El 29 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el evento «Del riesgo a la acción: implementar el Marco Mundial de Biodiversidad desde un enfoque de seguridad de la naturaleza», realizado en el Pabellón del Reino Unido en Ereván, Armenia. Ante ministros y delegaciones de gobierno, organismos internacionales, instituciones financieras e investigadores, llevamos un mensaje claro. Los Pueblos Indígenas ya producimos datos que alertan sobre los riesgos en nuestros territorios, y para reducir esos riesgos, esos datos deben convertirse en decisiones con el Estado.
El evento, organizado por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra), buscó ir más allá del diagnóstico para mostrar cómo los países pueden incorporar los riesgos relacionados con la naturaleza en sus decisiones, en sus sistemas de alerta temprana, en el financiamiento y en contextos afectados por conflictos. Nuestra intervención hizo parte del bloque sobre alertas tempranas, centrado en cómo combinar múltiples señales, como las ambientales, económicas o relacionadas con conflictos, con el conocimiento de los Pueblos Indígenas para crear sistemas que permitan actuar antes de que surjan las crisis.
Nuestra respuesta partió de un hecho. Las señales ya están ahí, y los Pueblos Indígenas ya contamos con sistemas propios para registrarlas. Chey, el Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena de la CNTI, reúne más de 120 capas de información sobre ecosistemas, especies, deforestación, minería y frontera agrícola, tanto en los territorios titulados como en las tierras que los pueblos han usado y ocupado por generaciones, y que muchas veces los datos oficiales no ven. Con esa información es posible anticipar dónde un nuevo proyecto puede abrir el próximo foco de deforestación, antes de que ocurra.
A ello se suma el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), que muestra quién está en riesgo y por qué. Entre enero de 2025 y agosto de 2026 registró 144 indígenas víctimas de homicidio. Más de una de cada tres víctimas era líder, autoridad, integrante de la guardia indígena o médico tradicional, y el 80 % de las víctimas de 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica. Cuando se asesina a una autoridad, se debilita el gobierno propio que protege el territorio. Por eso, la inseguridad jurídica de la tierra es un indicador claro de riesgo.
Primero llega la presión sobre la tierra, luego las amenazas y el desplazamiento, después los ataques a quienes defienden. Si no se actúa a tiempo, las comunidades pueden terminar sin poder ejercer su gobierno propio y despojadas de su territorio, y con ellas se pierde también la naturaleza que cuidan.
Según Chey, hoy el 15,44 % del área con títulos mineros vigentes, el 9,79 % del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10 % de la deforestación del último año en el país están en territorios indígenas. Muchas de estas presiones provienen de economías legales, como la ganadería y la agroindustria, vinculadas a mercados globales, por lo que gestionar el riesgo también implica mirar las cadenas de suministro.
Pero los datos solos no reducen el riesgo. Las decisiones sí. La brecha está en el puente entre las señales de alerta y quienes tienen el mandato y los recursos para actuar. En Colombia, ese puente es la CNTI, creada por el Decreto 1397 de 1996 como espacio de concertación entre el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas sobre los derechos territoriales. Allí llevamos nuestros datos y conocimientos, dialogamos con el Estado y concertamos políticas y normas para proteger los territorios. Por eso, la alerta temprana no es solo un asunto de datos, sino también de decisiones.
Actuar a tiempo cuesta menos que reparar. Cuando un bosque se pierde, no vuelve. Donde los territorios indígenas cuentan con título de propiedad colectiva, los bosques están mejor protegidos, pero hoy siguen sin resolver 1.650 solicitudes de los Pueblos Indígenas para que el Estado reconozca, titule y proteja sus territorios. Asegurar los derechos territoriales es una de las formas más eficaces de acción anticipatoria.
Lo que ocurre en los territorios indígenas importa a todos. Ecosistemas como la Amazonía sostienen el agua, las lluvias y la estabilidad del clima de regiones enteras y del planeta. Por eso propusimos a los países tres acciones conjuntas. Primero, reconocer los datos y conocimientos de los Pueblos Indígenas como evidencia para la toma de decisiones. Segundo, construir puentes para que las alertas lleven a la acción, con los Pueblos Indígenas en la mesa. Y tercero, asegurar los territorios indígenas como una de las mejores inversiones en prevención.
