En el marco del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Ciudad de Panamá, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos junto con la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) en el diálogo “La libre determinación y las autonomías indígenas en el continente: a cinco años del informe de la CIDH”.
Este espacio contó con la participación de Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, y Heber Tegría Uncaría, secretario técnico indígena de la MPC. Su presencia conjunta expresa la importancia de articular la defensa de los derechos territoriales con la participación política, la concertación y el fortalecimiento de los gobiernos propios de los Pueblos Indígenas.
Para nuestras instancias, esta articulación es necesaria e inaplazable. La seguridad jurídica de los territorios, el reconocimiento de nuestras autoridades y la capacidad de decidir sobre los asuntos que afectan nuestra vida colectiva están estrechamente relacionados. Abordarlos conjuntamente permite sostener una interlocución más integral ante el Sistema Interamericano y fortalecer la exigibilidad de nuestros derechos frente al Estado colombiano.
El diálogo toma como referencia el informe Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado por la CIDH el 28 de diciembre de 2021. Este documento recoge estándares internacionales, experiencias de autonomía y obstáculos que enfrentan los pueblos para ejercer sus derechos. También plantea recomendaciones a los Estados para avanzar en su garantía efectiva.
Desde nuestra perspectiva, la libre determinación se expresa en la posibilidad de mantener y fortalecer nuestras instituciones, elegir nuestras autoridades, ejercer el derecho propio y orientar nuestros planes de vida. Su fundamento está en nuestras historias, conocimientos y formas de relación con el territorio. Su ejercicio requiere que el Estado respete esas decisiones y garantice las condiciones para hacerlas efectivas.
El territorio sostiene esa autonomía. En él se encuentran nuestras fuentes de alimentación, las aguas, los lugares sagrados y los espacios donde transmitimos los conocimientos entre generaciones. Allí se desarrollan las relaciones comunitarias y espirituales que hacen posible nuestra pervivencia. Por eso, la protección territorial debe responder a la integridad con la que cada Pueblo comprende, habita y gobierna su espacio ancestral.
La fragmentación de los territorios, las demoras en su reconocimiento y las afectaciones sobre los espacios de vida comprometen también la capacidad de nuestros gobiernos para ejercer sus funciones. Garantizar los derechos territoriales exige avanzar en su protección, formalización y restitución, con procedimientos adecuados y respuestas institucionales oportunas.
A su vez, el reconocimiento de las autonomías debe traducirse en respeto por nuestras instituciones representativas, recursos para su funcionamiento y participación efectiva en las decisiones públicas. La consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado deben garantizarse conforme a los estándares internacionales, con respeto por nuestras autoridades, tiempos y procedimientos de decisión.
El balance alrededor de los cinco años del informe plantea una tarea concreta: examinar cómo sus recomendaciones se han traducido en garantías para los pueblos. Esto implica revisar los avances y las barreras que persisten en el reconocimiento territorial, el ejercicio del gobierno propio y la protección de quienes defienden los derechos colectivos. Cada proceso de autonomía debe ser comprendido desde la historia y las decisiones del Pueblo que lo construye.
Desde la CNTI consideramos que la participación conjunta con la MPC aporta a ese propósito. Articular nuestras experiencias y responsabilidades permite relacionar las demandas territoriales con las condiciones políticas e institucionales necesarias para ejercer la libre determinación. También fortalece el seguimiento a las obligaciones estatales y la construcción de propuestas desde los pueblos y sus organizaciones.
Nuestra participación en este diálogo continental parte de esa relación: defender los territorios supone garantizar que los Pueblos Indígenas podamos decidir sobre su presente y su futuro. La autonomía requiere territorios protegidos, autoridades respetadas y decisiones propias con garantías para su cumplimiento.
El 26 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el diálogo “Where Land and Water Meet: Who Decides?” (“Donde la tierra y el agua se encuentran: ¿quién decide?”), en el Pabellón del Océano de la Zona Azul. Frente a esa pregunta, nuestra respuesta fue clara. Deben decidir los Pueblos Indígenas, a través de sus autoridades, sobre sus territorios, incluidas sus tierras y sus aguas. Y los Estados deben reconocerlos y protegerlos de manera integral.
