Es para la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, una alegría presentar nuestro informe titulado: ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (2019), que consiste en el análisis del estado actual de incumplimiento del Estado frente a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Este tuvo cómo insumos diferentes fuentes cómo los informes propios de la STI, informes del Observatorio de Derechos Territoriales de la STI, insumos enviados por Agencia Nacional de Tierras, entre otros.
Nuestra finalidad, es alertar a las autoridades públicas, órganos de control, Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos, comunidad en general y organizaciones indígenas sobre esta situación, de manera que entre todos podamos construir alternativas que contribuyan a dar mayores garantías a la protección territorial de los pueblos y comunidades indígenas.
Este informe concluye que estamos ante un Estado de Cosas Inconstitucional-ECI de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, por ello es urgente la implementación de políticas, reformas normativas, proyectos de inversión y planes de trabajo que superen de manera estructural la negligencia institucional del Estado colombiano en esta materia.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, acompañamos a nuestros hermanos y hermanas del pueblo Nasa, rechazamos contundentemente los asesinatos sistemáticos que se están presentando en el territorio nacional y la masacre ocurrida el día 29 de octubre del presente año en el resguardo indígena de Tacueyó, Cauca, en donde fueron masacrados por la columna móvil Dagoberto Ramos, la Nej’wesx Cristina Bautista y los guardias indígenas Eliodoro Finscue, Asdruval Cayapu, James Wilfredo Soto y José Gerardo Soto. Gravemente heridos, la autoridad Crescencio Peteche y los guardias Dora Rut Mesa, Rogelio Taquias, José Norman Montano y Matías Montano.
Las acciones de control territorial adelatadas por autoridades y guardia indígena en ejercicio de la autonomía en defensa del territorio y de la madre tierra están siendo fuertemente perseguidas y reprimidas. Hechos como la masacre de Tacueyó, el asesinato y ataques sistemáticos de la guardia indígena y reteradas amenazas en contra de los líderes y lideresas del Norte del Cauca ponen de manifiesto la existencia de un plan de exterminio contra el Pueblo Nasa del Norte del Cauca por todos los actores armados legales e ilegales que se disputan el control del territorio y del negocio del naroctráfico. Según el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica Indígema de la CNTI desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 han sido asesinados 143 líderes y lideresas indígenas en Colombia, el 36% de los casos se han registrado en Norte del Cauca. Durante el gobierno de Iván Duque se ha registrado cerca de la mitad de los casos, de estos el 49% de los hechos ha sido en contra del Pueblo Nasa.
Las organizaciones indígenas locales, regionales, nacionales, los delegados indígenas y secretaría técnica indígena de este espacio continuaremos nuestra labor por la defensa del territorio, la vida y la paz. Repudiamos la masacre de la que fueron víctimas nuestros hermanos y hermanas en tanto acto de cobardia y denunciamos que estos hechos se presentan debido a la NO implementación del Acuerdo Final de Paz, el Capítulo Étnico y los cerca de 2000 acuerdos incumplidos entre el Gobierno Nacional y Gobierno Indígena en el marco de los diferentes escenarios nacionales de concertación, mesas regionales de trabajo, movilizaciones y mingas.
Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a que levantemos la voz para unirnos a una sola fuerza, por la vida, los derechos humanos y por nuestros territorios. Al Gobierno Colombiano en cabeza de Iván Duque exigimos que brinde una respuesta oportuna a esta crítica situación humanitaria, que no siga haciendo caso omiso a la situación de violencia y violación de derechos humanos que se están presentando en los territorios indígenas y que active a todo el Estado en su conjunto para que se tomen medidas efectivas de judicialización de los responsables, respeto a las autoridades indígenas, protección integral, entre otras muchas que debe adoptar de común acuerdo con las autoridades indígenas respectivas.
Alertamos a la comunidad internacional sobre este exterminio del que está siendo víctima el Pueblo Nasa, para que hagan presencia en el Cauca, acompañen y rodeen con garantías a nuestros hermanos indígenas, realicen observación y denuncia internacional, exigiendo al gobierno de Colombia la adopción de políticas adecuadas y concertadas con las autoridades indígenas que cumplan el deber de garantía de derechos humanos que le compete al Estado.
