por STI | May 30, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 28 de mayo, en el marco del Diplomado en Monitoreo de Fondos Climáticos para el Empoderamiento de las Juventudes Indígenas, se desarrolló la clase sobre monitoreo territorial para la gobernanza y la planificación indígena, un espacio de formación orientado a fortalecer las capacidades de análisis, incidencia y autonomía de las juventudes indígenas frente a las agendas climáticas y territoriales.
Esta sesión se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento impulsado en el contexto del trabajo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y de los esfuerzos por consolidar herramientas propias para el seguimiento territorial desde la visión de los pueblos.
La clase partió de una idea central: el monitoreo territorial indígena no es solamente producir datos. Es una herramienta para ejercer autonomía, fortalecer el gobierno propio, defender la vida y disputar políticamente el futuro de los territorios. Desde esta perspectiva, la sesión no se limitó a una explicación técnica sobre plataformas o sistemas de información. Se presentó como una reflexión política y organizativa sobre la experiencia de los Pueblos Indígenas en Colombia en la construcción de herramientas propias para defender sus territorios, fortalecer la gobernanza e incidir frente al Estado y en los escenarios internacionales de cambio climático y biodiversidad.
Durante la jornada se desarrolló una reflexión de fondo sobre la crisis territorial que enfrentan hoy los Pueblos Indígenas. Se insistió en que muchas decisiones sobre los territorios siguen siendo tomadas desde miradas externas, con información incompleta o desactualizada, sin reconocer que el territorio indígena no es solo geografía. Es memoria, espiritualidad, conocimiento, cultura, gobierno propio y vida. Desde ahí, el monitoreo territorial se entiende como una respuesta política frente a la fragmentación, la intervención, la concesión y la disputa de los territorios indígenas por distintos intereses económicos y estatales.
La sesión también permitió compartir la experiencia de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) en la construcción de sistemas propios de información. Se presentaron herramientas como el Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA), el Sistema de Monitoreo de Solicitudes de Formalización (SIMOSOF), el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) y el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Cada uno de estos instrumentos responde a necesidades concretas de seguimiento a compromisos del Estado, formalización territorial, violencia sociopolítica y análisis geográfico, pero todos comparten un mismo sentido: poner la información al servicio de la defensa del territorio, de la exigibilidad de derechos y de la autodeterminación.
Uno de los ejes más importantes de la clase fue mostrar que la seguridad jurídica territorial también es acción climática. No puede haber protección ambiental real si los pueblos no tienen garantizados plenamente sus territorios. Del mismo modo, no puede hablarse de gobernanza climática ni de fondos para el clima sin discutir quién produce la información, quién controla los datos, quién define los indicadores y cómo esa información fortalece —o debilita— la autonomía territorial indígena. En este sentido, el diplomado abrió una discusión clave para las juventudes indígenas: el monitoreo también requiere gobernanza de los datos, soberanía sobre la información y articulación entre monitoreo comunitario, análisis territorial e incidencia política.
La jornada concluyó reafirmando que los Pueblos Indígenas no son solamente beneficiarios de proyectos climáticos. Son autoridades territoriales con sistemas de conocimiento, gobierno y planificación propios. Por eso, fortalecer herramientas de monitoreo territorial desde las juventudes indígenas es también fortalecer la continuidad de los procesos organizativos, la memoria política y la capacidad de disputar las decisiones que hoy se toman sobre sus territorios. En este camino, el monitoreo territorial indígena se consolida no solo como una herramienta técnica, sino como una práctica de autonomía, defensa de la vida y afirmación del gobierno propio.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 27, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La comunidad indígena de Barrulia, del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán – Meta, enfrenta una situación territorial y humanitaria crítica que compromete su vida, su integridad y su pervivencia física y cultural.
La demora en la protección efectiva de su territorio ancestral ha prolongado una situación de desarraigo y vulneración de derechos que no puede seguir siendo tratada como un problema administrativo ordinario. Lo que está en juego es la garantía material del territorio como base de la vida colectiva, de la movilidad y de su pervivencia física y cultural del Pueblo Sikuani.
Tras el desalojo del predio Villa Esperanza, en junio de 2024, cerca de 591 personas quedaron en condiciones de hacinamiento en un polideportivo municipal, sin garantías mínimas de agua potable, alimentación, salud y vivienda digna. Esta situación puso en evidencia la magnitud de la emergencia humanitaria y la ausencia de una respuesta estatal adecuada, oportuna y articulada. La comunidad quedó expuesta a condiciones incompatibles con la dignidad humana, mientras su derecho al retorno seguía suspendido en medio de obstáculos materiales y decisiones ambiguas.