Participamos por invitación de Tenure Facility y Turning Tides, en una conversación sobre la relación entre las tierras, las aguas y las decisiones que definen su futuro, y sobre cómo el financiamiento puede responder mejor a nuestras prioridades como Pueblos Indígenas, que gobernamos y cuidamos nuestros territorios.
Nuestra apuesta en este espacio era mostrar que, para nuestros pueblos, la tierra y el agua no se separan, y advertir que cuando la ley y los proyectos dividen el territorio, también dividen nuestras decisiones y debilitan nuestros derechos. Como se planteó en el diálogo, todo territorio tiene dos mapas. Uno es el que gobiernan y cuidan los Pueblos Indígenas, y el otro, el que dibujan las instituciones y el financiamiento. Desde la CNTI, donde hacemos seguimiento a la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, vemos a diario lo que ocurre cuando esos dos mapas no coinciden. Hay territorios titulados sin sus aguas, decisiones que se toman sin nuestras autoridades y proyectos que dividen lo que cuidamos como un todo.
Esa diferencia tiene un peso enorme en Colombia, porque buena parte del agua y de los ecosistemas del país está en territorios indígenas. Según los análisis de la CNTI, los territorios indígenas de Colombia abarcan unos 41 millones de hectáreas, cerca de una tercera parte del país. Allí se encuentra el 61 % de las aguas superficiales, el 64 % de las playas, el 58 % de los bosques y el 54 % de los glaciares. Son ecosistemas donde el agua nace, se guarda y baja hacia los ríos y el mar.
Para explicar ese primer mapa, compartimos el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, su territorio se define por la Línea Negra, una red de 348 sitios sagrados que une lagunas, nacimientos de agua, ríos y playas, donde los Mamus, autoridades espirituales, realizan ofrendas para mantener el equilibrio entre la montaña y el mar. Allí lo que pasa arriba se siente abajo. Si se seca un nacimiento, sufre el río; si se contamina el río, sufre el mar. Por eso sus autoridades deciden sobre todo el territorio desde sus formas de gobierno, las cuales orientan las decisiones sobre dónde sembrar, qué espacios preservar y cómo cuidar cada sitio.
El segundo mapa lo dibujan las instituciones del Estado a través de sus leyes. Desde un enfoque de derechos humanos, los Estados deben garantizar el territorio de manera integral, y no solo la propiedad, sino también el uso y el acceso a la tierra, al agua y a los demás espacios de la naturaleza. Pero en Colombia, como en muchos países, la ley hizo lo contrario. Separó el territorio en tierra y agua, en lo público y lo privado, y muchas veces esa separación terminó en despojo.
Como ejemplo, expusimos que en Colombia hay cerca de 35 millones de hectáreas tituladas como resguardos, pero esos títulos dejan por fuera ríos, lagos, humedales, glaciares y playas, bajo el argumento de que son bienes de uso público. Se nos reconoce la tierra hasta la orilla del agua, pero no el río ni el mar. Como si un territorio indígena pudiera existir sin sus aguas. Esta separación fragmenta el reconocimiento territorial y debilita las garantías para ejercer nuestros derechos sobre el conjunto de los espacios que habitamos y cuidamos.
Advertimos que el financiamiento muchas veces reproduce esa fragmentación. Un proyecto para el bosque, otro para el agua y otro para la pesca, cada uno con sus tiempos, indicadores e intermediarios. Esa organización sectorial termina imponiendo a nuestros pueblos las prioridades de los proyectos y desconociendo las relaciones que sostienen nuestras formas ancestrales de gobierno y cuidado.
Por eso, a la pregunta de quién decide, respondimos que hoy decide quien dibuja el segundo mapa, cuando debería decidir quién gobierna y cuida el primero. Y esto importa en esta COP y se relaciona con la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que busca conservar y gestionar eficazmente para 2030 al menos el 30 % de las zonas terrestres y de aguas continentales, y de las zonas marinas y costeras, reconociendo y respetando los derechos y territorios de los Pueblos Indígenas. Es una meta que une la tierra y el agua, y no puede cumplirse si a los pueblos se nos reconoce la tierra, pero no el agua.
