En el marco de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en Ereván, Armenia. El 19 de octubre, nuestro Secretario Técnico Indígena, Camilo Niño Izquierdo, presentó cómo los Pueblos Indígenas, desde nuestros territorios y sistemas de gobierno propio, contribuimos al cuidado de la naturaleza, y los riesgos que enfrentamos quienes los defendemos.
La intervención tuvo lugar en el evento paralelo “De la apropiación verde a la conservación basada en los derechos: impulsar una aplicación equitativa y eficaz del objetivo 30×30”, durante el panel “Derechos, conservación y rendición de cuentas”, junto a representantes de Indigenous Peoples Rights International (IPRI), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP) y Synchronicity Earth. Allí planteamos que la implementación de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad debe reconocer nuestros sistemas de gobierno y garantizar los derechos que permiten sostener el cuidado de los territorios.
Camilo Niño Izquierdo presentó los resultados de los análisis realizados por la CNTI a través de Chey, nuestro Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Estos muestran que los territorios indígenas en Colombia abarcan aproximadamente 41 millones de hectáreas, cerca del 36 % de la superficie continental del país, y albergan el 58 % de sus bosques y el 61 % del área nacional de aguas superficiales.
A partir de esta información, identificamos que el 71 % de los territorios indígenas presenta una integridad del paisaje alta o muy alta y el 91 % de sus ecosistemas se encuentra en estado natural. Estos resultados dan cuenta de la conectividad de la vegetación y de funciones esenciales como el almacenamiento de carbono, la regulación del agua y el control de inundaciones y erosión.
En los resguardos indígenas se han registrado 21.544 especies, el 25,7% de las registradas en Colombia, de acuerdo con información del SiB Colombia con corte al 31 de marzo de 2026. Y esto es apenas lo documentado, ya que solo alrededor del3% de los registros biológicos del país se ha tomado en estos territorios con título de propiedad colectiva. Por ello, destacamos la necesidad de fortalecer el monitoreo propio y el reconocimiento de los conocimientos de nuestras comunidades.
Durante la intervención relacionamos estas condiciones con nuestras autoridades tradicionales, guardias indígenas, planes de vida, mandatos territoriales y conocimientos ancestrales. Desde esa experiencia, insistimos en que la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, conocida como 30×30, debe respaldar nuestras formas de cuidado y respetar nuestros derechos en las decisiones de conservación.
También advertimos sobre las presiones extractivas, la deforestación y la violencia que afectan a nuestros territorios. La información presentada muestra que en nuestros territorios se encuentra el 15,44% de las áreas con títulos mineros vigentes del país, el 9,79% del área de explotación de hidrocarburos y el 15,10% del área deforestada en el último año. Estas presiones deben abordarse junto con el conflicto armado y la inseguridad jurídica territorial, señalados en nuestros análisis como factores estructurales de la violencia contra los Pueblos Indígenas.
El Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) registró 144 personas indígenas víctimas de homicidio entre enero de 2025 y agosto de 2026. Aproximadamente una de cada tres víctimas ejercía funciones de liderazgo, autoridad, guardia o medicina tradicional. La muerte de quienes cumplen estas funciones afecta la transmisión de conocimientos, la justicia propia y las capacidades colectivas que sostienen el territorio.
Los datos presentados también señalan que el 80% de las víctimas registradas en 2025 estaba en territorios con inseguridad jurídica, mientras 1.650 solicitudes de formalización territorial permanecen pendientes de resolución por parte del Estado. A estas afectaciones se suman amenazas, desplazamiento, confinamiento, desapariciones forzadas, secuestros y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El miedo y el control armado, además, favorecen el subregistro.
Frente a este panorama, presentamos cuatro recomendaciones a la COP17. Exigimos seguridad jurídica y material mediante el reconocimiento y la protección integral de nuestras tierras, territorios y aguas, con garantías para permanecer y ejercer el gobierno propio.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible y respetuoso de nuestra autonomía, que responda a las prioridades de nuestros pueblos y respalde sus capacidades de cuidado territorial. También exigimos mecanismos efectivos de protección para autoridades, líderes, lideresas, guardias y demás personas defensoras.
