En el marco de la clausura de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, los Pueblos Indígenas, los Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros, y las comunidades campesinas de Colombia firmamos el Pacto Nacional por la implementación de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural Integral y Popular.
Este momento es el resultado de un proceso político previo. Durante los años 2025 y 2026 se desarrollaron múltiples espacios de conversación común. Luego de un ejercicio de diálogo autónomo y construcción colectiva, surgió el Mandato por los Territorios, la Tierra, el Agua, los Ríos, los Mares y Maritorios, la Naturaleza y la Vida: Redistribución, Democracia, Transformación del Campo y Recuperación de los Vínculos Originarios, Ancestrales, Tradicionales, Históricos, Sociales y Populares.
El Pacto suscrito en la clausura recoge y proyecta ese Mandato. Surge de un ejercicio de diálogo político conjunto entre los pueblos y el Gobierno Nacional, construido desde sus procesos organizativos, y expresa el compromiso de avanzar en la implementación efectiva de una Reforma Agraria estructural, integral y popular con enfoque de derechos y justicia territorial.
En un acto de justicia histórica y política, fruto de las luchas sostenidas por los pueblos y comunidades en defensa de la tierra y el territorio, el Gobierno reconoce la legitimidad de las expresiones populares y comunitarias que sostienen la vida en todo el país. En ese contexto, reconoce integralmente el Mandato de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros y de las comunidades campesinas, y asume que este Pacto materializa y proyecta los propósitos comunes de transformación estructural construidos desde los territorios.
En esta jornada de celebración popular, que ratifica un compromiso histórico de transformación nacional, se firmó el Pacto como expresión de la voluntad política del Gobierno Nacional y de la autonomía de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros y las comunidades campesinas.
El Gobierno Nacional se compromete a respetar los máximos estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y territoriales de los Pueblos Indígenas, de los Pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros y de las comunidades campesinas, conforme a sus particularidades.
Desde los Pueblos Indígenas reafirmamos que este Pacto no es un punto de llegada, sino el inicio de una etapa de exigibilidad y cumplimiento. La Reforma Agraria solo tendrá legitimidad si garantiza nuestros derechos territoriales, respeta la autonomía y fortalece el gobierno propio. Seguiremos ejerciendo autoridad, movilización y monitoreo para que lo acordado se materialice en transformaciones reales en los territorios. La paz, la democracia, la justicia social y ambiental pasan por el reconocimiento efectivo de nuestros derechos colectivos.
No hay Reforma Rural justa sin los Pueblos Indígenas
Durante el cuarto día de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, el Movimiento Indígena de Colombia tuvo una participación significativa en los paneles programados, reafirmando, desde la vocería de nuestros mayores y mayoras, autoridades tradicionales, delegados y delegadas, que no puede haber Reforma Agraria sin el reconocimiento pleno de los derechos territoriales, la autonomía y el gobierno propio de los Pueblos Indígenas. Nuestra palabra insistió en que el territorio no es un recurso ni una mercancía, sino el fundamento espiritual, cultural y colectivo de nuestra existencia.
En el panel sobre reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra, el agua y los territorios, Jairo Guerrero, Delegado ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) por AICO, sostuvo que el territorio es un espacio sagrado. En torno a él se organiza la vida colectiva conforme a la Ley de Origen, el Derecho Mayor y la Ley Natural. Es allí donde ejercemos autonomía, autoridad y gobierno propio. No lo concebimos como factor de productividad, sino como el fundamento de nuestra existencia espiritual y colectiva.
En el espacio dedicado a los sistemas de conocimiento como marco de ordenamiento y manejo del territorio para el Cuidado de la Vida, moderado por Gunnaara JamioY Izquierdo (Denaji), con la participación de Seyaringumu Torres Chaparro (CIT), Rufina Román (CNMI), Miguel Yace (CRIC) y Luis Eduardo Tunubalá (AISO), se reafirmó que hablar de sistemas de conocimiento es hablar de la Ley de Origen y del orden de la vida. El territorio es un ser vivo. Nuestros sistemas nacen de esa relación viva con la montaña, el agua, las semillas, la lengua y los sitios sagrados. Cuando hablamos de territorio, hablamos de una red de relaciones espirituales, culturales, naturales y colectivas que sostienen el equilibrio.