Aunque la Agencia Nacional de Tierras (ANT) protegió formalmente la posesión del territorio ancestral sobre los predios Cuba Libre y Campoalegre, luego de dos (2) años lograron acceder a Cuba Libre, sin embargo, aún se encuentra pendiente de recuperación jurídica del predio denominado Campo Alegre.
Las restricciones impuestas por particulares, empresas agroindustriales y la comunidad religiosa menonita han impedido el ingreso de la comunidad a su territorio. La instalación de porterías, cercas y controles ha bloqueado caminos usados ancestralmente por los Sikuani, afectando no solo el acceso físico al predio, sino también la relación integral que la comunidad mantiene con su territorio.
Estos obstáculos han impedido el tránsito de la comunidad e incluso el ingreso de autoridades estatales, profundizando el confinamiento, la inseguridad territorial y la imposibilidad de retornar en condiciones dignas. El caso revela que el derecho al territorio no puede reducirse a una formalidad registral o a la entrega nominal de un predio. La garantía territorial exige acceso real, movilidad, protección ambiental, seguridad alimentaria y condiciones que permitan restablecer la vida colectiva en el territorio ancestral.
En este contexto, el Auto 253 de 2026 de la Corte Constitucional constituye una decisión fundamental para cerrar la brecha entre el reconocimiento formal del territorio y su garantía material. La Corte ordenó a la ANT la aprehensión material del predio Cuba Libre, la remoción de los obstáculos que impiden el acceso y la construcción de un plan de acompañamiento para el retorno inmediato de la comunidad. Asimismo, estableció que dicho plan debe construirse con participación de la ANT, la UARIV y la Alcaldía de Puerto Gaitán, reafirmando que la respuesta estatal debe ser coordinada, efectiva y orientada a garantizar condiciones dignas para el retorno.
El caso de Barrulia amplía además la discusión sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. La referencia a una “servidumbre cultural” reconoce que el territorio Sikuani no se agota en el predio formalmente entregado: incluye caminos, zonas de tránsito, prácticas de caza y pesca, y lugares de importancia espiritual y cultural que hacen parte de su vida colectiva. Esta comprensión resulta decisiva, porque evidencia que la movilidad es indispensable para la salvaguarda del territorio y que impedir el tránsito ancestral constituye una forma de afectación directa a los derechos colectivos.
Barrulia es hoy un caso estratégico para exigir una respuesta estatal integral. No basta con reconocer formalmente un derecho si se mantiene bloqueado su ejercicio material. La respuesta del Estado debe garantizar la entrega efectiva del territorio, la movilidad ancestral, la protección ambiental, la seguridad alimentaria y las condiciones necesarias para la pervivencia del Pueblo Sikuani. La situación de Barrulia demuestra que garantizar el territorio es garantizar la vida, y que toda demora institucional frente a este caso prolonga una vulneración que ya ha tenido consecuencias humanitarias graves.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 26, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en las agendas internacionales de biodiversidad y cambio climático, el 26 de mayo la Secretaría Técnica Indígena de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) nos reunimos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este espacio se orientó a fortalecer las condiciones políticas, técnicas e institucionales necesarias para garantizar una participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas c en los escenarios internacionales donde se discuten decisiones que afectan directamente nuestros territorios, sistemas de vida y derechos colectivos.
La jornada permitió avanzar en la implementación del Protocolo de Relacionamiento para la participación de los Pueblos Indígenas en los escenarios internacionales de las agendas ambientales. También permitió establecer espacios para la construcción de rutas de trabajo de cara a la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Este proceso no puede entenderse como un simple mecanismo de interlocución formal. Se trata de una herramienta necesaria para garantizar que la participación indígena tenga las condiciones políticas, técnicas y financiera para que nuestra voz, conocimientos y propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta en las posiciones y decisiones nacionales e internacionales.
Reiteramos que la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en estos escenarios es una condición necesaria para garantizar decisiones justas, incluyentes y coherentes con la protección integral de los territorios. No basta con abrir espacios de presencia o representación simbólica. Es indispensable que participemos en condiciones que reconozcan nuestro carácter de sujetos colectivos de derechos, con formas propias de deliberación y prioridades políticas frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las transformaciones que hoy se impulsan desde la gobernanza ambiental global.
Nuestros sistemas de conocimiento, nuestras propuestas y nuestros sistemas de vida deben ser reconocidos como fundamentales para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Los Pueblos Indígenas no llegamos a estos escenarios como actores marginales ni como voces complementarias. Llegamos con una experiencia histórica de cuidado territorial, con sistemas de gobierno y conocimiento propios, y con propuestas construidas desde territorios que son indispensables para el cuidado del planeta. Por eso, nuestra participación debe traducirse en incidencia real sobre las decisiones, los compromisos y las rutas de implementación que se adopten.
