por STI | Feb 12, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas resaltamos la entrega material del predio Cuba Libre a la comunidad indígena de Barrulia, del Pueblo Sikuani, realizada el 7 de febrero de 2026 en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Este hecho constituye un logro histórico y un avance en la garantía de los derechos territoriales. Al mismo tiempo, evidencia la vulneración histórica y sistemática de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Altillanura, situación que ha sido denunciada de manera reiterada por esta Comisión.
Este avance es resultado de diferentes acciones de la comunidad, las organizaciones indígenas y la CNTI que, a través de recursos administrativos y acciones jurídicas constitucionales, revirtieron la decisión administrativa de 2022 que negó la protección del territorio ancestral del Pueblo Sikuani, obligando a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a revisar su actuación y adoptar una decisión favorable en favor de la comunidad de Barrulia.
El predio Cuba Libre forma parte del territorio ancestral del Pueblo Sikuani y estuvo ocupado por ciudadanos extranjeros pertenecientes a la comunidad religiosa menonita. En el marco de la diligencia de recuperación y entrega material se presentaron conductas de oposición que desconocieron la autoridad del Estado colombiano y limitaron el acceso al territorio, pese a la existencia de una orden judicial vigente, lo que evidencia los riesgos persistentes que enfrenta la comunidad indígena en su proceso de retorno.
La recuperación y entrega del predio fue adelantada ANT, en articulación con la Defensoría del Pueblo, en reconocimiento de su carácter de territorio ancestral protegido en el marco del Decreto 2333 de 2014, como resultado de una reclamación sostenida por la comunidad indígena de Barrulia ante el Estado colombiano durante más de una década.
Desde la CNTI reiteramos que la entrega del predio Cuba Libre constituye un avance importante, pero insuficiente, pues persiste la necesidad de garantizar de manera integral la protección, el reconocimiento, el acceso y el tránsito a los territorios indígenas, así como las garantías humanitarias necesarias para un retorno seguro y digno, conforme a los estándares constitucionales e internacionales.
Por tanto, hacemos un llamado urgente al Estado colombiano para que adopte medidas inmediatas, eficaces e integrales que garanticen los derechos fundamentales y territoriales de la comunidad de Barrulia, frente a la persistencia de amenazas, la falta de garantías de seguridad y la insuficiente atención humanitaria.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Feb 11, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas rechazamos categóricamente la retención ilegal de la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué Vivas, ocurrida el 10 de febrero del presente año.
Este hecho constituye una grave vulneración a la vida, la libertad y el ejercicio político de una autoridad indígena que ha dedicado su trayectoria a la defensa del territorio y la paz. No se trata de un episodio aislado, sino de una expresión del recrudecimiento de la violencia que afecta de manera directa a los Pueblos Indígenas. Denunciamos esta agresión como una amenaza directa contra los procesos organizativos, el gobierno propio y la pervivencia física, cultural y espiritual de nuestros pueblos.
Durante al menos tres horas, la senadora fue retenida por un grupo armado ilegal mientras transitaba con su esquema de seguridad por la vía que comunica los municipios de Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca. La desaparición temporal de la comitiva generó una alerta inmediata en las organizaciones indígenas del territorio y a nivel nacional. Estos hechos evidencian el alto nivel de riesgo que enfrentan quienes ejercen liderazgo político y comunitario en contextos de conflicto armado. Defender el territorio no puede convertirse en una sentencia de muerte.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazó de manera inmediata lo ocurrido y activó los protocolos de búsqueda y seguridad, en articulación con la Guardia Indígena en el territorio. Esta respuesta organizada y autónoma permitió la liberación de la senadora, quien se encuentra ilesa. Reconocemos la capacidad de reacción comunitaria y el ejercicio de la autoridad territorial como mecanismos legítimos de protección colectiva. La Guardia Indígena demostró, una vez más, que el cuidado comunitario es una práctica concreta de defensa del territorio y de la integridad de quienes lo habitan.
Expresamos nuestra solidaridad con la senadora Aida Quilcué y con todas las mujeres que han sostenido la defensa del territorio, la paz, la dignidad y la autonomía de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a una violencia estructural y de raíz colonial que ha buscado históricamente despojar nuestros territorios y debilitar nuestros procesos organizativos; frente a ella, nos unen las luchas ancestrales por la justicia social, la autonomía y la construcción de una paz con dignidad.