En el panel sobre interacciones entre Estado y movimientos sociales, Francisco Rojas Birry, Constituyente y delegado ante la CNTI y la Mesa Permanente de Concertación (MPC), insistió en que el gobierno indígena es ancestral y anterior al Estado. El diálogo debe desarrollarse de gobierno a gobierno, con reconocimiento efectivo de nuestra autonomía, autodeterminación, sistemas de conocimiento y derechos territoriales. Resulta incoherente que quienes hemos ordenado, defendido y cuidado los territorios quedemos al margen de una reforma que incide directamente en nuestras formas de vida.
El panel sobre defensores y defensoras de la tierra contó con la intervención de Noelia Campo, delegada de la MPC por el CRIC, quien señaló que quienes defendemos la Madre Tierra enfrentamos violencia, exterminio, criminalización y persecución. No puede haber Reforma Agraria ni justicia ambiental mientras persistan estas afectaciones. Mayor seguridad jurídica implica menos desplazamiento y menos vulneración de derechos. La protección integral del territorio exige garantías reales para quienes lo defienden.
En el marco de la Conferencia, Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI, presentó los avances en protección territorial y sistemas de información geográfica. En cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la CNTI y el IGAC, el SIG-I cuenta con un espacio en la Dirección Territorial Bolívar del IGAC. Esta herramienta fortalece el monitoreo y análisis de información geográfica al servicio de la defensa de los derechos territoriales, consolidando el uso estratégico de la información para el ordenamiento, la seguridad jurídica y la garantía de derechos.
El conversatorio sobre la Sierra Nevada de Santa Marta —Corazón del Mundo— reunió a Dwirunney Torres, Jaime Arias, Dalila Mestre y Luis Niuvita, con la moderación de Juan Mayr. Se reafirmó que la Línea Negra no es una frontera administrativa, sino el sistema de espacios sagrados que estructura el orden espiritual, cultural y ambiental del territorio ancestral. Expresa la Ley de Origen y el gobierno propio, fundamento que antecede al Estado. Los pueblos de la Sierra han resistido despojo, fragmentación y exterminio, sosteniendo una defensa territorial conjunta basada en su diversidad cultural y su fuerza espiritual.
Desde Cartagena realizamos una cobertura colectiva y colaborativa junto a la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI). A través de la emisora Ka’tikunsi, La Voz de los Territorios, amplificamos la palabra, los análisis y las apuestas políticas del Movimiento Indígena de Colombia en este escenario internacional.
En el tercer día de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20 (ICARRD+20), los Pueblos Indígenas de Colombia reiteramos que la reforma agraria debe garantizar el reconocimiento jurídico pleno de nuestros derechos territoriales.
No puede haber transformación rural sin seguridad jurídica, propiedad colectiva y respeto efectivo a nuestra autonomía.
Nuestros territorios no son baldíos ni espacios disponibles. Son territorios ancestrales con tradiciones, autoridad y gobierno propio. No concebimos el territorio como un simple bien material ni como factor de productividad. Es el espacio que sostiene la cultura, la lengua, la educación, la comunicación, todos nuestros sistemas de conocimiento. Es un espacio sagrado. En torno a él se organiza la vida colectiva. Sin garantías para permanecer en el territorio, la pervivencia de los pueblos queda en riesgo.
Más del 95 % del territorio formalizado coincide con áreas de importancia ambiental y natural: zonas forestales, agroforestales, áreas de conservación y fuentes hídricas. Este dato confirma que los Pueblos Indígenas somos guardianes ancestrales de la Madre Tierra. Hemos sostenido el equilibrio ecológico no solo para nuestros pueblos, sino para la humanidad.