Avanzar en estas rutas de trabajo implica también reconocer que no puede haber política internacional ambiental legítima si se construye al margen de los Pueblos Indígenas, quienes ancestralmente hemos y seguimos cuidando la vida. La participación indígena en la COP17 y en la COP31 debe contribuir a que Colombia llegue a estos escenarios con posiciones consistentes que garanticen nuestros derechos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 25, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la implementación de la Ruta Indígena del Plan de Acción de Biodiversidad 2030, el 25 de mayo de 2026 la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Secretaría Técnica Indígena de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), organizaciones y Pueblos Indígenas nos reunimos en el Auditorio Kimy Pernía de la ONIC para avanzar en las rutas de implementación de las cinco acciones concertadas de la Meta 3.
Este espacio de trabajo estuvo orientado a seguir construyendo acuerdos en torno al reconocimiento de los territorios indígenas en el reporte nacional de biodiversidad y a la protección efectiva de los territorios de especial importancia para la conectividad cultural, espiritual y ecosistémica. Se trata de un proceso de concertación construido entre el movimiento indígena y el Gobierno Nacional, que busca avanzar en la implementación de compromisos ya acordados desde un enfoque de derechos territoriales indígenas.
La jornada permitió profundizar en una discusión de fondo sobre el lugar que ocupan los territorios indígenas en la protección de la biodiversidad y en el cuidado de la vida. Desde la visión de los Pueblos Indígenas, este debate no puede reducirse a categorías administrativas ni a instrumentos de reporte técnico desconectados del territorio. Exige reconocer que los territorios indígenas han sido ancestralmente espacios de cuidado, equilibrio y sostenimiento de la biodiversidad, y que su protección efectiva depende del respeto a los derechos territoriales, la autonomía y los sistemas de conocimiento indígena.
En este camino, avanzar en la implementación de las cinco acciones concertadas de la Meta 3 implica también consolidar criterios, rutas y herramientas que permitan materializar los acuerdos en decisiones verificables. El reconocimiento de los territorios indígenas en el reporte nacional de biodiversidad, la identificación de territorios de conectividad cultural, espiritual y ecosistémica, y su efectiva protección a través de procesos de formalización, restitución y adecuaciones institucionales y normativas, son pasos necesarios para que el país incorpore de manera real la contribución de los Pueblos Indígenas a la conservación y al cuidado de la vida.
Ese reconocimiento no puede ser solo declarativo. Debe traducirse en derechos territoriales efectivos, autonomía real y participación plena de los Pueblos Indígenas en las decisiones que nos afectan.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 22, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco del 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, reafirmamos que la naturaleza no se protege sin Pueblos Indígenas, y que los Pueblos Indígenas no pervivimos sin territorio. Para nosotros, la biodiversidad no es una categoría externa ni un asunto separado de la vida. Es la Madre Tierra y todo lo que habita, vive, crece y muere en ella. Somos territorio, somos vida.
Desde nuestra visión, cada ser tiene un lugar, un espíritu y una función en el equilibrio del mundo. Por eso no hablamos únicamente de conservar. Hablamos de cuidar y defender la vida. No existe una separación entre el ser humano y la naturaleza. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu, y el cuidado se expresa en el respeto, la armonía, la reciprocidad, la prevención y la sanación.
Los Pueblos Indígenas albergamos gran parte de la biodiversidad mundial en apenas el 22 % de la Tierra. En Colombia, nuestros resguardos protegen la mitad de los bosques del país. También protegemos mares, páramos, humedales, lagunas, sabanas, selvas, montañas y ríos. Estos territorios no son espacios vacíos ni disponibles para el despojo. Son territorios vivos donde se sostienen nuestros sistemas de conocimiento, nuestra espiritualidad y prácticas ancestrales.
No habrá conservación ni desarrollo sostenible si persiste la imposición de formas de pensamiento, de desarrollo y de despojo físico y cultural sobre nuestros pueblos y territorios. Nuestra lucha es por la vida. Los sistemas de conocimiento propio, la espiritualidad y las prácticas ancestrales sostienen la vida y siguen siendo fundamentales para el equilibrio ecológico y la continuidad de los pueblos.
Proteger la naturaleza también significa proteger nuestros territorios y respetar la autonomía como pueblos. Defender la naturaleza es defender nuestra existencia. No es posible hablar de biodiversidad sin reconocer los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, ni sin garantizar las condiciones condiciones materiales, jurídicas y políticas para nuestra permanencia y pervivencia.
Sin Pueblos Indígenas no hay conservación posible, porque no existe protección real de la biodiversidad donde se desconocen los territorios, se rompe la autonomía y se debilitan los sistemas de conocimiento que han sostenido el equilibrio de la vida ancestralmente. Sin territorio no hay vida. Sin Pueblos Indígenas no hay futuro para la naturaleza.
¡Defender los territorios es defender la vida!
