Adecuación del espacio de funcionamiento de la emisora, del espacio de funcionamiento  del Sistema de Información Geográfico y del espacio de trabajo del equipo del Observatorio.

Adecuación del espacio de funcionamiento de la emisora, del espacio de funcionamiento del Sistema de Información Geográfico y del espacio de trabajo del equipo del Observatorio.

El presente proyecto corresponde a la dotación, el diseño, la instalación y la puesta en operación de la emisora y la adecuación de los espacios de trabajo y bienestar de la Secretaría Técnica Indígena (STI), en Bogotá D.C. Las intervenciones se limitan a elementos no estructurales, desmontables o de instalación, sin obra civil.

La Secretaría Técnica Indígena (STI) necesita fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, comunicativas y de gestión de la información del ODTPI. Para ello se requiere tres frentes físicos dentro de la infraestructura ya existente en la sede:
1. Espacio de funcionamiento de la emisora y estudio: Si bien la distribución arquitectónica del inmueble ya contempla áreas designadas para un salón de grabación y una cabina máster de emisora, estos espacios aún carecen de la adecuación técnica y el acondicionamiento acústico y funcional necesarios para operar plenamente como un centro de producción y radiodifusión.

2. Espacio de funcionamiento del Sistema de Información Geográfico (SIG): En tanto el Sistema de Información Geográfico de la CNTI, con su desarrollo y actual respaldo normativo, ha logrado mayor posicionamiento como herramienta fundamental para el seguimiento a la materialización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, para promover su protección y defensa, así como para evidenciar la importancia que han tenido los territorios indígenas en la preservación y el cuidado de los ecosistemas y de la naturaleza, se requiere la adecuación de un espacio físico de trabajo acorde con los desafíos tecnológicos, técnicos y de producción de información que actualmente tiene el sistema, y que demanda mejoras y acondicionamiento funcional para que ello sea posible.

3. Espacio de trabajo y relacionamiento del equipo del ODTPI: Para respaldar la labor cotidiana del equipo interdisciplinario del Observatorio y la articulación institucional, se requiere adecuar las áreas de trabajo y relacionamiento sobre la base física disponible.

La adecuación de esta infraestructura existente permitirá que el ODTPI: (a) produzca material pedagógico y de formación territorial dirigido a las comunidades; (b) registre, respalde y difunda la incidencia de la CNTI ante instancias nacionales e internacionales; (c) reciba a autoridades y representantes indígenas en espacios de relacionamiento que reflejen la identidad de la organización; y (d) disponga de un espacio de trabajo adecuado y de un área de descanso para el equipo durante jornadas de trabajo prolongadas.

Consulta los términos de referencia a continuación: 

¿Por qué es importante la identificación de los territorios indígenas?

¿Por qué es importante la identificación de los territorios indígenas?

El informe “Desafíos para la identificación de territorios indígenas en Colombia: El caso del Pueblo Indígena Barí en Norte de Santander” aborda la importancia de la identificación territorial para garantizar nuestros derechos territoriales. Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), explicamos por qué este proceso debe reconocer las relaciones ancestrales, culturales y espirituales que sostienen nuestra integridad y pervivencia.

Para nosotros como Pueblos Indígenas, el territorio comprende los espacios y relaciones donde se recrea la vida colectiva. Allí se transmiten conocimientos, se ejercen formas propias de gobierno y se mantienen prácticas de alimentación, cuidado y espiritualidad. La identificación permite expresar estas dimensiones en instrumentos normativos y geográficos, a partir del conocimiento de las autoridades tradicionales y de las enseñanzas de nuestros ancestros sobre el manejo y cuidado territorial.

Esta comprensión integral tiene consecuencias para la garantía de los derechos fundamentales. La vida, la identidad colectiva, la salud, la educación y la libertad espiritual están estrechamente vinculadas al territorio. Su protección exige atender la interdependencia entre estos derechos: una afectación territorial puede comprometer, al mismo tiempo, distintas dimensiones de nuestra existencia como pueblos.

Los espacios sagrados permiten comprender esta relación. Restringir su acceso o impedir sus usos puede afectar las prácticas de cuidado, la transmisión de conocimientos y el ejercicio de nuestra espiritualidad. Por eso, la identificación debe reconocerlos y contribuir a su protección, tanto dentro como fuera de los resguardos. Los límites de lo formalizado no abarcan necesariamente todas las relaciones que componen nuestros territorios.

