por STI | Jun 20, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el rumbo político que tome el país también se decide el futuro de los territorios indígenas, de los derechos colectivos y de la protección de ecosistemas estratégicos para la vida. Para los Pueblos Indígenas, la formalización territorial no es un trámite ni una meta burocrática. Es una garantía de pervivencia, permanencia, seguridad jurídica y gobierno propio. De su avance dependen no solo el reconocimiento de una relación ancestral, cultural y espiritual con los territorios, sino también las condiciones materiales para cuidar la vida y sostener los sistemas propios de conocimiento.
Formalizar es garantizar derechos. Cada territorio constituido o ampliado fortalece la protección jurídica de los pueblos y reconoce una relación histórica con espacios habitados, cuidados y defendidos durante generaciones. Cuando la formalización avanza, se abren condiciones para proteger la biodiversidad, cuidar ecosistemas estratégicos y sostener formas de vida ancladas en la memoria, la espiritualidad y el territorio. Por eso, cualquier discusión sobre el futuro del país debe asumir con seriedad que la garantía territorial no es un asunto secundario, sino una condición para la vida colectiva.
Los datos muestran diferencias concretas entre periodos de gobierno. Entre 2018 y 2022 se culminaron 87 procedimientos y se formalizaron 369.736 hectáreas más 9.978 metros cuadrados. En el periodo 2022–2026, aún sin concluir, se han culminado 255 procedimientos y se han formalizado 1.474.210 hectáreas más 6.033 metros cuadrados. Esto significa que los procedimientos casi se triplicaron y que las hectáreas reconocidas fueron casi cuatro veces mayores frente al periodo anterior. No se trata de una variación menor. Es una diferencia que muestra que, cuando existen voluntad política, capacidad institucional y exigencia indígena, los derechos territoriales pueden avanzar de manera más decidida.
Ese avance también se refleja en el comportamiento anual de los procedimientos culminados entre 2022 y 2026. En 2022 se registraron 8; en 2023, 69; en 2024, 84; en 2025, 81; y en lo corrido de 2026, 13. En total, se han culminado 255 procedimientos: 145 constituciones y 110 ampliaciones. Estos datos muestran una tendencia sostenida que no debe ser leída como una concesión, sino como el resultado de una combinación entre lucha indígena, capacidad de incidencia y apertura institucional. Al mismo tiempo, dejan claro que la formalización territorial puede acelerarse cuando el tema se asume como una prioridad política real.
La protección de los territorios ancestrales también depende de decisiones políticas concretas. El Decreto 2333 de 2014 abrió una ruta para proteger territorios ocupados o poseídos ancestral y tradicionalmente por los Pueblos Indígenas. De las 14 resoluciones de protección expedidas desde su creación, 12 corresponden al actual periodo de gobierno. Este dato confirma que la protección territorial no avanza por inercia. Requiere determinación institucional y reconocimiento efectivo de que los territorios indígenas no pueden seguir expuestos a la desprotección, al rezago administrativo ni a la inseguridad jurídica.
Sin embargo, estos avances no cierran la deuda histórica. Es necesario continuar la formalización, fortalecer la protección territorial y garantizar que los procedimientos respondan a las necesidades reales de los pueblos. Sin territorio no hay derechos garantizados. La seguridad jurídica no solo protege a los Pueblos Indígenas; también es una condición para cuidar la biodiversidad, sostener la vida y avanzar en paz, protección ambiental y derechos humanos. Lo que está en juego no es solo el reconocimiento de unas hectáreas. Es la posibilidad de garantizar territorios vivos, pueblos con futuro y ecosistemas protegidos para toda la sociedad.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 19, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La paz, los derechos colectivos y la protección territorial tienen efectos directos sobre la vida de los Pueblos Indígenas. Esa afirmación no es una consigna vacía ni una interpretación abstracta de la coyuntura. Es una realidad que puede leerse con claridad en los registros propios del Sistema de Información de Violencia Sociopolítica de Pueblos Indígenas, SIVOSPI, una herramienta construida para enfrentar el subregistro histórico que durante años ha invisibilizado la violencia sistemática ejercida contra autoridades, líderes, lideresas, comuneros, comuneras, mayoras, mayores, niñas y niños indígenas.
