En la reunión preparatoria del Caucus Indígena en Antalya, Turquía, revisamos las prioridades de negociación y coordinamos nuestra participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Los días 7 y 8 de noviembre, representantes de los Pueblos Indígenas de las siete regiones socioculturales reconocidas en el sistema de las Naciones Unidas nos reunimos para preparar nuestra participación en la COP31. Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia (CNTI) participamos en estas jornadas como parte de nuestra incidencia internacional por los derechos territoriales.
Revisamos la estructura y el calendario de las negociaciones, así como los espacios de incidencia dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). También abordamos la coordinación del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (IIPFCC), nuestro espacio político colectivo y no jerárquico. Su trabajo articula los caucus regionales, los equipos técnicos, temáticos y de comunicación, la representación de jóvenes indígenas y nuestra representación en el Grupo de Trabajo de Facilitación (FWG) de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP).
Reafirmamos la libre determinación, la participación plena y efectiva, el consentimiento libre, previo e informado y la protección de nuestros derechos sobre las tierras, territorios y recursos. Estos principios deben orientar todas las decisiones climáticas, junto con el reconocimiento de nuestros sistemas de conocimiento, gobierno propio y el acceso directo y equitativo al financiamiento.
Expresamos preocupación por iniciativas extractivas, proyectos de compensación de carbono, la expansión minera para la transición energética, los agronegocios y la infraestructura energética. Estas y otras medidas presentadas como soluciones climáticas pueden generar despojo, desplazamiento y nuevas afectaciones cuando se diseñan e implementan sin nuestra participación y consentimiento.
Al abordar el Programa de Trabajo sobre Transición Justa, planteamos que la transición debe respetar nuestros gobiernos propios, los derechos territoriales y la propiedad intelectual colectiva, y garantizar la participación de representantes que elijamos mediante nuestros procedimientos. Analizamos propuestas para que un futuro mecanismo ofrezca orientación política, asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, prevención de riesgos e intercambio de conocimientos. También debe apoyar las iniciativas que lideramos y facilitar el acceso directo al financiamiento y la tecnología.
Sobre la LCIPP y su Grupo de Trabajo de Facilitación, revisamos el informe del FWG, la preparación del plan de trabajo 2028–2031, la revisión de la Plataforma prevista para 2027 y la elaboración de un protocolo ético. Planteamos construir posiciones compartidas desde la COP31, dialogar oportunamente con las Partes y acompañar la transición hacia las nuevas representaciones regionales.
En financiamiento, revisamos las negociaciones sobre el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo para responder a Pérdidas y Daños y el Fondo de Adaptación. Abordamos también la revisión del mecanismo financiero, el programa de trabajo sobre financiación climática y el compromiso de aumentar los recursos para adaptación. Planteamos que el acceso a estos mecanismos sea directo, oportuno, flexible y culturalmente pertinente, y que se eliminen las barreras burocráticas que dificultan que los recursos lleguen a nuestros territorios.
En adaptación, analizamos la Hoja de Ruta de Adaptación de Bakú: la identificación de impactos, vulnerabilidades y riesgos; la planificación para su implementación; las tecnologías; el financiamiento y el fortalecimiento de capacidades. Reivindicamos nuestros sistemas de conocimiento como fuentes de ciencia, orientación territorial y respuesta frente a la crisis climática.
Respecto a las pérdidas y daños económicos y no económicos que enfrentamos, revisamos tres componentes de la arquitectura internacional: el Mecanismo Internacional de Varsovia, encargado de la coordinación política y la generación de conocimiento; la Red de Santiago, orientada a la asistencia técnica; y el Fondo para responder a Pérdidas y Daños, responsable del apoyo financiero.
Insistimos en que estos mecanismos deben actuar de manera articulada, garantizar salvaguardas, respetar nuestro consentimiento libre, previo e informado, reconocer las pérdidas no económicas y permitir el acceso directo. Nos preocupa que algunas recomendaciones aún no nos reconozcan expresamente como Pueblos Indígenas, pese a los impactos sobre nuestra vida comunitaria, espiritualidad, espacios sagrados, conocimientos y continuidad cultural.