Rechazamos el recrudecimiento de la violencia en el país, especialmente en departamentos como el Cauca, donde las afectaciones contra los Pueblos Indígenas persisten. Exigimos garantías efectivas para el ejercicio político, el liderazgo social y el gobierno propio.
Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y los territorios, así como con la construcción de una paz con justicia social. Agradecemos las expresiones de apoyo y la fuerza de la unidad colectiva que hicieron posible una respuesta inmediata frente a este hecho. La violencia no puede seguir marcando el destino de quienes defendemos los derechos colectivos de nuestros pueblos.
¡Defender el territorio no puede costarnos la vida!
por STI | Feb 11, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como instancia de vocería en materia territorial indígena, nos sumamos a las denuncias elevadas por autoridades y organizaciones indígenas del país y nos juntamos con todos los Pueblos Indígenas de Colombia frente a decisiones institucionales que desconocen nuestros derechos culturales, espirituales y territoriales, y que afectan de manera directa el ejercicio de nuestras prácticas ancestrales y de gobierno propio.
Denunciamos públicamente la Circular Informativa No. 05/2025 emitida por la aerolínea estatal SATENA, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que prohíbe el transporte de mambe y otros derivados de la hoja de coca en vuelos comerciales y de carga. Nuestra hoja de coca es sagrada. El mambe no es una mercancía ni una sustancia prohibida: es pensamiento colectivo, es palabra de vida, es fundamento de orientación espiritual, política y colectiva. A través del mambe se transmite el conocimiento, se cuida el territorio y se sostiene el equilibrio entre los pueblos y la Madre Naturaleza. Cualquier intento por despojarlo de su sentido ancestral constituye una forma de violencia cultural y espiritual.
Esta medida no puede presentarse como un simple “protocolo”. Impone una lectura punitiva y colonial que equipara prácticas espirituales y medicinales ancestrales con lógicas de criminalización, restringe la movilidad de elementos rituales esenciales y afecta de manera directa la vida colectiva y la autoridad territorial de los Pueblos Indígenas.
Denunciamos que esta decisión vulnera el mandato constitucional de protección de la diversidad étnica y cultural, y se opone al bloque de constitucionalidad que ampara los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. La restricción desconoce obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano —en particular las derivadas del Convenio 169 de la OIT, incorporado por la Ley 21 de 1991—, al imponer barreras que lesionan la autonomía, la libre determinación y el ejercicio pleno de prácticas culturales, sociales, culturales y espirituales propias.
Este tipo de actuaciones profundiza la desconfianza, debilita los compromisos de concertación y reproduce formas de violencia institucional que afectan la pervivencia cultural y el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Exigimos la revocatoria inmediata de la Circular Informativa No. 05/2025, garantías para el transporte de elementos rituales sin requisitos que vulneren la autonomía, y el inicio de las investigaciones disciplinarias correspondientes; llamamos también a los organismos de derechos humanos y al sistema internacional a observar y documentar esta situación. Para nuestros pueblos, la hoja de coca es sagrada: el mambe es pensamiento, palabra y vida, y su protección es una obligación estatal, no una concesión administrativa.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Feb 9, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Comunicar desde el territorio: palabra, memoria y defensa de la vida
En Colombia, ejercer el periodismo y la comunicación ha sido, históricamente, una práctica atravesada por el riesgo. Decir la verdad, cuestionar el poder y visibilizar las violencias estructurales ha costado la vida a periodistas, comunicadores comunitarios e indígenas. Por eso, el Día Nacional del Periodismo no es solo una conmemoración institucional: es un acto de memoria, resistencia y homenaje.
Sin garantías para comunicar no hay verdad posible. La libertad de expresión no puede entenderse como un principio abstracto cuando quienes informan desde los territorios enfrentan amenazas, estigmatización y silenciamientos sistemáticos. En un país marcado por el conflicto armado, el despojo territorial y la exclusión histórica, comunicar ha sido —y sigue siendo— un acto profundamente político.
