por CNTI | Jul 31, 2020 | Noticias
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas publicó el informe elaborado por el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, respecto a las afectaciones sufridas por los pueblos indígenas durante la pandemia del COVID-19.
El documento evidencia cómo las medidas tomadas por el Gobierno nacional durante la emergencia sanitaria y que responden a su interés de acelerar la economía, han favorecido el accionar delictivo de grupos armados que están operando en la impunidad, así como han contribuido al avance de proyectos extractivos que se llevan a cabo en los territorios indígenas. Esto debido a que dichas agrupaciones avanzan mientras las comunidades acatan las medidas de aislamiento.
El informe entregado al Relator el 19 de junio hace hincapié en la amenaza que representan para la seguridad jurídica de los territorios ancestrales: la militarización de los territorios, la intención de reactivar las aspersiones aéreas con glifosato, los desalojos a comunidades urbanizadas forzosamente, los hechos victimizantes relacionados al conflicto armado y el desplazamiento masivo de pueblos indígenas en plena pandemia.
De hecho, el Observatorio de Derechos Territoriales registró con preocupación un incremento del 53% en el asesinato de líderes indígenas en el contexto de la pandemia, comparado con el mismo periodo en el año anterior.
¿Cuáles son los impactos del COVID-19 en los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia?
Para el Observatorio, “la pandemia afecta de manera particular a comunidades indígenas porque aunado a la precariedad en la garantía del derecho a la salud, los territorios de las comunidades étnicas tienen un rezago significativo en el índice de condiciones de vida frente al resto de la población”. Además, destaca las problemáticas que se viven en los territorios, debido a la presencia de grupos armados y la persecución política en contra de autoridades y comunidades indígenas.
Por lo tanto, los meses de aislamiento preventivo y la ausencia de lineamientos efectivos por parte del Estado, encendieron las alarmas por estar configurando un posible escenario de etnocidio, ya que “han significado una desmedida e irresponsable exposición de los pueblos indígenas al contagio y a la muerte y, con ello, a su eventual exterminio cultural, a la violación de sus derechos fundamentales, a la militarización de sus territorios y a su afectación irreversible producto de las implicaciones que tienen las medidas de reactivación de la economía nacional”.
El estudio recoge también las iniciativas de autocuidado a las que han tenido que recurrir las comunidades para contener el avance del virus, pues este ya ha alcanzado al 54% de los pueblos indígenas del país, con más de 3.030 contagios y 114 fallecidos confirmados a la fecha.
Para consultar el informe, clic aquí:
por CNTI | Jul 31, 2020 | Noticias
31 de julio de 2020.
Por Redacción CNTI
La pandemia del coronavirus ha intensificado las problemáticas de los pueblos indígenas. La vulneración de sus derechos fundamentales y territoriales, así como los atentados contra la vida de sus representantes, han aumentado durante la emergencia sanitaria.
July Calderón, coordinadora del Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, evidenció que desde el inicio de la pandemia se han registrado 40 asesinatos de miembros de pueblos indígenas, lo que representa un crecimiento del 53% en estos crímenes respecto al mismo periodo del año anterior.
También llamó la atención respecto a lo sucedido desde el sábado 25 de julio hasta el miércoles 29, con el asesinato de seis miembros de pueblos indígenas, tres de ellos de la misma familia del pueblo Zenú en Córdoba y que originó el desplazamiento de dos cabildos indígenas de la zona hacia el casco urbano de San José de Uré. A este se sumó el feminicidio registrado en el resguardo del pueblo Nasa en Jambaló, norte del Cauca, el atentado contra una familia y el asesinato de dos integrantes del pueblo Awá en Barbacoas, Nariño.
Aida Quilcué, lideresa de la nación Nasa y consejera de derechos humanos en la ONIC, dijo: “de agosto del 2018 hasta el 12 de julio de 2020, el confinamiento creció y tenemos 15.781 personas confinadas, 12.205 en situación de desplazamiento forzado, 512 amenazas, 187 homicidios, 87 atentados y 82 afectaciones al territorio recopiladas por el Centro de Documentación de la ONIC, por lo que podemos decir que, en tiempos de pandemia los intereses de hacer daño a los pueblos indígenas, aumentaron”.
