3er Foro Internacional por los derechos de la Madre Tierra
Para entendernos como familia humana y restablecer la armonía, requerimos refundar el pacto social desde el más alto principio de celebración y conservación de la vida: La Tierra es un ser vivo con derechos inalienables, y todo lo que la conforma: Ríos, mares, arroyos, árboles, montañas y animales, la Naturaleza en todas sus formas, tiene el derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales.
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Denuncia pública: Construcción de la transversal pacífico-Orinoquía
1.490 Km de vías que atravesarán las 3 cordilleras de Colombia
Desde los Pueblos y Organizaciones Indígenas que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, ponemos en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional el megaproyecto de la construcción del Túnel Multimodal que planea realizar la firma constructora EDL, el consorcio conformado por las firmas DIS – EDL y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Esta trasversal inicia en el puerto de Buenaventura hacia la población de Lobo Guerrero, donde se está terminando el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada. Continua hasta el cruce de Mulaló en concesión, actualmente en pre construcción, de allí a Florida por vías en operación y de Florida a Colombia, en estudio. De Colombia a La Uribe en estudio, de La Uribe a Mesetas, tramo en construcción. De Mesetas a Granda en operación, de allí a Villavicencio y Puente Arimena en concesión y de Puente Arimena a Puerto Carreño en estudio.
De los 32 departamentos que conforman el país la transversal tiene influencia directa en 5 departamentos, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta y Vichada, además bordea los parques naturales de Paramo de las hermosas, Nevado del Huila, Meridiano, el Tuparro, entre otras. Y en donde existe presencia de los Pueblos indígenas Nasa, Coyaima, Ahagua, Guayabero, Piapoco, Sikuani, Kurripaco, Piaroa, Puinave, Sáliba, entre otros.
Según el diagnóstico ambiental en el sector Pacífico – Orinoquía para Florida – Ruta 45 se han realizado varios análisis de la mejor alternativa para el cruce de la cordillera central, arrojando así la opción de túnel multimodal férreo de 40 kilómetros de longitud a 1700 metros sobre el nivel del mar. Se dispone entonces mediante el Auto 587 de febrero 19 de 2018 que esta será la forma más viable de llevar este proyecto a cabo desde el punto de vista abiótico, biótico y social.
El túnel de la alternativa escogida estará a una profundidad de 2500 metros, con el cual se promete mitigar el impacto de la posible pérdida de aguas superficiales en el páramo de las tinajas. Como se evidencia, el proyecto se ha socializado a los Pueblos y Comunidades Indígenas como una propuesta de construcción con optimas especificaciones para la conexión vial Pacífico – Orinoquía y sin aparentes afectaciones al territorio y quienes lo habitan.
Sin embargo, este megaproyecto impactará principalmente El páramo de las Tinajas y el Páramo de las Hermosas donde afectaran aproximadamente 365 lagunas, ríos, quebradas, bosques y cultivos los cuales tienen un carácter sagrado para nuestros Pueblos Indígenas.
Para el 20 de octubre del año en curso, se tiene previsto que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgue al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la licencia ambiental del tramo que conecta el municipio de Florida, Valle.
Por lo anterior y dada la importancia que reviste la integralidad de los territorios Pueblos Indígenas como elemento estructural para la pervivencia física y cultural ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 y sus respectivos Autos de seguimiento, exigimos se garantice el derecho fundamental que tienen los Pueblos Indígenas a la consulta previa, libre e informada[1] .
Desde este espacio, los cabildos centrales, asambleas locales, comunidades y autoridades indígenas con asiento en este escenario hacemos un llamado a nivel nacional e internacional para que se respete el derecho a la vida, al medio ambiente, al territorio, a visibilizar las consecuencias que traerá la culminación del Megaproyecto Túnel Multimodal, a crear alianzas para prevalecer el Derecho a la vida en defensa de la madre tierra y no se contribuya al exterminio físico, cultural y ambiental de los Pueblos Indígenas.
Exigimos a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) a visibilizar las afectaciones negativas reales en los ámbitos, social, cultural, económico y ambiental que traerá este megaproyecto a los territorios indígenas y campesinos impactados.
