En el marco de la coordinación y articulación estratégica entre la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Defensoría del Pueblo como Ministerio Público, se logra fallo judicial trascendental para la protección y exigibilidad de los derechos territoriales del pueblo Sikuani
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) como instancia de diálogo y concertación entre el gobierno de los Pueblos Indígenas, celebra lo establecido en la sentencia judicial proferida el 14 de enero de 2026 por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto López (Meta), mediante la cual se amparan los derechos fundamentales de las comunidades indígenas Barrulia, Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, del pueblo Sikuani, frente a la vulneración de sus derechos al territorio, a la dignidad humana, la libre circulación, la autonomía y la propiedad colectiva.
El fallo reconoce y advierte, con especial preocupación, que las comunidades indígenas han sido afectadas por conductas de particulares que restringen el acceso y el tránsito por sus caminos ancestrales y tradicionales; asimismo, resalta las omisiones reiteradas y las acciones regresivas y desfavorables por parte del Estado. Adicionalmente, precisa la necesidad de garantizar la protección efectiva del territorio ancestral.
La sentencia ordena, entre otras medidas, el cese de las restricciones al tránsito por los caminos tradicionales, la actuación diligente y coordinada de la Agencia Nacional de Tierras para garantizar el acceso efectivo y seguro a los territorios ancestrales, el avance en el Plan Integral de Reparación Colectiva de la comunidad Barrulia y participación efectiva, así como la conformación de un espacio de diálogo intercultural para superar las conflictividades territoriales existentes.
Particularmente, desde el mandato de la CNTI y sus organizaciones se realizó un proceso de coadyuvancia estratégica entre la CNTI y La Defensoría del Pueblo para el acompañamiento y exigibilidad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, destacando los estándares de derechos y la especial relevancia que tiene el territorio y su acceso para nuestros pueblos.
Este proceso se inscribe en el marco de más de ciento veinte (120) impulsos administrativos y judiciales promovidos por la CNTI en articulación con las organizaciones y autoridades indígenas nacionales y locales, desde el año 2021. Dichas actuaciones, adelantadas mediante escenarios de exigibilidad y control ante Corte Constitucional y otras instancias judiciales, han tenido como propósito visibilizar las graves afectaciones que enfrenta el pueblo Sikuani en la región de la Altillanura y propiciar respuestas institucionales efectivas.
Los delegados y delegadas indígenas, hacemos un llamado respetuoso a las entidades para que den cumplimiento integral y oportuno de las órdenes judiciales, evitando nuevas dilaciones que profundicen la vulneración de derechos fundamentales.
El 25 de enero, en el marco del Día Internacional de la Educación, desde los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestra defensa de una educación intercultural, propia e inclusiva, que reconoce la identidad colectiva, la ancestralidad y el vínculo profundo con el territorio.
Entendemos la educación como un proceso que nace y se sostiene en el territorio, donde se aprende a partir de la relación con la naturaleza, la palabra de los mayores y las prácticas comunitarias. El territorio no es solo un espacio físico, es una fuente viva de conocimiento. Allí se forman valores, responsabilidades y formas de cuidado de la vida.
La educación propia se expresa en las prácticas cotidianas, en la transmisión intergeneracional de sistemas de conocimiento propio, prácticas ancestrales y en la relación espiritual y material con el territorio. No se limita al aula ni a contenidos estandarizados. La educación se hace en el territorio. Esta comprensión cuestiona modelos educativos descontextualizados y afirma la necesidad de enfoques interculturales basados en derechos.
Fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) es garantizar saberes vivos, autonomía y futuro para nuestros pueblos. Significa reconocer nuestra capacidad para definir cómo, qué y para qué educamos, en coherencia con los mandatos territoriales. El SEIP articula educación, territorio y pervivencia cultural. Su fortalecimiento es una condición para una igualdad real con enfoque territorial.
En el Día Internacional de la Educación, reafirmamos que educar desde el territorio es un acto político, cultural y colectivo. La educación propia no es una concesión, es un derecho que sostiene la vida, la memoria y la autonomía de los Pueblos Indígenas, una práctica viva de resistencia y creación colectiva. Exigimos que el Estado reconozca y garantice estos enfoques desde una relación respetuosa con los territorios y sus saberes. Defender la educación propia es defender el territorio.