El SIVOSPI no solo cuenta casos. Permite ver cómo las decisiones del Estado frente a la paz tienen consecuencias concretas en los territorios. Cuando se debilitan la implementación de los acuerdos, las garantías de protección y las respuestas integrales a las causas estructurales de la violencia, el riesgo aumenta. Los datos muestran con crudeza ese punto de quiebre: el salto de 38 homicidios políticos en 2017 a 61 en 2018, y luego la profundización de esa tendencia hasta llegar a 82 en 2019, 115 en 2020 y 114 en 2021. Esas cifras no pueden leerse como hechos aislados. Expresan el costo de dejar a los territorios sin garantías reales de protección.
La violencia colectiva también confirma esa relación. El registro propio evidencia que las masacres crecieron durante los años de mayor debilitamiento de la implementación de paz y empezaron a descender cuando se reabrieron rutas de intervención orientadas a enfrentar la guerra y sus causas estructurales. El hecho de que la tendencia baje no autoriza el triunfalismo ni permite desconocer la persistencia del conflicto. Al contrario, obliga a una lectura más rigurosa: los respiros son frágiles, pero demuestran que las decisiones institucionales sí tienen efectos sobre la protección de la vida. Frenar la guerra salva vidas; abandonar la paz las pone en riesgo.
Este panorama también deja una enseñanza política de fondo. No es posible separar la defensa de la vida de la defensa del territorio. Allí donde aumentan los homicidios, las masacres y la violencia sociopolítica, también se profundizan el confinamiento, el desplazamiento, el reclutamiento y la ruptura del relevo generacional. Cada autoridad asesinada, cada guardia atacada, cada comunero desplazado afecta la continuidad de los sistemas propios de vida y conocimiento. Mantener viva a la gente es el primer paso para asegurar el territorio ancestral y los diversos vínculos establecidos con él.
Por eso insistimos en que el futuro del país no puede tratar la paz, la seguridad territorial y los derechos colectivos como asuntos secundarios. No se trata solo de reducir cifras. Se trata de garantizar condiciones reales para la pervivencia y permanencia de los pueblos, para la defensa del territorio y para la continuidad de la memoria y del gobierno propio. La violencia no solo destruye vidas individuales. Ataca la posibilidad misma de seguir existiendo como pueblos con territorio, cultura y horizonte propio.
Decidir por la vida exige asumir con seriedad la urgencia de proteger los territorios y de sostener políticas orientadas a enfrentar las causas estructurales de la violencia. Implica fortalecer la implementación de la paz, garantizar seguridad territorial efectiva y reconocer que proteger a los Pueblos Indígenas es también proteger una parte esencial del equilibrio democrático, ambiental y cultural del país. Mantener vivos a los pueblos es defender el territorio, el relevo generacional y los sistemas de vida y conocimiento que sostienen su existencia colectiva. Para proteger el territorio, nos la jugamos por la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 17, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La expedición de la Resolución 0663 de 2026, mediante la cual se declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindua, constituye un paso de alto valor político, territorial y ambiental para la protección de uno de los ecosistemas más estratégicos del país.
No se trata únicamente de una decisión administrativa sobre un área de especial importancia ecológica. Se trata del reconocimiento de un territorio cuya integridad ambiental, espiritual y cultural es esencial para el equilibrio de la vida.
La Sierra Nevada de Santa Marta posee una singularidad excepcional. En ella convergen todos los pisos térmicos, desde las nieves perpetuas hasta el mar Caribe, y se sostiene una diversidad biológica, hídrica y ecosistémica de importancia nacional y planetaria. Pero su valor no puede entenderse solo desde la perspectiva natural.
La Sierra es también el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, quienes la reconocen y la cuidan como el Corazón del Mundo. Cualquier medida de protección sobre este territorio debe partir de esa verdad territorial: la vida de la Sierra no puede separarse de la vida de los pueblos que ancestralmente la han protegido.