Reivindicamos nuestro reconocimiento como titulares de derechos en las decisiones sobre biodiversidad. Esto requiere participación plena, segura, efectiva y vinculante desde el diseño de las políticas hasta su implementación y seguimiento, con respeto por nuestras formas propias de representación y deliberación.
Con nuestra participación en este espacio, insistimos en que proteger a quienes defienden los territorios también es proteger la biodiversidad. El cumplimiento del Marco Mundial debe fortalecer nuestros derechos colectivos y nuestros sistemas de gobierno. Honramos la memoria de quienes han defendido el territorio con su vida y exigimos garantías para la continuidad de nuestros pueblos.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exigimos que las decisiones sobre biodiversidad y cambio climático se traduzcan en garantías para nuestros pueblos y territorios. En el marco de la COP17 y la COP31, llamamos a los Estados a reconocer nuestros derechos colectivos, respaldar nuestros sistemas de gobierno y conocimiento y proteger la vida de quienes ejercemos la defensa territorial.
La COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica se realiza del 19 al 30 de octubre de 2026 en Ereván, Armenia. En este encuentro se abordarán la conservación de la biodiversidad, su uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. También tendrá lugar la primera revisión mundial de los avances colectivos en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, junto con discusiones sobre financiamiento, seguimiento y compromisos relacionados con los Pueblos Indígenas.
Por su parte, la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se realizará del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. En este escenario se discutirán acciones para reducir emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y atender pérdidas y daños. El financiamiento y la transición justa, con enfoque de derechos, son asuntos fundamentales para nuestros pueblos.
Las Conferencias de las Partes, conocidas como COP, reúnen a los Estados que forman parte de un convenio internacional para evaluar su cumplimiento y negociar decisiones. Cada una tiene objetivos y una agenda propios. Sus acuerdos orientan la implementación de los convenios y requieren políticas, recursos y acciones nacionales que se traduzcan en resultados concretos en los territorios.
Para nuestros pueblos, la biodiversidad y el clima están vinculados en la integridad territorial. En nuestros territorios se relacionan las aguas, los bosques, la espiritualidad y nuestros sistemas de conocimiento y gobierno. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad afectan esas relaciones y las condiciones para sostener nuestras formas de vida. Desde nuestros gobiernos propios mantenemos prácticas de cuidado que deben ser reconocidas y respaldadas en ambas COP.
Exigimos seguridad jurídica y material para nuestros territorios y aguas. Los Estados deben avanzar en su reconocimiento y protección integral, con garantías efectivas para permanecer, ejercer el gobierno propio y enfrentar el despojo y las amenazas. Nuestros derechos territoriales tienen fundamento ancestral, histórico y colectivo, y deben respetarse en las políticas de conservación y acción climática.
Reclamamos financiamiento directo, adecuado, accesible, predecible y respetuoso de nuestra autonomía. Los recursos deben responder a prioridades definidas por nuestros pueblos y respaldar las capacidades que sostienen el cuidado territorial. Su acceso y gestión deben reconocer nuestras instituciones, procedimientos colectivos y sistemas de conocimiento.
Exigimos protección efectiva para nuestras autoridades, liderazgos y personas defensoras. Las amenazas, los homicidios, el desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento forzado afectan a nuestros pueblos y debilitan nuestros sistemas de gobierno, conocimiento y cuidado. Cada agresión compromete vínculos comunitarios, la transmisión de saberes y la continuidad de nuestros procesos organizativos. Los compromisos ambientales deben incluir mecanismos de prevención y protección que atiendan estas dimensiones colectivas y territoriales.
Exigimos participación plena, segura, efectiva y vinculante como titulares de derechos. Para incidir en la construcción, implementación y seguimiento de las decisiones, necesitamos información oportuna, interpretación, recursos y mecanismos que incorporen nuestras propuestas. Todo el proceso debe respetar nuestras formas propias de representación y deliberación, así como nuestro consentimiento libre, previo e informado.
El cumplimiento de los compromisos debe poder verificarse mediante responsables, plazos, presupuestos y resultados. Esto implica conocer cómo avanzan la protección territorial, el financiamiento a nuestros procesos y las garantías para ejercer nuestros derechos. La conservación y la transición justa deben respetar nuestra autonomía y fortalecer las condiciones para cuidar y permanecer en nuestros territorios.
