por STI | Ene 26, 2026 | CNTI Opina, Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas expresamos nuestro reconocimiento a la designación de Luis Alfredo Acosta Zapata como Ministro de la Igualdad y la Equidad. Consideramos que este nombramiento constituye un hecho político relevante para los Pueblos Indígenas y para los sectores históricamente excluidos del país. Representa la llegada de una voz territorial a un espacio clave de definición de políticas públicas. Reconocemos el significado colectivo de esta designación. También asumimos que abre un escenario de responsabilidades institucionales concretas.
Reconocemos la trayectoria de Luis Alfredo Acosta Zapata, estrechamente ligada a los procesos organizativos y de defensa territorial de los Pueblos Indígenas. Su labor como coordinador nacional de la Guardia Indígena ha estado marcada por el cuidado de la vida, la protección del territorio y la afirmación de la autonomía. Este recorrido se ha construido desde el trabajo colectivo y el mandato comunitario. No responde a una lógica individual, sino a procesos organizativos de largo aliento. Ese origen territorial es central para comprender el alcance de su designación.
Somos conscientes de que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad enfrenta desafíos estructurales asociados a la desigualdad, el racismo histórico y la exclusión social. Desde nuestra perspectiva. Esperamos que la gestión ministerial incorpore un enfoque territorial, intercultural y de derechos. La igualdad no puede pensarse al margen del territorio. Tampoco puede desvincularse de la autodeterminación de los pueblos.
Confiamos en que esta designación contribuya al fortalecimiento de las luchas por la defensa integral del territorio y por la dignidad de los sectores históricamente afectados por la desigualdad estructural. Esto implica políticas públicas construidas con participación efectiva de todos los pueblos, comunidades y ciudadanías excluidas. Supone avanzar en medidas orientadas a transformar las causas profundas de la inequidad social, económica y territorial. El enfoque debe ser estructural y de derechos, no asistencial. La igualdad exige cambios sustantivos en la relación del Estado con los territorios y los pueblos, tanto en la ruralidad como en las ciudades.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo político y al seguimiento riguroso de la gestión ministerial. Este acompañamiento se realizará en coherencia con los mandatos territoriales y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, en articulación con las demandas de otros sectores históricamente marginados. Ejerceremos nuestro papel como instancia vocera y de exigibilidad frente a las obligaciones del Estado. Reconocemos que este nombramiento abre una oportunidad política relevante. Al mismo tiempo, plantea responsabilidades claras frente a la justicia territorial, social y la garantía efectiva de derechos.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Ene 21, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, Comunicados, Nota de prensa
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como instancia de vocera en material territorial indígena, celebramos el fallo judicial del 13 de enero de 2026, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, que protegió el derecho fundamental al territorio de la comunidad Mame Ñate Umuguse, del Pueblo Siona.
El acceso efectivo al territorio mediante la adquisición de tierras es un componente esencial del derecho fundamental al territorio de las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado que no pueden retornar a sus territorios. Desde la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI se ha sostenido que este mecanismo no constituye un trámite aislado, sino una medida clave de reparación colectiva, pervivencia cultural y no revictimización.
En articulación con la comunidad indígena Siona Mame Ñate Umuguse, la STI de la CNTI interpuso una acción de tutela en agosto de 2025 en contra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), dada vulneración sistemática del derecho fundamental al territorio y de los derechos derivados de su condición de víctimas del conflicto armado. El trámite judicial estuvo marcado por dilaciones, una nulidad por falta de vinculación de la UARIV y decisiones negativas de primera instancia proferidas por el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, que desconocieron la situación humanitaria y territorial de la comunidad, así como las afectaciones prolongadas derivadas del desplazamiento forzado. Estas decisiones fueron finalmente revocadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, que amparó los derechos fundamentales de esta comunidad.
El trámite judicial fue respaldado mediante coadyuvancias interpuestas por las seis organizaciones indígenas nacionales con asiento en la CNTI (ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pachama, Gobierno Mayor y CRIC), en consideración a la relevancia estructural que tiene el acceso a la tierra y la culminación célere de los procedimientos de adquisición que adelanta la autoridad de tierras.
En su decisión, el Tribunal, llamó la atención sobre las dilaciones injustificadas para culminar el procedimiento administrativo de adquisición de tierra y por consiguiente la constitución del resguardo, lo cual resulta especialmente graves tratándose de una comunidad víctima del conflicto armado. En consecuencia, ordenó a la ANT concluir, en un plazo máximo de tres (3) meses, el procedimiento de formalización territorial y adoptar decisiones de fondo respecto de los procesos de adquisición de tierras requeridos para la constitución del resguardo, advirtiendo el incumplimiento reiterado de sus deberes legales. Asimismo, el juez ordenó a la UARIV avanzar, en coordinación con la ANT, en la formulación y ejecución de los Planes Integrales de Reparación Colectiva y de Reubicación, garantizando la participación efectiva de la comunidad y el acceso oportuno a las medidas de reparación.