La resolución adquiere aún mayor relevancia en un contexto de amenazas persistentes sobre este territorio. La presión de actividades extractivas, el impacto del cambio climático, la fragmentación institucional de la gestión ambiental y los riesgos sobre las relaciones bioculturales que sostienen el equilibrio territorial hacen necesaria una respuesta estatal más robusta y coherente.
En ese sentido, la declaratoria de la reserva fortalece un marco de protección que debe orientarse no solo a conservar ecosistemas, sino a garantizar la permanencia de las relaciones espirituales, culturales y territoriales que hacen posible la vida en la Sierra Nevada.
Esta decisión también reafirma una discusión de fondo que el país no puede seguir postergando: la protección de la biodiversidad no puede disociarse de la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. No hay conservación real si se desconoce el vínculo intrínseco entre territorio, conocimientos, prácticas espirituales, formas de gobierno y vida colectiva.
La Sierra Nevada de Gonawindua no es un espacio natural aislado del tejido humano. Es un territorio vivo donde agua, cerros, mares, manglares, nieves perpetuas, sitios sagrados y pueblos indígenas conforman un mismo sistema de relaciones. Por eso, proteger este territorio implica reconocer y respetar sus derechos bioculturales.
La resolución también plantea un reto decisivo de articulación institucional. Su efectividad dependerá de que las entidades ambientales del orden nacional y regional avancen hacia una gestión ecosistémica integral, armonicen instrumentos de ordenamiento y actúen con coherencia frente a las obligaciones de protección.
La declaratoria será insuficiente si no se traduce en coordinación efectiva, intercambio de información, control sobre actividades incompatibles con la vocación del territorio y decisiones sostenidas que impidan nuevas afectaciones sobre la Sierra. La protección jurídica debe convertirse en protección material y duradera.
En un momento en que el país discute transición energética, modelos de desarrollo y políticas de conservación, esta decisión deja un mensaje claro: la vida y los territorios deben estar en el centro de las decisiones públicas. La Sierra Nevada es un ejemplo vivo de un trabajo histórico y milenario fundado en la Ley de Origen y en los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas que la habitan.
El territorio es el primero de todos los derechos, porque es allí donde se sostienen el agua, la biodiversidad, la espiritualidad, la memoria y las formas de vida que garantizan el equilibrio. Proteger el Corazón del Mundo no es un asunto sectorial. Es una responsabilidad colectiva con la vida, con los pueblos y con el futuro.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 17, 2026 | Directorio CNTI, Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
En el marco del Día Mundial de lucha contra la desertificación y la sequía, reafirmamos que esta crisis no es solo un problema climático. También es el resultado del despojo, la degradación de la tierra y la ruptura de la relación entre la vida humana y la naturaleza. Frente a ello, los territorios indígenas siguen siendo soluciones vivas y reales para cuidar el agua, la biodiversidad y el equilibrio de la Madre Tierra.
La degradación de la tierra, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad son expresiones visibles de una crisis más profunda. No se trata únicamente de cambios en el régimen de lluvias o de eventos extremos. También estamos ante las consecuencias de modelos que destruyen bosques, agotan los suelos, alteran los ciclos del agua y convierten la tierra en objeto de explotación. La sequía y la desertificación avanzan allí donde se rompe el equilibrio de la vida y donde se imponen formas de ocupación y desarrollo que desconocen los límites de la naturaleza.
Frente a esta situación, los territorios indígenas sostienen prácticas concretas de cuidado que siguen siendo fundamentales para la vida. Allí se protegen nacimientos de agua, bosques, semillas, suelos y biodiversidad. Allí persisten formas de relación con la tierra que no parten de la lógica de la extracción sino de la reciprocidad, el respeto y la responsabilidad con la Madre Tierra. Por eso, cuando defendemos los territorios indígenas, también defendemos una respuesta real frente a la desertificación, la sequía y la crisis climática.