En la COP17 y la COP31 insistimos en que nuestra palabra y nuestras propuestas se traduzcan en decisiones y garantías. La protección de la biodiversidad y la justicia climática requieren reconocer el lugar de nuestros pueblos en las decisiones que afectan la vida territorial.
En el desarrollo de la V Sesión CNTI de diálogo de alto nivel de Gobierno a Gobierno, realizada entre el 15 y 16 de octubre, los delegados, delegadas y organizaciones que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en representación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia, reafirmamos que la garantía de nuestros derechos territoriales constituye una obligación permanente del Estado colombiano.
La CNTI, creada mediante el Decreto 1397 de 1996, es una conquista histórica del movimiento indígena y un escenario de alto nivel para la concertación, el seguimiento y la exigibilidad de nuestros derechos territoriales. Su existencia, como la de nuestros derechos, es resultado de luchas históricas y de siglos de resistencia. Los Pueblos Indígenas somos sujetos colectivos de derechos y de especial protección constitucional, y continuaremos resistiendo y existiendo para garantizar su respeto y cumplimiento, con independencia de los cambios de gobierno.
En los últimos cuatro años, la formalización de los territorios indígenas aumentó en un 137 %. Este avance demuestra, con datos técnicos, que es posible fortalecer la respuesta institucional cuando existen coordinación, recursos y mecanismos adecuados para garantizar nuestros derechos territoriales.
Los gobiernos pasan, pero los Pueblos Indígenas permanecemos. Por ello, en esta V Sesión, la primera con el nuevo Gobierno Nacional, planteamos que estos avances deben continuar bajo los principios de progresividad, no regresividad e integralidad. La progresividad implica que los avances alcanzados continúen materializándose, que los compromisos pendientes tengan un cierre adecuado en el actual Plan Nacional de Desarrollo y que esos resultados constituyan un punto de partida para el próximo PND, con las debidas garantías de consulta previa, libre e informada.
Asimismo, las adecuaciones institucionales y normativas que han permitido fortalecer y agilizar los procedimientos territoriales requieren una implementación efectiva y sostenida para seguir avanzando en la materialización de nuestros derechos.
En este propósito, la buena fe, la coordinación y la articulación institucional son condiciones indispensables para que las decisiones adoptadas por el Estado se traduzcan en garantías efectivas en los territorios. Esta garantía debe comprender integralmente nuestros derechos colectivos, incluida la participación, la consulta y el ejercicio legítimo de la movilización social como expresión de nuestras demandas y de la defensa de los territorios.
Reconocemos los avances alcanzados y, al mismo tiempo, señalamos los rezagos, las solicitudes pendientes y las necesidades históricas que aún requieren respuesta. La progresividad implica dar continuidad a lo logrado, avanzar en el cumplimiento de los compromisos pendientes y garantizar un cierre adecuado del actual Plan Nacional de Desarrollo en materia de derechos territoriales indígenas.
Los acuerdos suscritos durante esta sesión buscan establecer rutas concretas para avanzar en nuestra lucha por la defensa y la garantía efectiva de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Como parte de nuestras funciones, desde la CNTI haremos seguimiento a su desarrollo, cumplimiento y a los cronogramas definidos, y evaluaremos los avances y asuntos pendientes en la próxima sesión, prevista entre el 25 y el 27 de noviembre de 2026.
Reafirmamos nuestra voluntad permanente de diálogo y coordinación con el Estado colombiano. Los gobiernos cambian, pero la obligación estatal de proteger y garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas permanece.
Estamos convencidos de que defender los territorios es defender la vida, y que defender nuestros territorios no puede costarnos la vida.
Este 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas, reafirmamos que nuestra historia no comienza con la invasión europea ni puede reducirse al relato del “descubrimiento”. Somos pueblos milenarios y ancestrales que hemos sostenido nuestra pervivencia física, cultural, espiritual y territorial frente a más de cinco siglos de despojo, violencia y silenciamiento. La resistencia continúa porque seguimos defendiendo la vida, la Madre Tierra y los territorios que habitamos y cuidamos.