Abordamos la participación de mujeres, jóvenes y personas indígenas con discapacidad. Se presentó la propuesta de fortalecer un espacio propio de las personas indígenas con discapacidad dentro del Caucus, con representación significativa, liderazgo, accesibilidad y capacidad de incidencia.
Reclamamos que las mujeres indígenas sean reconocidas como actoras de la acción climática y que sus derechos, necesidades y liderazgos se incorporen al Plan de Acción de Género de Belém, a las contribuciones determinadas a nivel nacional y a los mecanismos de financiamiento. Llamamos a reforzar su protección y la de quienes defendemos los territorios frente a la violencia, la criminalización, el desplazamiento y las represalias.
Representantes de las siete regiones trabajamos en la declaración de apertura que se presentará ante la plenaria de la COP31. El mensaje reafirma que nuestros derechos inherentes, colectivos e individuales no son negociables y deben garantizarse en toda medida climática. Durante décadas hemos aportado nuestros conocimientos y ciencias a las negociaciones, mientras enfrentamos los efectos de una crisis que no provocamos.
Con el inicio de la Conferencia, mantendremos reuniones diarias del Caucus entre las 9:00 y las 9:55 de la mañana para revisar las negociaciones, distribuir el seguimiento de los temas y coordinar nuestros mensajes e intervenciones.
Desde la CNTI contribuiremos a esta agenda común con la experiencia de nuestros pueblos en Colombia. Defendemos el reconocimiento y la garantía de los derechos territoriales como una condición para enfrentar la crisis climática y proteger la biodiversidad, con respeto por nuestra autonomía, conocimientos y formas de relacionarnos con la naturaleza.
En el marco del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) reafirmamos que la protección de la naturaleza no puede separarse de la garantía de los derechos territoriales, la autonomía y el Gobierno Propio de los Pueblos Indígenas. La guerra no solo amenaza nuestras vidas: también destruye las relaciones que sostienen los territorios y nuestras formas colectivas de existencia.
La explotación de la Madre Tierra, la contaminación de las aguas y las economías asociadas a los conflictos armados generan afectaciones que trascienden el daño ambiental. Cuando se intervienen, contaminan o destruyen nuestros territorios, también se afectan relaciones culturales, espirituales, comunitarias y productivas fundamentales para nuestra permanencia como pueblos.
Por ello, exigimos investigar y detener las actividades de explotación de la Madre Tierra vinculadas con la financiación de actores armados, la violencia y el despojo. La prevención de nuevos daños requiere enfrentar las economías que sostienen la guerra y garantizar protección efectiva para autoridades, líderes, lideresas, guardias indígenas, médicos tradicionales y demás personas que defienden la vida y los territorios.
La protección territorial también exige avanzar en el reconocimiento, formalización, restitución y protección integral de nuestras tierras y aguas. Estas acciones deben respetar nuestras autoridades, el Gobierno Propio, la Consulta Previa, Libre e Informada y las decisiones colectivas de los pueblos. No puede hablarse de protección ambiental mientras persistan condiciones de inseguridad jurídica, violencia y despojo sobre los territorios indígenas.
Asimismo, la reparación frente a los daños ocasionados por la guerra debe comprender la integralidad de nuestras relaciones territoriales. Reparar no significa únicamente recuperar una extensión de tierra: implica restablecer las condiciones para cuidar las aguas, acceder a los espacios sagrados, sembrar, pescar, ejercer nuestros gobiernos y desarrollar nuestras prácticas culturales y espirituales. Nuestros conocimientos y decisiones deben orientar estos procesos, acompañados de garantías efectivas de no repetición.
También exigimos recursos directos, accesibles y sostenidos para proteger y recuperar nuestros territorios de acuerdo con nuestras prioridades, sistemas de conocimiento y formas de vida. La protección de la naturaleza no puede depender de decisiones externas que desconozcan a los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y sujetos colectivos de derechos.
