Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
Julio de 2026
Ante la transición gubernamental y la continuidad de los compromisos del Estado colombiano, las autoridades, delegadas y delegados de los Pueblos Indígenas de Colombia, reunidos en espacio autónomo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), reafirmamos nuestra voluntad permanente de mantener un diálogo político franco, respetuoso y constructivo con el Estado colombiano.
Para los Pueblos Indígenas, los cambios de gobierno hacen parte de la vida democrática; la garantía de los derechos y el cumplimiento de lo acordado con el Estado constituyen obligaciones permanentes. Por ello, nuestra relación con el Estado colombiano no comienza ni termina con un periodo presidencial.
Hemos construido caminos de diálogo y de resistencia lo largo de más de cinco siglos por la defensa de nuestros derechos y construcción de propuestas con el Estado. Nuestra palabra ha trascendido los diferentes gobiernos nacionales porque expresa una agenda histórica orientada a garantizar nuestra pervivencia física, cultural, espiritual, y de protección de nuestros territorios.
Durante más de treinta años, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, creada mediante decreto 1397 de 1996, ha sido uno de los principales escenarios de concertación entre los gobiernos de los Pueblos Indígenas y el Gobierno nacional. Desarrollado bajo el principio de coordinación, el diálogo de Gobierno a Gobierno consolida el carácter pluriétnico y multicultural del Estado y materializa los mandatos constitucionales e internacionales que amparan los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los acuerdos suscritos en este escenario constituyen una responsabilidad del Estado y, por tanto, no pueden ser desconocidos, debilitados o interrumpidos como consecuencia de una transición gubernamental o de nuevas orientaciones administrativas. En la medida que el Gobierno Nacional asuma las responsabilidades con los derechos de los Pueblos Indígenas, se fortalece la democracia, se consolida la seguridad territorial y se dignifica la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
De los análisis políticos, técnicos y jurídicos realizados por esta Comisión, reconocemos que durante el último cuatrienio se alcanzaron avances importantes en materia de derechos territoriales y en la consolidación de condiciones para fortalecer la seguridad jurídica de los territorios indígenas. Siendo fundamental continuar con este fortalecimiento, bajo el principio de progresividad y no regresividad y del respeto por el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
Nuestras relaciones con el territorio no están fraccionadas, por tanto es urgente mantener su protección integral, como condición indispensable para garantizar nuestra pervivencia como pueblos, el ejercicio efectivo de nuestra autonomía y del gobierno propio, la preservación de la diversidad biológica y cultural, la construcción de paz y el cumplimiento de los derechos constitucionales, la normatividad nacional, así como los derechos internacionales asumidos por Colombia en materia de autodeterminación de los Pueblos Indígenas, los derechos humanos, cambio climático y biodiversidad. Fortalecer los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas no beneficia únicamente a nuestros pueblos; fortalece el futuro ambiental, democrático y multicultural de toda la Nación.
En consecuencia, las autoridades, delegadas y delegados de los Pueblos Indígenas declaramos:
Primero. Que la relación entre el Estado colombiano y los Pueblos Indígenas trasciende los diferentes gobiernos nacionales y constituye un compromiso y una voluntad política permanente del Estado.
Segundo. Se debe garantizar el cumplimiento de los acuerdos concertados en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y se deben cumplir de conformidad con los principios de progresividad y no regresividad, garantizando su continuidad y el cumplimiento de los mismos.
Tercero. La garantía de seguridad jurídica de los territorios indígenas constituye una condición indispensable para lograr la autonomía, el gobierno propio, la protección de la vida y el cuidado de la biodiversidad.
Cuarto. Que la transición gubernamental debe garantizar el cumplimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, y en ese orden dar continuidad a los procesos, programas, políticas y acuerdos construidos en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, asegurando las condiciones políticas, jurídicas, técnicas, institucionales y presupuestales necesarias para su implementación.
Quinto. Que los Pueblos Indígenas mantendremos nuestra disposición permanente al diálogo, la concertación y la construcción colectiva de soluciones para el país, sin renunciar al ejercicio legítimo de la defensa de nuestros derechos, territorios, autonomía y gobierno propio.
Reafirmamos nuestra voluntad de seguir construyendo en el marco del cumplimiento de nuestros derechos fundamentales y convencionales, consagrados en el bloque constitucional, la Constitución Política, en el principio de convencionalidad y el marco internacional de derechos humanos. Al mismo tiempo, reiteramos nuestra decisión de continuar defendiendo nuestros territorios, nuestros derechos y nuestra autonomía, desde el la ley de origen, ley natural y derecho mayor, porque en ellos descansa la posibilidad de que los Pueblos Indígenas continuemos existiendo.
Somos los pueblos que hemos existido, resistido, convivido y protegido estos territorios desde antes de la conformación de la República, y continuaremos haciéndolo por las generaciones que aún están por venir. Esa responsabilidad orienta nuestra palabra, nuestras decisiones y nuestro compromiso permanente con nuestros pueblos, la vida y con el país.
Delegados de los Pueblos Indígenas de Colombia con asiento en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
¡defender los territorios es, defender la vida!
