Indígenas, campesinos y comunidades afrodescendientes celebraron el fallo que deja en firme la suspensión de las aspersiones aéreas y enfatiza la inviabilidad del derecho fundamental a la consulta previa a través de plataformas virtuales.
Por Redacción CNTI
El Tribunal Administrativo de Nariño respaldó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, que suspendió las licencias para reanudar las fumigaciones sobre las 170.000 hectáreas de cultivos de coca que, según cifras oficiales, hay actualmente sembradas en Colombia, 59% de ellas concentradas en 14 departamentos y 104 municipios, que son el foco del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato- “PECIG”.
Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), habló de los antecedentes de la lucha antidrogas en el país y señaló que desde 1998, con el inicio del Plan Colombia, se crearon pasivos ambientales y económicos que los pueblos indígenas, y las comunidades campesinas y afrodescendientes han visibilizado, al tiempo que han insistido en las afectaciones que el uso del químico ha generado en sus territorios.
¿Cuál era el proceso de la ANLA que frenó la sentencia del tribunal?
La jurista comentó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) pretendía reemplazar el derecho a la consulta previa con una serie de audiencias virtuales, a las que alcanzaron a asistir algunos de los habitantes de los municipios en los que se llevaría a cabo la aspersión con glifosato. Las comunidades advirtieron que no era posible hacer uso de este mecanismo, ya que no garantizaba una participación masiva y efectiva. De hecho, antes de llegar a este punto, ya había vacíos en las formalidades y prerrequisitos que debían ser atendidos en los municipios señalados.
Postura de las comunidades indígenas, campesinas y afro
Según Jesús Antonio Maca, consejero mayor del programa económico y ambiental del CRIC, las comunidades indígenas se oponen a las fumigaciones porque atentan contra la cosmogonía, el territorio y la soberanía alimentaria que el Gobierno nacional dice promover, ya que el químico cae sobre cultivos vecinos como el café, del que estos pueblos consiguen el sustento económico. Añadió que el Gobierno colombiano y quienes ejecutan las fumigaciones son conscientes de que los países fabricantes prohíben su uso, mientras que aquí son utilizados de manera contundente sin tener en cuenta las afectaciones que genera su aspersión.
También hizo alusión a los problemas que se presentan en los territorios por la tierra que resulta infértil a causa de las fumigaciones, además de las malformaciones en niños y las enfermedades generadas tanto en adultos mayores como en la población, en general. Estos no son señalamientos nuevos, ya que bastante se ha debatido en el escenario internacional sobre los efectos colaterales del glifosato.
Por su parte Nidia Quintero, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Fensuagro y COCCAM, puntualizó:
“El Gobierno Nacional ha reconocido en el preámbulo de los Acuerdos de Paz que [el hecho de que] los campesinos cultiven y trabajen la hoja de coca se debe a las consecuencias de una situación económica y social, a unas necesidades básicas insatisfechas históricamente, que hicieron que los campesinos en el país emigraran de una economía tradicional campesina, con recursos y esfuerzos propios, a una economía llamada ilícita de cultivar la hoja de coca, sabiendo que ha sido desde hace más de 50 años la única forma de supervivencia” de las comunidades campesinas en los territorios.
Por lo tanto, “permitir que se siga fumigando, que se sigan violentando los Derechos Humanos, va en contra de la Constitución Política de Colombia, en contra de los derechos de las comunidades campesinas, de los derechos colectivos e individuales y en contra de lo firmado en el Acuerdo de Paz”.
Entre tanto, Jorge Histon Segura, representante del Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá, expuso que las fumigaciones “afectan la salud y nuestro territorio como tal,
porque para nosotros el territorio es la vida y nada es posible sin él”. Subrayó que en el sector rural no tienen acueductos y se abastecen de las fuentes hídricas de los alrededores; tampoco tienen puestos de salud, por lo que deben recurrir a la medicina tradicional y con las aspersiones de glifosato tanto el agua como las hierbas medicinales son contaminadas, afectando directamente la calidad de vida de la población.
La consulta previa en la sentencia
Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se refirió al alcance que la decisión del tribunal tiene sobre la lucha de los pueblos indígenas, quienes reclaman garantías para ejercer al derecho fundamental a la consulta previa.
En un primer momento señaló que “la Policía Nacional pretendía obtener un licenciamiento ambiental a través de la ANLA, desconociendo la presencia de los pueblos indígenas en los 104 municipios de los 14 departamentos. Es decir, había un desconocimiento por parte de la entidad de la presencia de pueblos indígenas en las zonas en que se iban a realizar las fumigaciones”.