La construcción de paz requiere territorios reconocidos, protegidos y libres de las violencias que amenazan nuestra permanencia. Por ello, hacemos un llamado al Estado para prevenir los daños, investigar responsabilidades y cumplir sus obligaciones mediante acciones concretas, recursos, plazos y mecanismos de seguimiento. A los actores armados les exigimos respetar nuestras vidas, nuestra autonomía y nuestros territorios.
Proteger la naturaleza exige enfrentar las violencias que amenazan a quienes la defendemos y garantizar que los Pueblos Indígenas podamos permanecer, gobernar y cuidar nuestros territorios.
Los delegados, delegadas indígenas y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, rechazamos los hechos de violencia que han provocado el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en Nuquí, Chocó, y expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria que enfrentan las familias, autoridades y comunidades afectadas, así como por las condiciones de riesgo que persisten en sus territorios.
Nos solidarizamos con las comunidades desplazadas y con quienes permanecen bajo amenaza, pero también denunciamos los hechos de violencia que continúan afectando a los Pueblos Indígenas del Chocó y que han generado desplazamientos forzados, confinamientos y graves afectaciones territoriales. Advertimos, además, que la falta de una respuesta oportuna y efectiva por parte del Gobierno Nacional y de las instituciones competentes profundiza esta crisis y contribuye a la vulneración de derechos humanos, colectivos y territoriales fundamentales.
El 1 de noviembre, aproximadamente 500 personas indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en Jurubidá, se vieron obligadas a abandonar su territorio ante la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales. A esta situación se suma el riesgo que enfrenta la comunidad de Puerto Indio, donde cerca de 300 personas podrían verse obligadas a desplazarse si persisten las condiciones de inseguridad.
Esta emergencia no es un hecho aislado ni imprevisible. Desde abril de 2024, la Alerta Temprana 009 de la Defensoría del Pueblo había advertido sobre los riesgos derivados de la presencia y disputa territorial entre actores armados en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó. La materialización de estas amenazas en confinamientos y desplazamientos evidencia la urgencia de fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta institucional.
Para los Pueblos Indígenas, el desplazamiento forzado no significa únicamente abandonar una vivienda. Implica romper relaciones comunitarias, culturales y espirituales; afectar el ejercicio del Gobierno Propio; interrumpir prácticas ancestrales y poner en riesgo la permanencia y pervivencia de los pueblos en sus territorios. Por ello, cualquier respuesta a esta emergencia debe reconocer la dimensión colectiva y territorial de las afectaciones.
Desde la CNTI exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes garantizar una atención humanitaria inmediata, integral y con enfoque étnico y diferencial; adoptar medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en riesgo; y coordinar cualquier actuación con las autoridades indígenas. Las garantías para un eventual retorno deben asegurar condiciones de voluntariedad, seguridad, dignidad, no repetición y permanencia territorial.
También hacemos un llamado a evaluar las medidas adoptadas frente a las alertas previamente emitidas y a fortalecer la coordinación institucional para impedir nuevos desplazamientos. Las alertas tempranas deben traducirse en acciones oportunas y garantías efectivas para proteger la vida, la autonomía y los territorios de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas no podemos seguir siendo desplazados de nuestros territorios por una guerra de la que no somos parte. Reafirmamos nuestro llamado al respeto de nuestras autoridades, el Gobierno Propio, la autonomía y los derechos territoriales.
La protección de la vida exige garantizar la permanencia de los pueblos en nuestros territorios. La presencia y las disputas entre actores armados en nuestros territorios ponen en riesgo la vida, la autonomía, el Gobierno Propio y la permanencia y pervivencia de nuestros pueblos.
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
Del 3 al 5 de noviembre participamos en la decimosexta reunión del Grupo de Trabajo de Facilitación (FWG16) de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP), realizada en Antalya, Turquía. El encuentro forma parte de la agenda preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se realizará del 9 al 20 de noviembre en la misma ciudad.
Junto con representantes indígenas de las siete regiones socioculturales del mundo, delegados de los Estados y otros participantes, analizamos los avances y desafíos del Plan de Trabajo de Bakú 2025-2027. Las discusiones abordaron cómo fortalecer la incorporación de nuestros sistemas de conocimiento, perspectivas territoriales y prioridades en las políticas y acciones internacionales frente a la crisis climática.
