por STI | Oct 20, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas son históricos, colectivos y fundamentales. Su garantía constituye una obligación permanente del Estado colombiano que debe materializarse mediante políticas, recursos y acciones concretas en nuestros territorios. Nuestro mandato responde a la misión encomendada por nuestros mayores: defender los territorios como fundamento de nuestra pervivencia y permanencia como pueblos.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1397 de 1996, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) dialogamos, concertamos y exigimos la garantía efectiva de nuestros derechos territoriales. En cumplimiento de nuestro mandato, hacemos seguimiento a las políticas, los compromisos institucionales, las solicitudes ante las entidades responsables y los recursos presupuestales destinados a su cumplimiento. Asimismo, impulsamos las adecuaciones normativas, procedimentales e institucionales necesarias para avanzar en la constitución, ampliación, saneamiento y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Durante 30 años hemos desarrollado este trabajo en el diálogo y concertación de Gobierno a Gobierno. Solicitar información completa y verificable, analizar los avances, identificar las dificultades y exigir medidas para superar los rezagos forma parte de nuestras funciones y de la defensa de los derechos de nuestros pueblos.
Los derechos territoriales son históricos, colectivos y fundamentales. Su garantía constituye una obligación permanente del Estado colombiano. Las entidades responsables deben cumplir los acuerdos concertados, disponer los recursos y adoptar las medidas necesarias para avanzar en la constitución, ampliación, saneamiento y seguridad jurídica de nuestros territorios.
Los avances alcanzados deben tener continuidad y los compromisos asumidos deben cumplirse, con independencia de los cambios de gobierno o de las administraciones de las entidades. Exigimos que las actuaciones del Estado se desarrollen bajo los principios de buena fe, progresividad, no regresividad y coordinación institucional.
Como Pueblos Indígenas participamos en la CNTI desde nuestra autonomía, nuestros mandatos y nuestro derecho propio. Sostenemos nuestra disposición al diálogo y a la concertación con el Estado colombiano, así como el seguimiento permanente al cumplimiento de sus obligaciones. Esperamos que las posiciones de nuestros delegados y delegadas sean reconocidas y comunicadas con respeto al sentido de sus intervenciones y a la representación que ejercen.
El diálogo y la concertación de Gobierno a Gobierno debe permitir avanzar en el cumplimiento de los acuerdos, la entrega de información completa y verificable y la adopción de medidas que permitan superar los rezagos históricos en la garantía de nuestros derechos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
¡Que defender los territorios no nos cueste la vida!
por STI | Oct 19, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia. El 19 de octubre, nuestro Secretario Técnico Indígena, Camilo Niño Izquierdo, presentó cómo los Pueblos Indígenas, desde nuestros territorios y sistemas de gobierno propio, contribuimos al cuidado de la naturaleza, y los riesgos que enfrentamos quienes los defendemos.
La intervención tuvo lugar en el evento paralelo “De la apropiación verde a la conservación basada en los derechos: impulsar una aplicación equitativa y eficaz del objetivo 30×30”, durante el panel “Derechos, conservación y rendición de cuentas”, junto a representantes de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) y Synchronicity Earth. Allí planteamos que la implementación de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad debe reconocer nuestros sistemas de gobierno y garantizar los derechos que permiten sostener el cuidado de los territorios.
Camilo Niño Izquierdo presentó los resultados de los análisis realizados por la CNTI a través de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Estos muestran que los territorios indígenas en Colombia abarcan aproximadamente 41 millones de hectáreas, cerca del 36 % de la superficie continental del país, y albergan el 58 % de sus bosques y el 61 % del área nacional de aguas superficiales.
A partir de esta información, identificamos que el 71 % de los territorios indígenas presenta una integridad del paisaje alta o muy alta y el 91 % de sus ecosistemas se encuentra en estado natural. Estos resultados dan cuenta de la conectividad de la vegetación y de funciones esenciales como el almacenamiento de carbono, la regulación del agua y el control de inundaciones y erosión.
En los resguardos indígenas se han registrado 21.544 especies, el 25,7% de las registradas en Colombia, de acuerdo con información del SiB Colombia con corte al 31 de marzo de 2026. Y esto es apenas lo documentado, ya que solo alrededor del3% de los registros biológicos del país se ha tomado en estos territorios con título de propiedad colectiva. Por ello, destacamos la necesidad de fortalecer el monitoreo propio y el reconocimiento de los conocimientos de nuestras comunidades.