Frente a la intención de la ANLA de adelantar audiencias públicas virtuales, evidenció que en la práctica no es posible, toda vez que “existe una brecha tecnológica en las áreas rurales y más en la zona donde se pensaba implementar las fumigaciones aéreas. Las consultas previas o las audiencias públicas virtuales, como en este caso, no garantizan una participación real y efectiva de los pueblos indígenas frente a la toma de decisiones”.
Respecto a la realización de estas jornadas en línea, el consejero mayor Jesús Antonio Maca, puntualizó: “las comunidades indígenas exigimos el consentimiento libre e informado para tener mayor participación y no estamos de acuerdo con las consultas virtuales; en las diferentes comunidades no hay señal de audio ni celular, por lo que es complicada una comunicación masiva”.
“Esto rompe las formas propias organizativas de toma de decisiones de los pueblos indígenas y el ejercicio de gobierno propio”, Camilo Niño Izquierdo.
¿Qué alternativas proponen las comunidades?
Para Nidia Quintero, integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (COCCAM), existen varias posibilidades:
Garantizar la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz.
Reconocer la hoja de coca como una planta sagrada para los pueblos indígenas.
Usar la planta de la hoja de coca para la elaboración de productos cotidianos.
Según la lideresa campesina, “el Acuerdo de Paz recoge unas luchas históricas de hace más de treinta años que hemos venido trabajando en diferentes mesas para la sustitución gradual y voluntaria. Todas nuestras peticiones y propuestas fueron recogidas en el foro que se hizo en el marco de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP”.
Explicó que la segunda alternativa es reconocer que para los pueblos indígenas la planta de la hoja de coca es un elemento con carácter sagrado, de alta importancia espiritual y cultural. La tercera es modificar su uso para transformarla en insumos para alimentos, medicinas y productos cosmetológicos.
¿Qué sigue después de esta sentencia?
Rosa María Mateus, abogada del CAJAR, explicó que “generalmente todos los fallos de tutela pasan a un proceso de revisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte ya ha estado muy ajustada en términos de exigir esta participación efectiva de la que se está conversando. Creemos que el fallo del tribunal atiende justamente toda esta jurisprudencia que la Corte Constitucional ya ha determinado para el caso de aspersiones aéreas”.
A ello añadió que la cuestión de la participación efectiva y real, que busca defender la sentencia, debe estar bajo la lupa de la sociedad colombiana, ya que a veces la institucionalidad no garantiza los principios fundamentales para llevarla a cabo. De hecho, señaló que “la Policía Nacional ya está incurriendo en un desacato de una orden de la Corte Constitucional porque esta ya había señalado un procedimiento muy especial que se tenía que llevar a cabo para poder luego llegar a la instancia ante la ANLA”.
Jhenifer Mojica, abogada de la CNTI, fue enfática al concluir que en este escenario, a partir de la sentencia del tribunal de Nariño, “no se pueden realizar fumigaciones aéreas con glifosato ni un reajuste del Plan de Manejo Ambiental, sin garantizar primero el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y afro del país de manera directa, cuando se van a ver afectadas”.
Por último, hizo un llamado “a los organismos de control, especialmente a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, a quienes la sentencia también les ordena participar en este proceso, tanto de la consulta previa como de la participación de las comunidades afectadas en el proceso de licenciamiento ambiental, como garantes de esos derechos fundamentales de estas comunidades a ser oídas a intervenir y a exponer las pruebas del efecto nocivo del glifosato”.
La coordinadora del equipo jurídico de la CNTI también instó a recordar que existen intereses de sectores económicos en forzar la realización de los procesos de consulta desde la virtualidad, aprovechando la situación actual de la pandemia, para llenar un requisito sin garantizar plenamente los derechos a la participación de las comunidades directamente involucradas.
El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) hizo el lanzamiento de su más reciente informe en la Yat Wala (casa grande) de la ACIN, en Santander de Quilichao, durante su visita a territorio en el norte del Cauca.
Por Redacción CNTI
El recrudecimiento de la violencia en el país y las ataques contra los pueblos indígenas en 2020 encendió las alarmas del equipo de investigación. Como señaló July Calderón, coordinadora del ODTIPI, “desde la implementación del Acuerdo de Paz van más de 1.100 líderes y lideresas asesinados/as, de los cuales el 34% es indígena”.
La situación en lo que va de 2021 es preocupante. Al 29 de abril, en el departamento del Cauca ya se han presentado 26 asesinatos, 28 hostigamientos en combate, 7 atentados, 9 amenazas y 3 situaciones de abuso de autoridad. Así lo denunció Juan Manuel Camayo, coordinador del Tejido de Defensa a la Vida y Derechos Humanos de la Çxab Wala Kiwe.