A su vez, denunció que “han llegado muchos panfletos y no terminan siendo solo eso, sino que se está materializando lo que dicen. Hay unas zonas en el Cauca donde ha aumentado el narcotráfico por distintas razones, vemos cómo en las rutas del narcotráfico están asesinando mucha gente. Es muy complicado porque lo que hace cinco meses no se veía, muchas camionetas de alto cilindraje con hombres armados para arriba y para abajo, pone en riesgo a muchas comunidades, no solo indígenas sino también campesinas y afrocolombianas”.
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por CNTI | Jul 30, 2020 | Noticias
30 de julio de 2020.
El Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se refirió al mes de julio de 2020 como el más violento para estas comunidades, ya que desde que iniciaron las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, se ha registrado un crecimiento del 53% de asesinatos en contra esta población, para un total de 40 asesinatos cometidos desde el 25 de marzo hasta el 28 de julio.
De hecho, desde el 25 de agosto de 2019 hasta el 18 de julio del presente año, se habían reportado 253 asesinatos de miembros de pueblos indígenas, a los que se sumaron en los últimos días el atentado contra una familia Zenú en San José de Uré, Córdoba, que generó el desplazamiento de dos cabildos indígenas, así como el asesinato de Sonia Bisbicuz y el exgobernador indígena Fabio Guanga en el resguardo Awá de Ñambi Piedra Verde, ubicado en el municipio de Barbacoas, Nariño.
La situación de Colombia en el mundo
El informe publicado en julio por la ONG Global Witness y titulado en español “Defender el Mañana”, estableció que Colombia fue el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos territoriales en 2019, representando el 30% de los asesinatos documentados a nivel mundial. América Latina, la región más afectada por los asesinatos de líderes y lideresas, registró el año pasado 148 de los 212 casos a nivel mundial, mientras que solo en Colombia se perpetraron 64 de ellos.
Según el reporte, los crímenes fueron dirigidos contra personas involucradas en la defensa del territorio frente a la minería y las industrias extractivas, la agroindustria, la explotación forestal, la sustitución de cultivos ilegales y otros casos relacionados a la pesca, la caza ilegal, entre otros. Para Global Witness, “Los grupos indígenas (en Colombia) estuvieron particularmente en riesgo: representan la mitad de los asesinatos documentados, a pesar de representar solo el 4,4% de la población”.
Es importante aclarar que las conclusiones son obtenidas de los datos debidamente registrados. Sin embargo, existe una preocupación latente ante los casos que, debido a las mismas condiciones de amenaza o falta de acceso a las vías de denuncia, no son documentados y generan una situación de subregistro en la que no es posible dimensionar la totalidad de las afectaciones sufridas por los defensores en sus territorios.
por CNTI | Jul 28, 2020 | Noticias
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alerta sobre la grave vulneración de derechos en los territorios indígenas del departamento de Guainía, que ha terminado en la colonización, la deforestación, la profanación de territorios ancestrales y la afectación a los espacios sagrados, así como en la amenaza a las comunidades para que abandonen sus territorios.
Según datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a julio de 2019 había once (11) solicitudes de legalización sin resolver, además de dos (2) para la protección ancestral en Guainía. La falta de seguridad jurídica en los territorios indígenas (certeza de su reconocimiento) es un factor que ha propiciado el aumento de la colonización en los mismos. Otra causa que ha agudizado la colonización ha sido el establecimiento de entidades territoriales, como fue la creación del municipio de Barrancominas bajo el Decreto 1454 de 2018.
Sin embargo, tres meses antes de que se creara el municipio en territorios ancestrales indígenas, el Gobierno emitió el Decreto 632 de 2018, a través del cual se establece el procedimiento para que funcionen de manera transitoria las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) en áreas no municipalizadas de Guainía, Amazonas y Vaupés, hasta que el Congreso expida la ley.
Esta figura, que reconoce los espacios habitados por los pueblos indígenas y brinda garantías para que estos ejerzan sus propias formas de organización, debía funcionar de manera transitoria hasta la legalización de los territorios por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. No obstante, el Gobierno avanzó hacia la creación del municipio de Barrancominas y ha puesto trabas para garantizar la autonomía a los pueblos indígenas a través de las ETIs.
Los obstáculos para su formalización y la falta de titulación de tierras por parte del Estado colombiano han generado una situación de vulnerabilidad en la que los territorios son amenazados por los procesos de colonización. Los responsables buscan explotar los recursos naturales históricamente protegidos por las comunidades indígenas, sin pensar en el daño ambiental y social que pueden generar.