Durante la intervención relacionamos estas condiciones con nuestras autoridades tradicionales, guardias indígenas, planes de vida, mandatos territoriales y conocimientos ancestrales. Desde esa experiencia, insistimos en que la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, conocida como 30×30, debe respaldar nuestras formas de cuidado y respetar nuestros derechos en las decisiones de conservación.
También advertimos sobre las presiones extractivas, la deforestación y la violencia que afectan a nuestros territorios. La información presentada muestra que en nuestros territorios se encuentra el 15,44% de las áreas con títulos mineros vigentes del país, el 9,79% del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10% del área deforestada en el último año. Estas presiones deben abordarse junto con el conflicto armado y la inseguridad jurídica territorial, señalados en nuestros análisis como factores estructurales de la violencia contra los Pueblos Indígenas.
El Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) registró 144 personas indígenas víctimas de homicidio entre enero de 2025 y agosto de 2026. Aproximadamente una de cada tres víctimas ejercía funciones de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional. La muerte de quienes cumplen estas funciones afecta la transmisión de conocimientos, la justicia propia y las capacidades colectivas que sostienen el territorio.
Los datos presentados también señalan que el 80% de las víctimas registradas en 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica, mientras 1.650 solicitudes de formalización territorial permanecen pendientes de resolución por parte del Estado. A estas afectaciones se suman amenazas, desplazamiento, confinamiento, desapariciones forzadas, secuestros y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El miedo y el control armado, además, favorecen el subregistro.
Frente a este panorama, presentamos cuatro recomendaciones a la COP17. Exigimos seguridad jurídica y material mediante el reconocimiento y la protección integral de nuestras tierras, territorios y aguas, con garantías para permanecer y ejercer el gobierno propio.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible y respetuoso de nuestra autonomía, que responda a las prioridades de nuestros pueblos y respalde sus capacidades de cuidado territorial. También exigimos mecanismos efectivos de protección para autoridades, líderes, lideresas, guardias y demás personas defensoras.
Reivindicamos nuestro reconocimiento como titulares de derechos en las decisiones sobre biodiversidad. Esto requiere participación plena, segura, efectiva y vinculante desde el diseño de las políticas hasta su implementación y seguimiento, con respeto por nuestras formas propias de representación y deliberación.
Con nuestra participación en este espacio, insistimos en que proteger a quienes defienden los territorios también es proteger la biodiversidad. El cumplimiento del Marco Mundial debe fortalecer nuestros derechos colectivos y nuestros sistemas de gobierno. Honramos la memoria de quienes han defendido el territorio con su vida y exigimos garantías para la continuidad de nuestros pueblos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Oct 19, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exigimos que las decisiones sobre biodiversidad y cambio climático se traduzcan en garantías para nuestros pueblos y territorios. En el marco de la COP17 y la COP31, llamamos a los Estados a reconocer nuestros derechos colectivos, respaldar nuestros sistemas de gobierno y conocimiento y proteger la vida de quienes ejercemos la defensa territorial.
La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica se realiza del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia. En este encuentro se abordarán la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. También tendrá lugar la primera revisión mundial de los avances colectivos en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, junto con discusiones sobre financiamiento, seguimiento y compromisos relacionados con los Pueblos Indígenas.
Por su parte, la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. En este escenario se discutirán acciones para reducir emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y atender pérdidas y daños. El financiamiento y la transición justa, con enfoque de derechos, son asuntos fundamentales para nuestros pueblos.
Las Conferencias de las Partes, conocidas como COP, reúnen a los Estados que forman parte de un convenio internacional para evaluar su cumplimiento y negociar decisiones. Cada una tiene objetivos y una agenda propios. Sus acuerdos orientan la implementación de los convenios y requieren políticas, recursos y acciones nacionales que se traduzcan en resultados concretos en los territorios.