Por su parte, Celia Umenza, coordinadora del Tejido Mujer de la Çxab Wala Kiwe, recordó que las mujeres están siendo gravemente afectadas, especialmente cuando se trata de lideresas y sabedoras ancestrales. En su intervención honró la memoria de las compañeras Cristina Bautista y Sandra Liliana Peña, gobernadoras indígenas asesinadas en 2019 y 2021, respectivamente.
El contexto de inseguridad jurídica y las dinámicas del conflicto han incrementado las vulneraciones a los pueblos. Las economías ilegales y la presencia de grupos armados que disputan el control de la ruralidad, agravan el panorama, y el gran despliegue de la militarización en los territorios, no ha disminuido la violencia. Por el contrario, no son pocas las denuncias acerca de los ataques y hostigamientos de la fuerza pública contra las comunidades étnicas.
De hecho, la mayoría de las afectaciones en 2020 han sido registradas en los departamentos de Cauca y Nariño, especialmente contra los pueblos Nasa y Awá que, como fue señalado en el informe, “se caracterizan por ser protagonistas de escenarios de movilización de importante alcance a nivel nacional, lo cual da cuenta de una tendencia sistemática hacia su persecución y amedrentamiento”.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, 115 indígenas han perdido la vida a causa de las acciones criminales de los actores armados y en este contexto, cinco desplazamientos forzados y diez masacres, han sido perpetradas. En los departamentos anteriormente mencionados, “la sistematicidad de los hechos (…) parecen revelar estrategias premeditadas para atacar de manera estructural los procesos organizativos de la región y con ello, las expresiones de movilización popular más fuertes hoy existentes en el país”, reza el documento.
De acuerdo a la información publicada en el informe, en el marco de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, las medidas de confinamiento permitieron establecer con mayor facilidad la ubicación de los liderazgos que más adelante se convirtieron en víctimas mortales. Doce de los casos se dieron en su lugar de residencia y en el periodo de cuarentena estricta, comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de agosto del año pasado, 41 indígenas fueron asesinados (lo que corresponde al 35,6% de los homicidios contra indígenas en 2020).
En este orden de ideas, una de las principales denuncias es la amenaza de etnocidio contra los pueblos indígenas en el país y la implementación de políticas que van en contravía de la garantía de sus derechos, ya que atentan directamente contra la pervivencia física y cultural de las comunidades en los territorios. A pesar de esto, los procesos organizativos buscan fortalecerse y reivindicar los planes de otra Colombia posible que le apuesta a la paz y al diálogo para la resolución de conflictos, según las palabras de Milton Conda, líder del pueblo Nasa y delegado de la CNTI.
Según información preliminar difundida por Indepaz y confirmada por líderes indígenas, Sandra Liliana Peña era la actual gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia SAT Tama Kiwe.
El crimen ocurrió en la vereda Porvenir, corregimiento El Pescador del municipio de Caldono, en un territorio donde hacen presencia diferentes actores armados como la columna móvil Dagoberto Ramos, la columna móvil Jaime Martínez (disidencias de las FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las primeras versiones indican que la víctima falleció en su lugar de residencia.
Integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC citados por el diario El Universal aseguraron que “los hechos se presentaron en su casa de habitación cuando hombres armados la obligaron a salir y, después, sin mediar palabra, dispararon contra su integridad física”.
De acuerdo con estas versiones, “la gobernadora había manifestado días antes su posición de rechazo como autoridad a los cultivos de uso ilícito que se estaban incrementando en el territorio”.
Otras versiones preliminares publicadas por el diario El Tiempo señalan que la lideresa indígena “iba bajando en una moto con un cabildante y se escucharon unos disparos. Cuando llegaron al sitio, el cuerpo estaba sin signos vitales y el guardia herido”.
Ferley Quintero, consejero del CRIC, relató a la emisora W Radio que la gobernadora se preparaba para viajar hacia la ciudad de Popayán, pues para el día de hoy tenía previsto participar en una sesión mixta con el Gobierno Nacional. “Lo que nos informan es que fue víctima de este atentado y murió cuando era llevada a un hospital”, relató el líder indígena Ferley Quintero.
Las autoridades indígenas aseguraron a medios de comunicación que la dirigente había recibido amenazas de muerte por promover un ejercicio de control territorial contra los cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados.