Video: Afectaciones del proyecto al territorio
Video: Explicación del proyecto
[1] La consulta previa es, en términos generales, una expresión del derecho de nuestros pueblos étnicos a participar directamente en la formulación, adopción e implementación de las decisiones estatales susceptibles de afectarnos. Lo anterior, como medida de reparación frente a la discriminación histórica que nos ha despojado del derecho a determinar libremente nuestros planes de vida y destinos, e incluso la libertad sobre nuestros cuerpos y saberes.
Así, desde su reconocimiento en el Convenio 169 de la OIT, la consulta previa se ha constituido en uno de los principales mecanismos de justicia social que buscan garantizar que los Estados democráticos restauren y protejan nuestra dignidad, igualdad y libertad, no solo como ciudadanos culturalmente diferenciados, sino, principalmente, como pueblos que nos autodeterminamos en nuestros territorios a partir de las instituciones materiales y espirituales que, en nuestro caso, se expresan en nuestras Leyes de Origen, Natural y de Vida, así como en nuestros Derechos Propio y Mayor.
Seguimiento a la implementación de la sentencia T-530 de 2016 Caso: Resguardo Cañamomo y Lomaprieta de Ríosucio, Caldas
Este 21 de junio, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorio Indígena CNTI, fue invitada por las autoridades del Resguardo Cañamomo – Lomaprieta de Riosucio, Caldas para acompañar el seguimiento a la Sentencia T-530 de 2016, donde participaron organizaciones Indígenas Nacionales, Organizaciones de la sociedad civil, algunas embajadas además, de contar con el acompañamiento de la delegación de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otras.
Esta reunión, se llevó a cabo en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), donde se dio a conocer el estado de avance en el que se encuentran las 21 ordenes de la Corte Constitucional, de las cuales hay un cumplimiento formal parcial, trayendo a colación lo que la Corte ha manifestado en varios de sus sentencias “…la diversidad cultural y su protección son principios fundamentales del Estado Social de Derecho, al punto que la participación de las minorías étnicas en las decisiones nacionales y, especialmente aquellas que las afectan directamente es un mandato constitucional de mayor importancia”.
Lo anterior, refleja el reto que tiene el Gobierno Nacional entre la promulgación de las sentencias y su implementación, ya que se han generado nuevos riesgos para los Pueblos Indígenas: Desplazamiento, amenazas, asesinatos de líderes sociales, discriminación y estigmatización de los Pueblos Indígenas como obstáculo para el desarrollo.
A lo largo de la historia se han destacado varios factores que ayudan a explicar la recurrencia del conflicto armado, principalmente en zonas rurales; la tenencia de la tierra, la voluntad política de turno, el narcotráfico la ausencia del estado, la extracción de recursos minero-energéticos entre otros. Dado esto, se llegó a la conclusión de que el no reconocimiento de los Derechos Territoriales, es una forma de despojo y exacerba la violencia contra las Comunidades.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes a la implementación ágil y efectiva de las ordenes establecidas en dicha sentencia para así, aportar en la construcción de un país donde se reconozcan, se rescaten, se respeten culturalmente los orígenes ancestrales de cada comunidad y cada pueblo.
Diálogo «Iniciativas para el fortalecimiento de los derechos territoriales»
Este 10 y 11 de junio, dimos inicio al diálogo sobre iniciativas para el fortalecimiento de los derechos territoriales con los delegados indígenas en representación de la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamana, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, en el Hotel Inter de Bogotá D.C. con el fin de continuar diseñando estrategias para el fortalecimiento en la exigencia de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, permitiendo el análisis de la normatividad vigente, los sistemas de información en construcción y el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz.
Considerando la situación de las comunidades dentro del aspecto sociopolítico del país, se dio un espacio para la socialización de propuestas entorno a los principios de autonomía, unidad, territorio y cultura con la intención de seguir protegiendo los derechos de la madre tierra. Además, se resaltó la gestión, el trabajo, la reactivación y los logros alcanzados por Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, a pesar que el gobierno nacional ha venido entorpeciendo la mayoría de procesos y concertaciones del movimiento indígena como el Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral (RRI), entre otros.