Las cifras de financiamiento muestran por qué es urgente transformar estos mecanismos. Según Rainforest Foundation Norway, entre 2011 y 2020 el apoyo a la tenencia y al manejo forestal de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales fue menos del 1 % de la ayuda climática internacional, y solo el 17 % de esos recursos se destinó a proyectos que nombraban a una organización indígena o comunitaria. El Forest Tenure Funders Group reportó que la proporción de recursos entregados directamente a estas organizaciones pasó del 2,9 % en 2021 al 7,2 % en 2025, dentro del financiamiento informado por sus miembros. Es un avance, pero sigue siendo insuficiente.
Por tal razón, les solicitamos a quienes financian ampliar el financiamiento directo, flexible, predecible y de largo plazo para los Pueblos Indígenas, para fortalecer la seguridad jurídica de nuestros territorios y para que podamos gobernar el territorio completo, tierra y agua, y no por sectores o ecosistemas. Nuestras autoridades propias deben orientar las prioridades de ese financiamiento de acuerdo con sus procesos y necesidades.
En términos concretos, esto significa crear mecanismos y abrir ventanillas de acceso directo en fondos como el Fondo Cali y el Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad (GBFF), adecuar los requisitos a las realidades de nuestros pueblos y apoyar las capacidades para administrar los recursos y rendir cuentas, y fortalecer los fondos indígenas y territoriales como complemento del acceso directo y no como su sustituto. Estos mecanismos deben contribuir a ampliar el apoyo a los procesos propios y respetar las decisiones de nuestras autoridades.
Nuestros territorios ya contribuyen a la conservación, aunque ese no sea su fin. Solo en los resguardos se han registrado más de 21.500 especies, una de cada cuatro especies registradas en Colombia, según datos del SiB Colombia analizados a través de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Este aporte no condiciona el reconocimiento de nuestros derechos ancestrales, históricos y colectivos, que los Estados están obligados a garantizar.
La pregunta, entonces, no es si los Pueblos Indígenas podemos gobernar nuestros territorios. Ya lo hacemos. La pregunta es si los Estados y quienes financian están dispuestos a respetarlo y protegerlo. Por eso cerramos con un llamado a cada financiador presente. Su próximo proyecto, ¿va a fragmentar el territorio o va a aportar a su reconocimiento y su protección integral?
Entre el 5 y el 10 de octubre desarrollamos jornadas pedagógicas en las comunidades de Nabusimake, Jewrwa y Simonorwa, en el Resguardo Arhuaco de la Sierra, ubicado en la Sierra Nevada de Gonawindua, con la participación de autoridades indígenas e integrantes de estas comunidades. Los encuentros estuvieron orientados a fortalecer el conocimiento sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y las herramientas existentes para su protección y exigibilidad.
Desde la CNTI entendemos la pedagogía territorial como un proceso que pone en diálogo las herramientas jurídicas con la memoria, la experiencia y los conocimientos propios. Conocer los derechos no significa únicamente identificar normas o procedimientos; también implica comprender los procesos históricos y ancestrales que han permitido su reconocimiento y su relación con las formas en que los pueblos habitamos, cuidamos y defendemos los territorios.
Durante las jornadas abordamos el marco normativo de los procedimientos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, así como algunos de los principales hitos históricos y jurídicos relacionados con el reconocimiento y la protección territorial. A través de mapas, líneas de tiempo y ejercicios pedagógicos reconstruimos parte del proceso histórico de formalización del Resguardo Arhuaco de la Sierra y analizamos las garantías existentes para la defensa de sus derechos territoriales.
Estos ejercicios permitieron acercar la información de los derechos territoriales a las experiencias concretas de las comunidades. Los mapas y las líneas de tiempo se convirtieron en herramientas para conversar sobre la historia territorial, identificar los procesos mediante los cuales el territorio ha sido protegido, y fortalecer la comprensión colectiva sobre los mecanismos disponibles para exigir su garantía.
