por STI | Sep 2, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos los asesinatos, amenazas, reclutamiento forzado de NNA, masacres, hostigamientos y desplazamientos forzados que continúan afectando a autoridades, lideresas, líderes indígenas, y campesino sen distintas regiones del país. Ellas y ellos han dedicado su vida a defender derechos colectivos, proteger los territorios, acompañar a los pueblos y comunidades y construir alternativas de paz, y dados los constantes hecho de violencia en su contra, han visto amenazado su ejercicio de defensa de la vida a causa de la amenaza permanente de perderla.
La violencia contra quienes defendemos los territorios persiste y sus consecuencias trascienden a las víctimas individuales, es el tejido colectivo y la pervivencia física y cultural la que se pone en juego con cada hecho victimizante. Toda agresión afecta a una familia, debilita procesos colectivos, golpea las estructuras de gobierno propio y altera las formas de organización propia, mediante las cuales los pueblos y comunidades sostenemos la vida en los territorios. Cuando una autoridad, un liderazgo o una persona defensora es amenazada, desplazada o asesinada, también se intenta silenciar la voz colectiva y fracturar los procesos que esa persona acompaña.
Estos hechos no pueden seguir siendo interpretados y atendidos por el Estado como episodios aislados. Los pueblos, comunidades y los liderazgos que les sostienen históricamente han advertido reiteradamente sobre amenazas, presencia de actores armados y situaciones de riesgo permanentes. Las alertas existen y los riesgos han sido comunicados. La falta de respuestas oportunas frente a esas denuncias profundiza la vulnerabilidad de quienes permanecemos en los territorios y evidencia las limitaciones de una política de protección estatal que con demasiada frecuencia reacciona después de que las agresiones ya ocurrieron, y sin tener en cuenta los sistemas propios de protección de los pueblos y las comunidades
La dimensión de esta violencia también puede observarse en nuestros propios registros. De acuerdo con el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), entre 2016 y el 1 de septiembre de 2026 fue registrado un total de 945 víctimas indígenas de homicidio, correspondientes a 762 casos. Esta cifra no puede reducirse a un dato acumulado: detrás de cada víctima hay una familia, una comunidad, un territorio y procesos organizativos que pierden una voz, una experiencia, un conocimiento, un relevo generacional y un liderazgo.
Defender el territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo. Quienes denunciamos violencias, acompañamos a los pueblos y comunidades, exigimos garantías territoriales y proponemos alternativas de paz continuamos expuestos a graves amenazas. No podemos aceptar que ejercer un liderazgo social, defender derechos o proteger el territorio implique poner en riesgo la vida.
Esta situación exige revisar el alcance de las medidas de protección lideradas por el Estado. Las respuestas no pueden limitarse a esquemas individuales ni ser activadas únicamente después de una amenaza o de un asesinato. La protección debe reconocer que los riesgos tienen una dimensión colectiva y territorial: afectan autoridades, comunidades, procesos organizativos y formas propias de gobierno. Por ello, las medidas deben construirse con los pueblos, responder a las condiciones concretas de cada territorio y articular prevención, protección y garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos, de acuerdo a la orientación de nuestras autoridades, el Derecho Mayor y la Ley de Origen de cada pueblo indígena.
Exigimos una protección inmediata, efectiva y concertada con los pueblos y comunidades; atención oportuna a las alertas y situaciones de riesgo; investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a sus responsables; medidas de prevención integrales desde el enfoque de derechos y diferencial, así como garantías de no repetición; y la garantía plena de nuestros derechos territoriales, la materialización de la autonomía y de nuestro Gobierno Propio.
La construcción de paz tampoco puede separarse de la protección de quienes la hacen posible en los territorios. Hemos insistido en el diálogo, en la defensa de la vida y en soluciones que permitan superar la violencia. Esa disposición no significa aceptar que nuestras autoridades, liderazgos y comunidades sigan pagando con sus vidas las consecuencias de conflictos que no hemos provocado. Nuestra participación en la construcción de paz requiere garantías para permanecer en los territorios, ejercer gobierno propio y defender nuestros derechos sin amenazas.