Otro aspecto central es la protección frente al despojo. Históricamente, el Estado colombiano ha considerado como “baldíos” territorios indígenas que no cuentan con formalización como resguardos. Esta lectura desconoce la ocupación y posesión ancestral y/o tradicional y puede facilitar decisiones sobre proyectos extractivos, agricultura extensiva u otras figuras de ordenamiento que afectan nuestros derechos. Identificar esas relaciones territoriales permite sustentar su reconocimiento y protección.

La identificación también expresa nuestro derecho a la autodeterminación. Somos los Pueblos Indígenas quienes conocemos y determinamos nuestros territorios desde la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio. Nuestros ordenamientos territoriales perviven en los sistemas de conocimiento y pensamiento propios. Su incorporación en instrumentos que puedan ser consultados por el Estado es necesaria para que las decisiones institucionales reconozcan esa diversidad y respeten nuestra autonomía.

La investigación retoma, además, estándares internacionales que vinculan la identificación y delimitación territorial con la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión. Contar con información integral permite advertir posibles traslapes y prevenir conflictos antes de adoptar decisiones sobre el ordenamiento territorial. El caso del Pueblo Barí muestra cómo las demoras en la identificación y en la atención de sus solicitudes, frente a los procesos relacionados con las Zonas de Reserva Campesina, generan incertidumbre, tensiones y afectaciones al debido proceso.

Desde la CNTI reafirmamos que la identificación territorial debe orientar una protección efectiva de nuestros derechos. La seguridad jurídica requiere que el Estado comprenda la integralidad del territorio, reconozca nuestros ordenamientos propios y proteja los vínculos que sostienen nuestra vida colectiva más allá de las áreas formalizadas.

¡Defender los territorios es defender la vida!

Sin información indígena no hay acción climática eficaz ni justa. Nuestros sistemas propios deben ser reconocidos y financiados, bajo nuestro control

Sin información indígena no hay acción climática eficaz ni justa. Nuestros sistemas propios deben ser reconocidos y financiados, bajo nuestro control

El 18 de noviembre de 2026, en la COP31 de cambio climático, en Antalya, Turquía, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) convocamos el diálogo «Datos propios, territorios seguros: Sistemas propios de información geográfica para la protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas», en el Pabellón de los Pueblos Indígenas. Nuestro propósito fue mostrar cómo la información que producimos los Pueblos Indígenas puede proteger nuestros derechos territoriales y orientar la acción climática.

Para ello, reunimos experiencias de Colombia, Brasil y Panamá y conversamos sobre las condiciones de cooperación y financiamiento necesarias para fortalecer estos sistemas. Participaron Camilo Niño Izquierdo, del pueblo Arhuaco, secretario técnico indígena de la CNTI; Inara Waty, del pueblo Sateré-Mawé, vicecoordinadora general de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB); Adriano Pérez, cacique general de Gunayala, del Congreso General Guna de Panamá, y Aurélio Vianna Jr., oficial sénior de programa de The Tenure Facility. La moderación estuvo a cargo de Patricia Suárez, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

El diálogo partió de una preocupación. Las decisiones climáticas que afectan los territorios indígenas suelen tomarse con información externa. Proyectos de carbono, medidas de adaptación, infraestructura energética y minería para la transición llegan a los territorios sin que la evidencia producida por los pueblos informe su diseño ni su seguimiento, y con frecuencia sin su consentimiento libre, previo e informado.

Frente a eso, los Pueblos Indígenas de América Latina han construido sus propios sistemas de información para documentar presiones, alertar riesgos para quienes defienden el territorio y sustentar exigencias ante las instituciones. Estos sistemas no son solo mapas. Son herramientas políticas para ejercer nuestros derechos, fortalecer nuestro gobierno propio y exigir a los Estados que cumplan sus obligaciones.

Desde la CNTI compartimos la experiencia de cruzar la información territorial de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena, con la del SIVOSPI, que registra la violencia contra nuestros pueblos. Ese cruce muestra que las disputas por el territorio y la minería están entre los principales factores asociados a la violencia contra los Pueblos Indígenas en Colombia. Por eso, monitorear el territorio es también proteger la vida de quienes lo defienden.

Sin embargo, estos sistemas enfrentan límites. Tienen financiamiento de corto plazo, su evidencia recibe poco reconocimiento institucional y los datos sensibles corren riesgos cuando la información sale de los territorios. En esa dirección, en septiembre de este año, en Bogotá, las organizaciones avanzaron en una propuesta para construir una Red Internacional de Sistemas de Información Geográfica Indígenas del Abya Yala, que permita compartir capacidades y llevar evidencia conjunta a los espacios internacionales, siempre desde las decisiones de cada pueblo.

