por STI | Ago 26, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos que, en el marco del cierre de la consulta previa de la Ruta de Reparación Colectiva del Pueblo Nukak, el Ministerio del Interior, entidad responsable de liderar este proceso, no se hizo presente. Esta ausencia debilita el ejercicio de la consulta previa y desconoce la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Mientras el Gobierno Nacional reitera en sus discursos su compromiso con los Pueblos Indígenas y la Amazonía, la realidad en los territorios demuestra lo contrario: promesas en el papel, pero ausencia en los espacios donde se define la garantía de derechos. El caso del Pueblo Nukak —en grave riesgo de exterminio físico y cultural, como lo ha reconocido la Corte Constitucional— exige respuestas inmediatas y no más dilaciones.
Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control, den seguimiento a los compromisos adquiridos y velen por el cumplimiento efectivo de la reparación colectiva del Pueblo Nukak.
La reparación colectiva no puede seguir siendo postergada. El respeto por los derechos de los Pueblos Indígenas es un deber inaplazable del Estado colombiano.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Ago 26, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
En el marco del Día Nacional de la Niñez Indígena, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) celebramos y honramos a las niñas y niños indígenas de Colombia: semillas de los pueblos, portadores de la vida y guardianes del futuro.
La niñez indígena no es solo el mañana, es el presente que florece en medio de los territorios y comunidades. Cuidar sus sueños significa defender la vida, la cultura y la memoria de los pueblos originarios. Su bienestar es inseparable de la defensa de los territorios, pues crecer con amor, salud, identidad y libertad es un derecho fundamental que debe ser garantizado sin discriminación, miedo ni violencia.
Reafirmamos que la niñez indígena debe estar lejos de la guerra y del reclutamiento forzado. La niñez no pertenece a ningún conflicto armado, pertenece a la vida y a la alegría. Decimos con fuerza: no al despojo, no al miedo, no a la violencia.
El cuidado de las niñas y los niños indígenas es un compromiso colectivo: es abrazo de comunidad, tejido de afecto, protección espiritual y compromiso compartido con la vida y el territorio. Su protección no depende únicamente de las familias, sino de la responsabilidad integral de pueblos, comunidades y del Estado.
Escuchar sus voces es reconocer su derecho a ser oídos, a decidir y a participar en la construcción de sus territorios. Sus palabras son semilla y guía que orienta la vida colectiva.
En este Día Nacional de la Niñez Indígena reiteramos: cuidar la niñez es cuidar la vida misma, el futuro de nuestros pueblos y la dignidad de toda Colombia.
¡Defender a la niñez indígena es defender la vida y los territorios!
por STI | Ago 25, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Los Pueblos Indígenas de Colombia, reunidos en el marco del tercer día de la Tercera Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), nos pronunciamos con firmeza ante el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional y la preocupante ausencia de algunos funcionarios con capacidad de decisión, lo que afecta de manera directa el ejercicio de nuestros derechos territoriales.
Denunciamos, una vez más, el comportamiento sistemático de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM), dependencia del Ministerio del Interior, que continúa evadiendo sus funciones misionales y vulnerando el derecho al autorreconocimiento. La falta de avances en temas clave como el registro de autoridades, la emisión de conceptos previos, los estudios etológicos y los autocensos, refleja una preocupante omisión institucional. A ello se suma la ausencia de directivos con poder de decisión, lo que deslegitima el diálogo y vacía de contenido político los compromisos pactados.
Este espacio de concertación tiene carácter vinculante, conforme al Decreto 1397 de 1996. Por ello, exigimos que el ministro del Interior, Armando Benedetti, el viceministro Jaime Berdugo Pérez y la directora de la DAIRM, Roquelina Blanco, asistan de manera presencial a la Cuarta Sesión Mixta prevista para el mes de septiembre.
Así mismo, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) continúa incumpliendo los acuerdos firmados con los Pueblos Indígenas en 2024 y ratificados durante 2025. A pesar de haber pasado más de un año, la ADR no ha creado una dependencia de Asuntos Indígenas ni ha reestructurado su Consejo Directivo para garantizar nuestra participación con voz y voto.
Denunciamos la falta de una hoja de ruta clara por parte de la ADR y del Ministerio de Agricultura para cumplir los compromisos adquiridos. Esta omisión institucional no sólo impide avances reales, sino que profundiza la exclusión histórica y vulnera el principio de igualdad y el enfoque diferencial. La exclusión de los Pueblos Indígenas en la estructura de la entidad desde su creación es inconstitucional, el retraso en este asunto por parte del Estado es de altísima gravedad.
