colombia, en la que definitivamente hay una invisibilización de los Pueblos Indígenas y, por extensión, una ausencia manifiesta de nuestros derechos. Es decir, el no reconocimiento de nuestra existencia validando, de hecho, cualquier acción violenta que se pudiera presentar contra nosotros. Esta Ley se puede considerar como la máxima expresión de la política de asimilación cultural bajo la hegemonía conservadora.
Ya en el siglo XX, en busca de democratizar la propiedad se expide la Ley 135 de 1961, con el propósito de regular la reforma social agraria y a su vez crear el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), entidad que ejecutaría esta reforma; así mismo para la garantía de nuestros derechos en la materia se crea la División de Asuntos Indígenas, es así como esta normativa fue la puerta de entrada para hablar sobre las reservas indígenas, figura territorial que se instauró como un medio para otorgar tierras a los Pueblos Indígenas para su colonización.
Ese es el término que se utilizó con el propósito de establecer que los Pueblos tendríamos disposición de estos espacios para su uso y usufructo, pero no se otorgaba la propiedad formalmente.
Con la Ley 1ª de 1968 se facultó al INCORA para constituir resguardos y posteriormente dividirlos en Unidades Agrícolas Familiares (UAF) y ya fue con el Decreto 2117 de 1969 que reglamentó la Ley 135 de 1961, que se establece el procedimiento de constitución de las reservas para su posterior división.
Finalizando el siglo XX, la Constitución de 1991 significó un avance al reconocer la diversidad étnica y los derechos ancestrales sobre nuestros territorios (Artículos 7, 63, 329 y 330), pero su implementación ha sido desigual. Mientras el Estado ha promovido la constitución de resguardos a través de instrumentos como el Decreto 2164 de 1995, persisten contradicciones con nuestras luchas como Pueblos, quienes defendemos la concepción propia del territorio, que parte de una posesión y ocupación ancestral donde históricamente realizamos prácticas materiales e inmateriales.
La identificación de territorios indígenas es el proceso que parte del corazón y las enseñanzas de los mayores, de los abuelos, las abuelas, los padres y madres, ancestros y autoridades sobre los elementos que debemos conocer para vivir en armonía y con todo lo necesario para proteger a nuestras familias y pueblo. Somos las autoridades tradicionales y ancestrales quienes enseñamos dónde están, hasta dónde llegan y qué albergan los territorios ancestrales y sagrados. Este conocimiento y ordenamiento propio surge de prácticas espirituales y culturales milenarias transmitidas a través del manejo y uso ritual de una gran variedad de plantas sagradas que permiten el diálogo con el Gran Espíritu Creador y con la Madre Tierra, intercambios de enseñanzas y aprendizajes con seres y entidades no materiales que orientan sobre el cuidado y manejo del territorio. De alguna manera, estas prácticas y cosmogonías siempre han estado amenazadas por diversos factores.
En ese sentido, los Pueblos Indígenas de Colombia seguimos enfrentando la vulneración masiva de nuestros Derechos Humanos y colectivos, debido al conflicto armado y otras formas de violencia histórica presente en nuestros territorios; en primera medida somos objetivo militar de los grupos armados ilegales por ejercer nuestra autonomía territorial, lo que ha conllevado a varios hechos victimizantes como desplazamiento forzado o confinamiento por enfrentamientos entre estos grupos, pero también entre estos y los grupos armados legales, acciones continuas de hostigamiento a líderes y lideresas y a la comunidad en general.
Así mismo los Pueblos Indígenas nos posicionamos frente al abandono del Estado, que implica la vulneración de nuestros derechos fundamentales; lo anterior teniendo en cuenta que en nuestros territorios persiste la falta de atención médica en todos los niveles, así mismo la falta de establecimientos educativos y vivienda digna. Esto no es garantizado de forma mínima ni diferenciada de acuerdo con nuestros saberes propios. Sumado a esto se encuentra la vulneración de nuestros derechos territoriales, manifestada, entre otros aspectos, en la falta de formalización, seguridad jurídica e identificación de nuestros territorios.