Para nosotros, el territorio no es una superficie disponible para la explotación ni una suma de recursos. Es un sistema vivo de relaciones ancestrales entre pueblos, aguas, montañas, bosques, animales, espíritus, memorias y conocimientos. Allí se sostienen nuestras lenguas, formas propias de gobierno, prácticas de cuidado y los mandatos que hemos recibido de nuestros ancestros y ancestras. Defender los territorios es, por tanto, defender las condiciones materiales, culturales y espirituales que hacen posible nuestra existencia como pueblos.
Por eso, nuestra resistencia tampoco pertenece únicamente al pasado. El colonialismo cambió de formas, pero sus efectos continúan expresándose en decisiones y proyectos que desconocen nuestra autonomía y Gobierno Propio, en presiones extractivas sobre los territorios y en políticas que fragmentan nuestras formas de vida y las relaciones que hemos construido ancestralmente con la Madre Tierra.
Frente a estas presiones, seguimos afirmando los sistemas propios de conocimiento, nuestras autoridades, espiritualidad y palabra colectiva. La resistencia indígena no es únicamente memoria de lo que ocurrió hace siglos. Es una práctica cotidiana de cuidado, decisión y permanencia. Se expresa en la defensa territorial, en la transmisión de las lenguas, en la educación propia, en la comunicación, en los sistemas de conocimiento y en las formas colectivas mediante las cuales seguimos sosteniendo la vida.
Más de cinco siglos después, seguimos de pie. No porque la historia haya sido benevolente con nuestros pueblos, sino porque hemos construido caminos de resistencia, reorganización y continuidad colectiva. Nuestra espiritualidad, autonomía y palabra han sido fundamentales para sostener esa permanencia y para enfrentar los distintos intentos de exterminio, subordinación y silenciamiento.
En esta fecha también honramos a nuestros ancestros y ancestras, a quienes defendieron la vida y los territorios antes que nosotros, a quienes caminaron estos procesos y retornaron a la Madre Tierra. Sus luchas, conocimientos y mandatos siguen presentes en las decisiones que tomamos y en las responsabilidades que asumimos con las generaciones que vienen.
Pero no somos únicamente memoria. Somos presente y futuro. Somos pueblos que hablan desde sus propias voces, lenguas, conocimientos, medios de comunicación y sistemas de gobierno. Somos autoridades, comunidades y procesos organizativos que continúan defendiendo el derecho a permanecer en los territorios y a decidir sobre ellos desde las formas propias de comprender y ordenar la vida.
En este 12 de octubre también cuestionamos las narrativas que aún presentan nuestra historia desde una mirada colonial y reafirmamos que la pervivencia de los Pueblos Indígenas está estrechamente ligada a la garantía de nuestros derechos territoriales. No puede hablarse de diversidad cultural mientras se desconocen los territorios que la sostienen, ni de protección de la naturaleza mientras se debilitan las formas propias de gobierno y los sistemas de conocimiento que ancestralmente han cuidado la vida.
En este marco, al Gobierno Nacional le recordamos que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país exige respetar plenamente nuestras autoridades, formas de Gobierno Propio y los derechos colectivos y territoriales de los Pueblos Indígenas, reconocidos en la Constitución, la ley, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos derechos no dependen de coyunturas políticas ni pueden quedar sujetos a interpretaciones regresivas que desconozcan su carácter histórico, colectivo y fundamental.
Cualquier decisión, política pública o reforma que incida sobre nuestros pueblos y territorios debe partir del respeto a la autonomía, la participación efectiva y los derechos ya reconocidos. No aceptamos retrocesos en las garantías alcanzadas ni medidas que debiliten nuestras autoridades, fragmenten nuestros territorios o reduzcan el alcance de nuestros derechos colectivos. La relación con los Pueblos Indígenas debe construirse desde el diálogo y la concertación de Gobierno a Gobierno, reconociendo nuestra diversidad, sistemas de conocimiento propio y formas de organización.
