por STI | Ago 8, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebramos la vida, la palabra y la lucha de nuestros pueblos. Somos territorio, gobierno propio, memoria y futuro. Pero esta conmemoración ocurre en un contexto que no podemos omitir: la persistencia de la violencia, el despojo y las vulneraciones de derechos humanos continúa poniendo en riesgo nuestra vida, autonomía, pervivencia y permanencia en los territorios.
Desde las montañas, selvas, páramos, ríos, sierras, desiertos, costas y mares sostenemos formas diversas de relacionarnos con la Madre Tierra. Nuestros territorios son sistemas vivos en los que se articulan comunidades, espacios sagrados, plantas, animales, aguas y conocimientos. Los cuidamos y ordenamos desde la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor, nuestras autoridades y formas propias de organización. Ejercer esa relación con el territorio es también ejercer autonomía y gobierno propio.
Sin embargo, defender esa forma de vida sigue teniendo consecuencias graves. La violencia contra los Pueblos Indígenas no puede entenderse como una sucesión de hechos aislados. Las agresiones contra autoridades, liderazgos, comunidades y defensores territoriales afectan estructuras colectivas de gobierno, debilitan procesos organizativos y buscan imponer otras formas de control sobre territorios que ancestralmente hemos habitado, cuidado y defendido.
La situación exige que el Estado colombiano responda más allá de medidas posteriores a cada hecho de violencia. Garantizar nuestros derechos humanos implica proteger la vida y la integridad de las comunidades, pero también asegurar las condiciones para ejercer el gobierno propio, permanecer en los territorios y tomar decisiones sobre ellos. La protección debe tener un enfoque colectivo, territorial, diferencial y concertado con nuestras autoridades.
Nuestra memoria también está atravesada por quienes dieron su vida en la defensa de los pueblos y los territorios. En esta fecha honramos su palabra y su legado, no para naturalizar la violencia que hemos enfrentado, sino para insistir en que ninguna autoridad, comunero, comunera, mayor, mujer, joven o defensor territorial debería ser amenazado por ejercer sus derechos. Nuestra lucha es diaria, ancestral y colectiva, pero defender la vida no puede significar seguir poniendo la propia vida en riesgo.
La defensa territorial tampoco puede separarse del cuidado de la Madre Tierra. Para nosotros no es una mercancía ni una suma de recursos disponibles para la explotación. Es fuente de vida, memoria y equilibrio. Cuidarla implica garantizar los derechos de quienes hemos sostenido esa relación durante generaciones y reconocer nuestros sistemas de conocimiento, espiritualidad, cultura, lengua y gobierno.
Por eso, este Día Internacional de los Pueblos Indígenas también es un llamado a actuar. Exigimos garantías efectivas para ejercer nuestros derechos sin miedo, fortalecer la protección colectiva de los territorios y enfrentar las causas que mantienen la violencia y el despojo. No puede hablarse de diversidad, paz o protección de la Madre Tierra mientras defender los territorios continúe costando vidas indígenas.
Seguiremos siendo memoria viva de nuestros ancestros y ancestras, diversidad, pensamiento propio, espiritualidad, cultura y lengua. Honrar nuestra historia y diversidad también exige enfrentar la violencia que amenaza a las comunidades y pueblos y asegurar que el ejercicio de nuestros derechos, la defensa territorial y el cuidado de la Madre Tierra no sigan poniendo en riesgo nuestras vidas.
¡Qué vivan los Pueblos Indígenas del mundo!
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ago 4, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Durante el mes de julio de 2026, los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, junto con la Secretaría Técnica Indígena, la ONIC, ASOCRIVI, 14 autoridades de 14 territorios indígenas, y sus comunidades, realizamos una salida territorial en Cumaribo, Vichada. Desarrollamos espacios de diálogo y trabajo colectivo para identificar problemáticas comunes y fortalecer la garantía de la seguridad jurídica y material de los territorios.
Nuestro propósito fue conocer directamente las afectaciones territoriales y recopilar información sobre la reparación y restitución de los vínculos materiales e inmateriales alterados por el despojo, el desplazamiento y el conflicto armado. Asimismo, durante el recorrido se revisaron las solicitudes de formalización de los territorios. Este trabajo aporta al seguimiento de la implementación del Decreto Ley 4633 de 2011 y al reconocimiento integral de los derechos de los pueblos afectados.
Cumaribo concentra 26 de las 37 solicitudes de restitución territorial indígena identificadas en el departamento del Vichada. Varias coinciden con solicitudes de formalización y con procedimientos adelantados en el marco del Decreto 2333 de 2014.
