Pasados tres años desde la firma del Acuerdo, desde el ODTPI de la STI-CNTI se elaboró el informe Asesinatos contra pueblos indígenas: violencia en tiempos de Paz 2016-2019, en el que se analizaban los desafíos derivados de la evolución del conflicto armado, caracterizado en ese momento por el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales y el surgimiento de nuevos grupos armados, así como por la ausencia de políticas estatales de acceso a servicios públicos básicos y de seguridad para la población. Situación que empeoraba a favor de los beneficios de intereses específicos de grupos económicos para la explotación (y el despojo) de los recursos naturales.
El panorama se advertía entonces óptimo para la violación de derechos. Concluyendo que la tendencia de la violencia hacia las comunidades indígenas iba a ir en aumento focalizándose como venía sucediendo en el Cauca. Los actores armados se disputaban el control territorial, manejando las rutas del narcotráfico en un contexto de creciente militarización del territorio y aumento progresivo de proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y de hidrocarburos por parte de empresas nacionales e internacionales en los territorios indígenas.

Pasados cuatro años se elaboró el informe Etnocidio del liderazgo indígena en Colombia: efectos letales de la pandemia y el fracaso de la implementación del Acuerdo de Paz, en el que se abordaban las deficiencias en la implementación del AFP y se concluía que los pueblos indígenas estaban siendo el sector poblacional más afectado de escalonamiento del conflicto y de la violencia sociopolítica, especialmente los pueblos Nasa y Awá, quienes han emprendido importantes procesos de resistencia en defensa de los derechos territoriales caracterizándose por ser protagonistas de escenarios de movilización con alcance nacional.

Cinco años después de la firma del AFP desde el Observatorio se elaboró el informe El eterno retorno de la violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia, un balance del año 2021, el cual aportó más elementos para afirmar que la violencia política contra los pueblos indígenas seguía creciendo, en clara relación con los conflictos territoriales a los que venían enfrentándose históricamente. Y todo ello en un escenario territorial de reconfiguración del conflicto armado interno, en el que las disputas entre los actores armados se estaban reestructurando de acuerdo con los intereses en el control de las economías ilegales.

Ahora, pasados seis años desde la firma del Acuerdo se considera necesario profundizar en el análisis de las tendencias señaladas en este tiempo, como la sistematización en el exterminio de los pueblos indígenas a partir del ataque selectivo a líderes/as y comuneros/ as; la concentración geográfica de los homicidios contra pueblos indígenas en el suroccidente colombiano y la concentración de la mayoría de los hechos de victimización en contra de los pueblos Nasa y Awá.

Por ello, comenzamos con este informe el cual aborda exclusivamente la violencia sociopolítica contra el pueblo Nasa en el Norte del Cauca, específicamente en los territorios que conforman la Çxhab Wala Kiwe1. Reforzando así la alianza que se realizó a finales de 2021 entre el ODTPI y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, Çxhab Wala Kiwe (ACIN), en un ejercicio de contrastación de información registrada por el Tejido Defensa de la Vida y de los Derechos Humanos de la ACIN y por el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica de los Pueblos Indígenas (Sivospi), herramienta de sistematización que se creó en el Observatorio y que registra los casos de violencia desde la adopción del Capítulo Étnico del AFP, el 25 de agosto de 2016 hasta el presente.