por STI | Ene 30, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, Informes, Nota de prensa, Noticias
Nosotras y nosotros, los Pueblos Indígenas de Colombia, autoridades, liderazgos y guardianes de los territorios; de los grandes nevados, páramos, bosques, sabanas, ríos, selvas y demás espacios que integran a la Madre Tierra, alzamos nuestra voz y reafirmamos que, sin el reconocimiento efectivo y la protección plena de nuestros derechos territoriales y sin la incorporación de nuestros saberes y autoridades en las decisiones globales, no habrá justicia ambiental ni futuro posible para la vida en el planeta.
En Colombia existimos más de 115 Pueblos Indígenas que hemos resistido, por siglos, al despojo, la violencia y la invisibilización impuesta por el Estado y la sociedad mayoritaria. Como resultado de estas agresiones históricas, hoy representamos menos del 5% de la población nacional. Aun así, somos los guardianes de la vida y el territorio protegiendo más de 35 millones de hectáreas — 30% del territorio continental colombiano — gracias a nuestras luchas y resistencia colectiva.
Nuestros derechos territoriales protegen nuestra relación especial con la Madre Tierra, guiada por nuestros sistemas de conocimiento, y son la base de nuestra vida social, económica, cultural y espiritual. Estos derechos obligan al Estado a garantizar la seguridad jurídica y material sobre nuestros territorios; son integrales y contemplan esencialmente la posesión, propiedad, autonomía e identificación de nuestros territorios.
En el ámbito internacional, el surgimiento del concepto “desarrollo sostenible”, la Convención de Río (1992) y los tratados derivados: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), se dieron de manera simultánea al reconocimientode nuestros derechos territoriales con el Convenio 169 de la OIT (1989). Sin embargo, estos han avanzado desconociendo nuestros derechos al tiempo que el desarrollo económico continúa poniendo en riesgo la vida en el planeta.
Si bien recientemente han surgido otros marcos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), que reafirman nuestros derechos a la libre determinación, a la autonomía y al territorio, así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado; estos marcos no han sido incorporados plenamente en la gobernanza ambiental global.
Los derechos humanos y territoriales deben constituirse en la pauta para la interpretación y aplicación de las políticas ambientales. Reconocer que los Pueblos Indígenas no somos receptores pasivos de la política ambiental, sino pueblos autodeterminados, sujetos colectivos de derechos y guardianes de los territorios; y que nuestro conocimiento propio y prácticas culturales son esenciales en la defensa de la biodiversidad y respuesta a la crisis climática. Es imperativo que los Estados implementen sus políticas con un enfoque intercultural, garantizando el respeto al gobierno propio y asegurando que toda acción ambiental esté orientada al fortalecimiento de la vida y la pervivencia de los pueblos, en armonía con la Madre Tierra.
Aunque instrumentos como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo de París, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), reconocen la obligación de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, en la práctica han reforzado una narrativa que nos reduce a “poblaciones vulnerables” frente a la crisis climática y ecológica. Esta visión nos coloca como sujetos pasivos que deben ser protegidos, y oculta que nuestros territorios son codiciados como fuentes de valor económico en un mercado global de naturaleza y carbono, donde se celebran sus servicios ecosistémicos pero se ignoran nuestras autonomías y derechos.
Rechazamos esa narrativa y afirmamos que nuestros derechos territoriales son acción climática: sin identificación, demarcación, titulación, regularización de la tierra, desalojo inmediato de los despojadores de nuestros territorios y medidas integrales de protección, no habrá ecosistemas que puedan evitar el colapso de la vida, tal como la conocemos, en el planeta. Reconocer y garantizar integralmente los territorios indígenas no es una opción ni un gesto de buena voluntad: es una obligación jurídica y ética de la comunidad internacional.
De cara a la COP30, presentamos siete apuestas con las que exigimos la reorientación del sistema de gobernanza ambiental global hacia el cuidado real de la vida, desde la voz, la visión y la autoridad sobre los territorios de los Pueblos Indígenas. Estas apuestas responden a una concepción integral de lo vivo, un tejido interconectado donde el bienestar de cada ser sostiene la existencia del todo. Hacemos el llamado a escuchar y respetar la palabra de nosotros los pueblos, camino para garantizar la pervivencia de la Madre Tierra y transformar las políticas globales hacia un horizonte de justicia, equilibrio y cuidado colectivo. Exigimos que la COP30 se convierta en un punto de inflexión a partir del cual los compromisos se traduzcan en cambios reales, porque proteger los territorios indígenas es proteger el futuro del planeta.
por STI | Ene 28, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la coordinación y articulación estratégica entre la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público, se logra fallo judicial trascendental para la protección y exigibilidad de los derechos territoriales del pueblo Sikuani
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) como instancia de diálogo y concertación entre el gobierno de los Pueblos Indígenas, celebra lo establecido en la sentencia judicial proferida el 14 de enero de 2026 por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta), mediante la cual se amparan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas Barrulia, Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, del pueblo Sikuani, frente a la vulneración de sus derechos al territorio, a la dignidad humana, la libre circulación, la autonomía y la propiedad colectiva.