También desarrollamos actividades con las comunidades alrededor de conceptos como territorio, resguardo, propiedad colectiva y derechos fundamentales. Vincular estos contenidos con la historia de su propio pueblo permitió fortalecer la transmisión intergeneracional de conocimientos y reconocer que la memoria territorial también se construye y se mantiene de generación en generación.
Para nosotros, los derechos territoriales protegen las condiciones que permiten a los pueblos permanecer en sus territorios, ejercer su autonomía y mantener las relaciones territoriales, culturales, colectivas y espirituales que sostienen su vida.
En la Sierra Nevada de Gonawindua, hablar de defensa territorial también implica reconocer que el territorio articula memoria, vida comunitaria, cultura y espiritualidad. Por eso, los procesos de formalización y de seguridad jurídica adquieren sentido cuando contribuyen a proteger esas relaciones y a asegurar la continuidad de los vínculos y relaciones que los pueblos mantienen con sus territorios.
La seguridad jurídica y material de los territorios es, entonces, una condición para el ejercicio de otros derechos colectivos. Defender el territorio significa proteger las posibilidades de permanecer, gobernar, transmitir conocimientos, fortalecer la identidad y sostener las relaciones que hacen posible la pervivencia física y cultural de los pueblos.
Desde la CNTI continuamos impulsando procesos de pedagogía propia y territorial que permitan conocer, ejercer y exigir nuestros derechos desde las realidades de cada pueblo. El conocimiento jurídico, la memoria histórica y el diálogo comunitario son herramientas que fortalecen la autonomía y la defensa territorial.
El 22 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento paralelo “Monitoreo comunitario de la biodiversidad y los derechos humanos: el Módulo de Biodiversidad del Navegador Indígena”, en la sala de eventos paralelos 1, Talin. Allí llevamos un mensaje claro: la información que producen nuestras comunidades debe incidir en las decisiones sobre biodiversidad y derechos territoriales.
Coorganizamos este espacio con Indigenous Navigator, Forest Peoples Programme, IWGIA, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Tebtebba y el Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR). El evento estuvo dedicado al lanzamiento del Módulo de Biodiversidad y al intercambio de experiencias sobre la producción y el uso de datos comunitarios para defender los derechos de los Pueblos Indígenas.
En el diálogo participó Camilo Niño Izquierdo, nuestro Secretario Técnico Indígena, junto con Shylina Lingaard y Marie-Josee Artist, de VIDS, Surinam; Edward Porokwa, de PINGOs Forum, Tanzania; y Sefa Tauli, de PIKP, Filipinas.
La información que generamos pertenece a nuestras comunidades y debe fortalecer nuestras decisiones. El Navegador Indígena permite hacer seguimiento a la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con base en el principio de soberanía de datos, y su Módulo de Biodiversidad conecta ese monitoreo con el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. En el evento compartimos la experiencia del piloto de este módulo en Colombia.
Entre 2024 y 2025 implementamos el piloto del módulo con cuatro Pueblos Indígenas y seis comunidades: Simūnúrwa e Ikarwa, del Pueblo Arhuaco; El Arenal, del Pueblo Awá; Obonuco, del Pueblo Quillasinga; y Guachucal y Yaramal, del Pueblo de los Pastos. La recolección estuvo a cargo de encuestadores indígenas de cada una de las comunidades.
El piloto incluyó 81 encuestas respondidas y utilizó dos instrumentos: una encuesta comunitaria sobre las realidades territoriales y una encuesta nacional sobre el marco jurídico del país. El proceso tuvo cuatro momentos: recolección, sistematización, análisis y socialización. En esta última etapa, la información regresó a las comunidades para que puedan usarla en su incidencia. Esta experiencia fortaleció capacidades para producir, analizar y utilizar información propia en la toma de decisiones y la incidencia política.
También permitió relacionar conceptos técnicos con nuestros sistemas de conocimiento y abrir espacio a las narrativas y los saberes espirituales de las comunidades. Estos aprendizajes mostraron la necesidad de sostener un monitoreo permanente, con capacidades y recursos que permitan actualizar la información y utilizarla en defensa de nuestros derechos.
Los hallazgos evidenciaron brechas entre el reconocimiento normativo y la garantía efectiva de nuestros derechos en la agenda de biodiversidad. Identificamos obstáculos para la participación, la protección de los conocimientos tradicionales y el reconocimiento de nuestras contribuciones a la conservación. También advertimos sobre la debilidad de las salvaguardas territoriales y la aplicación limitada del consentimiento libre, previo e informado en iniciativas de biodiversidad.
El ejercicio identificó, además, barreras financieras, lingüísticas, geográficas, procesales e institucionales para acceder a la justicia frente a impactos sobre la biodiversidad. Estos resultados muestran por qué evaluar los compromisos ambientales requiere examinar las condiciones en las que vivimos y ejercemos nuestros derechos en los territorios.
A partir de esta experiencia identificamos el potencial del Navegador: permite medir la brecha entre lo que establecen las leyes y lo que viven las comunidades; conecta el monitoreo comunitario con el Marco Mundial de Biodiversidad y los informes nacionales; fortalece la toma de decisiones propias con datos generados por las comunidades; aporta evidencia para la incidencia y la exigencia de derechos; y pone en diálogo el conocimiento propio con los conceptos técnicos.
Desde estos aprendizajes propusimos reconocer los datos de los sistemas comunitarios de monitoreo en los informes nacionales y en la revisión mundial del Marco Mundial de Biodiversidad. Las decisiones 15/5 y 16/31 del Convenio reconocen las contribuciones de estos sistemas y llaman a respaldarlos, incluido el uso de sus datos en la implementación del marco de seguimiento.
También planteamos ampliar el Módulo de Biodiversidad a más pueblos y territorios del país y pasar de pilotos a un monitoreo permanente, con financiamiento directo a las comunidades. Exigimos respetar el consentimiento libre, previo e informado durante todo el ciclo de los datos: recolección, sistematización, análisis y uso de la información.
La experiencia también recoge la reflexión de Luis Javier Izquierdo, joven del Pueblo Arhuaco: «El cuidado y el manejo de la naturaleza en nuestros territorios es también el cuidado de nuestros derechos colectivos».
Los territorios indígenas de Colombia ya contribuyen al cuidado de la biodiversidad, y los datos lo muestran. Ese fue el mensaje que llevamos desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) el 22 de octubre de 2026 a la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, en espacios como el evento paralelo “Gobernanza Indígena en la Protección de la Biodiversidad” y la sesión “Integración de datos de biodiversidad en los sistemas de información indígenas: experiencias, retos y soluciones conjuntas desde Colombia”. También fuimos claros. Ese aporte no es la razón de ser de nuestros territorios, y reconocerlos, protegerlos y garantizar nuestros derechos territoriales es una obligación de los Estados.
El evento sobre gobernanza indígena fue organizado por Cultural Survival junto con el Foro Indígena del Abya Yala (FIAY) y el Consorcio TICCA, en la Zona de Acción del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB). Allí, Camilo Niño Izquierdo, nuestro Secretario Técnico Indígena, compartió el panel con Aimee Roberson, de la Nación Chahta/Chikashsha y de Cultural Survival; Jesús Amadeo Martínez, del FIAY; Daniel Santi, presidente del Pueblo de Sarayaku; y Wrays Perez, del Consorcio TICCA. La moderación estuvo a cargo de Nataly Domicó, del Pueblo Embera Eyabida y de Cultural Survival.
En la sesión sobre integración de datos, realizada en el Pabellón GEO BON/GBIF, Camilo participó junto con María Cecilia Londoño, del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia). El diálogo, moderado por Mauricio Ferrari, permitió compartir experiencias y propuestas sobre el uso de información de biodiversidad para fortalecer la defensa de nuestros derechos territoriales. Ambos eventos contaron con una amplia asistencia y una activa participación del público, que enriqueció el intercambio de experiencias y propuestas sobre la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y el cuidado de la biodiversidad.