Asimismo alertamos sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas y consultadas de manera previa con las comundiades indígenas que garanticen el principio de distinción de la población civil a la luz del Derecho Internacional Humanitario, para que la arremetida militar anunciada el día 30 de octubre por parte del Presidente Iván Duque Marquez que se piensa implementar en la región del Norte del Cauca en contra de las estructuras guerrilleras y de narcotráfico con la presencia de 2.500 hombres de la fuerza pública y de la Operación Atalanta, no afecte a las comunidades indígenas y éstas no queden en medio del fuego cruzado ni padezcan las consecuencias del conflicto. El aumento de la militarización en la zona, sin otras medidas complementarias de protección y prevención, en lugar de proteger a los líderes y a las comunidades, aumenta la presión y la amenaza en contra del Pueblo Nasa.
Llamamos a los Pueblos Indígenas a profundizar las acciones que permitan el fortalecimiento del ejercicio del Gobierno Propio en los territorios, la implementación del Capitulo Étnico para la Paz, los acuerdos firmados en las Mingas y en el PND.
Consolidar alianzas estratégicas con otros procesos organizativos sociales para asumir conjuntamente los retos y desafíos para reorganizar y garantizar la Movilización permanente bajo los principios de la UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA y AUTONOMÍA.
Ante estos hechos EXIGIMOS:
Al Estado Colombiano que pare el asesinato de los Pueblos Indígenas que se configura en un GENOCIDIO. En virtud de ello, exigimos adoptar las medidas necesarias para superar la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social, Económica y Cultural que sufren los pueblos indígenas del Cauca y todos los Pueblos Indígenas de Colombia.
Exigimos la implementación inmediata del Acuerdo final de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP, en especial de los componentes del acuerdo tendientes a los mecanismos de verificación de la situación de derechos humanos y los Programas Integrales de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones; incluytendo la presencia de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia del Proceso de Paz, para que visite y se pronuncie sobre la situación del reflorecimiento del conflicto que afecta a los pueblos indígenas, y las recomendaciones sobre los que debe implementarse para parar el exterminio físico y cultural del pueblo Nasa.
Exigimos garantizar la vida de nuestros líderes y lideresas a través de la adopción de mecanismos de protección culturalmente adecuados, así como la implementación de los planes de vida de cuidado y protección para las comunidades, territorios y organizaciones indígenas de Colombia.
Convocamos a la comunidad internacional para que hagan presencia en el Cauca y actúen como garantes y veedores permanentes para la superación de la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica que sufren todos los Pueblos Indígenas del Cauca y de Colombia.
Requerimos el acompañamiento de organizaciones y organismos de DDHH a nivel nacional e internacional para la verificación del Genocidio físico y cultural del que están siendo víctimas los Pueblos Indígenas en Colombia a causa del conflicto armado, el extractivismo y las políticas de “desarrollo» del Estado.
Convocamos a toda la sociedad colombiana a levantarnos en defensa de la vida, los derechos, los territorios y la paz de todo el pueblo colombiano.
Convocamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita extraordinaria con el fin de acompañar esta grave situación de emergencia humanitaria en los territorios y pueblos indígenas.
Solicitamos a la relatora especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas prestar atención a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Cauca, y realizar las recomendaciones pertinentes al Estado Colombiano con el fin de que las medidas que se tomen sean para nuestra salvaguarda y pervivencia.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, a organizaciones de derechos humanos y a los organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre otros, que exijan al gobierno de Colombia la adopción de medidas efectivas para garantizar el principio de distinción de la población civil a la luz del Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, saludamos y extendemos nuestro apoyo incondicional a los pueblos, organizaciones y autoridades indígenas que continúan resistiendo en los territorios.
¡TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS, NUESTRO PRINCIPIO ES LA UNIDAD!
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA, AL ESTADO COLOMBIANO Y A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
Interconexión eléctrica Tesalia – Alférez, Comunidad Indígena Pijao “El Vergel”
Desde las organizaciones indígenas que conforman la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Cacica Ana Teresa Manjarres Tique, Gobernadora de la Comunidad Indígena Pijao ¨El Vergel¨ quién nos alertó en la construcción de la vía interconexión eléctrica Tesalia – Alférez a cargo del Grupo de Energía de Bogotá – GEB.
Este proyecto busca la instalación de 22 torres de energía eléctrica en el territorio de Santa María, Huila entre el cerro conocido como “El Cerro del diablo” y el Nevado del Ruiz, donde habita la comunidad Pijao del Vergel, quienes desde el año 2002 después de tomarse la vía panamericana por la región de Natagaima lograron ser reconocidos como miembros del Pueblo Pijao ante el Ministerio del Interior bajo la resolución 0039 del 6 de Mayo de 2002, desde entonces han solicitado ante el INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, la constitución de su resguardo.