Tras conocer lo ocurrido, integrantes de la Guardia Indígena se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones que permitan ubicar a los autores de este crimen.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas rechazamos el exterminio de los pueblos indígenas y exigimos a las autoridades del Gobierno nacional celeridad en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este asesinato. Además de esto, denunciamos y alertamos a las instancias nacionales e internacionales sobre los asesinatos sistemáticos a nuestros líderes y lideresas sociales en los territorios.
En lo corrido del presente año han sido asesinados 52 líderes y defensores de derechos humanos (18 de ellos indígenas) y más de mil 166 desde la firma final del Acuerdo de Paz, según los registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).
Sandra Peña Chocué vivía en una de las regiones con más presencia militar, pero el Gobierno no hizo nada para protegerla.
Según información preliminar difundida por Indepaz y confirmada por líderes indígenas, Sandra Liliana Peña era la actual gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia SAT Tama Kiwe.
El crimen ocurrió en la vereda Porvenir, corregimiento El Pescador del municipio de Caldono, en un territorio donde hacen presencia diferentes actores armados como la columna móvil Dagoberto Ramos, la columna móvil Jaime Martínez (disidencias de las FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las primeras versiones indican que la víctima falleció en su lugar de residencia.
Integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC citados por el diario El Universal aseguraron que “los hechos se presentaron en su casa de habitación cuando hombres armados la obligaron a salir y, después, sin mediar palabra, dispararon contra su integridad física”.
De acuerdo con estas versiones, “la gobernadora había manifestado días antes su posición de rechazo como autoridad a los cultivos de uso ilícito que se estaban incrementando en el territorio”.
Otras versiones preliminares publicadas por el diario El Tiempo señalan que la lideresa indígena “iba bajando en una moto con un cabildante y se escucharon unos disparos. Cuando llegaron al sitio, el cuerpo estaba sin signos vitales y el guardia herido”.
Ferley Quintero, consejero del CRIC, relató a la emisora W Radio que la gobernadora se preparaba para viajar hacia la ciudad de Popayán, pues para el día de hoy tenía previsto participar en una sesión mixta con el Gobierno Nacional. “Lo que nos informan es que fue víctima de este atentado y murió cuando era llevada a un hospital”, relató el líder indígena Ferley Quintero.
Las autoridades indígenas aseguraron a medios de comunicación que la dirigente había recibido amenazas de muerte por promover un ejercicio de control territorial contra los cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados.
Tras conocer lo ocurrido, integrantes de la Guardia Indígena se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones que permitan ubicar a los autores de este crimen.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas rechazamos el exterminio de los pueblos indígenas y exigimos a las autoridades del Gobierno nacional celeridad en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este asesinato. Además de esto, denunciamos y alertamos a las instancias nacionales e internacionales sobre los asesinatos sistemáticos a nuestros líderes y lideresas sociales en los territorios.
En lo corrido del presente año han sido asesinados 52 líderes y defensores de derechos humanos (18 de ellos indígenas) y más de mil 166 desde la firma final del Acuerdo de Paz, según los registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).
Sandra Peña Chocué vivía en una de las regiones con más presencia militar, pero el Gobierno no hizo nada para protegerla.
El estudio realizado en Colombia, Brasil, Perú, Indonesia y República Democrática del Congo, concluyó que sus Gobiernos están dando prioridad a la reactivación de las economías afectadas por la pandemia, mediante la implementación de políticas que favorecen la desregularización de las actividades extractivas y que ponen en riesgo la vida misma de los pueblos indígenas y de la vida silvestre.
La ONG Forest Peoples Program compartió el pasado jueves 18 de febrero el informe “Retroceso de las salvaguardias sociales y medioambientales en nombre de la COVID-19″, que realizó con el apoyo de Land Portal, las universidades de Yale y Middlesex, The Tenure Facility y el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). El documento da cuenta de cómo los Gobiernos de cinco países están priorizando la expansión de los sectores de energía, infraestructura, minería, tala y agricultura industrial, tanto en territorios indígenas como sus adyacencias.
Según Cathal Doyle, líder de programa y becario Leverhulme Early Career Fellow en la facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, los entes de Gobierno no están haciendo cumplir la legislación nacional o el derecho internacional que prohíben el acaparamiento de tierras. Por el contrario, han estado desarrollando políticas de uso de la tierra y de ordenamiento territorial potencialmente dañinas, que violan los derechos de los pueblos indígenas. Esto se vería reflejado en que, a pesar de la desaceleración económica general en época de pandemia, la deforestación está en aumento y es probable que empeore en 2021.
El caso de América Latina
Respecto a la situación actual de Brasil, Bivyane Rojas Garzón, abogada y coordinadora del Instituto Socioambiental (ISA), expresó que si bien la deforestación es un proceso que se viene dando desde hace muchos años en el país, ha aumentado considerablemente en épocas recientes y el 80% de estos procesos han sido adelantados en territorios indígenas.