Insistimos en que el diálogo debe desarrollarse de gobierno a gobierno, con reconocimiento efectivo de nuestra autonomía, autodeterminación y derechos territoriales. Hablar de reforma agraria implica garantizar la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado. Un pueblo sin territorio es un pueblo en riesgo de desaparecer.
Durante la plenaria “Justicia agraria, ambiental y climática”, intervino Yerly Stefania Ulcué Perdomo, coordinadora de juventud de la OPIAC, quien señaló que la participación indígena no puede reducirse a un reconocimiento simbólico. Advirtió que con frecuencia se invita a los pueblos a estos espacios sin que nuestra voz sea realmente tenida en cuenta. Reafirmó que los Pueblos Indígenas mantenemos una relación propia con el territorio, basada en la espiritualidad, en el conocimiento de sus ciclos y en prácticas de cuidado que garantizan equilibrio. Su mensaje fue claro: no hay reforma agraria sin los Pueblos Indígenas.
Destacó que las juventudes y las mujeres indígenas son sujetas políticas con derechos y responsabilidades en la defensa del territorio. Su participación no puede ser simbólica ni secundaria; debe ser efectiva y con garantías reales dentro de cualquier proceso de reforma agraria. Señaló que el liderazgo juvenil y de las mujeres indígenas es estructural en la gobernanza territorial. Sin su participación plena, sin seguridad jurídica y sin condiciones libres de violencias, no es posible avanzar hacia una reforma agraria con enfoque de derechos y justicia territorial.
En el evento paralelo “Avances y perspectivas de la agroecología en Colombia”, Mario Díaz Alarcón, del Gobierno Mayor, expuso la visión de la agroecología desde el enfoque de los Pueblos Indígenas. Señaló que no se trata solo de técnicas productivas, sino de procesos guiados por la Ley Natural, el respeto por los ciclos de vida y la armonía entre comunidad y territorio.
Explicó que la agroecología, desde esta perspectiva, no se limita a producir alimentos sin químicos, sino que implica una relación espiritual con el territorio, basada en el equilibrio y la reciprocidad. Recalcó que los sistemas propios de producción indígena integran conocimiento ancestral, diversidad biológica y cuidado del agua y del suelo. Subrayó que cualquier política agraria que pretenda ser sostenible debe reconocer y fortalecer estos sistemas, en lugar de imponer modelos externos que rompen los ciclos naturales y comunitarios.
Desde Cartagena realizamos una cobertura colectiva y colaborativa junto a la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI). A través de la emisora Ka’tikunsi, La Voz de los Territorios, amplificamos la palabra, los análisis y las apuestas políticas del Movimiento Indígena de Colombia en este escenario internacional.
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Durante la jornada del 25 de febrero, como Movimiento Indígena de Colombia reiteramos en los diferentes paneles y en el diálogo con actores e instituciones, la importancia de que la Reforma Agraria avance efectivamente con los Pueblos Indígenas. Para ello es fundamental reconocer las particularidades de nuestras relaciones con el territorio.
Los diferentes mecanismos, políticas públicas y planes nacionales de desarrollo, así como los acuerdos internacionales, deben tener una hoja de ruta clara con los Pueblos Indígenas coherentes a los derechos adquiridos y estándares internacionales, como condición para preservar la confianza y avanzar hacia una Reforma Agraria diversa y plural.
Hoy, los Pueblos Indígenas participamos de dos paneles centrales de la agenda oficial, orientados a analizar los caminos hacia una Reforma Agraria en coordinación con los sistemas de pensamiento y gobierno propios, las “Entidades territoriales indígenas: una forma propia de administrar los territorios” y “La lucha de las mujeres por la reforma agraria”.
Ambos espacios reafirmaron que la discusión sobre la Reforma Agraria, no puede desligarse del avance en las garantías de los derechos territoriales, la autonomía, la autodeterminación y que la protección integral del territorio exige reconocer el papel histórico y político de las mujeres indígenas en la transmisión del conocimiento, el cuidado de la vida y la defensa de los derechos colectivos.