Proteger los territorios indígenas no es solo un asunto de derechos. Es una inversión en seguridad y una responsabilidad compartida, que exige reconocer a los Pueblos Indígenas como titulares de derechos y de conocimientos, no como un actor interesado más.
El 27 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en la Jornada para Acelerar la Implementación de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (NBSAP Acceleration Day), realizada en Ereván, Armenia, en el Pabellón del Marco Mundial de Biodiversidad. Allí compartimos nuestra experiencia en la actualización de la NBSAP de Colombia, y llevamos un mensaje claro a los países. Acelerar la implementación de las estrategias de biodiversidad es cumplir lo concertado con los Pueblos Indígenas, con garantías reales para hacerlo y con un enfoque de derechos.
La jornada fue organizada por la NBSAP Accelerator Partnership y GIZ. Nuestra intervención hizo parte del bloque de transformación sistémica, dedicado a las narrativas indígenas que transforman la forma en que la sociedad entiende la naturaleza y el territorio, y se complementó con un diálogo con Mahlodi Tau, del Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica (SANBI), moderado por Tamar Gzirishvili.
En esta COP se presenta la primera revisión mundial de avances del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y la pregunta de la jornada era cómo acelerar su implementación. Desde la experiencia de Colombia, compartimos cómo participamos los Pueblos Indígenas en la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, la NBSAP del país, a partir de tres elementos: un diálogo político con el Estado, estrategias pedagógicas y de comunicación que llevaron el proceso a los territorios, e información propia que dio sustento a nuestras apuestas.
En ese proceso, los Pueblos Indígenas abrimos un diálogo político con el Gobierno, de gobierno a gobierno, y tras meses de trabajo concertamos 47 acciones para 10 metas del Marco Mundial de Biodiversidad. Esas acciones quedaron en el Plan, que Colombia presentó en la COP16. No son recomendaciones, sino compromisos concertados entre los pueblos y el Estado, que este debe cumplir.
Desde la CNTI nos enfocamos en la Meta 3 y la Meta 22, porque se vinculan directamente con nuestros territorios y derechos. En la Meta 3 concertamos cinco apuestas: la protección plena y efectiva de los territorios indígenas; su identificación; la titulación colectiva y la seguridad en la tenencia de los territorios importantes para la conectividad cultural, espiritual y ecosistémica; la restitución de los derechos territoriales en esos territorios y de los vínculos de nuestros pueblos con sus territorios; y las adecuaciones institucionales y normativas necesarias para hacer posible la Meta 3 desde un enfoque de derechos. En la Meta 22 acordamos una ruta para monitorear y reportar el indicador 22.1, sobre el cambio en el uso y la tenencia de la tierra en los territorios indígenas, en concertación con nuestros pueblos y sus sistemas de información.
Estas acciones no se lograron solo con pedirlas. Con la información de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena, le mostramos al Gobierno lo que significan nuestros territorios para el país, y esos datos fueron argumentos para que el Estado reconociera lo que nuestros territorios aportan y la deuda que tiene con ellos. Hoy, nuestros análisis muestran que los territorios indígenas abarcan cerca de 41 millones de hectáreas, alrededor de una tercera parte del territorio continental. Allí está el 58 % de los bosques y el 61 % de las aguas superficiales, y el 91 % de sus ecosistemas se encuentra en estado natural. Además, según datos del SiB Colombia, en los resguardos se han registrado 21.544 especies, una de cada cuatro especies registradas en el país. Chey también puede ser una herramienta para implementar lo concertado, así como para aportar al reporte del indicador 22.1.
Pero los datos solos no bastan. Una acción concertada no se implementa si las comunidades no la conocen. Por eso desarrollamos estrategias pedagógicas, de incidencia y de comunicación para explicar en los territorios, en un lenguaje cercano, qué es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, qué es la Conferencia de las Partes y qué concertamos en la NBSAP, en especial en la Meta 3. Nuestra Radio Ka’tikunsi, «la voz de los territorios», fue central en ese trabajo, en alianza con radios indígenas de todo el país.