La persistencia de asesinatos, señalamientos, amenazas y desplazamientos pone en riesgo la continuidad de los procesos organizativos y nuestra pervivencia física y cultural. Por eso, la responsabilidad del Estado no termina en reaccionar ante cada nuevo hecho. Debe garantizar condiciones para que los Pueblos Indígenas, sujetos de especial protección constitucional reforzada podamos ejercer nuestros derechos y proteger nuestros territorios sin que hacerlo implique exponernos a la muerte.
No podemos normalizar esta realidad. Cada asesinato exige verdad y justicia, pero también decisiones capaces de impedir que exista una próxima víctima. Defender los derechos no puede convertirse en una sentencia de muerte.
¡Basta ya de amenazas, señalamientos y asesinatos!
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Sep 1, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos y condenamos categóricamente los asesinatos de María Ovidia Palechor, mujer Yanakuna, lideresa y defensora de los derechos humanos, y de James Flor, reconocido líder campesino y representante de las víctimas.
María Ovidia dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, del territorio y a la construcción de paz. Se desempeñó como coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y venía acompañando las iniciativas comunitarias de paz del corregimiento de La Pedregosa, así como las denuncias y reclamaciones relacionadas con la masacre ocurrida en El Túnel, Cajibío, el pasado 25 de abril de 2026.
James Flor fue un reconocido líder campesino y representante de las víctimas, cuyo trabajo estuvo ligado a la defensa de sus derechos y a la reivindicación de las comunidades campesinas.
Sus asesinatos no son hechos aislados.
De acuerdo con nuestro Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), entre 2016 y el 1 de septiembre de 2026 se han registrado 762 casos de homicidio que han dejado 945 víctimas indígenas. Son cifras que evidencian la persistencia de una violencia que continúa afectando de manera directa a nuestros pueblos y territorios.
945 víctimas no son solamente un dato. Detrás de cada persona asesinada hay una familia, una comunidad, una historia y, en muchos casos, procesos organizativos, políticos y territoriales que también son golpeados por la violencia.
María Ovidia, James y otros liderazgos habían advertido reiteradamente sobre las amenazas, la presencia y el amedrentamiento de actores armados y el grave riesgo que enfrentaban las comunidades. Habían solicitado respuestas y medidas de protección urgentes al Estado. Hoy debemos volver a preguntarnos por qué las alertas de quienes habitan, conocen y defienden los territorios siguen sin traducirse oportunamente en garantías efectivas para proteger sus vidas.
Durante décadas, los Pueblos Indígenas hemos denunciado una violencia atravesada por el racismo estructural, la persecución, la estigmatización y distintas formas de exterminio físico y cultural. Una violencia que busca silenciar liderazgos, fracturar procesos organizativos, debilitar el Gobierno Propio, generar miedo y afectar nuestra permanencia y pervivencia en los territorios.
A casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, seguimos preguntándonos cuáles son las garantías reales para quienes construyen paz desde los territorios. La persistencia de los homicidios, las amenazas y otras formas de violencia demuestra que la paz no puede medirse únicamente por la existencia de un acuerdo, sino por las garantías concretas para vivir, permanecer en los territorios y ejercer nuestros derechos sin poner en riesgo la vida.
No es admisible que las comunidades denuncien amenazas, soliciten protección y que nuevamente la respuesta llegue después de los asesinatos. La prevención no puede comenzar cuando ya hemos perdido otra vida.
Cada autoridad, lideresa, líder, comunero, comunera, mayor o mayora que es asesinado representa una pérdida que trasciende lo individual. Se ataca una familia, una comunidad, una memoria, un proceso político y organizativo y una forma colectiva de defender la vida y los territorios.
Por eso insistimos: defender los derechos humanos, acompañar a las víctimas, ejercer el Gobierno Propio, construir paz y proteger nuestros territorios no puede seguir significando poner en riesgo la vida.
La deuda histórica con los Pueblos Indígenas continúa. A ella se suman los incumplimientos de compromisos adquiridos por el Estado, las dificultades para garantizar respuestas institucionales oportunas y efectivas en los territorios y la persistencia de condiciones que siguen generando revictimización y poniendo en riesgo nuestra pervivencia física y cultural.