Además, hay que considerar que un elemento crítico en los procesos de garantía de derechos territoriales es la figura de baldíos, que se reconocen como tierras públicas en cabeza del Estado y que son asignadas bajo criterios productivistas, frecuentemente en conflicto con nuestros derechos. Ejemplo de lo anterior fue la expedición de la Ley 200 de 1936, la cual institucionalizó como criterio para obtener la propiedad, la posesión continua y explotación de la tierra por 25 años, negando los vínculos inmateriales que los pueblos indígenas hemos tejido con nuestro territorio. Todo aquello que no cumpliera con estas ordenanzas era considerado baldío, lo que representa afectación directa a nuestra concepción de territorio ancestral.
Así, mientras históricamente el Estado colombiano, en línea con políticas de desarrollo rural, promueve la titulación de aquellos territorios catalogados como baldíos para agricultura extensiva o proyectos extractivos, los Pueblos Indígenas exigimos la demarcación e identificación de nuestros territorios, en respeto a nuestras relaciones y conexiones históricas y espirituales, en función de nuestra pervivencia física y cultural. A pesar de la concepción cultural y política del territorio emanada de Nuestra Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor, Derecho Propio y en concordancia con la Constitución Política de 1991, con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 y con la Ley 21 de 1991 que aprueba y ratifica este convenio, los agentes del Estado en aplicación de la normativa vigente en materia de exigencias territoriales que adelantamos, interpretan que territorio indígena es solo resguardo indígena, considerando baldío todo lo que no está resguardado, y dejando por fuera el territorio tradicional y ancestral que va más allá de lo formalizado.
Habida cuenta de la necesidad de comprender nuestros propósitos y luchas por la reivindicación de nuestros derechos territoriales, resulta esencial la comprensión de estas relaciones por parte de la sociedad mayoritaria para garantizar estos derechos. En virtud del deber de esta sociedad en términos de conocer y respetar el aporte de los Pueblos Indígenas a la conformación de la nación colombiana, lo que involucra nuestros territorios y dinámicas, surge la necesidad de impulsar, por parte del Estado, la creación de los sistemas propios de información geográfica y de seguimiento a los procesos que se adelantan en materia de exigencias territoriales. Es así como los Pueblos Indígenas en ejercicio de nuestra autonomía y para la reivindicación de nuestros derechos territoriales creamos el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG – I) que arrojaría datos no sólo cuantitativos sino cualitativos de nuestros territorios, así como el Sistema de Información y Seguimiento a las Solicitudes de Formalización (SIMOSOF).
Acopiando toda esta información, el presente documento expone los desafíos y las apuestas propias para la identificación de nuestros territorios, entendiendo la importancia de esta exigencia para la garantía de los derechos territoriales, lo cual exige un panorama histórico y crítico que recoja y ejemplifique aspectos fundamentales de esta apuesta. Así las cosas, este informe se encuentra dividido en 3 acápites; el primero busca dar cuenta de un acercamiento a lo que representa el territorio para nosotros como Pueblos, respetando las diferencias culturales de cada uno. Con esto se quiere dilucidar las relaciones y los vínculos originarios de los Pueblos Indígenas con su territorio, así mismo se muestra cómo estas relaciones se fueron fragmentando a través del tiempo por diferentes hechos históricos de despojo; por último este acápite analiza la identificación del territorio como garantía de los derechos territoriales a partir del derecho internacional de los Derechos Humanos, principalmente de lo emanado en el Convenio 169 de la OIT y cómo éste irradia en el Sistema Jurídico Colombiano.
Respecto al segundo acápite, se busca dar una aproximación a nuestras apuestas para llevar a cabo la identificación como garantía real de los derechos territoriales; también esboza cómo el Estado Colombiano reserva la información sobre la identificación de los territorios indígenas con el propósito de dilucidar por qué no se está garantizando la identificación de los territorios, qué pretende materializar nuestra exigencia como Pueblos Indígenas en referencia a la necesidad de que la institucionalidad comprenda todas las dimensiones del territorio y otorgue la seguridad jurídica correspondiente, en el entendido de que estos procedimientos son formas de materializar los derechos territoriales; es por la falta de esta comprensión que surge la necesidad de la creación y consolidación de nuestros sistemas de información.