Entre los resultados, destacamos la adopción de un plan de implementación con plazos definidos para las actividades del Plan de Trabajo de Bakú. Sus seis enfoques colectivos comprenden el intercambio de conocimientos, la articulación regional, el diálogo intergeneracional, la cooperación con otros órganos de la Convención, el relacionamiento con los Estados y la planificación estratégica.
Asimismo, el Grupo de Trabajo acordó continuar fortaleciendo los mecanismos de participación de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, reconociendo la necesidad de garantizar mayor inclusión, transparencia y equidad en los procesos de nominación y selección de quienes participan en las actividades de la Plataforma.
Otro asunto fue la construcción del Protocolo Ético de la Plataforma, que busca orientar las relaciones y los intercambios de conocimientos. Consideramos fundamental que este instrumento respete nuestros sistemas de conocimiento, derechos colectivos y autodeterminación. El protocolo continúa en elaboración; su alcance dependerá de los contenidos y mecanismos que finalmente se acuerden.
Para enero de 2027 se prevé un encuentro entre sesiones para continuar la elaboración del informe del Grupo de Trabajo, la propuesta del Plan de Trabajo 2028-2031 y las contribuciones de la Plataforma al segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, que evaluará los avances y las brechas de la respuesta internacional al cambio climático.
En el desarrollo del FWG16, los representantes de América Latina y el Caribe participaron en los espacios de intercambio y presentaron recomendaciones orientadas al fortalecimiento del trabajo de la Plataforma. Estas discusiones adquieren especial relevancia para una región donde los Pueblos Indígenas enfrentamos crecientes presiones sobre nuestros territorios, derivadas tanto de los impactos del cambio climático como de actividades extractivas y de proyectos asociados a los procesos de transición energética.
Desde la perspectiva de la CNTI, creemos que uno de los principales desafíos consiste en que el reconocimiento de los conocimientos, prácticas y contribuciones de los Pueblos Indígenas no se limite a su inclusión en diálogos y documentos internacionales, sino que se traduzca en garantías efectivas para la protección de los territorios, el ejercicio del gobierno propio y la participación en las decisiones que afectan los derechos de los Pueblos Indígenas.
En ese sentido, resulta fundamental que las discusiones de la Plataforma mantengan una relación directa con los principales procesos de negociación climática, especialmente aquellos relacionados con la adaptación, la transición justa, el financiamiento climático y las medidas de protección frente a las pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática.
Finalmente como parte de la programación de la Plataforma durante la COP31, entre el 9 y el 13 de noviembre se desarrollarán encuentros de portadores de conocimientos, diálogos intergeneracionales y espacios de intercambio con representantes gubernamentales y otros órganos de la CMNUCC. Estas actividades abordarán la relación entre los sistemas de conocimiento propia de los Pueblos Indígenas, el patrimonio cultural, el bienestar colectivo, la protección de los ecosistemas y las respuestas territoriales frente al cambio climático.
Continuaremos nuestra participación en la COP31 y haremos seguimiento a las discusiones y decisiones que incidan en los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Reafirmamos que la acción climática debe respetar nuestra autonomía y traducirse en compromisos verificables para el reconocimiento y la protección integral de nuestros territorios.
La defensa de los territorios indígenas debe ocupar un lugar central en la acción climática mundial. Reconocer el papel de los Pueblos Indígenas en la protección de la naturaleza implica también garantizar los derechos territoriales, respetar los sistemas de gobierno propio y asegurar que podamos participar de manera efectiva en las decisiones para enfrentar la crisis climática.
Defender los territorios indígenas es defender la vida
El 29 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento «Del riesgo a la acción: implementar el Marco Mundial de Biodiversidad desde un enfoque de seguridad de la naturaleza», realizado en el Pabellón del Reino Unido en Ereván, Armenia. Ante ministros y delegaciones de gobierno, organismos internacionales, instituciones financieras e investigadores, llevamos un mensaje claro. Los Pueblos Indígenas ya producimos datos que alertan sobre los riesgos en nuestros territorios, y para reducir esos riesgos, esos datos deben convertirse en decisiones con el Estado.