Desde los Pueblos Indígenas, la comunicación no se reduce a informar hechos. La comunicación propia nace del territorio, de la memoria colectiva y de una relación de cuidado y defensa con la vida. Es palabra que cuida, que explica lo que se intenta ocultar y que permite comprender los impactos de la guerra, el extractivismo y los modelos de desarrollo impuestos sobre los cuerpos y los territorios.
Comunicar desde el territorio es, en sí mismo, una forma de defensa. Es alertar sobre las violencias, denunciar el despojo y sostener procesos organizativos que protegen el territorio, la Madre Naturaleza y las formas de vida que allí habitan. En este sentido, la comunicación indígena no es complementaria ni marginal: es fundamental para la democracia y para el ejercicio pleno del derecho colectivo a la verdad.
En este 9 de febrero, rendimos homenaje a quienes comunicaron con dignidad y fueron silenciados por hacerlo. Sus voces no desaparecieron. Permanecen en la memoria de los pueblos, en los archivos vivos del territorio y en las luchas que continúan. Reafirmamos el compromiso con una comunicación que no calla, que no se arrodilla y que pone la palabra al servicio del cuidado y la defensa de la vida.
Comunicar desde el territorio, es defender la vida
por STI | Ene 30, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, Informes, Nota de prensa, Noticias
Nosotras y nosotros, los Pueblos Indígenas de Colombia, autoridades, liderazgos y guardianes de los territorios; de los grandes nevados, páramos, bosques, sabanas, ríos, selvas y demás espacios que integran a la Madre Tierra, alzamos nuestra voz y reafirmamos que, sin el reconocimiento efectivo y la protección plena de nuestros derechos territoriales y sin la incorporación de nuestros saberes y autoridades en las decisiones globales, no habrá justicia ambiental ni futuro posible para la vida en el planeta.
En Colombia existimos más de 115 Pueblos Indígenas que hemos resistido, por siglos, al despojo, la violencia y la invisibilización impuesta por el Estado y la sociedad mayoritaria. Como resultado de estas agresiones históricas, hoy representamos menos del 5% de la población nacional. Aun así, somos los guardianes de la vida y el territorio protegiendo más de 35 millones de hectáreas — 30% del territorio continental colombiano — gracias a nuestras luchas y resistencia colectiva.
Nuestros derechos territoriales protegen nuestra relación especial con la Madre Tierra, guiada por nuestros sistemas de conocimiento, y son la base de nuestra vida social, económica, cultural y espiritual. Estos derechos obligan al Estado a garantizar la seguridad jurídica y material sobre nuestros territorios; son integrales y contemplan esencialmente la posesión, propiedad, autonomía e identificación de nuestros territorios.
En el ámbito internacional, el surgimiento del concepto “desarrollo sostenible”, la Convención de Río (1992) y los tratados derivados: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), se dieron de manera simultánea al reconocimientode nuestros derechos territoriales con el Convenio 169 de la OIT (1989). Sin embargo, estos han avanzado desconociendo nuestros derechos al tiempo que el desarrollo económico continúa poniendo en riesgo la vida en el planeta.
Si bien recientemente han surgido otros marcos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016), que reafirman nuestros derechos a la libre determinación, a la autonomía y al territorio, así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado; estos marcos no han sido incorporados plenamente en la gobernanza ambiental global.
Los derechos humanos y territoriales deben constituirse en la pauta para la interpretación y aplicación de las políticas ambientales. Reconocer que los Pueblos Indígenas no somos receptores pasivos de la política ambiental, sino pueblos autodeterminados, sujetos colectivos de derechos y guardianes de los territorios; y que nuestro conocimiento propio y prácticas culturales son esenciales en la defensa de la biodiversidad y respuesta a la crisis climática. Es imperativo que los Estados implementen sus políticas con un enfoque intercultural, garantizando el respeto al gobierno propio y asegurando que toda acción ambiental esté orientada al fortalecimiento de la vida y la pervivencia de los pueblos, en armonía con la Madre Tierra.