Por último, está el acápite en torno al caso emblemático que muestra cómo la falta de identificación afecta a los Pueblos Indígenas, esto es, el caso del Pueblo Barí, respecto del cual se realizó el análisis de los expedientes de los procedimientos que adelantan ante la autoridad de tierras del país, con el objetivo de dimensionar la vulneración de nuestros derechos territoriales, la cual enfrentan hasta la actualidad y así mismo dilucidar que es un Pueblo que persiste en la lucha por la recuperación de su territorio.
por STI | Oct 9, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Durante tres días, autoridades, mayores, mujeres, jóvenes Kiwe Thegnas (guardias indígenas) adelantamos un espacio de trabajo colectivo con el acompañamiento del equipo técnico de la STI – CNTI. El encuentro abordó las violencias que afectan al pueblo Nasa, con especial atención a los riesgos del reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Entre el 5 y el 7 de octubre realizamos en Çxhab Wala Kiwe, norte del Cauca, un encuentro nacional junto con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). El espacio estuvo orientado a validar información territorial, intercambiar experiencias y generar insumos para los procesos de incidencia relacionados con la garantía de los derechos territoriales, el cuidado y la conservación de los bosques, así como la atención a la violencia sociopolítica.
El encuentro formó parte de la articulación e intercambio directo entre sistemas de información propia: el Sistema de Información sobre Violencias Sociopolíticas contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) de la CNTI y los sistema de monitoreo MADEJA y Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa (RCVC), pertenecientes al Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN. Este trabajo conjunto buscó fortalecer la producción, validación y apropiación de datos comunitarios como herramienta clave para la defensa de la vida y el territorio.
Uno de los ejes centrales fue la situación que enfrentan niños, niñas, adolescentes y jóvenes Nasa frente a las distintas violencias que persisten en el territorio, particularmente el riesgo de reclutamiento forzado. Junto con mayores, mujeres, jóvenes Kiwe Thegnas abordamos las condiciones asociadas a estas violencias, los actores que ponen en riesgo la vida y las acciones que desarrollan las familias, autoridades y organizaciones para responder a esta situación.
A través de espacios de diálogo, trabajos colectivos y ejercicios de cartografía propia, analizamos las dinámicas territoriales vinculadas a estas afectaciones y las respuestas comunitarias construidas para enfrentarlas. Así mismo, la reflexión contextualizó estas problemáticas en el norte del Cauca, un escenario bajo constante presión por la militarización y las confrontaciones armadas que afectan a la población civil.
Durante el segundo y tercer día avanzamos en la revisión conjunta y retroalimentación de SIVOSPI y MADEJA. Este ejercicio se concentró en la revisión de datos y en el intercambio entre los sistemas de información. De manera paralela, se realizaron entrevistas con mujeres Nasa para recoger sus experiencias frente a las violencias vividas en los procesos de defensa territorial.
Este trabajo reafirma que la información producida desde los Pueblos no constituye únicamente un registro técnico. Permite documentar las afectaciones, sustentar las exigencias colectivas y fortalecer los procesos comunitarios y de incidencia política. La articulación entre SIVOSPI y MADEJA afianza, en ese sentido, la consolidación de herramientas construidas desde los territorios para comprender las violencias y fortalecer las respuestas propias.
El reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas es una de las infracciones más graves al DIH. Ante este crimen, el derecho internacional blinda su condición innegociable de víctimas y veta por completo su tratamiento como bajas legítimas u objetivos militares. Reafirmamos una exigencia urgente: la guerra no puede arrebatar sus proyectos de vida. Los territorios ancestrales deben ser espacios de vida seguros para crecer, aprender y pervivir como Pueblos Indígenas en sus comunidades.
Desde la CNTI continuaremos fortaleciendo estos ejercicios de producción y análisis de información propia, en articulación con las organizaciones y autoridades indígenas, como parte de las acciones para defender la vida, los derechos y los territorios de los Pueblos Indígenas.
Siempre para la vida, nunca para la guerra.
¡Defender los territorios es defender la vida!