El evento, organizado por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra), buscó ir más allá del diagnóstico para mostrar cómo los países pueden incorporar los riesgos relacionados con la naturaleza en sus decisiones, en sus sistemas de alerta temprana, en el financiamiento y en contextos afectados por conflictos. Nuestra intervención hizo parte del bloque sobre alertas tempranas, centrado en cómo combinar múltiples señales, como las ambientales, económicas o relacionadas con conflictos, con el conocimiento de los Pueblos Indígenas para crear sistemas que permitan actuar antes de que surjan las crisis.
Nuestra respuesta partió de un hecho. Las señales ya están ahí, y los Pueblos Indígenas ya contamos con sistemas propios para registrarlas. Chey, el Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena de la CNTI, reúne más de 120 capas de información sobre ecosistemas, especies, deforestación, minería y frontera agrícola, tanto en los territorios titulados como en las tierras que los pueblos han usado y ocupado por generaciones, y que muchas veces los datos oficiales no ven. Con esa información es posible anticipar dónde un nuevo proyecto puede abrir el próximo foco de deforestación, antes de que ocurra.
A ello se suma el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), que muestra quién está en riesgo y por qué. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 registró 144 indígenas víctimas de homicidio. Más de una de cada tres víctimas era líder, autoridad, integrante de la guardia indígena o médico tradicional, y el 80 % de las víctimas de 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica. Cuando se asesina a una autoridad, se debilita el gobierno propio que protege el territorio. Por eso, la inseguridad jurídica de la tierra es un indicador claro de riesgo.
Primero llega la presión sobre la tierra, luego las amenazas y el desplazamiento, después los ataques a quienes defienden. Si no se actúa a tiempo, las comunidades pueden terminar sin poder ejercer su gobierno propio y despojadas de su territorio, y con ellas se pierde también la naturaleza que cuidan.
Según Chey, hoy el 15,44 % del área con títulos mineros vigentes, el 9,79 % del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10 % de la deforestación del último año en el país están en territorios indígenas. Muchas de estas presiones provienen de economías legales, como la ganadería y la agroindustria, vinculadas a mercados globales, por lo que gestionar el riesgo también implica mirar las cadenas de suministro.
Pero los datos solos no reducen el riesgo. Las decisiones sí. La brecha está en el puente entre las señales de alerta y quienes tienen el mandato y los recursos para actuar. En Colombia, ese puente es la CNTI, creada por el Decreto 1397 de 1996 como espacio de concertación entre el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas sobre los derechos territoriales. Allí llevamos nuestros datos y conocimientos, dialogamos con el Estado y concertamos políticas y normas para proteger los territorios. Por eso, la alerta temprana no es solo un asunto de datos, sino también de decisiones.
Actuar a tiempo cuesta menos que reparar. Cuando un bosque se pierde, no vuelve. Donde los territorios indígenas cuentan con título de propiedad colectiva, los bosques están mejor protegidos, pero hoy siguen sin resolver 1.650 solicitudes de los Pueblos Indígenas para que el Estado reconozca, titule y proteja sus territorios. Asegurar los derechos territoriales es una de las formas más eficaces de acción anticipatoria.
Lo que ocurre en los territorios indígenas importa a todos. Ecosistemas como la Amazonía sostienen el agua, las lluvias y la estabilidad del clima de regiones enteras y del planeta. Por eso propusimos a los países tres acciones conjuntas. Primero, reconocer los datos y conocimientos de los Pueblos Indígenas como evidencia para la toma de decisiones. Segundo, construir puentes para que las alertas lleven a la acción, con los Pueblos Indígenas en la mesa. Y tercero, asegurar los territorios indígenas como una de las mejores inversiones en prevención.
Proteger los territorios indígenas no es solo un asunto de derechos. Es una inversión en seguridad y una responsabilidad compartida, que exige reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos y de conocimientos, no como un actor interesado más.