Los sistemas de conocimiento propio aportan caminos concretos para la adaptación, la mitigación y la restauración ecológica. No son saberes aislados ni vestigios del pasado. Son formas vivas de entender el territorio, reconocer sus transformaciones y orientar prácticas de cuidado que han sostenido la vida durante generaciones. En ellos se expresa una ciencia viva, construida desde la observación, la experiencia, la memoria y la espiritualidad, que sigue ofreciendo respuestas profundas frente al deterioro ambiental.
Reiteramos que no habrá lucha real contra la desertificación y la sequía si se siguen negando los derechos territoriales, la libre determinación, el gobierno propio y los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas. Allí donde se desconoce el territorio indígena, también se debilitan las condiciones materiales, culturales y espirituales que permiten sostener el equilibrio ecológico. Defender estos derechos no es una demanda sectorial. Es una condición para proteger la vida en todas sus formas.
Los territorios indígenas no son un obstáculo para el futuro. Son una de sus condiciones más necesarias. Donde el territorio permanece vivo, también persiste la posibilidad de cuidar el agua, regenerar la tierra y reconstruir la relación entre humanidad y naturaleza. Frente a la desertificación y la sequía, seguimos insistiendo en una verdad que el país y el mundo deben asumir con seriedad: proteger los territorios indígenas es proteger la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 12, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Desde la Confederación Indígena Tayrona (CIT), el Pueblo Arhuaco realiza entre el 1 y el 17 de junio un recorrido espiritual por los sitios sagrados de Seykutukunumaku, en el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindúa. Este recorrido hace parte del trabajo tradicional que se sostiene desde los territorios para buscar el equilibrio de la Madre Tierra y de la humanidad, en cumplimiento de la Ley de Origen y de las responsabilidades espirituales que orientan la existencia de los pueblos.
De acuerdo los Mamus, el tiempo también ordena las labores espirituales. En este momento del ciclo lunar corresponde adelantar acciones de saneamiento y armonización por los daños causados a la Madre Tierra, con el fin de restablecer el equilibrio entre la vida y la naturaleza. No se trata de actos aislados ni ceremoniales en sentido superficial. Se trata de una práctica territorial y espiritual que busca cuidar las condiciones que hacen posible la continuidad de la vida.
De acuerdo con los Mamus, el tiempo también ordena las labores espirituales. En este momento del ciclo lunar corresponde adelantar acciones de saneamiento y armonización por los daños causados a la Madre Tierra, con el fin de restablecer el equilibrio entre la vida y la naturaleza. No se trata de actos aislados ni ceremoniales en sentido superficial. Se trata de una práctica territorial y espiritual que busca cuidar las condiciones que hacen posible la continuidad de la vida.
Para los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, la Línea Negra no es una línea abstracta ni un simple límite cartográfico. Es el límite espiritual dejado desde el principio, y desde allí se conserva la vida, la espiritualidad, la cultura y el conocimiento propio. La Línea Negra expresa el Sistema de Espacios Sagrados y de Conocimientos Ancestrales de los pueblos de la Sierra Nevada, y articula relaciones espirituales, culturales, ambientales y de gobierno propio que sostienen el equilibrio del territorio.
Por eso, Seykutukunumaku no puede entenderse como un lugar aislado. Hace parte de una estructura integral de territorio, memoria, autoridad espiritual y permanencia cultural. En estos espacios sagrados no solo se preservan prácticas ancestrales. Se protege el equilibrio de los ríos, la fuerza de las montañas, la continuidad del conocimiento y la posibilidad de que la vida siga en armonía. Cuidar la Línea Negra es cuidar el Corazón del Mundo.
Este recorrido también deja una afirmación política clara. La Sierra Nevada no puede ser reducida a una superficie disponible para la explotación, la fragmentación o la intervención inconsulta. Su protección solo tiene sentido si se traduce en respeto efectivo por la autonomía, la autoridad propia y las prácticas espirituales que sostienen el equilibrio territorial. Defender la Línea Negra y el Sistema de Espacios Sagrados y de Conocimientos Ancestrales es respetar la Ley de Origen, proteger la permanencia y pervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos de la Sierra y garantizar sus derechos territoriales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