Nuestra lucha sigue siendo diaria, ancestral y colectiva. Somos palabra, memoria, conocimiento y territorios vivos. Seguiremos defendiendo la vida, fortaleciendo el Gobierno Propio y transmitiendo a las nuevas generaciones los conocimientos que han permitido nuestra permanencia.
Este 12 de octubre no conmemoramos un descubrimiento. Reafirmamos nuestra resistencia, ancestralidad y derecho a seguir existiendo como pueblos en nuestros territorios.
Durante tres días, autoridades, mayores, mujeres, jóvenes Kiwe Thegnas (guardias indígenas) adelantamos un espacio de trabajo colectivo con el acompañamiento del equipo técnico de la STI – CNTI. El encuentro abordó las violencias que afectan al pueblo Nasa, con especial atención a los riesgos del reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Entre el 5 y el 7 de octubre realizamos en Çxhab Wala Kiwe, norte del Cauca, un encuentro nacional junto con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). El espacio estuvo orientado a validar información territorial, intercambiar experiencias y generar insumos para los procesos de incidencia relacionados con la garantía de los derechos territoriales, el cuidado y la conservación de los bosques, así como la atención a la violencia sociopolítica.
El encuentro formó parte de la articulación e intercambio directo entre sistemas de información propia: el Sistema de Información sobre Violencias Sociopolíticas contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) de la CNTI y los sistema de monitoreo MADEJA y Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa (RCVC), pertenecientes al Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN. Este trabajo conjunto buscó fortalecer la producción, validación y apropiación de datos comunitarios como herramienta clave para la defensa de la vida y el territorio.
Uno de los ejes centrales fue la situación que enfrentan niños, niñas, adolescentes y jóvenes Nasa frente a las distintas violencias que persisten en el territorio, particularmente el riesgo de reclutamiento forzado. Junto con mayores, mujeres, jóvenes Kiwe Thegnas abordamos las condiciones asociadas a estas violencias, los actores que ponen en riesgo la vida y las acciones que desarrollan las familias, autoridades y organizaciones para responder a esta situación.
A través de espacios de diálogo, trabajos colectivos y ejercicios de cartografía propia, analizamos las dinámicas territoriales vinculadas a estas afectaciones y las respuestas comunitarias construidas para enfrentarlas. Así mismo, la reflexión contextualizó estas problemáticas en el norte del Cauca, un escenario bajo constante presión por la militarización y las confrontaciones armadas que afectan a la población civil.
Durante el segundo y tercer día avanzamos en la revisión conjunta y retroalimentación de SIVOSPI y MADEJA. Este ejercicio se concentró en la revisión de datos y en el intercambio entre los sistemas de información. De manera paralela, se realizaron entrevistas con mujeres Nasa para recoger sus experiencias frente a las violencias vividas en los procesos de defensa territorial.
Este trabajo reafirma que la información producida desde los Pueblos no constituye únicamente un registro técnico. Permite documentar las afectaciones, sustentar las exigencias colectivas y fortalecer los procesos comunitarios y de incidencia política. La articulación entre SIVOSPI y MADEJA afianza, en ese sentido, la consolidación de herramientas construidas desde los territorios para comprender las violencias y fortalecer las respuestas propias.
El reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas es una de las infracciones más graves al DIH. Ante este crimen, el derecho internacional blinda su condición innegociable de víctimas y veta por completo su tratamiento como bajas legítimas u objetivos militares. Reafirmamos una exigencia urgente: la guerra no puede arrebatar sus proyectos de vida. Los territorios ancestrales deben ser espacios de vida seguros para crecer, aprender y pervivir como Pueblos Indígenas en sus comunidades.
Desde la CNTI continuaremos fortaleciendo estos ejercicios de producción y análisis de información propia, en articulación con las organizaciones y autoridades indígenas, como parte de las acciones para defender la vida, los derechos y los territorios de los Pueblos Indígenas.
Durante años, los Pueblos Indígenas hemos advertido que la falta de información completa, pertinente y territorializada no es un problema exclusivamente técnico. Cuando nuestros territorios no aparecen en los sistemas de información, cuando los datos están dispersos o cuando las decisiones públicas se construyen únicamente desde fuentes externas, también se crean condiciones para desconocer derechos, profundizar conflictos y mantener invisibles realidades que existen en los territorios.