Y no solo llevamos información a los territorios, también llevamos su voz a la COP. Camino a la COP16, la Chiva Ka’tikunsi, una emisora móvil, recorrió ocho territorios indígenas y recogió nuestras narrativas sobre nuestros conocimientos, la forma en que cuidamos la vida y nuestras realidades. Así, la NBSAP y las decisiones que se negocian en estos escenarios no se quedan en un documento. Llegan a los territorios, y los territorios llegan a las decisiones.
De esta experiencia compartimos aprendizajes para dos momentos. Para los países que aún construyen o actualizan su estrategia, abrir un diálogo político con los Pueblos Indígenas desde el diseño, y no solo cuando ya está escrita, y construirla desde las realidades de los territorios, con participación plena y efectiva y reconociéndonos como autoridades y titulares de derechos. Y para acelerar la implementación de las estrategias ya construidas, que los Estados cumplan lo que concertaron con los Pueblos Indígenas y garanticen las condiciones políticas, institucionales y financieras para hacerlo, y que reconozcan nuestros sistemas propios de información como válidos para el seguimiento, los reportes nacionales y la revisión mundial del Marco. Sabemos que los recursos son limitados, pero muchas de estas acciones, como titular, restituir o consultar, son obligaciones de derechos que dependen más de voluntad política que de dinero. Y para lo que sí requiere recursos, el Marco ya comprometió a los países que financian y a fondos como el Fondo Cali y el GBFF. Lo que pedimos es que esos recursos lleguen directamente a quienes cuidamos los territorios.
Logramos que nuestras apuestas quedaran en la NBSAP de Colombia. Ahora el reto es que se cumplan. Pero acelerar no puede significar avanzar a cualquier costo. Si la prisa por cumplir las metas lleva a imponer decisiones, figuras o proyectos sobre nuestros territorios sin nuestro consentimiento, las afectaciones serán mayores. Acelerar debe hacerse con enfoque de derechos, respetando nuestros conocimientos, nuestra autonomía y el consentimiento libre, previo e informado, y reconociéndonos como sujetos colectivos de derechos. Nuestros territorios ya contribuyen a la conservación, aunque ese no sea su fin. Por eso, reconocerlos y protegerlos es también acelerar el cumplimiento de las estrategias nacionales de biodiversidad.
En el marco del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Ciudad de Panamá, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos junto con la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) en el diálogo “La libre determinación y las autonomías indígenas en el continente: a cinco años del informe de la CIDH”.
Este espacio contó con la participación de Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, y Heber Tegría Uncaría, secretario técnico indígena de la MPC. La participación conjunta expresa la importancia de articular la defensa de los derechos territoriales con la participación política, la concertación y el fortalecimiento de los gobiernos propios de los Pueblos Indígenas.
Durante el diálogo alertamos sobre los riesgos de regresividad en la garantía del derecho fundamental a la consulta previa en Colombia. Expresamos nuestra preocupación por medidas administrativas e iniciativas normativas que pueden debilitar su alcance y subordinar la participación de los Pueblos Indígenas a las prioridades de ejecución de proyectos.
Entre los asuntos planteados estuvieron la Directiva Presidencial 06 de 2026, que establece lineamientos sobre los procedimientos de consulta previa, y el Proyecto de Ley 218 de 2026 Senado, orientado a regular su proceso administrativo, y al proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre licenciamiento ambiental. Frente a estas iniciativas, insistimos en preservar las garantías de este derecho, respetar nuestras instituciones y procedimientos propios, y evitar que el avance de la evaluación ambiental condicione el diálogo y limite la incidencia efectiva de nuestros pueblos.
Para nuestras instancias de diálogo y concertación, esta articulación es necesaria e inaplazable. La seguridad jurídica de los territorios, el reconocimiento de nuestras autoridades y la capacidad de decidir sobre los asuntos que afectan nuestra vida colectiva están estrechamente relacionados. Abordarlos conjuntamente permite sostener una interlocución más integral ante el Sistema Interamericano y fortalecer la exigibilidad de nuestros derechos frente al Estado colombiano.
El diálogo toma como referencia el informe Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado por la CIDH el 28 de diciembre de 2021. Este documento recoge estándares internacionales, experiencias de autonomía y obstáculos que enfrentan los pueblos para ejercer sus derechos. También plantea recomendaciones a los Estados para avanzar en su garantía efectiva.