El fallo reconoce y advierte, con especial preocupación, que las comunidades indígenas han sido afectadas por conductas de particulares que restringen el acceso y el tránsito por sus caminos ancestrales y tradicionales; asimismo, resalta las omisiones reiteradas y las acciones regresivas y desfavorables por parte del Estado. Adicionalmente, precisa la necesidad de garantizar la protección efectiva del territorio ancestral.
La sentencia ordena, entre otras medidas, el cese de las restricciones al tránsito por los caminos tradicionales, la actuación diligente y coordinada de la Agencia Nacional de Tierras para garantizar el acceso efectivo y seguro a los territorios ancestrales, el avance en el Plan Integral de Reparación Colectiva de la comunidad Barrulia y participación efectiva, así como la conformación de un espacio de diálogo intercultural para superar las conflictividades territoriales existentes.
Particularmente, desde el mandato de la CNTI y sus organizaciones se realizó un proceso de coadyuvancia estratégica entre la CNTI y La Defensoría del Pueblo para el acompañamiento y exigibilidad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, destacando los estándares de derechos y la especial relevancia que tiene el territorio y su acceso para nuestros pueblos.
Este proceso se inscribe en el marco de más de ciento veinte (120) impulsos administrativos y judiciales promovidos por la CNTI en articulación con las organizaciones y autoridades indígenas nacionales y locales, desde el año 2021. Dichas actuaciones, adelantadas mediante escenarios de exigibilidad y control ante Corte Constitucional y otras instancias judiciales, han tenido como propósito visibilizar las graves afectaciones que enfrenta el pueblo Sikuani en la región de la Altillanura y propiciar respuestas institucionales efectivas.
Los delegados y delegadas indígenas, hacemos un llamado respetuoso a las entidades para que den cumplimiento integral y oportuno de las órdenes judiciales, evitando nuevas dilaciones que profundicen la vulneración de derechos fundamentales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ene 26, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 25 de enero, en el marco del Día Internacional de la Educación, desde los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestra defensa de una educación intercultural, propia e inclusiva, que reconoce la identidad colectiva, la ancestralidad y el vínculo profundo con el territorio.
Entendemos la educación como un proceso que nace y se sostiene en el territorio, donde se aprende a partir de la relación con la naturaleza, la palabra de los mayores y las prácticas comunitarias. El territorio no es solo un espacio físico, es una fuente viva de conocimiento. Allí se forman valores, responsabilidades y formas de cuidado de la vida.
La educación propia se expresa en las prácticas cotidianas, en la transmisión intergeneracional de sistemas de conocimiento propio, prácticas ancestrales y en la relación espiritual y material con el territorio. No se limita al aula ni a contenidos estandarizados. La educación se hace en el territorio. Esta comprensión cuestiona modelos educativos descontextualizados y afirma la necesidad de enfoques interculturales basados en derechos.
Fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) es garantizar saberes vivos, autonomía y futuro para nuestros pueblos. Significa reconocer nuestra capacidad para definir cómo, qué y para qué educamos, en coherencia con los mandatos territoriales. El SEIP articula educación, territorio y pervivencia cultural. Su fortalecimiento es una condición para una igualdad real con enfoque territorial.
En el Día Internacional de la Educación, reafirmamos que educar desde el territorio es un acto político, cultural y colectivo. La educación propia no es una concesión, es un derecho que sostiene la vida, la memoria y la autonomía de los Pueblos Indígenas, una práctica viva de resistencia y creación colectiva. Exigimos que el Estado reconozca y garantice estos enfoques desde una relación respetuosa con los territorios y sus saberes. Defender la educación propia es defender el territorio.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Ene 26, 2026 | CNTI Opina, Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas expresamos nuestro reconocimiento a la designación de Luis Alfredo Acosta Zapata como Ministro de la Igualdad y la Equidad. Consideramos que este nombramiento constituye un hecho político relevante para los Pueblos Indígenas y para los sectores históricamente excluidos del país. Representa la llegada de una voz territorial a un espacio clave de definición de políticas públicas. Reconocemos el significado colectivo de esta designación. También asumimos que abre un escenario de responsabilidades institucionales concretas.