El primer panel posicionó a las Entidades Territoriales Indígenas como expresiones legítimas de gobierno propio, sustentadas en sistemas normativos, culturales y espirituales que garantizan el cuidado de la vida, la protección de los territorios y el equilibrio con la Madre Tierra. Reconocer estas entidades implica reconocer formas propias y efectivas de administración territorial que han sostenido los territorios ancestrales mucho antes de la conformación del Estado; por ello hablamos de derechos preexistentes. En este espacio intervinieron Roque Miraña, Representante Legal de la ETI-PANI, y Rosalía León, Coordinadora “Madres de Semilla” de la ETI Río Paraná, TI del Macroterritorio de los Jaguares de Yurupari.
El segundo panel puso en el centro la voz y el liderazgo de varias mujeres. Las mujeres indígenas han sido históricamente protagonistas en la defensa del territorio, la soberanía alimentaria, la transmisión de saberes y la pervivencia de los pueblos originarios. Su palabra sostiene la memoria, orienta el gobierno propio y fortalece el ordenamiento territorial desde una perspectiva de cuidado y equilibrio. Su lucha por la Reforma Agraria no se limita al acceso a la tierra; exige el reconocimiento de sus derechos, su participación en la toma de decisiones y la transformación de las estructuras de desigualdad que persisten en el campo.
En este espacio intervino Yamile Carolina Taramuel, del Pueblo de los Pastos, Delegada de AICO por la Pacha Mama ante la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI). Su participación reafirmó que la justicia territorial implica erradicar las violencias estructurales que afectan a las mujeres indígenas y garantizar su presencia efectiva en los escenarios donde se define el rumbo de la Reforma Agraria.
Estamos en este escenario internacional para insistir que la Reforma Agraria no puede entenderse únicamente como una política de tierras. Nuestra visión no se reduce a la redistribución; implica proteger la vida en todas sus dimensiones —humana, animal y espiritual— y garantizar nuestra pervivencia y permanencia en el territorio
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Hoy inició la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20 (ICARRD+20), en la ciudad de Cartagena, un escenario de alcance internacional donde se debate el acceso, la redistribución de la tierra y la justicia territorial.
En este espacio participan Estados, organismos internacionales, Pueblos Indígenas, organizaciones y comunidades campesinas, afrodescendientes, pescadoras, sectores de la sociedad civil, representantes del Gobierno nacional e invitados internacionales.
En la sesión de apertura, el movimiento indígena hizo presencia activa. En la plenaria inaugural “Tierra: pasado, presente y futuro: la lucha de los pueblos por la Reforma Agraria”, intervino Rosalino Guarupe Joropa, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en representación del movimiento indígena colombiano, reafirmando que cualquier proceso de reforma agraria debe partir del reconocimiento pleno de los derechos consuetudinarios de los Pueblos Indígena.
Señaló que hablar de reforma agraria implica garantizar la consulta previa, libre e informada y asegurar la seguridad jurídica de los territorios indígenas. También dejó claro que los Pueblos Indígenas no somos un actor marginal en este debate: subrayó además que los Pueblos Indígenas no ocupamos un lugar periférico en este debate: somos sujetos políticos colectivos, con autoridad propia y capacidad real de incidir en las decisiones sobre el ordenamiento del territorio y la orientación de la transformación rural. Somos guardianes históricos de los territorios ancestrales y ejercemos una defensa activa y permanente de la vida.
En el panel “Autonomías indígenas y campesinas, interculturalidad”, se abordó la situación de regiones donde la vida, la biodiversidad y los pueblos ancestrales sostienen el equilibrio del planeta, pero que enfrentan profundas tensiones por modelos de desarrollo que desconocen los derechos territoriales y los sistemas propios de gobierno. En este espacio participó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), con la intervención de Óscar Daza, quien reiteró la necesidad de fortalecer la autonomía y la gobernanza territorial como eje de cualquier política agraria.
