Entre los meses de marzo y mayo de 2021, fueron asesinadas cuatro mujeres pertenecientes a al pueblo indígena Wayúu, además la comunidad ha denunciado otros ataques de los que ha sido objeto por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Sin embargo, y a pesar de los constantes llamados a las entidades competentes para estos casos, hasta el momento las investigaciones no han arrojado resultados.
Por Redacción CNTI
El pasado fin de semana se realizó un plantón frente al Departamento de Policía de La Guajira, en Riohacha, con el fin de exigir celeridad en el proceso de investigación y dar con los culpables de los crímenes que enlutan al pueblo Wayúu. También familiares de las víctimas y otras organizaciones piden que haya justicia y que los casos de feminicidio no queden impunes.
El primer caso de homicidio ocurrió el día 31 de marzo. La lideresa de la comunidad Aronshy, Aura Esther García Peñalver, fue asesinada por hombres armados quienes le dispararon mientras se movilizaba en una moto con su esposo en el corregimiento El Cardón, Uribia. Semanas antes la misma lideresa había solicitado medidas de protección por amenazas de muerte provenientes de grupos ilegales.
De igual manera, en el mes de abril, otros hechos criminales fueron registrados por la Policía. María Alejandra Brito Guariyu fue la nueva víctima de estos casos violentos, quien recibió impactos de bala mientras iba en una moto en el municipio de Barrancas. La mujer fue llevada al hospital local y más tarde remitida al hospital San Rafael de San Juan del Cesar, donde falleció.
Las investigaciones también tienen en cuenta dos aparentes feminicidios: el primero de ellos es el de Luz Dary Cotes Ballestas, trabajadora social de origen wayúu, que fue encontrada en un motel el 29 de abril, pero sus familiares alegan que el cuerpo fue trasladado allí para desviar las pesquisas.
El segundo caso ocurrió en menos de 48 horas, el día 1 de mayo. Esta vez la víctima fue Yeini Elena Epiayú Guariyu, menor de edad quien fue encontrada en zona rural del municipio de Fonseca. Durante la investigación se estableció que la muerte de ambas mujeres fue a causa de asfixia mecánica y la evidencia está siendo procesada para determinar si responden a cuestiones de género, debido a los signos que presentan sus cuerpos.
Las amenazas de grupos paramilitares
Otro de los hechos que permanece sin respuesta por parte de las autoridades, es el ataque que hombres encapuchados realizaron en la comunidad La Loma (Riohacha), el pasado 18 de mayo, cuando en la madrugada llegaron al sitio y prendieron fuero a la enramada (espacio de diálogo e intercambio para el pueblo Wayúu) y posterior al ataque, dejaron panfletos amenazantes en los que ordenaban detener las reclamaciones sobre el botadero de basura a cielo abierto.
Documento firmado por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Las comunidades de Los Cabritos, La Loma, El Manantial, Santa Clara I y II, ubicadas en jurisdicción de Riohacha, han exigido el cierre definitivo del botadero de basura a cielo abierto en el km. 5, vía Riohacha-Valledupar, que funciona desde hace 40 años y afecta su territorio ancestral por la contaminación y el deficiente tratamiento de los desechos.
Representantes del pueblo Wayúu se han movilizado en repetidas oportunidades para que la Alcaldía de Riohacha, la Corporación Regional Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y la empresa operadora Interaseo, tomen cartas en el asunto y resuelvan las graves afectaciones ambientales, a la vida, a la salud y al territorio de la que han sido víctimas las comunidades indígenas.
Hasta el momento no hay capturas de los responsables en ninguno de los hechos ni indicios que conduzcan a su identificación. Por lo tanto, continúa la exigencia con denuncias a medios locales y manifestaciones pacíficas en la capital de La Guajira.
Desde este espacio rechazamos categóricamente la negativa del Gobierno nacional a aceptar la visita de la CIDH para investigar las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el Paro Nacional.
