El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) hizo el lanzamiento de su más reciente informe en la Yat Wala (casa grande) de la ACIN, en Santander de Quilichao, durante su visita a territorio en el norte del Cauca.
Por Redacción CNTI
El recrudecimiento de la violencia en el país y las ataques contra los pueblos indígenas en 2020 encendió las alarmas del equipo de investigación. Como señaló July Calderón, coordinadora del ODTIPI, “desde la implementación del Acuerdo de Paz van más de 1.100 líderes y lideresas asesinados/as, de los cuales el 34% es indígena”.
La situación en lo que va de 2021 es preocupante. Al 29 de abril, en el departamento del Cauca ya se han presentado 26 asesinatos, 28 hostigamientos en combate, 7 atentados, 9 amenazas y 3 situaciones de abuso de autoridad. Así lo denunció Juan Manuel Camayo, coordinador del Tejido de Defensa a la Vida y Derechos Humanos de la Çxab Wala Kiwe.
Por su parte, Celia Umenza, coordinadora del Tejido Mujer de la Çxab Wala Kiwe, recordó que las mujeres están siendo gravemente afectadas, especialmente cuando se trata de lideresas y sabedoras ancestrales. En su intervención honró la memoria de las compañeras Cristina Bautista y Sandra Liliana Peña, gobernadoras indígenas asesinadas en 2019 y 2021, respectivamente.
El contexto de inseguridad jurídica y las dinámicas del conflicto han incrementado las vulneraciones a los pueblos. Las economías ilegales y la presencia de grupos armados que disputan el control de la ruralidad, agravan el panorama, y el gran despliegue de la militarización en los territorios, no ha disminuido la violencia. Por el contrario, no son pocas las denuncias acerca de los ataques y hostigamientos de la fuerza pública contra las comunidades étnicas.
De hecho, la mayoría de las afectaciones en 2020 han sido registradas en los departamentos de Cauca y Nariño, especialmente contra los pueblos Nasa y Awá que, como fue señalado en el informe, “se caracterizan por ser protagonistas de escenarios de movilización de importante alcance a nivel nacional, lo cual da cuenta de una tendencia sistemática hacia su persecución y amedrentamiento”.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, 115 indígenas han perdido la vida a causa de las acciones criminales de los actores armados y en este contexto, cinco desplazamientos forzados y diez masacres, han sido perpetradas. En los departamentos anteriormente mencionados, “la sistematicidad de los hechos (…) parecen revelar estrategias premeditadas para atacar de manera estructural los procesos organizativos de la región y con ello, las expresiones de movilización popular más fuertes hoy existentes en el país”, reza el documento.
De acuerdo a la información publicada en el informe, en el marco de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, las medidas de confinamiento permitieron establecer con mayor facilidad la ubicación de los liderazgos que más adelante se convirtieron en víctimas mortales. Doce de los casos se dieron en su lugar de residencia y en el periodo de cuarentena estricta, comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de agosto del año pasado, 41 indígenas fueron asesinados (lo que corresponde al 35,6% de los homicidios contra indígenas en 2020).
En este orden de ideas, una de las principales denuncias es la amenaza de etnocidio contra los pueblos indígenas en el país y la implementación de políticas que van en contravía de la garantía de sus derechos, ya que atentan directamente contra la pervivencia física y cultural de las comunidades en los territorios. A pesar de esto, los procesos organizativos buscan fortalecerse y reivindicar los planes de otra Colombia posible que le apuesta a la paz y al diálogo para la resolución de conflictos, según las palabras de Milton Conda, líder del pueblo Nasa y delegado de la CNTI.
Según información preliminar difundida por Indepaz y confirmada por líderes indígenas, Sandra Liliana Peña era la actual gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia SAT Tama Kiwe.
El crimen ocurrió en la vereda Porvenir, corregimiento El Pescador del municipio de Caldono, en un territorio donde hacen presencia diferentes actores armados como la columna móvil Dagoberto Ramos, la columna móvil Jaime Martínez (disidencias de las FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las primeras versiones indican que la víctima falleció en su lugar de residencia.
Integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC citados por el diario El Universal aseguraron que “los hechos se presentaron en su casa de habitación cuando hombres armados la obligaron a salir y, después, sin mediar palabra, dispararon contra su integridad física”.
De acuerdo con estas versiones, “la gobernadora había manifestado días antes su posición de rechazo como autoridad a los cultivos de uso ilícito que se estaban incrementando en el territorio”.
Otras versiones preliminares publicadas por el diario El Tiempo señalan que la lideresa indígena “iba bajando en una moto con un cabildante y se escucharon unos disparos. Cuando llegaron al sitio, el cuerpo estaba sin signos vitales y el guardia herido”.
Ferley Quintero, consejero del CRIC, relató a la emisora W Radio que la gobernadora se preparaba para viajar hacia la ciudad de Popayán, pues para el día de hoy tenía previsto participar en una sesión mixta con el Gobierno Nacional. “Lo que nos informan es que fue víctima de este atentado y murió cuando era llevada a un hospital”, relató el líder indígena Ferley Quintero.