Los delegados y delegadas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas expresamos nuestro reconocimiento a la designación de Luis Alfredo Acosta Zapata como Ministro de la Igualdad y la Equidad. Consideramos que este nombramiento constituye un hecho político relevante para los Pueblos Indígenas y para los sectores históricamente excluidos del país. Representa la llegada de una voz territorial a un espacio clave de definición de políticas públicas. Reconocemos el significado colectivo de esta designación. También asumimos que abre un escenario de responsabilidades institucionales concretas.
Reconocemos la trayectoria de Luis Alfredo Acosta Zapata, estrechamente ligada a los procesos organizativos y de defensa territorial de los Pueblos Indígenas. Su labor como coordinador nacional de la Guardia Indígena ha estado marcada por el cuidado de la vida, la protección del territorio y la afirmación de la autonomía. Este recorrido se ha construido desde el trabajo colectivo y el mandato comunitario. No responde a una lógica individual, sino a procesos organizativos de largo aliento. Ese origen territorial es central para comprender el alcance de su designación.
Somos conscientes de que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad enfrenta desafíos estructurales asociados a la desigualdad, el racismo histórico y la exclusión social. Desde nuestra perspectiva. Esperamos que la gestión ministerial incorpore un enfoque territorial, intercultural y de derechos. La igualdad no puede pensarse al margen del territorio. Tampoco puede desvincularse de la autodeterminación de los pueblos.
Confiamos en que esta designación contribuya al fortalecimiento de las luchas por la defensa integral del territorio y por la dignidad de los sectores históricamente afectados por la desigualdad estructural. Esto implica políticas públicas construidas con participación efectiva de todos los pueblos, comunidades y ciudadanías excluidas. Supone avanzar en medidas orientadas a transformar las causas profundas de la inequidad social, económica y territorial. El enfoque debe ser estructural y de derechos, no asistencial. La igualdad exige cambios sustantivos en la relación del Estado con los territorios y los pueblos, tanto en la ruralidad como en las ciudades.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo político y al seguimiento riguroso de la gestión ministerial. Este acompañamiento se realizará en coherencia con los mandatos territoriales y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, en articulación con las demandas de otros sectores históricamente marginados. Ejerceremos nuestro papel como instancia vocera y de exigibilidad frente a las obligaciones del Estado. Reconocemos que este nombramiento abre una oportunidad política relevante. Al mismo tiempo, plantea responsabilidades claras frente a la justicia territorial, social y la garantía efectiva de derechos.
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como instancia de vocera en material territorial indígena, celebramos el fallo judicial del 13 de enero de 2026, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, que protegió el derecho fundamental al territorio de la comunidad Mame Ñate Umuguse, del Pueblo Siona.
El acceso efectivo al territorio mediante la adquisición de tierras es un componente esencial del derecho fundamental al territorio de las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado que no pueden retornar a sus territorios. Desde la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI se ha sostenido que este mecanismo no constituye un trámite aislado, sino una medida clave de reparación colectiva, pervivencia cultural y no revictimización.
En articulación con la comunidad indígena Siona Mame Ñate Umuguse, la STI de la CNTI interpuso una acción de tutela en agosto de 2025 en contra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), dada vulneración sistemática del derecho fundamental al territorio y de los derechos derivados de su condición de víctimas del conflicto armado. El trámite judicial estuvo marcado por dilaciones, una nulidad por falta de vinculación de la UARIV y decisiones negativas de primera instancia proferidas por el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, que desconocieron la situación humanitaria y territorial de la comunidad, así como las afectaciones prolongadas derivadas del desplazamiento forzado. Estas decisiones fueron finalmente revocadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, que amparó los derechos fundamentales de esta comunidad.
El trámite judicial fue respaldado mediante coadyuvancias interpuestas por las seis organizaciones indígenas nacionales con asiento en la CNTI (ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pachama, Gobierno Mayor y CRIC), en consideración a la relevancia estructural que tiene el acceso a la tierra y la culminación célere de los procedimientos de adquisición que adelanta la autoridad de tierras.
En su decisión, el Tribunal, llamó la atención sobre las dilaciones injustificadas para culminar el procedimiento administrativo de adquisición de tierra y por consiguiente la constitución del resguardo, lo cual resulta especialmente graves tratándose de una comunidad víctima del conflicto armado. En consecuencia, ordenó a la ANT concluir, en un plazo máximo de tres (3) meses, el procedimiento de formalización territorial y adoptar decisiones de fondo respecto de los procesos de adquisición de tierras requeridos para la constitución del resguardo, advirtiendo el incumplimiento reiterado de sus deberes legales. Asimismo, el juez ordenó a la UARIV avanzar, en coordinación con la ANT, en la formulación y ejecución de los Planes Integrales de Reparación Colectiva y de Reubicación, garantizando la participación efectiva de la comunidad y el acceso oportuno a las medidas de reparación.