Reconocemos la trayectoria de Luis Alfredo Acosta Zapata, estrechamente ligada a los procesos organizativos y de defensa territorial de los Pueblos Indígenas. Su labor como coordinador nacional de la Guardia Indígena ha estado marcada por el cuidado de la vida, la protección del territorio y la afirmación de la autonomía. Este recorrido se ha construido desde el trabajo colectivo y el mandato comunitario. No responde a una lógica individual, sino a procesos organizativos de largo aliento. Ese origen territorial es central para comprender el alcance de su designación.
Somos conscientes de que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad enfrenta desafíos estructurales asociados a la desigualdad, el racismo histórico y la exclusión social. Desde nuestra perspectiva. Esperamos que la gestión ministerial incorpore un enfoque territorial, intercultural y de derechos. La igualdad no puede pensarse al margen del territorio. Tampoco puede desvincularse de la autodeterminación de los pueblos.
Confiamos en que esta designación contribuya al fortalecimiento de las luchas por la defensa integral del territorio y por la dignidad de los sectores históricamente afectados por la desigualdad estructural. Esto implica políticas públicas construidas con participación efectiva de todos los pueblos, comunidades y ciudadanías excluidas. Supone avanzar en medidas orientadas a transformar las causas profundas de la inequidad social, económica y territorial. El enfoque debe ser estructural y de derechos, no asistencial. La igualdad exige cambios sustantivos en la relación del Estado con los territorios y los pueblos, tanto en la ruralidad como en las ciudades.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo político y al seguimiento riguroso de la gestión ministerial. Este acompañamiento se realizará en coherencia con los mandatos territoriales y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, en articulación con las demandas de otros sectores históricamente marginados. Ejerceremos nuestro papel como instancia vocera y de exigibilidad frente a las obligaciones del Estado. Reconocemos que este nombramiento abre una oportunidad política relevante. Al mismo tiempo, plantea responsabilidades claras frente a la justicia territorial, social y la garantía efectiva de derechos.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Dic 23, 2025 | CNTIAnaliza, Actualidad, Nota de prensa, Noticias
«Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo, Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural», en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional»
por Prensa CNTI | Dic 18, 2025 | Actualidad, Comunicados, Exigencias y Posicionamientos políticos, Noticias
Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia públicamente el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional en la garantía de las condiciones necesarias para el desarrollo efectivo de las sesiones de diálogo y concertación, situación que vulnera de manera grave y sistemática los derechos territoriales, humanos y fundamentales de los Pueblos Indígenas.
Pese a los avances normativos de altísima importancia, relacionados con las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), el Gobierno Nacional ha demostrado una conducta renuente frente al funcionamiento adecuado de la CNTI, impidiendo el ejercicio pleno de la participación efectiva, la concertación y la toma de decisiones sobre la implementación de los compromisos concertados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y las políticas públicas en materia territorial indígena.
La VI Sesión Ordinaria de la CNTI, programada para el 28 de noviembre de 2025, no pudo culminarse, entre otros motivos, debido a la ausencia reiterada del Director General de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Juan Felipe Harman Ortiz, quien ha demostrado que es el único competente para definir acuerdos estructurales que sobrepasan la capacidad de quienes en su delegación asisten al Espacio. Como consecuencia, se generó una pérdida de recursos públicos y se afectaron la coordinación previa, la agenda concertada y los esfuerzos logísticos realizados por las autoridades indígenas provenientes de distintas regiones del país.
A ello se suma la cancelación unilateral de la continuidad de la sesión programada para el 18 de diciembre de 2025, notificada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante correo electrónico el 17 de diciembre a las 6:22 p. m., lo cual interrumpió abruptamente la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas.
Estas actuaciones, atribuibles al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), obstaculizaron el seguimiento a los compromisos del PND, la definición de presupuesto y metas para 2026, y la implementación de acuerdos orientados a garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, incluyendo procesos de ampliación, saneamiento, reestructuración, conversión y constitución de resguardos, así como la protección integral de los territorios ancestrales.
La CNTI advierte que este patrón reiterado de reprogramaciones, ausencia de funcionarios decisorios, entrega extemporánea e incompleta de información, discontinuidad contractual, cambios constantes de directivos y falta de planeación institucional, resulta regresivo y desconoce el carácter legítimo, legal y vinculante de la CNTI como instancia de concertación de Gobierno a Gobierno.
Estas prácticas contravienen la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, la inadecuada destinación de recursos públicos sin el cumplimiento de los fines previstos podría configurar detrimento patrimonial y omisión de funciones, lo que amerita la intervención de los organismos de control.
Finalmente, la CNTI hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que honre los compromisos adquiridos, respete los espacios de decisión colectiva y actúe bajo los principios de buena fe, enfoque de derechos y obligatoriedad de la concertación. El respeto a la CNTI es una obligación constitucional y legal, fundamental para la garantía de los derechos territoriales de los 115 Pueblos Indígenas del país.
¡Defender los territorios es defender la vida!