Es indispensable que la ADR demuestre su voluntad, al menos con la creación de un grupo interno de trabajo que transversalice el enfoque indígena, de manera transitoria, mientras cumple los acuerdos pactados previamente. La omisión institucional por parte de la ADR y del Ministerio de Agricultura no sólo retrasa el cumplimiento de los compromisos, sino que profundiza la exclusión histórica de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones que afectan directamente nuestros territorios.
Destacamos el avance presentado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). A través de la Dirección de Asuntos Étnicos, liderada por Luis Gabriel de la Rosa, la ANT presentó un Plan de Acción con metas mensuales que refleja un compromiso institucional concreto para garantizar la ejecución de los recursos destinados a la protección y garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en el marco de los procesos de adquisición.
Este avance es significativo, pues no sólo reconoce la deuda histórica en materia de acceso a la tierra, sino que también establece una ruta clara de trabajo que permitirá mayor transparencia, eficiencia y seguimiento en la gestión de los recursos. Con este compromiso, la ANT asume la responsabilidad de convertir los acuerdos en hechos medibles y verificables, avanzando hacia la materialización efectiva de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Ahora se espera que esa voluntad institucional se traduzca en hechos concretos y sostenibles, y que se garantice el cumplimiento pleno de lo acordado. Los pueblos y organizaciones indígenas estaremos vigilantes, haciendo seguimiento y exigencia para que cada compromiso se convierta en transformación real en los territorios.
Exigimos:
El cumplimiento inmediato de los compromisos asumidos por todas las entidades responsables.
La presencia efectiva de funcionarios con poder de decisión en todos los espacios de concertación.
La revisión estructural de procedimientos y normativas que obstaculizan nuestros derechos territoriales.
Respeto por nuestras autoridades y formas de gobierno propio.
Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control, den seguimiento a los compromisos adquiridos y velen por el cumplimiento efectivo de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
En la Cuarta Sesión Mixta de la CNTI, prevista para el mes de septiembre, esperamos avances significativos frente a los incumplimientos denunciados, así como mecanismos efectivos de seguimiento a los acuerdos suscritos con los Pueblos Indígenas. Nuestra disposición al diálogo y la concertación permanece intacta. Desde la unidad del Gobierno Indígena, reiteramos toda nuestra voluntad para seguir construyendo rutas conjuntas que garanticen el respeto, la protección y la materialización de nuestros derechos territoriales. La palabra empeñada debe traducirse en hechos.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | Ago 22, 2025 | Declaraciones y posicionamientos, Noticias
Pronunciamiento Público – Comisión Nacional de Territorios Indígenas –CNTI
Expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo frente a la constante transgresión de los mandatos acordados en nuestros espacios de diálogo y concertación. Resulta inaceptable la desatención por parte del Gobierno Nacional a los compromisos establecidos en las mesas técnicas, las actas suscritas entre las partes, así como el incumplimiento de órdenes judiciales que amparan nuestros derechos. Estas acciones no solo vulneran la confianza construida en los procesos de concertación, sino que también constituyen una clara afrenta al orden constitucional y al marco legal que protege los derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia.
Las acciones y omisiones del Estado colombiano configuran un escenario institucional que, que difícilmente reconoce derechos, pero de manera amplia los niega. La inoperancia, la burocracia maliciosa y la priorización absoluta de intereses políticos y económicos por encima de los derechos constitucionales, se han convertido en constantes del accionar estatal frente a las legítimas demandas históricas de nuestros pueblos.
Es ese sentido, el despojo territorial representa el desmantelamiento de nuestros sistemas de vida, la anulación fáctica de nuestra autoridad, de nuestra existencia, vida espiritual, autonomía, gobierno propio, pervivencia y permanencia como pueblos milenarios.
No existen garantías reales para la seguridad jurídica y material de nuestros territorios, en abierta contradicción con lo establecido en la Constitución de 1991, los tratados internacionales y múltiples fallos de las altas cortes nacionales e internacionales. Se ha desconocido el ejercicio de la justicia propia y la jurisdicción especial indígena, vulnerando nuestras potestades, sistemas normativos y autodeterminación. Sin integridad territorial, el pluralismo jurídico es inviable.
Enunciamos nuestra profunda preocupación por la limitada capacidad operativa de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, evidenciada en la falta de herramientas técnicas, recursos financieros adecuados y estructura institucional suficiente. Esta situación ha generado afectaciones masivas en la gestión, articulación y avance de procesos fundamentales para la garantía de los derechos territoriales, culturales y políticos de los Pueblos Indígenas, debilitando el cumplimiento de los compromisos del Estado y poniendo en riesgo la efectividad de las políticas públicas con enfoque étnico.