Desde la CNTI instamos a la ANT y a la UARIV a dar cumplimiento integral, oportuno y efectivo a lo ordenado en esta sentencia judicial. En ejercicio de sus funciones misionales, la CNTI ejercerá seguimiento permanente y riguroso al cumplimiento de estas órdenes, en el marco de sus competencias de seguimiento, exigibilidad y acompañamiento a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Con un llamado a que uno de los resultados de la COP30 sea el reconocimiento explícito del “decisivo” papel de los pueblos indígenas en la mitigación, la adaptación y la resiliencia climática, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Camilo Niño, cerró el evento especial ‘Mutirão (minga) por la Tierra: los pueblos indígenas como generadores de impacto en la acción y la gobernanza climáticas’.
El líder arhuaco fue el vocero de América Latina y el Caribe en un panel que reunió a las siete regiones representadas en el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (IIPFCC).
El eje de su discurso fue que los pueblos indígenas son actores esenciales de la acción climática, titulares de derechos específicos y guardianes de territorios que mantienen los ecosistemas, la biodiversidad y el agua.
Con base en este argumento, le pidió a la presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene lugar en Belém (Brasil), que “apoye la integración decisiva de los derechos de los pueblos indígenas sobre nuestros territorios, tierras y recursos, así como de nuestros sistemas de conocimiento, gobierno y monitoreo”, a los programas de trabajo en Mitigación y Transición Energética, al balance global de la COP30 y a todos los procesos de implementación del Acuerdo de París.
Así mismo, exhortó a que el Marco de los Emiratos Árabes Unidos para la Resiliencia Climática Global -que busca que la adaptación climática tenga la misma relevancia que el recorte de las emisiones contaminantes- “se integre plenamente en las metas temáticas y transversales” derivadas del Acuerdo de París.
Los pueblos indígenas de la región, dijo Niño, también piden que el trabajo de sus organizaciones y sus estructuras propias se integren a los distintos grupos de acción del plan a cinco años de los Climate High-Level Champions, figura creada hace una década para impulsar lo pactado en la capital francesa.
El vocero de la CNTI insistió además en las principales demandas del IIPFCC, mejor conocido como Caucus Indígena: participación plena en la toma de decisiones climáticas, acceso directo y sostenible al financiamiento climático, seguridad jurídica sobre sus territorios y garantías especiales para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (Piaci).
En la jornada, conducida por Hindou Oumarou Ibrahim, de Chad, una de los Climate High-Level Champions, también hablaron los representantes del Pacífico, Norteamérica, el Ártico, Asia, el este de Europa (Rusia incluida) y África.
Entre las frases más destacadas de esas intervenciones figuran las siguientes:
“Los procesos burocráticos dilatan la acción climática”: Amba-Rose Atkinson, Pacífico.
La Secretaría Técnica Indígena y su Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), viene realizando una serie de acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones con personalidades e instituciones públicas, privadas, así como de los organismos de Naciones Unidas; con el propósito de fortalecer las apuestas de este importante espacio de concertación nacional, en especial de las estrategias encaminadas a la defensa y la seguridad jurídica de los territorios indígenas de Colombia.
Encuentro con el Ministerio de las TIC
Teniendo en cuenta lo anterior, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI y su equipo de trabajo, se reunieron con el Viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC, Sergio Octavio Valdés Beltrán y Margareth Silva Montaña directora de la Oficina de Fomento Regional de tecnologías de la información y las comunicaciones del Ministerio de las TIC. En dicho encuentro se expuso la estrategia de comunicación que viene desarrollando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, en especial el uso y apropiación de repertorios tecnológicos para la producción de contenidos radiales, sonoros, audiovisuales y transmediales.
En ese orden de ideas se socializó la iniciativa radial que viene desarrollando la CNTI, en especial la creación de la emisora virtual “Nuwam Radio” y la plataforma web para la gestión del acervo sonoro de los Pueblos Indígenas denominado “Radiotea Indígena Nuwam”, una iniciativa que viene construyendo el equipo técnico de la CNTI a fin de poder tener a futuro una especie de “Spotify Indígena”, donde los usuarios puedan encontrar contenidos sonoros indígenas como: podcast, series radiales, música indígena y paisajes sonoros, no solo producidos por la CNTI, sino también por los diferentes colectivos y emisoras indígenas del orden nacional.