Las autoridades indígenas aseguraron a medios de comunicación que la dirigente había recibido amenazas de muerte por promover un ejercicio de control territorial contra los cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados.
Tras conocer lo ocurrido, integrantes de la Guardia Indígena se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones que permitan ubicar a los autores de este crimen.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas rechazamos el exterminio de los pueblos indígenas y exigimos a las autoridades del Gobierno nacional celeridad en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este asesinato. Además de esto, denunciamos y alertamos a las instancias nacionales e internacionales sobre los asesinatos sistemáticos a nuestros líderes y lideresas sociales en los territorios.
En lo corrido del presente año han sido asesinados 52 líderes y defensores de derechos humanos (18 de ellos indígenas) y más de mil 166 desde la firma final del Acuerdo de Paz, según los registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).
Sandra Peña Chocué vivía en una de las regiones con más presencia militar, pero el Gobierno no hizo nada para protegerla.
Según información preliminar difundida por Indepaz y confirmada por líderes indígenas, Sandra Liliana Peña era la actual gobernadora del resguardo La Laguna-Siberia SAT Tama Kiwe.
El crimen ocurrió en la vereda Porvenir, corregimiento El Pescador del municipio de Caldono, en un territorio donde hacen presencia diferentes actores armados como la columna móvil Dagoberto Ramos, la columna móvil Jaime Martínez (disidencias de las FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las primeras versiones indican que la víctima falleció en su lugar de residencia.
Integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC citados por el diario El Universal aseguraron que “los hechos se presentaron en su casa de habitación cuando hombres armados la obligaron a salir y, después, sin mediar palabra, dispararon contra su integridad física”.
De acuerdo con estas versiones, “la gobernadora había manifestado días antes su posición de rechazo como autoridad a los cultivos de uso ilícito que se estaban incrementando en el territorio”.
Otras versiones preliminares publicadas por el diario El Tiempo señalan que la lideresa indígena “iba bajando en una moto con un cabildante y se escucharon unos disparos. Cuando llegaron al sitio, el cuerpo estaba sin signos vitales y el guardia herido”.
Ferley Quintero, consejero del CRIC, relató a la emisora W Radio que la gobernadora se preparaba para viajar hacia la ciudad de Popayán, pues para el día de hoy tenía previsto participar en una sesión mixta con el Gobierno Nacional. “Lo que nos informan es que fue víctima de este atentado y murió cuando era llevada a un hospital”, relató el líder indígena Ferley Quintero.
Las autoridades indígenas aseguraron a medios de comunicación que la dirigente había recibido amenazas de muerte por promover un ejercicio de control territorial contra los cultivos de uso ilícito y la presencia de grupos armados.
Tras conocer lo ocurrido, integrantes de la Guardia Indígena se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones que permitan ubicar a los autores de este crimen.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas rechazamos el exterminio de los pueblos indígenas y exigimos a las autoridades del Gobierno nacional celeridad en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este asesinato. Además de esto, denunciamos y alertamos a las instancias nacionales e internacionales sobre los asesinatos sistemáticos a nuestros líderes y lideresas sociales en los territorios.
En lo corrido del presente año han sido asesinados 52 líderes y defensores de derechos humanos (18 de ellos indígenas) y más de mil 166 desde la firma final del Acuerdo de Paz, según los registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz).
Sandra Peña Chocué vivía en una de las regiones con más presencia militar, pero el Gobierno no hizo nada para protegerla.
A pesar de ser un hecho ampliamente documentado, las víctimas de la masacre ejecutada por paramilitares del Bloque Calima de las AUC en el Naya siguen a la espera de verdad, justicia y reparación integral. Dos décadas después de lo ocurrido, el Observatorio de Derechos Territoriales de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) acompañó su conmemoración para recordar lo sucedido y honrar a sus muertos con el propósito de hacer memoria.
La región del Naya es mágica, amañadora, la calidez de su gente contrasta con la majestuosidad de los ríos que se mezclan con selvas verdes y vírgenes, y el agua que se desprende de las montañas, en gigantescos abismos, formando cascadas cristalinas.
El territorio está dividido en Bajo, Medio y Alto Naya lugar de convivencia de comunidades negras, campesinas e indígenas. Sólo cuenta con dos vías de acceso: una de ellas por el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca y otra acuática por Buenaventura por el canal entre el océano Pacífico y el suroccidente del país en el Valle del Cauca.
Tras una larga cruzada a lomo de mula y luego de pasar por tramos del camino casi verticales, sobresalen las lomas “La Fatigosa” y “La Pálida”. Para quienes llegan allí por primera vez, una parte del trayecto sólo deja ver barro y un pequeño trazo por los barrancos que parecen fáciles de atravesar. Más adelante, en otros tramos como Piedra Lisa, resulta difícil no sentir miedo, al pasar por unas piedras gigantes, húmedas y muy empinadas sobre las cuales el paso de las mulas ha dejado por años una huella permanente.
El riesgo de resbalar y caer al abismo se olvida cuando emerge entre las montañas el “Cerro Azul”, un espacio sagrado de vida a simple vista virgen, que pareciera querer olvidar la llegada al territorio de actores armados y del narcotráfico.