Para nuestros pueblos, la biodiversidad y el clima están vinculados en la integridad territorial. En nuestros territorios se relacionan las aguas, los bosques, la espiritualidad y nuestros sistemas de conocimiento y gobierno. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad afectan esas relaciones y las condiciones para sostener nuestras formas de vida. Desde nuestros gobiernos propios mantenemos prácticas de cuidado que deben ser reconocidas y respaldadas en ambas COP.
Exigimos seguridad jurídica y material para nuestros territorios y aguas. Los Estados deben avanzar en su reconocimiento y protección integral, con garantías efectivas para permanecer, ejercer el gobierno propio y enfrentar el despojo y las amenazas. Nuestros derechos territoriales tienen fundamento ancestral, histórico y colectivo, y deben respetarse en las políticas de conservación y acción climática.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible, predecible y respetuoso de nuestra autonomía. Los recursos deben responder a prioridades definidas por nuestros pueblos y respaldar las capacidades que sostienen el cuidado territorial. Su acceso y gestión deben reconocer nuestras instituciones, procedimientos colectivos y sistemas de conocimiento.
Exigimos protección efectiva para nuestras autoridades, liderazgos y personas defensoras. Las amenazas, los homicidios, el desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento forzado afectan a nuestros pueblos y debilitan nuestros sistemas de gobierno, conocimiento y cuidado. Cada agresión compromete vínculos comunitarios, la transmisión de saberes y la continuidad de nuestros procesos organizativos. Los compromisos ambientales deben incluir mecanismos de prevención y protección que atiendan estas dimensiones colectivas y territoriales.
Exigimos participación plena, segura, efectiva y vinculante como titulares de derechos. Para incidir en la construcción, implementación y seguimiento de las decisiones, necesitamos información oportuna, interpretación, recursos y mecanismos que incorporen nuestras propuestas. Todo el proceso debe respetar nuestras formas propias de representación y deliberación, así como nuestro consentimiento libre, previo e informado.
El cumplimiento de los compromisos debe poder verificarse mediante responsables, plazos, presupuestos y resultados. Esto implica conocer cómo avanzan la protección territorial, el financiamiento a nuestros procesos y las garantías para ejercer nuestros derechos. La conservación y la transición justa deben respetar nuestra autonomía y fortalecer las condiciones para cuidar y permanecer en nuestros territorios.
En la COP17 y la COP31 insistimos en que nuestra palabra y nuestras propuestas se traduzcan en decisiones y garantías. La protección de la biodiversidad y la justicia climática requieren reconocer el lugar de nuestros pueblos en las decisiones que afectan la vida territorial.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Oct 17, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
En el desarrollo de la V Sesión CNTI de diálogo de alto nivel de Gobierno a Gobierno, realizada entre el 15 y 16 de octubre, los delegados, delegadas y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, reafirmamos que la garantía de nuestros derechos territoriales constituye una obligación permanente del Estado colombiano.
La CNTI, creada mediante el Decreto 1397 de 1996, es una conquista histórica del movimiento indígena y un escenario de alto nivel para la concertación, el seguimiento y la exigibilidad de nuestros derechos territoriales. Su existencia, como la de nuestros derechos, es resultado de luchas históricas y de siglos de resistencia. Los Pueblos Indígenas somos sujetos colectivos de derechos y de especial protección constitucional, y continuaremos resistiendo y existiendo para garantizar su respeto y cumplimiento, con independencia de los cambios de gobierno.
En los últimos cuatro años, la formalización de los territorios indígenas aumentó en un 137 %. Este avance demuestra, con datos técnicos, que es posible fortalecer la respuesta institucional cuando existen coordinación, recursos y mecanismos adecuados para garantizar nuestros derechos territoriales.
Los gobiernos pasan, pero los Pueblos Indígenas permanecemos. Por ello, en esta V Sesión, la primera con el nuevo Gobierno Nacional, planteamos que estos avances deben continuar bajo los principios de progresividad, no regresividad e integralidad. La progresividad implica que los avances alcanzados continúen materializándose, que los compromisos pendientes tengan un cierre adecuado en el actual Plan Nacional de Desarrollo y que esos resultados constituyan un punto de partida para el próximo PND, con las debidas garantías de consulta previa, libre e informada.
Asimismo, las adecuaciones institucionales y normativas que han permitido fortalecer y agilizar los procedimientos territoriales requieren una implementación efectiva y sostenida para seguir avanzando en la materialización de nuestros derechos.