Las declaraciones de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, después de la reunión sostenida en Washington con Luis Almagro, secretario general de la OEA, son una muestra más de la falta de interés del Gobierno por esclarecer los hechos que enlutan al país y que son consecuencia de un actuar sistemático de la fuerza pública que ha dado un tratamiento de guerra a los y las manifestantes desde el pasado 28 de abril.
Sugerir que la visita de la CIDH al país podría realizarse eventualmente y a la vez argumentar que por el momento es competencia de los organismos de control nacional, prolonga la incertidumbre y revictimiza a la población que en constantes ocasiones ha señalado la ausencia de dichos organismos para hacer un seguimiento exhaustivo a las denuncias. Actualmente la ciudadanía no encuentra respaldo en los representantes de la institucionalidad y esto es resultado de una dudosa gestión que parece responder a los intereses del Gobierno de turno.
Así mismo, hacemos seguimiento a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien niega que la fuerza pública haya actuado en contravía de los derechos humanos en el marco del paro. Durante su intervención del 24 de mayo en la plenaria del Senado, afirmó que esta “actúa con estricto apego a los derechos humanos para garantizar las movilizaciones. Tenemos normas que regulan el uso legítimo de la fuerza y cumplimos procedimientos”.
Estaremos al tanto del avance de esta iniciativa, pues es inadmisible que quienes deben trabajar por la defensa y la seguridad de su propio pueblo, avalen, apliquen y justifiquen tales modos de represión como los que hemos visto desde hace un mes en Colombia.
Reiteramos como organización que:
Es urgente la presencia de organismos internacionales que verifiquen las violaciones de derechos humanos que se han evidenciado en el marco del Paro Nacional. Los crímenes cometidos durante las protestas no pueden ser ocultados y dejados en la impunidad.
La protesta social es un derecho fundamental reconocido y protegido por la Constitución Política de Colombia, contemplado en el artículo 37. El garantizar las libertades y otros derechos relacionados a la protesta como la libertad de reunión y asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión, entre otros, no es y nunca será negociable.
La estigmatización y la criminalización de la protesta nunca será la forma de resolver los justos reclamos de miles de colombianos/as afectados/as por la falta de oportunidades, la desigualdad social y la aplicación de medidas que van en retroceso de los derechos adquiridos.
Nos unimos a las voces que reclaman el desmonte del ESMAD y exigimos el esclarecimiento de los asesinatos, las desapariciones, los casos de violencia sexual y los abusos de autoridad por parte la fuerza pública.
En el marco del trabajo que se teje desde el Observatorio, componente de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se realizó un acompañamiento a las comunidades entre el 26 de abril y el 7 de mayo del presente año. Las diferentes actividades permitieron afianzar trabajos articulados con organizaciones y comunidades indígenas del Cauca que resisten a la constante violación de derechos humanos y territoriales.
De la mano de los/as compañeros/as Nasa, la CNTI compartió un espacio en el Resguardo Indígena Kitek Kiwe ubicado en el municipio de Timbío, Cauca, en el que alrededor de la tulpa y de diversos comuneros fue posible socializar el trabajo que está realizando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
De igual manera, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) ubicada en Popayán, se llevó a cabo el fortalecimiento de los canales de comunicación y la articulación con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), así como la presentación general de los avances sobre la ruta de implementación de la política del catastro multipropósito y el barrido predial, en un espacio político en el que intervino Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión.
En los últimos días ha sido evidente el aumento en los ataques y los señalamientos contra los pueblos indígenas que acompañan el Paro Nacional en Colombia. La exacerbación del racismo estructural y los intereses de sectores políticos y económicos, apoyados por el actuar de grupos armados ilegales y la aparente connivencia de la fuerza pública, amenazan la pervivencia física y cultural de las comunidades.