Ese aporte a la biodiversidad tiene su origen en nuestro gobierno propio. Las autoridades tradicionales, los sabedores y sabedoras, los mayores y la guardia indígena orientan y protegen el territorio, y nuestros planes de vida y los mandatos de la Ley de Origen, el Derecho Mayor, el Derecho Propio y la Ley Natural fundamentan las decisiones sobre cómo habitarlo y cuidarlo. Lo ejercemos cada día al decidir dónde sembrar, cazar o pescar, cómo proteger las aguas y los bosques, y qué cuidados requieren los lugares sagrados. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, los mamus realizan pagamentos en sitios sagrados conectados desde las cumbres nevadas hasta el mar. El cuidado de la biodiversidad es resultado de estas relaciones y responsabilidades, no su fin.
Los datos lo confirman. Según Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I), los territorios indígenas abarcan alrededor de 41 millones de hectáreas, cerca del 36% de la superficie continental de Colombia. Al cruzar esta información con datos del IDEAM y MapBiomas, encontramos que allí está el 57,89% de los bosques, el 61% del área nacional de aguas superficiales y el 21% de los páramos del país, y que el 91% de sus ecosistemas está en estado natural.
A esto se suma el trabajo conjunto con el SiB Colombia, nodo nacional de GBIF, con el apoyo del Instituto Humboldt. Al cruzar los resguardos espacializados en Chey con los registros biológicos publicados en el SiB, vimos que en nuestros resguardos se han registrado 21.544 especies, una de cada cuatro especies registradas en Colombia. Entre ellas hay 1.344 endémicas, 532 migratorias y 411 amenazadas.
Y esto es solo lo registrado. Apenas el 3% de los registros biológicos del país se ha tomado en resguardos, y cerca del 40% de los resguardos no tiene ningún registro. Eso no significa que haya menos biodiversidad, sino menos registro. Cerrar esa brecha requiere reconocer los conocimientos de nuestras comunidades y fortalecer el monitoreo propio.
Un ejemplo es el corredor de la península de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, territorio de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui, Wiwa y Wayuu, que presentamos en una infografía elaborada con el SiB Colombia. De los cerca de 41 resguardos del corredor, 27 tienen al menos un registro biológico, y solo en el resguardo Kogui Malayo Arhuaco se han documentado 2.996 especies.
Pero nuestros derechos no dependen de cuántas especies se hayan registrado. Son derechos colectivos, reconocidos en la Constitución y en el derecho internacional, que deben ser garantizados. Los datos respaldan nuestros derechos; no los reemplazan. Además, la información sobre nuestros territorios, sitios sagrados y especies es nuestra. Nuestras autoridades deciden qué se registra, qué se publica y con qué fin, y toda investigación requiere el consentimiento libre, previo e informado.
Desde ahí planteamos nuestras exigencias. Los territorios indígenas tienen un origen ancestral y contribuyen a la conservación, aunque ese no es su objetivo. Por eso deben ser reconocidos de forma diferenciada respecto de las áreas protegidas y de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC). La Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal contempla el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales; en ese marco, es necesario implementar mecanismos efectivos para protegerlos y crear marcos jurídicos y políticos para su reconocimiento. Expresamos nuestra preocupación por los cuestionamientos a este reconocimiento en las negociaciones y exigimos mantenerlo y fortalecerlo.
Los datos también pueden ayudar a los países a dar cuenta de lo que pasa en nuestros territorios en sus informes nacionales, por ejemplo en el indicador 22.1 del Marco, que mide el cambio en el uso del suelo y la tenencia de la tierra en los territorios tradicionales. Pero ese indicador no puede limitarse a lo titulado. Nuestros territorios abarcan cerca de 41 millones de hectáreas, frente a cerca de 35 millones tituladas como resguardos, y hay 1.650 solicitudes de formalización que el Estado aún no resuelve.
En Colombia, el Decreto 1275 de 2024 establece normas para que nuestras autoridades ejerzan competencias ambientales en sus territorios. Ese reconocimiento debe traducirse en condiciones efectivas para ejercer nuestro gobierno propio, y debe ir acompañado de protección, porque quienes cuidamos estos territorios enfrentamos amenazas contra nuestra vida y contra el ejercicio de nuestras autoridades. Reconocer lo que aportan nuestros territorios exige proteger a quienes los cuidamos y garantizar nuestros derechos territoriales.