Desde la CNTI instamos a la ANT y a la UARIV a dar cumplimiento integral, oportuno y efectivo a lo ordenado en esta sentencia judicial. En ejercicio de sus funciones misionales, la CNTI ejercerá seguimiento permanente y riguroso al cumplimiento de estas órdenes, en el marco de sus competencias de seguimiento, exigibilidad y acompañamiento a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Ene 21, 2026 | Informes
The defense of life and territory by indigenous peoples has become one of the most highrisk activities in Colombia, and today it can be considered one of the most dangerous pursuits worlswide. According to Global Witness, for three consecutive years Colombia has been ranked as the most murderous country for those who defend nature and territory. Between 2012 and 2024, 2,253 rights defenders were assassinated, including 789 indigenous peoples, or 36% of total victims. Indigenous peoples are the hardest hit by this violence, which seeks to silence our voices and dispossess us of our territories. In Colombia, defending our land means paying with our lives.
During 2023 and 2024, the safety and security of Indigenous Peoples in Colombia deteriorated significantly. Communities faced an escalation of systematic violence associated with the intensification of the armed conflict and the reconfiguration of alliances between illegal armed actors and local economic powers vying for territorial control. These dynamics added to the legal and material insecurity of indigenous territories, which historically has enabled dispossession and has increased the risks for those who defend life and territory.
Between 2023 and 2024, the Information System on Sociopolitical Violence against Indigenous Peoples (SIVOSPI) of the Observatory for Territorial Rights for Indigenous Peoples (ODTPI) of the CNTI recorded 282 attacks on 2,372 indigenous rights defenders.1 Of these, 186 involved criminal acts resulting in 218 fatalities, while 96 targeted 2,154 individuals through threats, kidnappings, forced displacement and the recruitment of children and adolescents. It must be noted that SIVOSPI has been recording the murders of rights defenders since 2016.
The cases show a progressive pattern in which various types of violence precede the murders, operating as mechanisms of pressure and territorial control to weaken the resistance of communities.
According to SIVOSPI data, murder continues to be the most recurrent and brutal strategy used to silence indigenous defenders of life and territory. Between 2023 and 2024, 150 assassinations of indigenous leaders, community members, and authorities were recorded, reflecting the existence of systematic persecution against those who play an essential role in community unity and the defense of territories. Of the total number of victims, 81.3% (122) were men, 13.1% were women, and in 5.2% of cases, no information is available. It should be noted that this data is in addition to the 539 murders recorded between 2026 and 2022 by SIVOSPI.
por STI | Ene 21, 2026 | Informes
La defensa de la vida y del territorio por parte de los Pueblos Indígenas se ha convertido en una de las actividades con más alto riesgo en Colombia, y hoy por hoy, puede considerarse una actividad de las más peligrosas del mundo. Según Global Witness, por dos años consecutivos este país ha sido el más letal para quienes defendemos la naturaleza y el territorio. Entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 2106 personas defensoras, de las cuales 766 eran indígenas, lo que equivale al 36% del total. Los Pueblos Indígenas somos los más golpeados por una violencia que busca callar nuestras voces y despojarnos de nuestros territorios. En Colombia la defensa territorial se paga con la vida.
Durante 2023 y 2024, la situación de seguridad de los Pueblos Indígenas en Colombia se deterioró de manera significativa. Las comunidades enfrentaron una escalada de violencia sistemática relacionada con la intensificación del conflicto armado y la recomposición de las alianzas entre actores armados ilegales y poderes económicos locales que disputan el control territorial. Estas dinámicas se suman a la inseguridad jurídica y material sobre los territorios indígenas, la cual históricamente ha facilitado el despojo y ha incrementado los riesgos para quienes ejercen la defensa de la vida y del territorio.
En este periodo (2023-2024), el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI documentó 282 agresiones contra 23721 personas indígenas. De ellas, 186 fueron letales2, con un saldo de 218 víctimas mortales, y 96 no letales3, que afectaron a 2154 personas mediante amenazas, secuestros, desplazamientos y reclutamientos forzados. Cabe resaltar que, el SIVOSPI ha registrado desde el 2016 asesinatos de personas defensoras. Entre 2016 y 2022, se registraron 539 asesinatos de personas defensoras indígenas.
El presente informe se fundamenta en el trabajo acumulado por el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI, y en el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), un mecanismo de información y monitoreo de derechos humanos que nace hace cuatro años como una exigencia política y técnica de los Pueblos Indígenas. El SIVOSPI recopila información directamente desde los territorios y las organizaciones indígenas que integran la CNTI, la cual es complementada con fuentes secundarias como prensa y entrevistas.
El análisis posee limitaciones derivadas del contexto de riesgo, el subregistro en los sistemas propios de monitoreo y la ausencia de información oficial y unificada sobre riesgos, agresiones y medidas de protección dirigidas a los Pueblos Indígenas. No obstante, logra articular una narrativa que combina denuncia, memoria y propuestas de paz, con el propósito de visibilizar la defensa territorial indígena y posicionar los saberes ancestrales como fundamentos del gobierno propio y de la justicia ambiental.
por STI | Dic 23, 2025 | CNTIAnaliza, Actualidad, Nota de prensa, Noticias
«Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural», en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional»
