Un patrón de desconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia

Un patrón de desconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia

Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alertamos sobre un patrón de desconocimiento de los derechos territoriales que sigue afectando a los Pueblos Indígenas de Colombia. El Estado persiste en desconocer, en sus actuaciones administrativas, la existencia de territorios indígenas, respecto de los que hemos exigido históricamente su identificación, protección y garantía, de manera que, no son tierras sobre las cuales se puede disponer libremente. Lo que está en juego no solo es un asunto de procedimientos administrativos, sino la materialización de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y su goce efectivo.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el territorio indígena, además de las áreas constituidas en resguardo, incluyen los territorios de ocupación ancestral, los territorios en solicitud de constitución y ampliación, y los espacios donde los pueblos desarrollan sus actividades de subsistencia. También, el artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 2.14.20.3.5 del Decreto 1071 de 2015 obligan al Estado a demarcarlos y protegerlos conforme a la posesión y ocupación ancestral. Sin embargo, mientras los procedimientos administrativos permanecen postergados durante años o décadas, distintas entidades del Estado avanzan en la implementación de programas y adjudicaciones a otros actores sobre nuestros territorios.

Pueblos como los Wayuu, Barí, Embera, Nasa, Awá, Sikuani, Yukpa o U’wa enfrentan lógicas estatales que vulneran estas prerrogativas: el Estado dilata el reconocimiento de fondo de nuestros derechos territoriales, pero acelera decisiones que favorecen a terceros y afectan la integridad territorial indígena. Cada obra ejecutada sin consulta, así como cada adjudicación o medida que desconoce la autonomía indígena, profundiza la inseguridad jurídica que padecen los Pueblos Indígenas sobre los territorios.

Los Pueblos Indígenas hemos sido obligados a sostener una litigiosidad permanente para defender nuestros derechos ya reconocidos. Tutelas, desacatos, recursos administrativos, acciones judiciales e insistencias ante la Corte Constitucional, se convierten en la única vía para frenar decisiones estatales que nunca debieron adoptarse sin el reconocimiento previo de los territorios indígenas. Este traslado de la carga institucional y económica a los pueblos es incompatible con la protección reforzada que el Estado debe a los Pueblos Indígenas, desde el principio de buena fe y desde la obligación preventiva alrededor del exterminio físico y cultural a los que nos hemos visto sometidos.

Por ello, desde este escenario exigimos avanzar de manera prioritaria en los procedimientos administrativos de constitución, ampliación, saneamiento, así como en la identificación y reconocimiento ancestral de los territorios indígenas; atender el cumplimiento efectivo y verificable de las órdenes judiciales relacionadas con la protección integral y la formalización de los territorios. Así como, articular acciones entre las entidades estatales y las carteras sectoriales para que las medidas de protección cubran la integralidad de los territorios.

Exigimos que el Estado deje de obligarnos a defender judicialmente, una y otra vez, lo que ya nos pertenece por derecho propio y por mandato constitucional. La paz territorial en Colombia depende de que el Gobierno Nacional asuma con seriedad que proteger los territorios indígenas no es una concesión, sino una obligación ineludible del Estado Social de Derecho.

 

¡Defender los territorios es defender la vida!

Primera Sesión Mixta 2026 de la CNTI exige cumplimiento efectivo de los acuerdos y garantías reales para los territorios indígenas

Primera Sesión Mixta 2026 de la CNTI exige cumplimiento efectivo de los acuerdos y garantías reales para los territorios indígenas

Entre el 8 y el 10 de abril se desarrolla la Primera Sesión Mixta 2026 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), instancia vinculante de concertación política de Gobierno a Gobierno creada por el Decreto 1397 de 1996, que reúne a los 115 Pueblos Indígenas de Colombia. Durante la primera jornada, los delegados y delegadas indígenas y la Secretaría Técnica Indígena hacen seguimiento a los avances, retos y compromisos derivados de sesiones anteriores, con el fin de exigir al Gobierno Nacional cumplimiento efectivo de los acuerdos, garantías jurídicas para los territorios y respuestas concretas a las demandas históricas de los Pueblos Indígenas.

 

Ante la información parcial presentada por las entidades del Gobierno, sin el debido enfoque jurídico, y frente a los reiterados incumplimientos, los delegados indígenas de cada organización se reúnen en la Sesión Autónoma para evaluar avances, definir rutas políticas y fortalecer nuestra posición como Gobierno Indígena frente a los temas estructurales que afectan los derechos territoriales. Este espacio reafirma la vocería política de los Pueblos Indígenas, fortalece la unidad frente a los desafíos actuales y se consolida como un escenario de formación propia para compartir aprendizajes y experiencias en defensa del territorio y la vida.