El rezago en la atención a estos trámites profundiza una grave inseguridad jurídica que, en consonancia con lo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2009) sobre cómo el retardo en la titulación agudiza los conflictos violentos por el control territorial, facilita la perpetuación de la violencia sistemática contra los pueblos indígenas.
La gravedad de esta problemática se evidencia en hechos recientes que representan la compleja situación humanitaria en la región: el pasado 17 de julio fue registrada una incursión violenta en el Resguardo Saracure y Río Cadá, con saldo de víctimas fatales y afectaciones humanitarias a las comunidades, y el 2 de agosto se registró en Puerto Gaitán, Meta, el asesinato de dos comuneros del Resguardo Indígena Unificado Selva de Matavén, resguardos que a la fecha carecen de avances sustanciales en sus solicitudes de formalización y restitución. Por todo ello, esta situación exige una sólida articulación institucional, claridad en las rutas administrativas y respuestas urgentes acordes con las realidades territoriales.
En el marco de este recorrido, junto con las autoridades revisamos las solicitudes y sus distintas etapas, desarrollamos entrevistas y construimos ejercicios de cartografía propia. Estos espacios nos permitieron comprender cómo los pueblos habitan, recorren y sostienen sus territorios más allá de los límites definidos por títulos, cercas o demarcaciones catastrales.
Las autoridades señalaron que el territorio ancestral es un tejido vivo de relaciones culturales, ambientales, sociales y espirituales. Allí se articulan ríos, caminos ancestrales, lugares de origen, plantas medicinales, espacios ceremoniales y zonas destinadas a la pesca, la caza y los cultivos tradicionales de pueblos como el Sikuani, el Piapoco y el Piaroa.
También documentamos afectaciones producidas por la colonización, la apropiación privada de tierras, el confinamiento, el desplazamiento y la violencia armada. A estas se suman la expansión agroindustrial, los monocultivos, la exploración petrolera, las iniciativas de bonos de carbono, la contaminación de fuentes hídricas y las restricciones para acceder a lugares sagrados y espacios de subsistencia.
Reiteramos que la restitución no puede reducirse a la resolución de expedientes, la formalización de predios o la delimitación de áreas. Debe garantizar la recuperación de los vínculos con el territorio, la movilidad, el acceso a los sitios sagrados, la transmisión de los conocimientos propios y el ejercicio del gobierno indígena.
Desde espacio de diálogo y concertación de la CNTI continuaremos haciendo seguimiento a las solicitudes y exigiendo respuestas estatales coordinadas, oportunas e integrales. Garantizar la restitución y la seguridad jurídica y material de los territorios es una obligación del Estado y una condición para la pervivencia física, cultural y espiritual de los Pueblos Indígenas.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ago 1, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de las organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), junto con la Secretaría Técnica Indígena, rechazamos y denunciamos el atentado perpetrado el 1 de agosto de 2026 contra Julián Mauricio Gutiérrez, Autoridad Mayor del Resguardo Kwe’sx Yu Kiwe del Pueblo Nasa, quien, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca, se encuentra en estado crítico.
Según la alerta emitida por las autoridades indígenas, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:50 de la tarde y fue cometido por hombres cuya identidad aún no ha sido establecida. En estos hechos fueron asesinados Andrés Machín, integrante del esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y Haminton Daniel, comunero indígena. Jhon Lemus, también integrante del esquema de protección, resultó herido de gravedad.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, con la Autoridad Mayor Julián Mauricio Gutiérrez, con las personas heridas, con el Resguardo Kwe’sx Yu Kiwe y con el Pueblo Nasa. Este ataque afecta la vida comunitaria, el ejercicio del gobierno propio y los procesos organizativos y territoriales que las autoridades indígenas sostienen en medio de graves condiciones de riesgo.
Atentar contra una autoridad indígena no es un hecho individual ni aislado. Es una agresión contra la autonomía, el gobierno propio y la capacidad colectiva de los pueblos para proteger sus territorios y ejercer sus derechos. La violencia contra las autoridades, liderazgos y comuneros indígenas busca fracturar los procesos comunitarios y debilitar las estructuras propias de gobierno.
La presencia de integrantes del esquema de protección entre las víctimas exige una revisión inmediata de las medidas otorgadas por el Estado. No basta con asignar mecanismos individuales cuando persisten condiciones territoriales que ponen en riesgo a las autoridades y comunidades. La protección debe ser integral, colectiva, concertada y adecuada a las realidades del Pueblo Nasa.
Exigimos al Estado colombiano garantizar atención médica integral y oportuna para Julián Mauricio Gutiérrez y Jhon Lemus, así como adoptar medidas inmediatas de protección para sus familias, las autoridades indígenas y la comunidad del Resguardo Kwe’sx Yu Kiwe.
Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación diligente que permita identificar y sancionar a los responsables materiales y determinadores del atentado. Esta investigación debe incorporar el contexto territorial, los antecedentes de riesgo y la condición de autoridad indígena de Julián Mauricio Gutiérrez.
Exigimos al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, a la Defensoría del Pueblo y a las demás instituciones competentes coordinar sus actuaciones con las autoridades indígenas. Las medidas que se adopten deben respetar el gobierno propio y responder a las necesidades colectivas del territorio, no limitarse a acciones posteriores a los ataques.
Hacemos un llamado a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que acompañen al Pueblo Nasa y realicen seguimiento a la respuesta del Estado colombiano.
No podemos aceptar que ejercer el gobierno propio, defender los territorios y sostener la vida comunitaria continúen representando un riesgo para las autoridades y comuneros indígenas. El Estado tiene la obligación de actuar con urgencia, garantizar la vida y evitar que estos hechos permanezcan en la impunidad.
¡Qué defender los territorios no nos cueste la vida!
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ago 1, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
El territorio también se defiende con información. Esta convicción ha orientado durante ocho años el desarrollo del Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I), una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) para fortalecer la producción, gestión y uso de información geoespacial propia sobre nuestros territorios.
Este 2 de agosto conmemoramos ocho años de su lanzamiento y del camino recorrido para consolidar una herramienta al servicio de la defensa territorial, el gobierno propio y la toma de decisiones de los Pueblos Indígenas.
El SIG-I nació como respuesta a una necesidad histórica de los Pueblos Indígenas: contar con herramientas que permitan conocer, representar y analizar los territorios desde nuestras realidades, prioridades y sistemas de conocimiento. Su creación fue concertada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 y su primera versión se puso en funcionamiento en 2018. Desde entonces, el sistema ha atravesado distintas etapas de desarrollo, apropiación y fortalecimiento.
Se trata de una iniciativa de la CNTI desarrollada en articulación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Desde la Comisión hemos orientado el proceso a partir de las necesidades territoriales, los sistemas de vida y los conocimientos propios de los pueblos. El IGAC ha brindado acompañamiento técnico y metodológico para su desarrollo y fortalecimiento. Esta articulación ha permitido consolidar una herramienta administrada por la CNTI y puesta al servicio de la autonomía y los derechos territoriales.
El SIG-I no es solamente un visor de mapas. Es un sistema que permite organizar, consultar, relacionar y analizar información sobre resguardos, solicitudes de formalización, reservas indígenas, figuras de ordenamiento, actividades económicas, presiones territoriales y otros asuntos que inciden en nuestros espacios de vida. Integra información proveniente de entidades públicas con datos producidos desde los territorios y permite identificar relaciones, cambios, riesgos y posibles afectaciones.
Durante estos ocho años hemos fortalecido sus funcionalidades mediante mapas temáticos, indicadores, herramientas de ubicación, módulos para el seguimiento de procesos territoriales y mecanismos de consulta y descarga de información. También hemos desarrollado espacios de formación virtual y presencial para que integrantes de distintas comunidades, Pueblos Indígenas y regiones conozcan, utilicen y se apropien de las herramientas geoespaciales.
Actualmente avanzamos hacia la consolidación de una Infraestructura de Datos Espaciales Indígena de alcance nacional, la creación de capas geográficas propias y el desarrollo de una aplicación móvil interoperable con el SIG-I. Esta aplicación permitirá levantar información directamente desde los territorios de manera libre y autónoma.
Estos avances tienen un sentido político. La información no es neutral: determina qué territorios son reconocidos, qué realidades aparecen en los registros y qué conocimientos sustentan las decisiones públicas. Durante décadas, los Pueblos Indígenas hemos enfrentado barreras para acceder, controlar y participar en la construcción de la información geográfica relacionada con nuestros territorios. Los mapas oficiales no siempre reconocen los espacios sagrados, los caminos del agua, los territorios ancestrales ni las relaciones espirituales y culturales que sostienen nuestra vida colectiva.
Por esta razón, el SIG-I también representa un avance hacia la soberanía de datos: nuestra capacidad para producir información, administrarla y decidir cómo debe utilizarse. No buscamos reemplazar nuestros conocimientos con herramientas tecnológicas. Buscamos que estas respondan a nuestras formas de comprender, habitar, cuidar y gobernar los territorios.
El trabajo realizado también permite mostrar el lugar fundamental de nuestros territorios para la vida y la biodiversidad de Colombia. En ellos se encuentra el 51 % de los bosques, el 52 % de los nevados y glaciares, el 18 % de las sabanas, el 12 % de los páramos y el 26 % de las especies registradas en el país.