Desde el año 2009 se asignó a la Empresa de Energía de Bogotá, hoy Grupo de Energía de Bogotá – GEB la realización de esta interconexión eléctrica, quienes hasta la fecha se han negado a dialogar con la comunidad sobre la realización de la Consulta Previa, Libre e Informada en cumplimiento a este derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas del país ante la realización de este tipo proyectos que afectan la permanencia cultural y pervivencia física, espiritual, comunitaria y territorial de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Como segunda instancia, el pasado 7 de septiembre del año en vigencia, se reunieron autoridades indígenas de la comunidad, coordinadores regionales del GEB, delegados del Ministerio del Interior y trazaron un protocolo de dialogo para la concertación de dicho proyecto, este protocolo busca lograr un acuerdo entre las partes sobre el impacto del proyecto de Interconexión eléctrica, en el tramo del área de influencia de la comunidad Pijao El Vergel, que salvaguarde los derechos colectivos y fundamentales de la comunidad, especialmente en lo que respecta a la protección de su integridad territorial, cultural, social y alcance espiritual. Llegando a un nuevo acuerdo para el sábado 28 de septiembre en el que se reunirán las partes para definir la realización de la consulta previa a la comunidad local, el cumplimiento a los acuerdos pactados en el protocolo de diálogo o acudir a la legitima movilización social.
“Si ustedes no permiten que la empresa entre a desarrollar esas obras, ya tenemos los batallones listos para instalarlos, porque la obra va o va” Juan Carlos Soler – Delegado del Ministerio de Interior.
Denunciamos que la instalación de estas 22 torres como menciona la Gobernadora Ana Teresa, perjudicará el territorio ancestral de la comunidad, cementerios tradicionales, zonas de pagamento, humedales, bosques, reservas de palma de cera, yacimientos de agua, lagunas y deteriorará las condiciones de vida de quienes habitan estos territorios.
La violación a los derechos humanos y territoriales a los que están siendo sometidos los habitantes de esta región junto con las repetidas amenazas y atentados de los que ha sido víctima la gobernadora Ana Teresa Manjarres.
La violación al derecho fundamental a la consulta previa a las comunidades indígenas de Colombia, a un ambiente sano, a la salud de la comunidad, a la constitución de su resguardo, a la protección de lugares sagrados, a disponer y administrar sus territorios, a conservar y proteger ambientalmente sus territorios y a ejercer la autodeterminación.
En el Hotel Inter de Bogotá D.C., los días 8 y 9 de agosto, se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, donde participaron las organizaciones con asiento en este espacio: la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamama, Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia – Gobierno Mayor, con el fin de hacer un balance de los acuerdos suscritos en el marco de este espacio, así como los del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y generar estrategias sobre los impactos sociopolíticos, económicos y ambientales a los que se están enfrentando.
En el marco de este espacio, se socializaron casos tipo de procesos de legalización que actualmente se están adelantando, donde el avance no ha sido significativo, ni se les ha dado una solución de fondo, además de no contar con las garantías mínimas de protección; dejando como consecuencia la inseguridad de los territorios frente a la intervención de empresas extractivas, actores armados y cultivos ilícitos, lo que ha conllevado al aumento de amenazas a las comunidades, violación de los derechos humanos, aumento de los asesinatos selectivos, confinamiento y el desplazamiento de las comunidades por la reclamación de los Derechos Territoriales.
Posteriormente, ante los asesinatos sistemáticos que se están presentando en los territorios indígenas, los delegados de las organizaciones Indígenas declararon el estado de emergencia. Según el análisis del Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de territorios Indígenas, desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 30 de junio de 2019 se han registrado 143 asesinatos de los cuales corresponde un 38% a líderes y lideresas indígenas, 30% en contra de comuneros indígenas, 13% a guardias indígenas y el 6% para el caso del Norte del Cauca (ver imagen).
¡Cuente con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
#CNTIComunicaPara entendernos como familia humana y restablecer la armonía, requerimos refundar el pacto social desde el más alto principio de celebración y conservación de la vida: La Tierra es un ser vivo con derechos inalienables, y todo lo que la conforma: Ríos, mares, arroyos, árboles, montañas y animales, la Naturaleza en todas sus formas, tiene el derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales.
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