 

Exigimos que la instalación del día 3 de la Primera Sesión Mixta CNTI 2026 se desarrolle con el respeto y la seriedad que demanda este espacio de diálogo de alto gobierno, donde se abordan asuntos territoriales estructurales para los Pueblos Indígenas de Colombia. La presencia efectiva de las entidades competentes, la capacidad de decisión y la voluntad de cumplimiento no pueden seguir siendo postergadas, menos aún en un escenario vinculante creado para atender de manera directa las obligaciones del Estado frente a nuestros derechos territoriales.

 

Reafirmamos que no habrá justicia social ni paz territorial sin el pleno cumplimiento de los acuerdos suscritos con los Pueblos Indígenas. La ausencia institucional, el incumplimiento de compromisos y la falta de garantías reales no solo vulneran nuestros derechos fundamentales y ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos originarios, sino que también profundizan las desconfianzas frente a la voluntad del Estado para responder de manera seria y efectiva a sus obligaciones. Desde la palabra colectiva y la acción articulada, exigimos compromisos claros, cronogramas verificables y decisiones concretas que permitan avanzar en la materialización plena de nuestros derechos territoriales.

 

La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas

Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas

En el Día Internacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, honramos la dignidad de quienes han sufrido el conflicto armado, la violencia estructural y el despojo de sus cuerpos y territorios. Esta fecha no solo convoca a recordar. También nos exige sostener la memoria como una práctica de resistencia, verdad y sanación colectiva frente a las múltiples violencias que han marcado la historia del país.

Las víctimas no son cifras ni registros aislados. Son madres, padres, hijas, hijos, líderes, lideresas, sabedores, sabedoras y defensoras de la vida. Muchos pertenecen a Pueblos Indígenas que han resistido históricamente al olvido, al racismo, a la discriminación y a la exclusión. En sus trayectorias de dolor, resistencia y dignidad se expresa una verdad que el país no puede seguir ignorando.

La memoria de las víctimas nos interpela de manera ética y política. Nos exige reconocer las responsabilidades históricas, rechazar toda forma de negacionismo y asumir un compromiso real con la justicia social, la reparación integral y las garantías de no repetición. Recordar no puede convertirse en un acto vacío ni protocolario. Debe traducirse en decisiones y transformaciones concretas que dignifiquen a quienes han padecido la guerra, el despojo y la exclusión.

Desde este escenario hacemos un llamado al Estado, a las instituciones y a la sociedad colombiana a no reducir la memoria a un acto simbólico ni a una fecha en el calendario. Exigimos verdad, justicia, reparación integral y garantías efectivas de no repetición para las víctimas, en especial para los Pueblos Indígenas que han padecido el conflicto armado, el despojo territorial y la violencia histórica. No puede haber paz real mientras persistan la impunidad, el racismo estructural y las amenazas contra la vida y la pervivencia de los pueblos.

Hacemos también un llamado a una solidaridad activa, tejida con escucha, compromiso colectivo y defensa de la vida. La memoria debe ser una fuerza viva para construir un país donde los pueblos podamos habitar nuestros territorios sin miedo, con dignidad, justicia y seguridad jurídica. Recordar es también defender un presente y un futuro en los que los derechos territoriales sean plenamente garantizados, porque sin su reconocimiento efectivo no hay protección real de la vida, ni permanencia, ni pervivencia para nuestros pueblos.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Reserva ambiental de cerca de un millón de hectáreas en el Territorio Ancestral de la Línea Negra: un paso acertado hacia la protección permanente de la vida en nuestros territorios

Reserva ambiental de cerca de un millón de hectáreas en el Territorio Ancestral de la Línea Negra: un paso acertado hacia la protección permanente de la vida en nuestros territorios

Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) —como instancia de concertación política y técnica para el impulso y la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas—, valoramos de manera positiva la expedición de la Resolución 0280 del 27 de marzo de 2026, “Por la cual se declara la reserva de los recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta de carácter temporal, y se toman otras determinaciones”.

Mediante esta resolución, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declaró una reserva temporal de los recursos naturales renovables sobre 942.005,16 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esta decisión constituye una medida relevante para salvaguardar la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural del territorio mientras se define una figura definitiva de protección o manejo ambiental. Destacamos que la resolución establezca efectos concretos frente a la expansión minera en el área declarada, al disponer que no podrán otorgarse nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación, ni continuar el trámite de nuevas solicitudes para la exploración o explotación de minerales dentro del polígono delimitado.