Posteriormente, la mesa de diálogo contempló el tema de género donde los delegados solicitaron la incidencia de las mujeres lideresas, resaltando su participación en los espacios de lucha por la exigencia y el cumplimiento del derecho que tenemos los Pueblos Indígenas al territorio, afirmando que la presencia femenina y su perspectiva es vital a la hora de debatir y proponer temas en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Para finalizar, acodamos una agenda de trabajo para los siguientes meses en los que los delegados y sus organizaciones continuarán buscando alternativas, alianzas y las estrategias necesarias para incidir en el goce efectivo de los derechos al territorio, por medio del dialogo, teniendo en cuenta la identidad y los direccionamientos de cada comunidad para llegar a acuerdos donde siga prevaleciendo la defensa del territorio como un legado de resistencia, vida y paz.
“Porque un indígena sin tierra, es como un fogón sin leña”
José Vicente Villafañe, delegado de la CIT.
No a la Reforma Agraria vía Plan Nacional de Desarrollo
Se pretende incluir una contrarreforma agraria en el Plan Nacional de Desarrollo
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Las organizaciones, procesos y congresistas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por el respaldo que el gobierno nacional le ha dado a tres proposiciones presentadas por el Senador Ciro Ramírez y los representantes Wadith Manzur, Yamil Hernando Arana y Erasmo Zuleta, para introducir en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 una Reforma al Régimen Agrario de la Ley 160 de 1994, que contienen disposiciones lesivas y regresivas para los derechos de las poblaciones más vulnerables del campo colombiano.
Por esto, solicitamos al Ministro de Agricultura, así como a los ponentes del proyecto de ley, que dichas proposiciones no sean avaladas ni incluidas en el trámite legislativo del Plan Nacional de Desarrollo que se adelanta en el Congreso, sustentando nuestra petición en las siguientes razones.
Los baldíos son bienes públicos destinados a campesinas y campesinos sin tierras o con tierra insuficiente, que por sus condiciones de pobreza y marginalidad deben ser reconocidos por el Estado como sujetos de reforma agraria con el fin de garantizar el mandato constitucional de acceso progresivo a la tierra, reiterado por la Corte, que ha ordenado que toda modificación a su régimen de adjudicación debe orientarse a cumplir con esa finalidad constitucional. Pero dicha finalidad se ve gravemente comprometida con las proposiciones radicadas, ya que con éstas se pretende reformar la Ley 160 de 1994, así:
1. Creando un nuevo mecanismo judicial de “reconocimiento de expectativas legítimas” para acceder a la propiedad de los baldíos. Este procedimiento otorgaría facultades a jueces para legalizar la propiedad de baldíos en favor de pocos dueños, distintos a los sujetos de reforma agraria porque no cumplieron en ningún momento con los requisitos de la Ley 160 de 1994, y sanearía actuaciones que de forma ilegal han conllevado a la ocupación irregular y acumulación indebida de estas tierras en extensiones muy superiores al límite establecido a través de la Unidad Agrícola Familiar – UAF.
2. Reformando el artículo 48 sobre el procedimiento de acreditación de la propiedad privada, que permitiría validar las prescripciones de dominio sobre baldíos que se hubieran hecho con anterioridad al año 1994, contrariando la legislación agraria que ha protegido los bienes públicos rurales desde inicios del siglo anterior, y las ordenes de la Corte Constitucional sobre el inventario de baldíos y el Plan Nacional de clarificación de propiedad rural para adelantar programas de Reforma Agraria, necesarios para disminuir las brechas de desigualdad en la tenencia de la tierra rural (Sentencia T – 488 de 2014).
3. Reformando el artículo 72, que establece el régimen de adjudicación de baldíos y las prohibiciones de su acumulación, pues introduce excepciones para legalizar la acumulación indebida de baldíos a partir del año 1994, en favor de personas naturales y jurídicas que adelantan actividades de utilidad pública, es decir, minería y zidres. Esta reforma, además de evadir la priorización de sujetos de reforma agraria en la política de acceso y formalización de tierra, favorece situaciones fraudulentas y desvirtúa la función social y ecológica de la propiedad.