Desde esta comprensión hemos construido Chey — Sistema Vivo de Información Geográfica Indígena (SIG-I), una herramienta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) desarrollada en articulación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para producir, organizar, consultar, analizar y contrastar información espacial sobre los territorios indígenas de Colombia. Chey surge de un proceso impulsado desde 2014 por la Secretaría Técnica Indígena y las organizaciones que integran la CNTI, como respuesta a la dispersión de información y a la necesidad de fortalecer nuestras capacidades para la defensa de los derechos territoriales.
No hablamos solamente de una plataforma tecnológica. Hablamos de información como derecho y como capacidad de decisión.
Las decisiones sobre formalización, ordenamiento territorial, biodiversidad, infraestructura, actividades extractivas o protección ambiental se sustentan en información. Por ello, quién produce los datos, cómo se interpretan, quién los administra y para qué se utilizan son preguntas directamente relacionadas con la autonomía y el gobierno propio. Una información completa y pertinente puede contribuir a materializar derechos; una información fragmentada, desactualizada o construida sin los Pueblos Indígenas puede reproducir su invisibilización.
Chey expresa también una forma propia de comprender el territorio. Su nombre proviene de la lengua Iku del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada Gonawindua de Santa Marta y remite a una comprensión del territorio como un sistema vivo, sagrado, continuo e interdependiente, donde el agua, el aire, el fuego, la tierra y los demás elementos que sostienen la vida se encuentran relacionados. La elección del nombre no es decorativa: expresa el sentido político y territorial de una herramienta que busca poner las tecnologías geoespaciales en diálogo con nuestros sistemas de conocimiento, formas de vida y Ley de Origen.
Para nosotros, un territorio no es una suma de polígonos, coordenadas o capas cartográficas. Es memoria, espiritualidad, relaciones ancestrales, conocimiento, sistemas de vida y formas propias de gobierno. Por eso, Chey no pretende reducir nuestros territorios a mapas. Busca utilizar la información geográfica para comprender y hacer visible esa integralidad.
El sistema reúne información sobre resguardos indígenas formalizados, solicitudes de formalización, procesos de protección de territorios ancestrales y datos censales. También integra cartografía base, áreas de reglamentación especial, zonas de protección ambiental, figuras de ordenamiento territorial, redes hidrográficas, registros de biodiversidad y proyectos relacionados con minería, hidrocarburos, inversión e infraestructura. A esto se suma información sobre procesos de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos y sobre títulos de origen colonial y republicano, fundamentales para analizar la seguridad jurídica territorial.
Esta integración permite observar relaciones que permanecen ocultas cuando cada entidad administra la información de manera separada. Podemos cruzar solicitudes de formalización con presiones extractivas; analizar la relación entre biodiversidad y seguridad jurídica; observar transformaciones del paisaje; identificar superposiciones entre diferentes figuras de ordenamiento; relacionar redes hídricas, ecosistemas y territorios; y documentar cambios o afectaciones que requieren seguimiento.
Chey permite procesar datos, cruzar capas, visualizar imágenes satelitales y producir mapas temáticos. Estas herramientas aportan a la planificación y gestión territorial y ambiental, al monitoreo de transformaciones, a la toma de decisiones de nuestras autoridades y organizaciones y al seguimiento y exigibilidad de los derechos territoriales.
Pero su importancia no se limita a disponer información. Chey permite interrogar los datos desde preguntas construidas por los propios Pueblos Indígenas.
Un ejemplo está en el análisis sobre biodiversidad. Al cruzar información territorial indígena con registros del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia), hemos podido producir una lectura que supera los datos nacionales generales y permite observar qué ocurre concretamente dentro de nuestros territorios.
Un ejercicio desarrollado en 2026 sobre una superficie aproximada de 41,4 millones de hectáreas de territorios indígenas, incluyendo resguardos, reservas, solicitudes de formalización y protección ancestral y otras figuras territoriales, identificó 56.613 especies reportadas, equivalentes al 68 % de las especies registradas para el país en la información analizada. Allí aparecen también 1.937 especies endémicas y 626 especies clasificadas en categorías de amenaza de la UICN.
