La comunidad indígena de Barrulia, del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán – Meta, enfrenta una situación territorial y humanitaria crítica que compromete su vida, su integridad y su pervivencia física y cultural.
La demora en la protección efectiva de su territorio ancestral ha prolongado una situación de desarraigo y vulneración de derechos que no puede seguir siendo tratada como un problema administrativo ordinario. Lo que está en juego es la garantía material del territorio como base de la vida colectiva, de la movilidad y de su pervivencia física y cultural del Pueblo Sikuani.
Tras el desalojo del predio Villa Esperanza, en junio de 2024, cerca de 591 personas quedaron en condiciones de hacinamiento en un polideportivo municipal, sin garantías mínimas de agua potable, alimentación, salud y vivienda digna. Esta situación puso en evidencia la magnitud de la emergencia humanitaria y la ausencia de una respuesta estatal adecuada, oportuna y articulada. La comunidad quedó expuesta a condiciones incompatibles con la dignidad humana, mientras su derecho al retorno seguía suspendido en medio de obstáculos materiales y decisiones ambiguas.
Aunque la Agencia Nacional de Tierras (ANT) protegió formalmente la posesión del territorio ancestral sobre los predios Cuba Libre y Campoalegre, luego de dos (2) años lograron acceder a Cuba Libre, sin embargo, aún se encuentra pendiente de recuperación jurídica del predio denominado Campo Alegre.
Las restricciones impuestas por particulares, empresas agroindustriales y la comunidad religiosa menonita han impedido el ingreso de la comunidad a su territorio. La instalación de porterías, cercas y controles ha bloqueado caminos usados ancestralmente por los Sikuani, afectando no solo el acceso físico al predio, sino también la relación integral que la comunidad mantiene con su territorio.
Estos obstáculos han impedido el tránsito de la comunidad e incluso el ingreso de autoridades estatales, profundizando el confinamiento, la inseguridad territorial y la imposibilidad de retornar en condiciones dignas. El caso revela que el derecho al territorio no puede reducirse a una formalidad registral o a la entrega nominal de un predio. La garantía territorial exige acceso real, movilidad, protección ambiental, seguridad alimentaria y condiciones que permitan restablecer la vida colectiva en el territorio ancestral.
En este contexto, el Auto 253 de 2026 de la Corte Constitucional constituye una decisión fundamental para cerrar la brecha entre el reconocimiento formal del territorio y su garantía material. La Corte ordenó a la ANT la aprehensión material del predio Cuba Libre, la remoción de los obstáculos que impiden el acceso y la construcción de un plan de acompañamiento para el retorno inmediato de la comunidad. Asimismo, estableció que dicho plan debe construirse con participación de la ANT, la UARIV y la Alcaldía de Puerto Gaitán, reafirmando que la respuesta estatal debe ser coordinada, efectiva y orientada a garantizar condiciones dignas para el retorno.
El caso de Barrulia amplía además la discusión sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. La referencia a una “servidumbre cultural” reconoce que el territorio Sikuani no se agota en el predio formalmente entregado: incluye caminos, zonas de tránsito, prácticas de caza y pesca, y lugares de importancia espiritual y cultural que hacen parte de su vida colectiva. Esta comprensión resulta decisiva, porque evidencia que la movilidad es indispensable para la salvaguarda del territorio y que impedir el tránsito ancestral constituye una forma de afectación directa a los derechos colectivos.
Barrulia es hoy un caso estratégico para exigir una respuesta estatal integral. No basta con reconocer formalmente un derecho si se mantiene bloqueado su ejercicio material. La respuesta del Estado debe garantizar la entrega efectiva del territorio, la movilidad ancestral, la protección ambiental, la seguridad alimentaria y las condiciones necesarias para la pervivencia del Pueblo Sikuani. La situación de Barrulia demuestra que garantizar el territorio es garantizar la vida, y que toda demora institucional frente a este caso prolonga una vulneración que ya ha tenido consecuencias humanitarias graves.
¡Defender los territorios es defender la vida!