Desde nuestra perspectiva, la libre determinación se expresa en la posibilidad de mantener y fortalecer nuestras instituciones, elegir nuestras autoridades, ejercer el derecho propio y orientar nuestros planes de vida. Su fundamento está en nuestras historias, conocimientos y formas de relación con el territorio. Su ejercicio requiere que el Estado respete esas decisiones y garantice las condiciones para hacerlas efectivas.
El territorio sostiene esa autonomía. En él se encuentran nuestras fuentes de alimentación, las aguas, los lugares sagrados y los espacios donde transmitimos los conocimientos entre generaciones. Allí se desarrollan las relaciones comunitarias y espirituales que hacen posible nuestra pervivencia. Por eso, la protección territorial debe responder a la integridad con la que cada Pueblo comprende, habita y gobierna su espacio ancestral.
La fragmentación de los territorios, las demoras en su reconocimiento y las afectaciones sobre los espacios de vida comprometen también la capacidad de nuestros gobiernos para ejercer sus funciones. Garantizar los derechos territoriales exige avanzar en su protección, formalización y restitución, con procedimientos adecuados y respuestas institucionales oportunas.
A su vez, el reconocimiento de las autonomías debe traducirse en respeto por nuestras instituciones representativas, recursos para su funcionamiento y participación efectiva en las decisiones públicas. La consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado deben garantizarse conforme a los estándares internacionales, con respeto por nuestras autoridades, tiempos y procedimientos de decisión.
El balance alrededor de los cinco años del informe plantea una tarea concreta: examinar cómo sus recomendaciones se han traducido en garantías para los pueblos. Esto implica revisar los avances y las barreras que persisten en el reconocimiento territorial, el ejercicio del gobierno propio y la protección de quienes defienden los derechos colectivos. Cada proceso de autonomía debe ser comprendido desde la historia y las decisiones del Pueblo que lo construye.
Desde la CNTI consideramos que la participación conjunta con la MPC aporta a ese propósito. Articular nuestras experiencias y responsabilidades permite relacionar las demandas territoriales con las condiciones políticas e institucionales necesarias para ejercer la libre determinación. También fortalece el seguimiento a las obligaciones estatales y la construcción de propuestas desde los pueblos y sus organizaciones.
Nuestra participación en este diálogo continental parte de esa relación: defender los territorios supone garantizar que los Pueblos Indígenas podamos decidir sobre su presente y su futuro. La autonomía requiere territorios protegidos, autoridades respetadas y decisiones propias con garantías para su cumplimiento.
El 26 de octubre de 2026, en el marco de la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia, desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en el diálogo “Where Land and Water Meet: Who Decides?” (“Donde la tierra y el agua se encuentran: ¿quién decide?”), en el Pabellón del Océano de la Zona Azul. Frente a esa pregunta, nuestra respuesta fue clara. Deben decidir los Pueblos Indígenas, a través de sus autoridades, sobre sus territorios, incluidas sus tierras y sus aguas. Y los Estados deben reconocerlos y protegerlos de manera integral.
Participamos por invitación de Tenure Facility y Turning Tides, en una conversación sobre la relación entre las tierras, las aguas y las decisiones que definen su futuro, y sobre cómo el financiamiento puede responder mejor a nuestras prioridades como Pueblos Indígenas, que gobernamos y cuidamos nuestros territorios.
Nuestra apuesta en este espacio era mostrar que, para nuestros pueblos, la tierra y el agua no se separan, y advertir que cuando la ley y los proyectos dividen el territorio, también dividen nuestras decisiones y debilitan nuestros derechos. Como se planteó en el diálogo, todo territorio tiene dos mapas. Uno es el que gobiernan y cuidan los Pueblos Indígenas, y el otro, el que dibujan las instituciones y el financiamiento. Desde la CNTI, donde hacemos seguimiento a la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, vemos a diario lo que ocurre cuando esos dos mapas no coinciden. Hay territorios titulados sin sus aguas, decisiones que se toman sin nuestras autoridades y proyectos que dividen lo que cuidamos como un todo.