De igual modo, se le presentó al Ministerio de las TIC, el Sistema de Información Geográfica (SIG) que viene consolidando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, el cual tiene como meta consolidarse como uno de los principales referentes de información geográfica sobre los Pueblos Indígenas de Colombia.
Teniendo en cuenta que al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le compete muchos de estos temas como cartera ministerial, la CNTI le solicitó al Viceminitro y su equipo de trabajo poder establecer alianzas que permitan no solo consolidar todas las iniciativas que se vienen desarrollando desde la estrategia de comunicación de la CNTI, sino también apoyo en la gestión con otras entidades adscritas al sector de las TIC, para poder difundir y ampliar el alcance comunicativo que viene desarrollando este espacio de concertación y su observatorio de derechos territoriales.
Por ello, después de este primer encuentro se establecieron una serie de compromisos y acuerdos entre las partes, a fin de poder consolidar una alianza estratégica entre la CNTI y dicho Ministerio de las TIC, de este modo avanzar en el fortalecimiento de la estrategia de comunicación de la CNTI y la promoción y difusión de los contenidos de comunicación producidos por los Pueblos y Organizaciones Indígenas que hacen parte de este espacio de concertación nacional.
Diálogo con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Continuando con este ejercicio de acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI), sostuvo un encuentro con el equipo de trabajo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, para dialogar en torno al mandato de dicha misión en especial al seguimiento y monitoreo a lo establecido en el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz (AFP).
Gabriela Olguín, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, informó que su presencia en el país se debe al mandato de la Misión de Verificación, definido por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el seguimiento y verificación de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz), acordado entre el Gobierno Nacional de Colombia y la Guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. En lo que corresponde a los Pueblos Indígenas, dicha Misión de la ONU ha venido trabajando en la verificación de la situación actual de los Pueblos Étnicos.
En ese marco de acciones se están realizando seguimientos a los casos étnicos que viene desarrollando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las acciones del gobierno nacional para cumplir con lo establecido en materia de reforma rural integral del AFP, así como lo definido en el capítulo étnico de dicho acuerdo. En lo que tiene que ver con derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, la Misión de verificación le ha solicitado al Gobierno Nacional información oportuna y veraz sobre la situación territorial de los Pueblos Indígenas, entre ellas el mapeo de la formalización los territorios Indígenas, así como las demás acciones de reparación territorial (individual y colectiva) que vienen desarrollando las entidades del gobierno sobre dicho tema.
Sin embargo, Camilo Niño llamó la atención a los representantes de la Misión de Verificación de la ONU, porque al parecer lo reportado por el Gobierno Nacional no corresponde con la realidad o hay una disparidad de información, dado que los datos entregados por el Gobierno no corresponden con la realidad. También al parecer se está interpretando la norma según como le favorece al Gobierno. Lo anterior teniendo en cuenta que según la información con la que cuenta el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI analizada por ejemplo en los informes (Balance de la implementación del Decreto Ley 4633, el Fraude de la Paz, Presupuesto Invertido para los procesos de dotación de los Territorios Indígenas y el informe La Formalización y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígenas en el 2021), la asimetría con lo reportado por el gobierno nacional en materia territorial indígena es abismal.
Evidencia de ello es que a la fecha de este documento, desde dicho espacio de concertación, como lo es la CNTI, el Gobierno Nacional no se ha informado sobre cuál es el porcentaje real del fondo de paz que le corresponde a los Pueblos Indígenas, no hay información clara sobre los planes de ordenamiento territorial, hay un rezago histórico en materia de formalización (constitución, saneamiento, ampliación o reorganización de los territorios indígenas) al que no se le ha dado celeridad para ser resuelto. Se han propuesto estrategias como la implementación de planes de formalización masiva para desentrabar más de mil (1000) rezagados, pero nada de esto se ha podido concretar por falta de voluntad política del Gobierno Nacional.
A todo lo anterior se le suma que al parecer hay una duplicidad en las cifras, debido que todo el rezago histórico de lo que corresponde al tema territorial indígena de Colombia previo al Acuerdo Final de Paz, no es claro. Es decir, pareciera que todos los temas históricos de formalización de los Territorios Indígenas se mezclaron con lo establecido en el capítulo étnico y el tema reforma rural integral étnica del AFP, situación que deja con muchas preocupaciones a los Pueblos Indígenas.