Desde la CNTI exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes adoptar medidas inmediatas, eficaces, integrales y concertadas para garantizar la vida y la integridad de las lideresas, los líderes y las comunidades del Territorio de Paz de La Pedregosa, así como de los Pueblos Indígenas que enfrentan situaciones de riesgo en diferentes regiones del país.
Exigimos también que estos asesinatos sean investigados con celeridad, que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables materiales e intelectuales; que las alertas emitidas desde los territorios sean atendidas de manera oportuna; y que se garanticen medidas reales de prevención, protección y no repetición.
Proteger la vida de nuestros liderazgos implica también garantizar nuestros derechos territoriales, fortalecer el Gobierno Propio y avanzar en la seguridad jurídica de los territorios, porque allí se sostienen nuestra autonomía, nuestros sistemas de conocimiento, nuestra memoria y nuestra pervivencia física y cultural.
Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de María Ovidia Palechor y James Flor, al Pueblo Yanakuna, a las comunidades de La Pedregosa, al CRIC, a las organizaciones campesinas y a todas las personas y procesos que caminaron junto a ellos en la defensa de los derechos y la construcción de paz.
945 víctimas no pueden convertirse en una cifra más.
¡Basta ya de amenazas, señalamientos y asesinatos contra quienes defienden la vida y los territorios!
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
Defender los territorios es defender la vida.
por STI | Ago 28, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 27 de agosto de 2026 conmemoramos en Bogotá 30 años de los espacios nacionales de diálogo y concertación de los Pueblos Indígenas de Colombia: la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPPII). La jornada reunió a autoridades, mayores y mayoras, delegados y delegadas, organizaciones indígenas, representantes del Estado, organismos de control, sectores de la academia y aliados estratégicos del movimiento indígena.
Estos escenarios nacieron de la movilización de nuestros pueblos. En 1996, luego de la toma de la Conferencia Episcopal de Colombia y de un amplio proceso de exigencia colectiva, los Decretos 1396 y 1397 dieron origen a la CDDHHPPII, la CNTI y la MPC. Desde entonces, se consolidaron como espacios permanentes de interlocución de Gobierno Indígena a Gobierno Nacional para defender nuestros territorios, fortalecer nuestra participación política y exigir garantías para nuestros derechos humanos.
Treinta años después, reconocimos lo construido y señalamos las deudas que permanecen. Durante estas tres décadas hemos impulsado procesos de concertación, fortalecido el gobierno propio e incidido en políticas públicas y decisiones que afectan directamente nuestras vidas y territorios. Al mismo tiempo, persisten incumplimientos, dificultades institucionales y amenazas contra nuestros territorios, autoridades, liderazgos y formas de vida. Por eso, la conmemoración fue un ejercicio de memoria viva, balance político y proyección colectiva.
La jornada partió de nuestra espiritualidad y de nuestras formas propias de construir la palabra. Iniciamos con una armonización orientada por autoridades espirituales indígenas, reconociendo que el diálogo político también se sostiene desde el equilibrio con el territorio y la vida. Después de esta apertura espiritual y de la instalación del encuentro, realizamos el lanzamiento y la proyección del documental 30 años de Gobierno a Gobierno: por los derechos, los territorios y la vida, una pieza construida desde la memoria de quienes han protagonizado este proceso. A través de sus voces e imágenes, recuperamos las movilizaciones que dieron origen a estos escenarios, los aprendizajes de tres décadas de concertación y las luchas que siguen orientando la defensa de nuestros derechos territoriales, políticos y humanos.
La conmemoración recuperó la palabra de quienes protagonizan la historia del movimiento indígena y de estos espacios de concertación. Participaron fundadores, mayores, mayoras, autoridades y dirigentes vinculados a las movilizaciones de 1996 y a la construcción posterior de estos escenarios. Entre ellos estuvieron Francisco Rojas Birry, Leonor Zalabata y Alfonso Peña Chepe, junto con representantes de las organizaciones indígenas y nuevas generaciones que actualmente sostienen estos procesos.
También participaron las autoridades y delegaciones de las organizaciones indígenas con asiento en estos espacios, entre ellas la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO), Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano (AISO). Sus voces permitieron hacer un balance desde distintas regiones, pueblos y procesos organizativos sobre los avances, límites y desafíos de estas tres décadas de concertación.