Esa diferencia tiene un peso enorme en Colombia, porque buena parte del agua y de los ecosistemas del país está en territorios indígenas. Según los análisis de la CNTI, los territorios indígenas de Colombia abarcan unos 41 millones de hectáreas, cerca de una tercera parte del país. Allí se encuentra el 61 % de las aguas superficiales, el 64 % de las playas, el 58 % de los bosques y el 54 % de los glaciares. Son ecosistemas donde el agua nace, se guarda y baja hacia los ríos y el mar.
Para explicar ese primer mapa, compartimos el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, su territorio se define por la Línea Negra, una red de 348 sitios sagrados que une lagunas, nacimientos de agua, ríos y playas, donde los Mamus, autoridades espirituales, realizan ofrendas para mantener el equilibrio entre la montaña y el mar. Allí lo que pasa arriba se siente abajo. Si se seca un nacimiento, sufre el río; si se contamina el río, sufre el mar. Por eso sus autoridades deciden sobre todo el territorio desde sus formas de gobierno, las cuales orientan las decisiones sobre dónde sembrar, qué espacios preservar y cómo cuidar cada sitio.
El segundo mapa lo dibujan las instituciones del Estado a través de sus leyes. Desde un enfoque de derechos humanos, los Estados deben garantizar el territorio de manera integral, y no solo la propiedad, sino también el uso y el acceso a la tierra, al agua y a los demás espacios de la naturaleza. Pero en Colombia, como en muchos países, la ley hizo lo contrario. Separó el territorio en tierra y agua, en lo público y lo privado, y muchas veces esa separación terminó en despojo.
Como ejemplo, expusimos que en Colombia hay cerca de 35 millones de hectáreas tituladas como resguardos, pero esos títulos dejan por fuera ríos, lagos, humedales, glaciares y playas, bajo el argumento de que son bienes de uso público. Se nos reconoce la tierra hasta la orilla del agua, pero no el río ni el mar. Como si un territorio indígena pudiera existir sin sus aguas. Esta separación fragmenta el reconocimiento territorial y debilita las garantías para ejercer nuestros derechos sobre el conjunto de los espacios que habitamos y cuidamos.
Advertimos que el financiamiento muchas veces reproduce esa fragmentación. Un proyecto para el bosque, otro para el agua y otro para la pesca, cada uno con sus tiempos, indicadores e intermediarios. Esa organización sectorial termina imponiendo a nuestros pueblos las prioridades de los proyectos y desconociendo las relaciones que sostienen nuestras formas ancestrales de gobierno y cuidado.
Por eso, a la pregunta de quién decide, respondimos que hoy decide quien dibuja el segundo mapa, cuando debería decidir quién gobierna y cuida el primero. Y esto importa en esta COP y se relaciona con la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que busca conservar y gestionar eficazmente para 2030 al menos el 30 % de las zonas terrestres y de aguas continentales, y de las zonas marinas y costeras, reconociendo y respetando los derechos y territorios de los Pueblos Indígenas. Es una meta que une la tierra y el agua, y no puede cumplirse si a los pueblos se nos reconoce la tierra, pero no el agua.
Las cifras de financiamiento muestran por qué es urgente transformar estos mecanismos. Según Rainforest Foundation Norway, entre 2011 y 2020 el apoyo a la tenencia y al manejo forestal de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales fue menos del 1 % de la ayuda climática internacional, y solo el 17 % de esos recursos se destinó a proyectos que nombraban a una organización indígena o comunitaria. El Forest Tenure Funders Group reportó que la proporción de recursos entregados directamente a estas organizaciones pasó del 2,9 % en 2021 al 7,2 % en 2025, dentro del financiamiento informado por sus miembros. Es un avance, pero sigue siendo insuficiente.
Por tal razón, les solicitamos a quienes financian ampliar el financiamiento directo, flexible, predecible y de largo plazo para los Pueblos Indígenas, para fortalecer la seguridad jurídica de nuestros territorios y para que podamos gobernar el territorio completo, tierra y agua, y no por sectores o ecosistemas. Nuestras autoridades propias deben orientar las prioridades de ese financiamiento de acuerdo con sus procesos y necesidades.
En términos concretos, esto significa crear mecanismos y abrir ventanillas de acceso directo en fondos como el Fondo Cali y el Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad (GBFF), adecuar los requisitos a las realidades de nuestros pueblos y apoyar las capacidades para administrar los recursos y rendir cuentas, y fortalecer los fondos indígenas y territoriales como complemento del acceso directo y no como su sustituto. Estos mecanismos deben contribuir a ampliar el apoyo a los procesos propios y respetar las decisiones de nuestras autoridades.
Nuestros territorios ya contribuyen a la conservación, aunque ese no sea su fin. Solo en los resguardos se han registrado más de 21.500 especies, una de cada cuatro especies registradas en Colombia, según datos del SiB Colombia analizados a través de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Este aporte no condiciona el reconocimiento de nuestros derechos ancestrales, históricos y colectivos, que los Estados están obligados a garantizar.
La pregunta, entonces, no es si los Pueblos Indígenas podemos gobernar nuestros territorios. Ya lo hacemos. La pregunta es si los Estados y quienes financian están dispuestos a respetarlo y protegerlo. Por eso cerramos con un llamado a cada financiador presente. Su próximo proyecto, ¿va a fragmentar el territorio o va a aportar a su reconocimiento y su protección integral?
Entre el 5 y el 10 de octubre desarrollamos jornadas pedagógicas en las comunidades de Nabusimake, Jewrwa y Simonorwa, en el Resguardo Arhuaco de la Sierra, ubicado en la Sierra Nevada de Gonawindua, con la participación de autoridades indígenas e integrantes de estas comunidades. Los encuentros estuvieron orientados a fortalecer el conocimiento sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y las herramientas existentes para su protección y exigibilidad.
Desde la CNTI entendemos la pedagogía territorial como un proceso que pone en diálogo las herramientas jurídicas con la memoria, la experiencia y los conocimientos propios. Conocer los derechos no significa únicamente identificar normas o procedimientos; también implica comprender los procesos históricos y ancestrales que han permitido su reconocimiento y su relación con las formas en que los pueblos habitamos, cuidamos y defendemos los territorios.
Durante las jornadas abordamos el marco normativo de los procedimientos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, así como algunos de los principales hitos históricos y jurídicos relacionados con el reconocimiento y la protección territorial. A través de mapas, líneas de tiempo y ejercicios pedagógicos reconstruimos parte del proceso histórico de formalización del Resguardo Arhuaco de la Sierra y analizamos las garantías existentes para la defensa de sus derechos territoriales.
Estos ejercicios permitieron acercar la información de los derechos territoriales a las experiencias concretas de las comunidades. Los mapas y las líneas de tiempo se convirtieron en herramientas para conversar sobre la historia territorial, identificar los procesos mediante los cuales el territorio ha sido protegido, y fortalecer la comprensión colectiva sobre los mecanismos disponibles para exigir su garantía.
También desarrollamos actividades con las comunidades alrededor de conceptos como territorio, resguardo, propiedad colectiva y derechos fundamentales. Vincular estos contenidos con la historia de su propio pueblo permitió fortalecer la transmisión intergeneracional de conocimientos y reconocer que la memoria territorial también se construye y se mantiene de generación en generación.
Para nosotros, los derechos territoriales protegen las condiciones que permiten a los pueblos permanecer en sus territorios, ejercer su autonomía y mantener las relaciones territoriales, culturales, colectivas y espirituales que sostienen su vida.
En la Sierra Nevada de Gonawindua, hablar de defensa territorial también implica reconocer que el territorio articula memoria, vida comunitaria, cultura y espiritualidad. Por eso, los procesos de formalización y de seguridad jurídica adquieren sentido cuando contribuyen a proteger esas relaciones y a asegurar la continuidad de los vínculos y relaciones que los pueblos mantienen con sus territorios.
La seguridad jurídica y material de los territorios es, entonces, una condición para el ejercicio de otros derechos colectivos. Defender el territorio significa proteger las posibilidades de permanecer, gobernar, transmitir conocimientos, fortalecer la identidad y sostener las relaciones que hacen posible la pervivencia física y cultural de los pueblos.
Desde la CNTI continuamos impulsando procesos de pedagogía propia y territorial que permitan conocer, ejercer y exigir nuestros derechos desde las realidades de cada pueblo. El conocimiento jurídico, la memoria histórica y el diálogo comunitario son herramientas que fortalecen la autonomía y la defensa territorial.