El diálogo dejó cuatro mensajes. Los Pueblos Indígenas producimos información y conocimiento fundamentales para la defensa de nuestros territorios. Nuestros sistemas de información deben responder a las prioridades de nuestras autoridades y permanecer bajo nuestro control. Necesitamos financiamiento directo, sostenido y flexible para fortalecerlos. Y la articulación regional es una oportunidad para exigir que las decisiones climáticas reconozcan nuestras evidencias, nuestros derechos y nuestros sistemas de gobierno propio.

La información que producimos desde nuestros territorios no es solo evidencia. Es una forma de defender la vida. Por eso, la acción climática debe reconocer la autoridad de los Pueblos Indígenas sobre nuestros territorios, nuestros conocimientos y nuestra información, financiar nuestros sistemas propios y respetar nuestras decisiones sobre los datos que producimos.

 

¡Defender los territorios es defender la vida!

 

Los datos de los Pueblos Indígenas deben guiar las decisiones de biodiversidad y clima

Los datos de los Pueblos Indígenas deben guiar las decisiones de biodiversidad y clima

El 12 de noviembre de 2026, en la COP31 de cambio climático, en Antalya, Turquía, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento «Navegador Indígena. Evaluación de los impactos del cambio climático y de las medidas climáticas en las comunidades indígenas», realizado en el Pabellón de los Pueblos Indígenas. Allí, nuestro secretario técnico indígena, Camilo Niño Izquierdo, compartió la experiencia del piloto del Navegador Indígena en Colombia, junto a organizaciones indígenas de Bangladés, Camboya, Kenia y Perú.

El evento fue organizado por el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP), el Instituto Danés de Derechos Humanos, el Forest Peoples Programme, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), la Fundación Tebtebba y otras organizaciones indígenas, y buscó compartir los hallazgos de las encuestas de cambio climático del Navegador Indígena, que documentan los impactos del cambio climático y de las medidas climáticas en las comunidades indígenas, y mostrar cómo esta evidencia puede aportar a políticas climáticas basadas en derechos.

El Navegador Indígena es una herramienta para que los Pueblos Indígenas generen datos propios sobre el cumplimiento de sus derechos, bajo el principio de soberanía de datos. En la CNTI ya monitoreamos los derechos territoriales a través de nuestro Observatorio, con nuestros sistemas propios de información. Por eso vimos en el Navegador un aliado porque suma a ese monitoreo la perspectiva de las comunidades y el análisis del marco legal del país.

En Colombia aplicamos el Módulo de Biodiversidad entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, con los pueblos Arhuaco, Quillasinga, Awá y Pastos. Aunque aún no hemos aplicado el módulo de cambio climático, las lecciones de este piloto también aportan a la agenda climática.

Entre los aprendizajes que nos dejó el piloto, las comunidades vieron la importancia de producir y usar sus propios datos para decidir y defender sus derechos y sus territorios. También relacionaron los conceptos técnicos con su conocimiento propio, abrieron espacio a sus narrativas y saberes espirituales y fortalecieron sus capacidades en monitoreo comunitario. Y, sobre todo, comprobamos que el monitoreo no puede terminar con el piloto. Un año de datos muestra una foto, pero para ver cómo cambia la situación de nuestros derechos y territorios, el monitoreo debe continuar en el tiempo.

En cuanto a los hallazgos, encontramos que Colombia tiene un marco legal muy garantista, pero con grandes barreras para cumplirlo en la práctica. Las salvaguardas para los territorios son débiles, el consentimiento libre, previo e informado se aplica poco y hay barreras para acceder a la justicia. Estas mismas brechas se repiten en las medidas climáticas que llegan a nuestros territorios, como la transición energética, la extracción de minerales y los mercados de carbono.

Por eso, propusimos que las agendas de biodiversidad y clima caminen juntas, con cuatro acciones. Reconocer los datos de los sistemas comunitarios de monitoreo en los informes nacionales de biodiversidad y de clima. Fortalecer los sistemas propios de información de los pueblos con el monitoreo comunitario de derechos del Navegador, bajo el principio de soberanía de datos. Pasar de pilotos a un monitoreo permanente, con financiamiento directo a los territorios. Y respetar el consentimiento libre, previo e informado en toda medida que se adopte para cumplir los compromisos de biodiversidad y de cambio climático que afecte nuestros territorios.