Es por ello por lo que las Secretarías Técnicas Indígenas de la CNTI y la CDDHHPI acordaron con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, fortalecer las acciones de diálogo e interlocución, por medio de una metodología de acciones conjuntas a fin de poder reportar y dar información oportuna desde los Pueblos Indígenas, y de este modo dicha misión pueda contar con más fuentes de información para sus ejercicios de análisis, monitoreo y seguimiento de la implementación del Acuerdo Final de Paz, en especial para los informes que periódicamente elabora dicha Misión de Verificación.
Incidencia estratégica con Congresistas Indígenas
Por otro lado, y en el marco de las acciones de incidencia, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, sostuvo reuniones y encuentros con congresistas indígenas como el Senador Polivio Leandro Rosales Cadena (Pueblo Pasto) Senador de la República por partido AICO, Aida Quilcué Vivas (Pueblo Nasa) Senadora de la República por partido MAIS y Javier Alexander Sánchez (Pueblo Sikuani) Representante a la Cámara por el Vichada del partido Cambio Radical. Todas estas reuniones estuvieron encaminadas en la gestión de apoyos para buscar alianzas que permitan evidenciar la situación de vulneración territorial que padecen muchos Pueblos Indígenas en la actualidad, entre ellos el caso de despojo territorial que están atravesando las comunidades indígenas del Pueblo Sikuani que habitan en Puerto Gaitán departamento del Meta.
Este caso tiene que ver con varias acciones de desalojo que las entidades públicas y policiales de Puerto Gaitán han venido ejecutando contra los miembros de las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani, el cual es un Pueblo seminómada y nómada que históricamente ha tenido que sobrevivir siendo víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, con pocas o casi nulas garantías de sus derechos territoriales.
Por ejemplo, entre los años 2016 y 2019, las comunidades indígenas anteriormente mencionadas, solicitaron ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quien funge como máxima autoridad en materia de tierras en Colombia, la protección de sus territorios ancestrales, tomando como base jurídica lo establecido en el Decreto 2333 de 2014, el cual tiene por objeto lograr la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas del país y según lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, después de más de cinco años de dilaciones, el día 17 de mayo del 2022 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT dio respuesta a una de todas estas solicitudes del Pueblo Sikuani (es decir, la de la comunidad de Barrulia). La ANT, según su interpretación del Decreto 2333 de 2014, decidió no reconocer la ocupación histórica del territorio ancestral por no haber ejercido “ocupación continuada sobre el mismo”. Ello sin considerar el carácter nómada y seminómada de la comunidad y del pueblo indígena Sikuani, y sin valorar el contexto histórico de violencia que le ha dificultado su libre movilidad y ocupación territorial, o el tipo de ocupación de una comunidad víctima de desplazamiento, así como de confinamiento del que han sido sometidos por años. Al parecer, la mala interpretación de la ancestralidad territorial y la negación del derecho al territorio que desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT se ha establecido, hoy no ha resuelto de fondo dicha posesión ancestral, por lo que se corre el riesgo de responder de manera negativa las otras tres solicitudes que las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael Warrojo aún siguen sin ser solución.
Ahora, dichas comunidades Indígenas quienes continúan sin que se les resuelva la situación de sus territorios ancestrales, están enfrentadas a los procesos policivos de desalojos por parte de las autoridades ordinarias municipales, de igual modo las comunidades vienen denunciando que sobre sus territorios ancestrales hay muchos intereses económicos por parte de colonos y empresas privadas, así como comunidades religiosas como es el caso de los “menonitas”, quienes quieren apropiarse de dichos terrenos, todo estos actores al parecer son los responsables de la presión ante las entidades municipales de Puerto Gaitán para estas ejecuten lo más pronto dichos desalojos contra las comunidades Indígenas del Pueblo Sikuani.
Por su parte, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, se ha sumado al trabajo de denuncia que vienen realizando las mismas comunidades Sikuanis, organizaciones defensoras de derechos humanos como la Corporación Claretiana, Organizaciones Indígenas como la ONIC, entre otras organizaciones, que han venido evidenciando a la opinión pública esta situación que viven estas comunidades, de igual modo se han realizado acciones de orden jurídico para buscar por qué medio de esta vía se pueda garantizar y respetar los derechos territoriales que tienen estas comunidades indígenas.