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por CNTI | Jul 15, 2020 | Noticias
Pasados 3 años de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, Colombia enfrenta los desafíos derivados de la evolución del conflicto, la cual se ha caracterizado por el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y el surgimiento de nuevos grupos, varios de ellos conformados por antiguos combatientes de las FARC que, por voluntad propia, no fueron acogidos por el acuerdo pactado en La Habana, o fortalecidos por la inclusión de estos en sus filas.
Este proceso ha evidenciado la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano para generar las condiciones necesarias tanto para la reincorporación de los excombatientes desmovilizados como para generar seguridad a los habitantes de los territorios en donde operan estos grupos ilegales, especialmente en las regiones más apartadas de la geografía nacional. Lo anterior, surge como producto de la falta de cobertura estatal demostrada con la ausencia de instituciones que le representen y la ausencia de condiciones mínimas de bienestar en la población que habita estas zonas, específicamente la falta de acceso a servicios públicos básicos, condiciones de sanidad e infraestructura vial y de comunicaciones.
Además de lo anterior, la pugna entre los grupos armados por el dominio territorial, especialmente de los territorios que ocupaban las FARC, el control de las rutas de narcotráfico y el ejercicio de otras actividades económicas ilegales ha genera- do que la disputa armada sea una constante en estas regiones y que en medio de estos conflictos quede la población civil que habita el territorio, generando un proceso de revictimización puesto que estas dinámicas se desarrollan en las regiones que históricamente han alojado el conflicto armado en Colombia.
Entre la población afectada por estas dinámicas se encuentran los pueblos indígenas, quienes han tenido que afrontar a diario el tránsito de estos grupos armados por sus territorios, además del desarrollo de actividades ilícitas en el mismo. Pese a lo anterior, las poblaciones indígenas se han caracterizado por una férrea defensa del territorio y de las condiciones de vida dentro del mismo, además de que han resistido los embates generados por el gobierno nacional ante la imposición de medidas enfocadas en el beneficio de intereses específicos de grupos económicos que buscan una explotación de los recursos naturales de estos territorios, situación potencializada por la débil garantía de los derechos territoriales y fundamentales.
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por CNTI | Jul 1, 2020 | Noticias
Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial que se encuentran constituidos y titulados como propiedades colectivas pertenecientes a las comunidades indígenas y que mantienen un carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. Estos cuentan con una dimensión territorial y su manejo, administración y vida interna se rigen a partir de la organización autónoma, amparada por el fuero indígena y por su sistema normativo propio 1.
La constitución de resguardos data del derecho colonial español de la tercera década del siglo XVI, en la cual se conformaron las primeras reducciones de la población indígena con el fin de superar las dificultades que conllevaba la dispersión de la población, en especial para los temas de adoctrinamiento. Pero, fue en 1591, cuando surgió el régimen legal de tierras indígenas, que se empezaron a constituir estos territorios bajo la figura de resguardos con la expedición de Cédulas de El Pardo:
“En virtud de estas normas se ordenó identificar las tierras que los indios naturales de cada pueblo había menester para sus labranzas y crianzas y resguardos, facultándose en ese sentido a oidores y visitadores para que asignaran a pueblos determinados tierras inalienables de propiedad común”.
Estos primeros resguardos, concebidos como propiedad indígena, comprendían el dominio estricto de lo que constituía el suelo del territorio, y mantenían para la corona el dominio y los beneficios mineros y del subsuelo, dejando a las comunidades el uso únicamente agrario y de sostenimiento familiar (Muñoz Onofre, 2016).
Las disposiciones legales dictadas durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII fueron encaminadas a la protección de estos territorios colectivos a partir de un margen de actuación jurídica que abrió la corona y que los indígenas usaron para hacer valer los derechos que la legislación colonial le había reconocido sobre sus tierras comunales.
Sin embargo, la segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por las iniciativas orientadas a la extinción de los resguardos bajo el argumento de ociosidad de las tierras (Muñoz Onofre, 2016).
Bajo este panorama dio inicio el periodo republicano, con la población indígena inmersa dentro del amplio total de personas desposeídas en el país y con el mismo problema de la población campesina: la carencia de la tierra.
De esta manera, la República comenzaba en medio de una sociedad latifundista que no rompió con estas dinámicas durante el proceso de independencia y que, en un intento por plasmar la perspectiva liberal del nuevo Estado colombiano a partir del reconocimiento de los derechos individuales que le otorgaba al indígena por su nueva condición de ciudadano, llevó a la expedición de un decreto en 1810 en el que se ordenaba la repartición de tierras que los pueblos indígenas.
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