Por Redacción CNTI
El pasado domingo 9 de mayo, fue perpetrado un ataque por parte de civiles armados y efectivos de la policía, quienes dispararon contra los/as comuneros/as indígenas que hacían presencia en la vía Cali-Jamundí, en el Valle del Cauca. Así mismo, la llegada de la Minga Indígena a Medellín, programada para lunes 17 de mayo, fue amenazada por otros grupos quienes señalaron que habría ataques armados como los que ya se han presentado contra manifestantes en Cali, Pereira y la misma Medellín.
En palabras de Roseli Fxizkwe, coordinadora del programa Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en el contexto del paro hay toda una situación de negación y desconocimiento tanto de los derechos como de las luchas adelantadas por los pueblos indígenas, razón por la cual el racismo, que no es de ahora, sino que está ya institucionalizado, es cada vez más evidente.
A pesar de que la Constitución Política de Colombia reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del país, las políticas sociales, educativas y económicas del mismo están muy lejos de brindar garantías para todos. Por ello, la lideresa señaló: “¿Cuáles son las culturas, las ciudadanías y el prototipo de persona válida en este país?, ¿a quiénes sí se les respeta y se les puede garantizar derechos? Son preguntas que tenemos que hacernos y nos estamos haciendo en este momento”.
Estas reflexiones han sido replicadas en varios espacios de interlocución, ya que la ciudadanía que se moviliza, es muy diversa y los medios de comunicación hegemónicos insisten en mostrar pérdidas económicas o daños materiales, pero no visibilizan la pérdida de vidas y cómo serán restituidos los derechos vulnerados a la ciudadanía.
Según cifras compartidas por Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma GRITA de Temblores ONG, del 28 de abril al 18 de mayo en el marco del Paro Nacional, la organización registró 2.387 hechos de violencia policial, 47 casos de violencia homicida cometidos presuntamente por la fuerza pública, 33 víctimas de agresiones oculares, 18 casos de violencia sexual y 1.139 detenciones arbitrarias.
Por su parte, Jenny Romero, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) en Cundinamarca y de la campaña Defender la Libertad asunto de Todas, apuntó que “la respuesta en un Estado social de derecho debe ser atender las reivindicaciones y no atacarlas o minimizarlas a partir del uso desproporcionado de la fuerza”, además denunció que una de las principales problemáticas que enfrentan los defensores de derechos humanos en su ejercicio de acompañamiento a las movilizaciones, es que en las calles no solo la fuerza pública está portando las armas, sino que otros grupos ilegales están irrumpiendo en las mismas.
La estigmatización de la protesta ha contribuido a fortalecer los discursos de odio que tanto daño hacen a los procesos colectivos. Desde la oficialidad han buscado relacionar la protesta a movimientos subversivos o “terroristas” y aún más cuando se trata de manifestaciones en los sectores rurales. Todo este despliegue pretende legitimar el uso de la fuerza y un tratamiento de guerra a los manifestantes, además de obstaculizar el acceso a la justicia, especialmente en las zonas más alejadas de las grandes capitales.
Para Juvenal Arrieta, líder del pueblo Emberá y vocero de la Minga Indígena en Antioquia, los ataques recibidos no obedecen a la visión de los pueblos indígenas como sujeto racial sino por lo que significan. Según él, “es un tema político alrededor de un sujeto colectivo y étnico que plantea una agenda de país distinta, una agenda que ya no es solo de los pueblos indígenas sino de la mayoría de los colombianos y que alrededor de la Minga se ha ido posicionando a nivel nacional”.
En este orden de ideas, Arrieta, que además es exconsejero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), puntualizó que hay demostraciones de odio contra las diferentes formas de representar el estallido social, aunado al rechazo a actores políticos con un gran poder de convocatoria, que pueden hacer tambalear la estructura de poder actual y que construyen con sectores diversos de la sociedad.
Al finalizar, pidió aclarar tres conceptos claves que las campañas de desinformación han buscado establecer: en primer lugar, los pueblos indígenas no buscan destruir; segundo, no “odian” la ciudad y tercero, no son agitadores, hay toda una propuesta de país que intentan promover y la defensa por la vida continúa.
Para ver el Encuentro de Saberes completo, clic aquí:
