El informe “Desafíos para la identificación de territorios indígenas en Colombia: El caso del Pueblo Indígena Barí en Norte de Santander” aborda la importancia de la identificación territorial para garantizar nuestros derechos territoriales. Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), explicamos por qué este proceso debe reconocer las relaciones ancestrales, culturales y espirituales que sostienen nuestra integridad y pervivencia.
Para nosotros como Pueblos Indígenas, el territorio comprende los espacios y relaciones donde se recrea la vida colectiva. Allí se transmiten conocimientos, se ejercen formas propias de gobierno y se mantienen prácticas de alimentación, cuidado y espiritualidad. La identificación permite expresar estas dimensiones en instrumentos normativos y geográficos, a partir del conocimiento de las autoridades tradicionales y de las enseñanzas de nuestros ancestros sobre el manejo y cuidado territorial.
Esta comprensión integral tiene consecuencias para la garantía de los derechos fundamentales. La vida, la identidad colectiva, la salud, la educación y la libertad espiritual están estrechamente vinculadas al territorio. Su protección exige atender la interdependencia entre estos derechos: una afectación territorial puede comprometer, al mismo tiempo, distintas dimensiones de nuestra existencia como pueblos.
Los espacios sagrados permiten comprender esta relación. Restringir su acceso o impedir sus usos puede afectar las prácticas de cuidado, la transmisión de conocimientos y el ejercicio de nuestra espiritualidad. Por eso, la identificación debe reconocerlos y contribuir a su protección, tanto dentro como fuera de los resguardos. Los límites de lo formalizado no abarcan necesariamente todas las relaciones que componen nuestros territorios.
Otro aspecto central es la protección frente al despojo. Históricamente, el Estado colombiano ha considerado como “baldíos” territorios indígenas que no cuentan con formalización como resguardos. Esta lectura desconoce la ocupación y posesión ancestral y/o tradicional y puede facilitar decisiones sobre proyectos extractivos, agricultura extensiva u otras figuras de ordenamiento que afectan nuestros derechos. Identificar esas relaciones territoriales permite sustentar su reconocimiento y protección.
La identificación también expresa nuestro derecho a la autodeterminación. Somos los Pueblos Indígenas quienes conocemos y determinamos nuestros territorios desde la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio. Nuestros ordenamientos territoriales perviven en los sistemas de conocimiento y pensamiento propios. Su incorporación en instrumentos que puedan ser consultados por el Estado es necesaria para que las decisiones institucionales reconozcan esa diversidad y respeten nuestra autonomía.
La investigación retoma, además, estándares internacionales que vinculan la identificación y delimitación territorial con la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión. Contar con información integral permite advertir posibles traslapes y prevenir conflictos antes de adoptar decisiones sobre el ordenamiento territorial. El caso del Pueblo Barí muestra cómo las demoras en la identificación y en la atención de sus solicitudes, frente a los procesos relacionados con las Zonas de Reserva Campesina, generan incertidumbre, tensiones y afectaciones al debido proceso.
Desde la CNTI reafirmamos que la identificación territorial debe orientar una protección efectiva de nuestros derechos. La seguridad jurídica requiere que el Estado comprenda la integralidad del territorio, reconozca nuestros ordenamientos propios y proteja los vínculos que sostienen nuestra vida colectiva más allá de las áreas formalizadas.
¡Defender los territorios es defender la vida!