Agregó que se debe principalmente a una expectativa de cambio de la legislación dirigida por el Gobierno de Jair Bolsonaro, quien haciendo uso de actuaciones administrativas como la desregulación, el desmantelamiento de políticas públicas, el debilitamiento de los órganos públicos relacionados con los pueblos indígenas y con la protección de los bosques amazónicos, ha desmoralizado los territorios y ha abierto paso a la desforestación para monocultivos masivos en zonas de reserva. Además, ha habido cambios en las agencias especializadas en conservación ambiental y la creciente participación del Ejército en la atención a posibles crímenes ambientales, ha implicado la ejecución de muchos más recursos públicos con una efectividad menor, ya que no cuenta con la experiencia específica para atender dichos escenarios.
Por Colombia participó Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco, ecólogo y secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). En su reflexión dejó claro que uno de los problemas que enfrenta el país es el cambio en la legislación sobre los terrenos baldíos. “La dinámica que se presenta es que se despoja a las comunidades indígenas de sus territorios aduciendo que no están siendo utilizados y que por lo tanto son baldíos, para posteriormente ser entregados para su explotación a multinacionales”, dijo.
Los territorios que han sido despojados son aquellos que no cuentan con seguridad jurídica, falencia que se debe, entre varias razones, a obstáculos de tipo administrativo, debido a que el Gobierno actual sostiene como excusa que todos los esfuerzos están concentrados en hacerle frente a la pandemia y que por lo tanto no se puede dar respuesta a las solicitudes de formalización de los territorios.
Otro punto a tener en cuenta según lo manifestado por Camilo Niño, es cómo se ha desdibujado el sentido y el fin del derecho fundamental a la consulta previa, ya que se está reduciendo a un procedimiento para otorgar licencias ambientales. El Gobierno no ofrece garantías para este derecho y ejemplo de ello es la propuesta de consultas previas virtuales a pesar de que el 83% del territorio colombiano no cuenta con buena conectividad.
En su intervención resaltó la grave vulneración de derechos humanos que representa el alarmante número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales desde la firma del AFP, de los cuales, la tercera parte corresponde a representantes de las comunidades indígenas. Así mismo, señaló el impacto por las muertes por covid-19 en los pueblos indígenas, debido a la falta de atención en salud en los territorios, que ha cobrado la vida especialmente de mayores, quienes conservan la sabiduría ancestral, la guía espiritual y la cultura de sus pueblos.
Para el contexto de Perú, Cathal Doyle, de la Universidad de Middlesex, expuso que como en otras partes del mundo, el mayor problema que enfrentan comunidades indígenas es la deforestación para las explotaciones de petróleo que ha arrasado sin más con zonas protegidas. El Gobierno local ha sugerido que el petróleo debe adelantar la reactivación económica del país y en estas discusiones no tiene en cuenta a los pueblos originarios ni las graves amenazas que esto significa para la diversidad natural y el equilibrio ambiental.
El caso del Sudeste Asiático
Para el contexto de Indonesia, Rukka Sombolinggi, secretaria general de Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN, por sus siglas en indonesio), planteó que los 50.000 pueblos indígenas, que cuentan con más de 52 millones de hectáreas en el archipiélago, están siendo explotados por los poderes económicos pues no han sido considerados.
Agregó que “actualmente se han presentado unas reformas legislativas que se muestran ante la opinión pública como fuentes para generar empleo, pero lo que realmente buscan es promover la inversión extrajera en Indonesia y reducir las pocas salvaguardas que existen para proteger los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente”. De aquí la importancia de reconocer y fortalecer las acciones que llevan a cabo las comunidades indígenas para la conservación, ya que a pesar del rol clave que estas tienen para la protección de la vida silvestre, siguen siendo invisibles para la sociedad y para un modelo económico que excluye sus formas de organización y de entender la vida.
Conclusiones durante el lanzamiento del informe
Desde cada una de las experiencias hubo un punto en común, la importancia indiscutible de garantizar la seguridad jurídica de los territorios y el reconocimiento de las acciones que llevan a cabo los pueblos indígenas para la conservación, siguiendo su conocimiento ancestral, pues es un factor clave para enfrentar la crisis climática. De igual manera, la necesidad de exigir a los Estados y sus respectivos gobiernos que eliminen la unilateralidad a la hora de plantear proyectos que impliquen la intervención de los territorios, pues debe haber un diálogo permanente con los pueblos indígenas y respetarse el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