Finalmente, nos oponemos a estas propuestas porque no es muestra de buena fe del gobierno que, faltando menos de un mes para la finalización del trámite del Plan Nacional de Desarrollo, se avalen reformas estructurales para la ruralidad que no habían sido siquiera contempladas, y que no cuentan con ningún tipo de socialización con los sectores afectados, es decir las comunidades rurales del país. Más aún cuando acaba de culminar la Minga de suroccidente en la que comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas alzaron su voz para reivindicar los derechos que no les han sido garantizados, además:
– Ya que las disposiciones propuestas podrían afectar abiertamente derechos territoriales de comunidades indígenas y afrocolombianas, se requeriría adelantar un proceso de Consulta Previa con las comunidades étnicas del país. Sin este requisito el proyecto de ley estaría viciado de inconstitucionalidad1.
– Estas reformas implicarían una limitación para las expectativas de acceso a tierras en condiciones de dignidad que las comunidades campesinas están exigiendo, a través del reconocimiento de su igualdad
material, pues constituyen una grave regresión en la protección de sus derechos.
POR LO ANTERIOR REITERAMOS NUESTRA SOLICITUD PARA QUE ESTAS PROPUESTAS, TAN LESIVAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES MÁS DESPROTEGIDAS, NO SEAN TENIDAS EN CUENTA EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
Congresistas
- Senador Iván Cepeda Castro
- Senadora Aida Avella
- Senador Feliciano Valencia
- Senador Wilson Arias
- Senador Alexander López
- Senador Alberto Castilla
- Senador Iván Marulanda
- Senador Antonio Sanguino
- Senadora Victoria Sandino
- Senador Pablo Catatumbo
- Senador Gustavo Bolivar
- Senadora Sandra Ramírez
- Senador Julián Gallo
- Representante Abel David Jaramillo
- Representante David Racero
- Representante María José Pizarro
- Representante Ángela Maria Robledo
- Representante Jairo Cala
- Representante Omar Restrepo
- Representante Luis Alberto Albán
- Representante Carlos Alberto Carreño
Organizaciones
- Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC
- Asociación Nacional de usuarios Campesinos, Unidad y Reconstrucción – ANUC/UR
- Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas – Anzorc
- Asorenacer
- Asocampo
- Autoridad Nacional Afrocolombiana – Anafro
- Autoridades Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor
- Congreso de los Pueblos – CdP
- Coordinación Étnica Nacional de Paz – Cenpaz
- Coordinación Social y Política Marcha Patriótica
- Coordinación Nacional Agrario – CNA
- Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
- Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
- Corporación Jurídica Libertad
- Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – CACEP
- Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro
- Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables – Fundapad
- Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP
- Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales
- Mesa de Unidad Agraria – MUA
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
- Movimiento Ríos Vivos
- Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
- Plataforma de Mujeres Rurales Colombianas
- Pensamiento y Acción Social – PAS
- Proceso de Comunidades Negras – PCN
- Fundación por el Medio Ambiente y la Paz en Colombia – FUMPAZ
- Sisma Mujer
- Aluna ¨Espacio de creación¨- Suecia
- Asociación Revivir víctimas del conflicto armado de Colombia en España
- Asociación Inmigración Asila Torrevieja – España
- Sofeut Solidaridad Paz y Desarrollo – Suecia
- Grupo Europa de Familiares de personas desaparecidas en Colombia
- Carrers de Món – España
- Paz a la calle Barcelona – España
- Organización de Colombianos Refugiados en Chile – OCORCH
- Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales
- Fundación Fundexco Colombia
- Corpocolombia – Verde
- Colectivo por La Paz en Colombia desde México, ColPaz
- Colectivo de Refugiados/as y Exiliados/as Colombianos/as en Ecuador – CRECE
- S.O.S Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Panamá – SOVIC
- Red de Víctimas Colombianas por La Paz en Latinoamérica y el Caribe REVICPAZ – LAC
- Colectivo Migrantes y Exiliados/as Colombianos/as por la Paz – MECoPa
- Organización Multicultural de de Integración – OMI Suecia
- Foro Internacional de Víctimas (FIV)
- FIV Holanda
- FIV Torrevieja
- FIV Mediterráneo
- FIV Suecia
- FIV Elche
- FIV Panamá
17 de abril de 2019
1 Es necesario recordar que mediante sentencia C-175 de 2009, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley 1152 de 2007 “Estatuto de Desarrollo Rural” que derogaba la ley 160 de 1994, justamente por violación de la consulta previa.