Aunque instrumentos como el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Acuerdo de París, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), reconocen la obligación de respetar los derechos de los Pueblos Indígenas, en la práctica han reforzado una narrativa que nos reduce a “poblaciones vulnerables” frente a la crisis climática y ecológica. Esta visión nos coloca como sujetos pasivos que deben ser protegidos, y oculta que nuestros territorios son codiciados como fuentes de valor económico en un mercado global de naturaleza y carbono, donde se celebran sus servicios ecosistémicos pero se ignoran nuestras autonomías y derechos.
Rechazamos esa narrativa y afirmamos que nuestros derechos territoriales son acción climática: sin identificación, demarcación, titulación, regularización de la tierra, desalojo inmediato de los despojadores de nuestros territorios y medidas integrales de protección, no habrá ecosistemas que puedan evitar el colapso de la vida, tal como la conocemos, en el planeta. Reconocer y garantizar integralmente los territorios indígenas no es una opción ni un gesto de buena voluntad: es una obligación jurídica y ética de la comunidad internacional.
De cara a la COP30, presentamos siete apuestas con las que exigimos la reorientación del sistema de gobernanza ambiental global hacia el cuidado real de la vida, desde la voz, la visión y la autoridad sobre los territorios de los Pueblos Indígenas. Estas apuestas responden a una concepción integral de lo vivo, un tejido interconectado donde el bienestar de cada ser sostiene la existencia del todo. Hacemos el llamado a escuchar y respetar la palabra de nosotros los pueblos, camino para garantizar la pervivencia de la Madre Tierra y transformar las políticas globales hacia un horizonte de justicia, equilibrio y cuidado colectivo. Exigimos que la COP30 se convierta en un punto de inflexión a partir del cual los compromisos se traduzcan en cambios reales, porque proteger los territorios indígenas es proteger el futuro del planeta.
por STI | Ene 28, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la coordinación y articulación estratégica entre la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público, se logra fallo judicial trascendental para la protección y exigibilidad de los derechos territoriales del pueblo Sikuani
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) como instancia de diálogo y concertación entre el gobierno de los Pueblos Indígenas, celebra lo establecido en la sentencia judicial proferida el 14 de enero de 2026 por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta), mediante la cual se amparan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas Barrulia, Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, del pueblo Sikuani, frente a la vulneración de sus derechos al territorio, a la dignidad humana, la libre circulación, la autonomía y la propiedad colectiva.
El fallo reconoce y advierte, con especial preocupación, que las comunidades indígenas han sido afectadas por conductas de particulares que restringen el acceso y el tránsito por sus caminos ancestrales y tradicionales; asimismo, resalta las omisiones reiteradas y las acciones regresivas y desfavorables por parte del Estado. Adicionalmente, precisa la necesidad de garantizar la protección efectiva del territorio ancestral.
La sentencia ordena, entre otras medidas, el cese de las restricciones al tránsito por los caminos tradicionales, la actuación diligente y coordinada de la Agencia Nacional de Tierras para garantizar el acceso efectivo y seguro a los territorios ancestrales, el avance en el Plan Integral de Reparación Colectiva de la comunidad Barrulia y participación efectiva, así como la conformación de un espacio de diálogo intercultural para superar las conflictividades territoriales existentes.
Particularmente, desde el mandato de la CNTI y sus organizaciones se realizó un proceso de coadyuvancia estratégica entre la CNTI y La Defensoría del Pueblo para el acompañamiento y exigibilidad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, destacando los estándares de derechos y la especial relevancia que tiene el territorio y su acceso para nuestros pueblos.
Este proceso se inscribe en el marco de más de ciento veinte (120) impulsos administrativos y judiciales promovidos por la CNTI en articulación con las organizaciones y autoridades indígenas nacionales y locales, desde el año 2021. Dichas actuaciones, adelantadas mediante escenarios de exigibilidad y control ante Corte Constitucional y otras instancias judiciales, han tenido como propósito visibilizar las graves afectaciones que enfrenta el pueblo Sikuani en la región de la Altillanura y propiciar respuestas institucionales efectivas.
Los delegados y delegadas indígenas, hacemos un llamado respetuoso a las entidades para que den cumplimiento integral y oportuno de las órdenes judiciales, evitando nuevas dilaciones que profundicen la vulneración de derechos fundamentales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