La participación indígena es efectiva y política. No se trata de presencia simbólica. Exigimos que la reforma agraria parta del reconocimiento pleno y efectivo de los derechos territoriales, del respeto a la propiedad colectiva y de la garantía de seguridad jurídica. Reafirmamos que la reforma agraria no se limita a redistribuir tierra. Implica restablecer los vínculos originarios con el territorio, proteger los espacios sagrados y reconocer nuestros sistemas de conocimiento, espiritualidad y de gobierno propio.
En un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y desigualdad estructural, la defensa de los territorios indígenas es una medida concreta para restaurar el equilibrio y garantizar nuestra pervivencia física y cultural. Nuestros territorios no son baldíos; son territorios colectivos con derechos ancestrales, históricos y constitucionales.
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Desde Cartagena realizamos una cobertura colectiva y colaborativa de los Pueblos Indígenas de Colombia. A través de la emisora Ka’tikunsi – La Voz de los Territorios, amplificamos la palabra y las propuestas que posicionamos en este escenario internacional.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), los Pueblos Indígenas celebramos y atendemos el llamado del Presidente de la República, Gustavo Petro, a garantizar la protección jurídica integral del Sistema ancestral de Espacios Sagrados, de Conocimientos y de Gobierno propio de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, que demarca la Línea Negra en sus áreas continentales, litorales y marinas.
Desde este escenario valoramos su sincera preocupación por la reciente anulación jurídica del Decreto 1500 de 2018, y destacamos su pronunciamiento para que se reconozca la integralidad del sistema ancestral y su carácter estructural para la pervivencia, permanencia de los Pueblos Indígenas de la Sierra.
La Sierra Nevada es un territorio sagrado y vivo, con ordenamiento ancestral y autoridades propias. Es el corazón del mundo desde la Ley de Origen de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Frente a intentos históricos de despojo, fragmentación y exterminio, han sostenido una defensa territorial conjunta basada en su diversidad cultural y su fuerza espiritual. La Línea Negra no es una frontera administrativa, sino el sistema de espacios sagrados que estructura el orden espiritual, cultural y ambiental del territorio ancestral.
El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 de 2018, que identificaba y describía las conexiones espirituales de los pueblos de la Sierra Nevada mediante 347 espacios que integran el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, oficializaba su cartografía para efectos de protección estatal y definía mecanismos específicos para su salvaguarda.
Esta decisión se aparta de la tradición jurídica que ha reconocido y protegido este territorio ancestral, y desconoce el proceso de consulta previa y el diálogo sostenido entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional. El Decreto fue resultado de una exigencia histórica de derechos, de una orden judicial de la Corte Constitucional y de una concertación de gobierno a gobierno, con respaldo técnico del IGAC y fundamento constitucional e internacional.
Sin este instrumento reglamentario, los Pueblos Indígenas de la Sierra enfrentan mayor vulnerabilidad jurídica ante intervenciones externas que pueden afectar su territorio, sus sistemas de conocimiento ancestral y el equilibrio espiritual que sostiene su existencia colectiva, un equilibrio que no solo es fundamental para estos pueblos, sino para la vida en general.
El vínculo espiritual que une a los pueblos con nuestros espacios sagrados antecede al Estado y trasciende cualquier norma; se expresa en la Ley de Origen y en el gobierno propio como fundamento cultural y normativo que guía nuestra existencia colectiva. La relación ancestral con el territorio no puede ser anulada por una decisión administrativa o judicial.
Esta situación exige medidas urgentes de protección integral y el restablecimiento de salvaguardas efectivas conforme a los estándares constitucionales e internacionales. La seguridad jurídica y material de los territorios ancestrales no puede depender de interpretaciones cambiantes, sino de compromisos firmes con la autonomía, el derecho propio y la vida misma.
En ese sentido, el llamado presidencial debe traducirse en acciones concretas que restablezcan y fortalezcan la protección integral del territorio ancestral. Es indispensable asegurar la participación directa de las autoridades propias de los 4 pueblos de la Sierra en cualquier proceso que impacte la Línea Negra y sus espacios sagrados. Desde la CNTI reiteramos que la garantía efectiva de los derechos territoriales es condición para la paz y la vida.