Es impostergable agilizar los procesos de formalización, ampliación, saneamiento y conversión de Reservas Indígenas en Resguardos, así como la titulación en territorios coloniales, que actualmente se encuentran estancados en trámites que se prolongan por décadas. Esta demora facilita la llegada y asentamiento de colonos, intensificando los conflictos socioambientales y territoriales, y alimentando la presencia de actores armados y los intereses de megaproyectos en nuestros territorios ancestrales.
Los pueblos indígenas exigimos el cumplimiento riguroso y con perspectiva territorial de los procedimientos establecidos en el Decreto Ley 4633 de 2011 para la restitución de nuestros derechos territoriales. Rechazamos de manera enfática cualquier acción que implique el reconocimiento arbitrario de derechos individuales sobre territorios colectivos, pues estas prácticas desconocen nuestra cosmovisión, fragmentan nuestros procesos organizativos y vulneran los principios fundamentales de autonomía y unidad territorial que rigen nuestras comunidades.
Los pueblos indígenas expresamos preocupación por la falta de rigor y transparencia en la entrega de información sobre ordenamiento territorial, lo que dificulta la garantía efectiva de nuestros derechos territoriales. Recordamos que el acceso a la información es un derecho fundamental para proteger y ejercer otros derechos.
Las instituciones nacionales, lejos de ser garantes, en muchos casos se han convertido en el principal obstáculo en la progresividad del goce efectivo de los derechos humanos y territoriales indígenas.
Exigimos a la institucionalidad y convocamos a los entes de control a:
Implementar efectivamente las medidas de protección y delimitación de los territorios frente al avance de políticas agrarias que se imponen sin la debida Consulta Previa, Libre e Informada, vulnerando nuestra autonomía y generando conflictos socioambientales y territoriales.
Garantizar la seguridad y protección de los líderes y lideresas indígenas que defienden nuestros territorios, quienes son estigmatizados, criminalizados y amenazados, en muchos casos, con el silencio cómplice de las instituciones.
Destinar los recursos económicos y técnicos suficientes, oportunos y pertinentes, para la debida formalización, resaltando la necesidad de avanzar decididamente en la adquisición de tierras, lo anterior, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Exigimos al Gobierno Nacional, en cabeza de la Presidencia de la República y de todas las entidades competentes -Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente, entre otros sectores- El inmediato cumplimiento de las exigencias. Requerimos al Gobierno la definición e implementación inmediata de una ruta clara de fortalecimiento institucional, técnico y financiero de la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, con el fin de garantizar su capacidad efectiva para responder a las obligaciones del Estado en materia de derechos de los Pueblos Indígenas.
En todas las sesiones, es indispensable y obligatoria, la presencia de funcionarios de alto nivel, con capacidad de toma de decisión, que resuelvan y adopten las medidas, acuerdos y acciones determinantes para la garantía de nuestros derechos en materia territorial.
Se debe establecer compromisos claros, metas verificables y recursos suficientes, para superar la deuda histórica con nuestros pueblos.
Reivindicamos, el respeto irrestricto a la Consulta Previa como derecho fundamental, ¡la consulta previa no es un mero trámite! La consulta previa, libre e informada es un derecho irrenunciable que garantiza la materialización de todos nuestros derechos.
A casi diez años de la firma, resulta urgente e impostergable la implementación efectiva de lo establecido en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con las garantías para la pervivencia y permanencia de los pueblos Nukak y Emberá Katío.
Se debe activar todos los conductos que propendan por salvaguardar la existencia digna de los pueblos que afrontan crisis humanitarias producto de las decisiones arbitrarias de la institucionalidad que los ha despojado, condenándolos a la extinción física y cultural.
Como movimiento indígena comprometido con la construcción y transformación de nuestra realidad, exhortamos al Gobierno Nacional a cumplir de manera inmediata y efectiva con lo acordado y pactado en este escenario.
Frente a la persistencia del incumplimiento, anunciaremos la activación de nuestro derecho fundamental a la movilización pacífica y permanente, la exigibilidad jurídica en instancias nacionales e internacionales, y la aplicación de nuestros usos y costumbres para la defensa de la Madre Tierra.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas se mantendrá vigilante del cumplimiento de este pronunciamiento, exigiendo control y vigilancia estricta a todos los entes responsables de garantizar la materialización de nuestros derechos colectivos.
¡Proteger los territorios es proteger la vida! – Comisión Nacional de Tarritos indígenas
por Prensa CNTI | Ago 20, 2025 | Nota de prensa, Noticias
Primer día – Tercera Sesión Mixta de la CNTI, Bogotá, 20 de agosto de 2025
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia con preocupación los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno Nacional durante el primer día de la Tercera Sesión Mixta, un espacio de alto nivel político e interlocución directa entre los Pueblos Indígenas de Colombia y el Estado.