Estos resultados muestran, al mismo tiempo, una contradicción importante: los registros biológicos localizados en territorios indígenas representan alrededor del 13 % del total nacional analizado, y persisten territorios con muy poca o ninguna información disponible en las bases existentes. Cerca del 40 % de los resguardos incluidos en el ejercicio no presenta registros de biodiversidad y, entre los territorios que se encuentran en procesos de solicitud, el vacío se aproxima al 50 %. Ausencia de registros no significa ausencia de biodiversidad. Significa ausencia de información.
Esta diferencia importa porque los vacíos de información también producen consecuencias políticas. Un territorio que no aparece suficientemente caracterizado puede ser presentado como vacío, improductivo o carente de relevancia ambiental. Por eso hemos insistido en que las herramientas tecnológicas y los sistemas de información no son neutrales. Pueden reproducir invisibilizaciones o convertirse en instrumentos para controvertirlas con evidencia.
Durante nuestra participación en la Semana de la Geomática señalamos precisamente que la producción de información geoespacial propia permite enfrentar narrativas que desconocen el valor territorial, cultural y ambiental de nuestros territorios. Allí mostramos que los mapas y los datos pueden respaldar la seguridad jurídica, el gobierno propio y la exigencia de derechos cuando son producidos e interpretados desde preguntas pertinentes para los pueblos.
La experiencia acumulada con Chey también ha abierto una discusión más amplia sobre la soberanía y la gobernanza de los datos indígenas. Los Pueblos Indígenas no podemos ser entendidos únicamente como proveedores de información para sistemas administrados por terceros. Debemos participar en la definición de las preguntas, la producción de los datos, su interpretación, protección, circulación y uso. Esto implica reconocer variables propias, indicadores bioculturales, sistemas de conocimiento y protocolos que eviten nuevas formas de extracción o apropiación de nuestra información.
Esta discusión ha trascendido el ámbito nacional. Los Encuentros Regionales de Sistemas de Información Geográfica Indígenas han permitido intercambiar experiencias con organizaciones y pueblos de distintos países de América Latina sobre monitoreo territorial, cartografía, innovación tecnológica, gobernanza de datos y producción de información propia. De estos diálogos surgió también la propuesta de consolidar una Red Regional de Sistemas de Información Geográfica Indígenas, entendida como un espacio permanente de cooperación entre pueblos para fortalecer capacidades y construir una agenda propia sobre información territorial.
En el II Encuentro Regional, Chey fue presentado nuevamente como una experiencia construida desde Colombia para la defensa de los derechos territoriales y, al cierre del encuentro, se realizó su relanzamiento bajo una idea central: Chey es identidad viva del territorio.
Este proceso plantea un horizonte que va más allá de mejorar una plataforma. Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad de los Pueblos Indígenas para producir y administrar información pertinente sobre sus propios territorios; contar con evidencia para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado; participar con mayores herramientas en las decisiones públicas; documentar amenazas y transformaciones; sustentar procesos de seguridad jurídica; y fortalecer las decisiones que corresponden a nuestras autoridades y estructuras de gobierno propio.
Chey integra información institucional, pero no depende únicamente de la mirada institucional. Permite contrastarla, interrogarla y relacionarla con las necesidades, conocimientos y realidades de nuestros pueblos. Esa diferencia es fundamental. Los Pueblos Indígenas no solo aparecemos en los mapas. Producimos conocimiento sobre los territorios, construimos información, interpretamos sus transformaciones y tomamos decisiones para su cuidado y defensa.
Por eso Chey es también una apuesta por transformar la relación entre información y poder. Que los datos sobre nuestros territorios no sean producidos únicamente desde afuera. Que las brechas de información no sigan convirtiéndose en brechas de derechos. Que las tecnologías geoespaciales puedan fortalecer, y no sustituir, nuestros sistemas de conocimiento y nuestras formas propias de gobierno.
Chey es una plataforma gratuita y de libre acceso. Puede consultarse desde la página de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y a través de Colombia en Mapas, plataforma del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Chey es territorio vivo convertido en información para conocer, decidir, cuidar y defender.
El territorio también se defiende con información.