Las Secretarías Técnicas Indígenas de los tres escenarios presentaron su origen, mandato, principales logros, desafíos y apuestas actuales, con la participación de Heber Tegría Uncaría, Secretario Técnico Indígena de la MPC; Ginny Katherine Alba Medina, Secretaria Técnica Indígena de la CDDHHPPII; y Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI.
La agenda abordó la memoria de la movilización y el nacimiento de la concertación indígena; los logros, límites y aprendizajes acumulados; la relación entre territorio, autonomía y protección integral de la vida; la incidencia internacional de los Pueblos Indígenas; y las garantías para autoridades, líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Estos diálogos pusieron en relación los derechos territoriales, la participación política y los derechos humanos como dimensiones inseparables para nuestra permanencia y pervivencia.
Durante la jornada también reconocimos a quienes han aportado a la creación y consolidación de estos espacios. El homenaje recogió la memoria de fundadores, protagonistas de las movilizaciones de 1996, mayores, mayoras, autoridades, lideresas y líderes que han contribuido a la defensa de nuestros derechos políticos, territoriales y humanos. Este reconocimiento reafirmó que los avances alcanzados son resultado de la organización, la movilización, la resistencia y la construcción colectiva de los Pueblos Indígenas.
La conmemoración articuló además la palabra política con la comunicación propia, la memoria audiovisual y las expresiones artísticas. A lo largo del día construimos un balance de los avances alcanzados y de los desafíos que permanecen, con el propósito de recoger orientaciones que fortalezcan estos escenarios y proyecten las apuestas de los Pueblos Indígenas hacia los próximos años.
Al cierre de la jornada reafirmamos que la concertación de Gobierno Indígena a Gobierno Nacional no es únicamente un mecanismo de diálogo. Es una conquista de la movilización de nuestros pueblos y una herramienta para exigir el cumplimiento de los acuerdos, defender nuestros territorios y garantizar el ejercicio efectivo de nuestros derechos.
30 años de Gobierno a Gobierno: por los derechos, los territorios y la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ago 26, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 26 de agosto de 2026 continuamos la Sesión Autónoma del Gobierno Indígena de la CNTI con un balance del cumplimiento de los acuerdos, el análisis de la coyuntura política y la construcción de propuestas para fortalecer nuestra agenda territorial.
En esta segunda jornada identificamos los avances, asuntos pendientes y desafíos que requieren continuidad y respuestas efectivas por parte del Estado. De manera particular, analizamos los acuerdos vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para precisar qué se ha cumplido, qué permanece pendiente y cuáles deben ser nuestras prioridades de exigibilidad.
A partir de este panorama y de la coyuntura política actual, consolidamos propuestas y estrategias técnicas y políticas para fortalecer nuestra incidencia. También avanzamos en posibles líneas de propuesta para el próximo Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de posicionar las garantías y prioridades territoriales de los Pueblos Indígenas.
Con este ejercicio fortalecemos nuestra capacidad de seguimiento, incidencia y construcción política colectiva para avanzar en la materialización de nuestros derechos territoriales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ago 26, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 25 de agosto de 2026 iniciamos la Sesión Autónoma del Gobierno Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), un espacio propio de análisis, reflexión y construcción colectiva para revisar el estado de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia y orientar nuestras prioridades políticas.
Durante esta primera jornada evaluamos los avances y los principales hallazgos derivados del seguimiento que realizamos en cumplimiento de nuestras funciones. Este ejercicio nos permite identificar logros, barreras persistentes y asuntos estructurales que requieren mayor atención para garantizar el goce efectivo de nuestros derechos territoriales.
También revisamos el estado de los acuerdos construidos en este escenario y priorizamos los temas que demandan seguimiento, exigibilidad y respuestas institucionales.
A partir de este balance, avanzamos en la identificación de posibles líneas de propuesta para el próximo Plan Nacional de Desarrollo y en la definición de rutas que permitan posicionar las prioridades territoriales de los Pueblos Indígenas.
Este espacio autónomo fortalece nuestra vocería como Gobierno Indígena y la construcción de posiciones colectivas para la defensa de los territorios, la autodeterminación y la pervivencia de nuestros pueblos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