A pesar del carácter vinculante y estratégico de este espacio, la jornada inició con la ausencia del Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Agencia de Desarrollo Rural, Unidad para las Víctimas (UARIV) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Estas entidades son claves para el efectivo acceso a los derechos fundamentales, así como el reconocimiento y protección de la diversidad cultura, espiritual y territoriales de los pueblos indígenas.
Denunciamos la práctica institucional reiterada de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior, la cual no responde a las solicitudes y necesidades de los pueblos indígenas. El alto rezago en materia de registro de autoridades, los conceptos previos, los estudios etológicos y los autocensos, restringe el acceso a derechos fundamentales e incluso afectan los procesos de formalización (especialmente en la ruta propuesta por la ANT para impulsar las solicitudes incompletas). Esta situación vulnera nuestro derecho a la autodeterminación y autogobierno.
Insistimos en la gravedad de la falta de articulación entre entidades. Por un lado, entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), cuyos procedimientos internos, desactualizados y burocráticos, están obstaculizando la formalización, recuperación y reparación integral de los territorios indígenas. Por otro, la desarticulación entre la ANT y Min.Interior frente al silencio administrativo positivo de los conceptos previos emitidos para la formalización. Finalmente, la desarticulación entre el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural para tener un documento claro y un cronograma célere que permita la adecuación de la ADR, niega un enfoque indígena adecuado para materializar nuestros derechos territoriales.
Alertamos la afectación de las garantías para avanzar en los procesos de formalización y seguridad jurídica. A corte del 20 de agosto, la ANT ha ejecutado solo el 12% del presupuesto asignado a Pueblos Indígenas, en especial es preocupante el manejo del proceso de compras de tierras, dado que representa el 73,6% de los recursos, y solo se ha ejecutado de este el 6% lo que representa no avanzar efectivamente en la reparación y por el contrario profundiza la revictimización de comunidades afectadas por el conflicto armado.
También se alertó sobre la falta de criterios diferenciados de la URT en la tramitación de solicitudes individuales de restitución sobre territorios indígenas ya constituidos o en proceso de formalización. Esta omisión genera incertidumbre jurídica, fragmenta procesos y pone en riesgo la integridad de los territorios ancestrales.
Desde la CNTI, exigimos al Gobierno Nacional respeto por los espacios de concertación creados para impulsar la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. No es posible avanzar hacia soluciones reales si no hay funcionarios con capacidad de decisión ni respuestas institucionales tanto eficaces como estructurales. La interlocución no puede seguir siendo vaciada de contenido ni de presencia política.
Hacemos un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que actúen en el marco de sus funciones, hagan seguimiento a los compromisos asumidos, y garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | Ago 19, 2025 | Nota de prensa, Noticias
En una jornada de diálogo, se llevó a cabo el taller de “Brechas en la formalización de los territorios indígenas”, organizado por Amazon Conservation Team, The Tenure Facility y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI. El objetivo del encuentro fue compartir experiencias, hallazgos y desafíos identificados por la CNTI y ACT, en su labor por la defensa y garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
El espacio contó con la participación de los delegados indígenas de la CNTI, Procuraduría, Defensoría del pueblo, Agencia Nacional de Tierras -ANT, Unidad de Restitución de Tierras- URT, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, Gaia, organizaciones, académicos y autoridades indígenas.
La metodología incluyó una dinámica de grupos de trabajo, que desarrolló un ejercicio de análisis, permitiendo visibilizar puntos en común desde las diferentes experiencias, roles y niveles de involucramiento de los asistentes en los procesos de formalización.
Como resultado del diálogo, se identificaron algunas problemáticas que afectan la formalización de los territorios indígenas:
- Estructurales: relacionadas con la concepción limitada del territorio y la ausencia de reconocimiento de las epistemologías indígenas frente al enfoque del derecho civil de la propiedad predominante.
- Contextuales: como la falta de articulación interinstitucional, desconocimiento de los procedimientos tanto por parte de pueblos indígenas como de funcionarios, y la limitada garantía de participación efectiva.
- Coyunturales: entre las que se destacan la insuficiencia de capacidades técnicas, humanas y financieras, así como la inestabilidad en la contratación de personal, muchas veces condicionada por presiones políticas o de intereses particulares.
Durante el evento, se reiteró la necesidad de ampliar la comprensión del concepto de formalización, para entenderlo como un mecanismo esencial para garantizar la defensa de los territorios y la pervivencia de los pueblos indígenas. Asimismo, se subrayó la urgencia de una adecuación institucional y normativa, que contemple el enfoque diferencial y la simplificación de los requisitos actuales.
El evento concluyó con un llamado a fortalecer los espacios de diálogo intercultural, a consolidar rutas de acción coordinadas entre el Estado y pueblos indígenas para promover los derechos territoriales.