Biodiversidad y clima son una misma crisis, y en las dos agendas nuestros datos pueden mostrar lo que pasa en los territorios. Como lo expresó durante el piloto Luis Javier Izquierdo, joven del pueblo Arhuaco, para los Pueblos el Navegador Indígena no es solo un cuestionario, sino una forma de cuidar su cultura desde su propia palabra. Y en esa palabra, el cuidado y el manejo de la naturaleza en los territorios es también el cuidado de los derechos colectivos.

Por eso, los datos sobre nuestros derechos deben orientar las decisiones frente a la crisis climática y de biodiversidad.

¡Defender los territorios es defender la vida!

 

 

Sin proteger a quienes cuidamos los territorios, no hay acción climática posible

Sin proteger a quienes cuidamos los territorios, no hay acción climática posible

El 11 de noviembre de 2026, en la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Antalya, Turquía, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento paralelo oficial “Cerrar la brecha: Un llamado al reconocimiento, la participación y la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales en la acción climática”. Nuestro secretario técnico indígena, Camilo Niño Izquierdo, intervino en el bloque “Voces desde la primera línea”, junto a personas defensoras de distintas regiones del mundo.

El evento fue convocado por más de quince organizaciones, entre ellas Natural Justice, la red LEAD, Global Witness, Amnistía Internacional, CIVICUS, la International Land Coalition y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y moderado por Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre personas defensoras del medio ambiente en el marco del Convenio de Aarhus. La pregunta para cada panelista fue doble. Qué hacen en sus países para avanzar en la acción climática y qué riesgos enfrentan por ese trabajo.


Frente a la primera pregunta, recordamos que los Pueblos Indígenas no cuidamos el territorio para cumplir metas climáticas, sino porque es nuestra forma de vida. Pero nuestros gobiernos propios y nuestros conocimientos ya contribuyen a enfrentar la crisis climática, aunque ese no sea su fin. En Colombia, nuestros territorios titulados y en proceso de formalización o protección, abarcan el 36 % del área del país. En ellos está el 57,89 % de los bosques, que almacenan 4,819 gigatoneladas de carbono, y el 60,89 % de las aguas superficiales del país, claves para enfrentar las sequías y las inundaciones que trae la crisis climática.

Sin embargo, ese cuidado ocurre bajo una fuerte presión. El conflicto armado, la inseguridad jurídica territorial y el extractivismo sobre nuestros territorios son factores estructurales de la violencia contra nuestros pueblos. Para hacer visible ese riesgo y exigir al Estado que actúe, en la CNTI construimos sistemas propios de información. Con Chey, el Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena, identificamos que en los territorios indígenas está el 15,10 % de la deforestación del último año en Colombia, el 9,79 % del área de explotación de hidrocarburos y el 15,44 % del área con títulos mineros vigentes.

El Sistema de Información sobre Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) muestra que esa presión tiene un costo en vidas. Cuidar el territorio no debería costarnos la vida, pero en los últimos diez años se han registrado 962 indígenas víctimas de homicidio en Colombia. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 se registraron 144, y más de una de cada tres ejercía un rol de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional.

Además, la violencia no termina en el homicidio. A ella se suman las amenazas, el desplazamiento, el confinamiento, la desaparición forzada y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Cuando se debilita a quien defiende, también se pone en riesgo lo que el territorio protege, la naturaleza.


Otras fuentes coinciden con estos hallazgos. Global Witness identifica al Cauca como el departamento de Colombia con más personas defensoras ambientales asesinadas desde 2012, indígenas y no indígenas, con 171 casos, y señala la expansión de la minería ilegal y de los cultivos de uso ilícito como motores de esa violencia.


Por eso, en esta COP hicimos tres llamados para cerrar la brecha entre reconocer a quienes defendemos los territorios y protegernos de verdad. Primero, que las decisiones climáticas reconozcan a quienes defendemos los territorios y los riesgos que enfrentamos, con medidas, presupuesto y seguimiento, porque el Acuerdo de París ya reconoce los derechos y los conocimientos de los Pueblos Indígenas, pero no a quienes los defienden. Segundo, que los Estados garanticen la seguridad jurídica y material de nuestros territorios, sin militarizarlos, porque el 80 % de las víctimas de 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica. Y tercero, que ningún proyecto de transición energética, de minería o de mercados de carbono avance en nuestros territorios sin nuestro consentimiento libre, previo e informado.

Porque una transición que vulnera nuestros derechos y deja personas defensoras asesinadas no es justa, y ningún compromiso climático es creíble sin protección real para quienes cuidamos los territorios con nuestra vida.

¡Defender los territorios es defender la vida!

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