En este propósito, la buena fe, la coordinación y la articulación institucional son condiciones indispensables para que las decisiones adoptadas por el Estado se traduzcan en garantías efectivas en los territorios. Esta garantía debe comprender integralmente nuestros derechos colectivos, incluida la participación, la consulta y el ejercicio legítimo de la movilización social como expresión de nuestras demandas y de la defensa de los territorios.
Reconocemos los avances alcanzados y, al mismo tiempo, señalamos los rezagos, las solicitudes pendientes y las necesidades históricas que aún requieren respuesta. La progresividad implica dar continuidad a lo logrado, avanzar en el cumplimiento de los compromisos pendientes y garantizar un cierre adecuado del actual Plan Nacional de Desarrollo en materia de derechos territoriales indígenas.
Los acuerdos suscritos durante esta sesión buscan establecer rutas concretas para avanzar en nuestra lucha por la defensa y la garantía efectiva de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Como parte de nuestras funciones, desde la CNTI haremos seguimiento a su desarrollo, cumplimiento y a los cronogramas definidos, y evaluaremos los avances y asuntos pendientes en la próxima sesión, prevista entre el 25 y el 27 de noviembre de 2026.
Reafirmamos nuestra voluntad permanente de diálogo y coordinación con el Estado colombiano. Los gobiernos cambian, pero la obligación estatal de proteger y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas permanece.
Estamos convencidos de que defender los territorios es defender la vida, y que defender nuestros territorios no puede costarnos la vida.
por STI | Oct 13, 2026 | Informes
Para nosotros, los pueblos indígenas, el territorio no es exclusivamente un espacio físico. Es la base de nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra organización, nuestros sistemas de vida y nuestro ordenamiento colectivo. Allí se reproduce nuestra memoria, nuestro conocimiento, nuestras formas de gobierno y nuestras formas de justicia. Allí se asegura la continuidad de nuestra existencia histórica y social. Su protección no es negociable: es un derecho integral, preexistente y ancestral.
La formalización de los derechos de propiedad colectiva sobre nuestros territorios constituye un derecho irrenunciable que genera para el Estado el deber de garantizar y proteger nuestra relación integral con el territorio ancestral. Dicha garantía no se limita al reconocimiento formal de la propiedad, sino que comprende la protección de las condiciones que hacen posible nuestra autonomía, la pervivencia colectiva, cultural y espiritual, y la continuidad de nuestros sistemas de vida y formas propias de ordenamiento territorial.
A pesar de contar con un marco jurídico sólido —sustentado en convenios internacionales, normas constitucionales y jurisprudencia interamericana— la actuación del Estado en materia de formalización ha sido insuficiente, fragmentada y, en algunos casos, regresiva. Esta brecha estructural entre el mandato normativo y su aplicación efectiva debilita nuestra seguridad jurídica territorial, restringe el ejercicio pleno de nuestros derechos y compromete las condiciones materiales, culturales y políticas que garantizan nuestra pervivencia colectiva. Además, los procesos de formalización se ven afectados por interpretaciones restrictivas impuestas desde el aparato estatal, que obstaculizan el reconocimiento integral de nuestra relación con el territorio y profundizan la distancia entre lo reconocido jurídicamente y lo garantizado en la práctica.
En concordancia con lo anterior, desde el ODTPI de la CNTI presentamos este informe sobre la formalización territorial a partir de un enfoque que proponemos tridimensional. En primer lugar, abordamos el deber ser, que comprende tanto los referentes normativos propios de los pueblos indígenas, como el marco jurídico y jurisprudencial internacional y nacional que reconoce y protege nuestros derechos territoriales. En segundo lugar, analizamos el ser, entendido como el panorama real y actual de la formalización de los territorios indígenas, así como de sus avances y limitaciones en Colombia. Finalmente, mediante el estudio de dos experiencias concretas, pretendemos evidenciar la interacción y el distanciamiento entre el ser y el deber ser alrededor de la formalización de los territorios indígenas en el país.
Formalizar nuestros Territorios: Estándares jurídicos, avances, desafíos y experiencias en Colombia, con estudios de caso en Guainía y Putumayo.