En un contexto de alta presión extractiva, esta medida cobra especial importancia. La propia resolución advierte la superposición de 93 títulos mineros vigentes sobre un área aproximada de 46.088,91 hectáreas, de los cuales 67 se encuentran completamente contenidos dentro del área propuesta para la reserva temporal. Asimismo, identifica 77 solicitudes mineras vigentes que se traslapan con la reserva en cerca de 74.227,63 hectáreas, lo que evidencia una presión significativa sobre el territorio.

Destaca igualmente de esta esta medida su fundamento en los principios de prevención y precaución que, a partir de elementos técnicos acreditan en el Territorio Ancestral demarcado por la Línea Negra y Sierra Nevada de Santa Marta, un escenario de riesgo ambiental y biocultural que amerita actuar de manera anticipada y eficaz mientras se consolida una medida definitiva de protección.

Por otra parte, esta protección responde a las luchas históricas de los Pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo y su unidad ancestral de Gobierno como el Consejo Territorial de Cabildos CTC. La delimitación del área reservada, según lo recoge en sus considerandos este acto administrativo, que es distinta a la que actualmente se encuentran bajo figuras de protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), se fundamentó en el análisis contenido en el Documento Técnico de Soporte que integra el área previamente protegida mediante la Resolución 363 de 2024, así como la visión propia de estos cuatro pueblos a través de los insumos aportados por el Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Gonawindúa (CTC).

Esta protección temporal, preventiva y transitoria con una vigencia de 2 años deberá traducirse en una protección efectiva y definitiva de este Territorio ancestral indígena y bioma de importancia regional y planetaria ante la destrucción extractiva.

De allí que esta decisión no ha de entenderse como un punto de llegada, sino como el inicio de una ruta eficaz de protección integral al Territorio Ancestral de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindua o Santa Marta.

Este territorio ancestral, ordenado por la Ley de Origen y sistemas propios de gobierno, exige medidas de protección de este Sistema de Espacios Sagrados y de la relación ancestral de los Pueblos Indígenas en armonía con su autonomía, sistemas de conocimiento y formas propias de ordenamiento territorial.

Llamamos al Estado y Gobierno colombiano para que coordine acciones con los Pueblos y Organizaciones Indígenas en aras de adoptar con igual criterio preventivo, en aquellos lugares y territorios indígenas a lo largo y ancho del país que así lo ameritan ante los distintos riesgos e impactos ambientales y culturales acumulados y sinérgicos que afrontan nuestros territorios y su vida natural.

¡Defender los territorios es defender la vida!

21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

 Los Pueblos Indígenas no solo resistimos. Confrontamos el racismo estructural y el colonialismo que siguen reproduciendo exclusión, violencia, despojo e injusticia.

Nuestra lucha es colectiva y por la vida, No solo se trata de discriminación. Son sistemas que reproducen injusticia, violencia y afectan nuestra permanencia y pervivencia.

 El racismo estructural sigue afectando a los Pueblos Indígenas. Se expresa en la negación de nuestros derechos territoriales y en la falta de garantías para ejercer el gobierno propio y la autodeterminación.

 A mayor incertidumbre jurídica y mayor desprotección territorial, mayores son las violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Sin territorio, no hay vida, Cuando no se garantiza el territorio, no solo se afecta un derecho. Se pone en riesgo la permanencia, la pervivencia y la continuidad colectiva de nuestros pueblos.

Del discurso a las decisiones, Combatir el racismo estructural exige decisiones y políticas públicas concretas. No bastan los reconocimientos simbólicos mientras se mantengan intactas las relaciones de poder que reproducen exclusión, despojo, violencia y desigualdad.

 Exigimos garantías reales, sin medidas concretas ni cumplimiento efectivo, el reconocimiento se queda en el discurso y se profundizan el racismo y los discursos de odio.

 Sin cuestionar el privilegio no hay justicia, Combatir el racismo es una responsabilidad colectiva e inaplazable. Exige confrontar los privilegios que sostienen la exclusión, desmontar las estructuras de dominación y avanzar hacia una sociedad basada en la equidad y el reconocimiento efectivo de los derechos de todos los pueblos.

 El territorio es vida, dignidad y futuro, El territorio no es un recurso. Es fundamento de vida, identidad, gobierno propio, espiritualidad, conocimiento y ancestralidad. Garantizar los derechos territoriales es clave para enfrentar el racismo estructural y asegurar la pervivencia y permanencia de los pueblos.

¡Defender los territorios es defender la vida!

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