Estos datos no son el fundamento de nuestros derechos territoriales, que son preexistentes al Estado. Sin embargo, muestran la importancia de garantizarlos plenamente y fortalecer el gobierno propio, pues el cuidado de estos ecosistemas está directamente relacionado con nuestros sistemas de conocimiento, nuestras prácticas territoriales y nuestras formas de vida.
El análisis de más de 33,5 millones de registros biológicos también evidenció profundas brechas de información. Identificamos que el 47 % de los territorios indígenas formalizados no cuenta con información biológica registrada. Esto no significa que carezcan de biodiversidad, sino que esa información no ha sido levantada, sistematizada o incorporada adecuadamente en los sistemas disponibles.
Al mismo tiempo, los registros existentes muestran que el 26 % de las especies reportadas en Colombia está presente en territorios indígenas formalizados. Estos resultados permiten controvertir, con información verificable, los discursos que presentan nuestros territorios como tierras improductivas o extensiones sin función social, cultural o ambiental.
A ocho años de su lanzamiento, el SIG-I es una herramienta técnica, política, pedagógica y territorial. Fortalece el gobierno propio, aporta a la seguridad jurídica, permite hacer seguimiento a las obligaciones del Estado y brinda elementos para tomar decisiones responsables sobre nuestros territorios.
Esta conmemoración no representa un punto de llegada. Reafirma la necesidad de garantizar la continuidad técnica, financiera y operativa del sistema; ampliar la producción de información propia; fortalecer las capacidades de los pueblos y asegurar que nuestros datos tengan un lugar vinculante en las decisiones y políticas que afectan los territorios.
Desde la CNTI continuaremos consolidando el SIG-I como parte de nuestra lucha ancestral por la autonomía, el reconocimiento territorial y la protección de la vida.
El territorio también se defiende con información.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ago 1, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Cada 1 de agosto, en el Día de la Pachamama, los Pueblos Indígenas renovamos una relación de reciprocidad con la Madre Tierra y con los ciclos que sostienen la vida. Esta fecha no se reduce a un gesto simbólico: recuerda que el cuidado del territorio depende de derechos garantizados, gobierno propio y capacidad efectiva para decidir sobre aquello que ocurre en nuestros espacios de vida.
Para los Pueblos Indígenas, el territorio no es una suma de recursos naturales. Montañas, bosques, páramos, ríos, sabanas, costas, mares, plantas y animales hacen parte de sistemas vivos interconectados. Entre ellos existen relaciones espirituales, culturales y territoriales que orientamos de acuerdo con la Ley de Origen, la Ley Natural y el Derecho Mayor.
Esta forma de comprender y gobernar el territorio tiene efectos concretos sobre la biodiversidad del país. En los territorios indígenas se encuentra el 51 % de los bosques de Colombia, el 52 % de los nevados y glaciares, el 18 % de las sabanas, el 12 % de los páramos y el 26 % de las especies registradas en el país. Estos datos muestran que la garantía de los derechos territoriales y el fortalecimiento del gobierno propio son condiciones materiales para sostener la vida y la diversidad biológica.
El cuidado también depende de la transmisión de conocimientos y de la posibilidad de participar en las decisiones. Las Mujeres Indígenas han desempeñado un papel fundamental en la conservación y transmisión de sistemas de conocimiento, prácticas de cuidado y formas propias de gobierno frente a la pérdida de biodiversidad, la afectación de las fuentes de agua y las presiones extractivas. Su participación en las decisiones ambientales y territoriales debe ser directa y efectiva.
Por eso, hablar de conservación exige hablar de derechos. Ninguna política ambiental puede desconocer la autonomía, el gobierno propio ni el Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas. Las medidas creadas para proteger la naturaleza no pueden reproducir formas de despojo, limitar el ejercicio de la autoridad territorial ni imponer decisiones externas sobre nuestros territorios.
Nuestros derechos territoriales son preexistentes al Estado colombiano. Se sustentan en la autodeterminación, la propiedad y/o posesión colectiva, el derecho propio y el derecho internacional. Su garantía exige el reconocimiento pleno y el respeto al ejercicio del gobierno propio como expresión de nuestra autonomía y de la relación ancestral con los territorios.
Cuando ejercemos plenamente el gobierno propio, protegemos los territorios, fortalecemos nuestros sistemas de conocimiento y de vida y, al mismo tiempo, cuidamos la Madre Tierra y su biodiversidad. En este Día de la Pachamama lo reafirmamos con claridad: vulnerar nuestros derechos territoriales es debilitar las condiciones que sostienen la vida, el equilibrio de los territorios y el cuidado de la Madre Tierra.
¡Defender los territorios es defender la vida!