Es por eso, que desde las gestiones con algunos de los congresistas indígenas (Senado y Cámara de Representantes) Así como de otras entidades e instituciones competentes, se logró que para el día 14 de marzo de 2023 a las 8:30 AM en el Congreso de la República, salón de Constitución, el Ministerio del Interior lleve a cabo una Audiencia Pública “Para atender los problemas del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, Meta”. A dicha audiencia fueron citadas las entidades Ministerio de Defensa, Alcaldía de Puerto Gaitán, Personería de Puerto Gaitán, Comando de la Policía del Meta, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Reuniones con la Defensoría del Pueblo
En el marco de la incidencia estratégica para la defensa de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, la Secretaría Técnica Indígena realizó varios encuentros o jornadas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, en especial con Julio Luis Balanta Mina, delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de dicha entidad. Durante estos encuentros se acordaron acciones en el marco de las función de dicho ministerio público para que puedan realizar un seguimiento y acompañamiento oportuno a las comunidades y así ayudar a garantizar los derechos de esta población Indígena que hoy está en una situación de vulneración, no solo por los procesos policivos de desalojo sino también por las condiciones de saneamiento básico, alimentación y movilidad en la que se encuentran a causa de las continuas destrucciones de sus viviendas y bases alimentarias.
De este modo, el día sábado 11 de marzo de 2023, el delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de Defensoría del Pueblo con su equipo de trabajo y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, partieron desde Bogotá D.C. a Puerto Gaitán, Meta, en una comisión de verificación de la situación de afectación y vulneración que viene atravesando las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani.
El propósito de esta misión fue que la Defensoría pudiera hablar con las autoridades y comunidades indígenas Sikuanis, sobre la situación de despojo y vulneración de sus derechos, de los cuales están siendo víctimas a causa de la inseguridad jurídica de sus territorios y la no garantía de sus derechos territoriales como originarios que son de dichas tierras ancestrales.
Finalmente, la CNTI por medio de sus delegados y su Secretaría Técnica Indígena, así como el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, continuará fortaleciendo las acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones con personalidades e instituciones públicas, privadas, así como de los organismos de Naciones Unidas, para ello continuará buscando más alianzas, así como fortaleciendo las ya afianzadas, con el fin de avanzar en la consolidación de las garantías y goce efectivo de los Derechos de los Pueblos Indígenas en materia territorial.
Secretaría Técnica Indígena (STI) Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
Teniendo en cuenta lo anterior, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI y su equipo de trabajo, se reunieron con el Viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC, Sergio Octavio Valdés Beltrán y Margareth Silva Montaña directora de la Oficina de Fomento Regional de tecnologías de la información y las comunicaciones del Ministerio de las TIC. En dicho encuentro se expuso la estrategia de comunicación que viene desarrollando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, en especial el uso y apropiación de repertorios tecnológicos para la producción de contenidos radiales, sonoros, audiovisuales y transmediales.
De igual modo, se le presentó al Ministerio de las TIC, el Sistema de Información Geográfica (SIG) que viene consolidando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, el cual tiene como meta consolidarse como uno de los principales referentes de información geográfica sobre los Pueblos Indígenas de Colombia.
Gabriela Olguín, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, informó que su presencia en el país se debe al mandato de la Misión de Verificación, definido por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el seguimiento y verificación de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz), acordado entre el Gobierno Nacional de Colombia y la Guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. En lo que corresponde a los Pueblos Indígenas, dicha Misión de la ONU ha venido trabajando en la verificación de la situación actual de los Pueblos Étnicos.
Sin embargo, Camilo Niño llamó la atención a los representantes de la Misión de Verificación de la ONU, porque al parecer lo reportado por el Gobierno Nacional no corresponde con la realidad o hay una disparidad de información, dado que los datos entregados por el Gobierno no corresponden con la realidad. También al parecer se está interpretando la norma según como le favorece al Gobierno. Lo anterior teniendo en cuenta que según la información con la que cuenta el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI analizada por ejemplo en los informes (
Este caso tiene que ver con varias acciones de desalojo que las entidades públicas y policiales de Puerto Gaitán han venido ejecutando contra los miembros de las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani, el cual es un Pueblo seminómada y nómada que históricamente ha tenido que sobrevivir siendo víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, con pocas o casi nulas garantías de sus derechos territoriales.
Ahora, dichas comunidades Indígenas quienes continúan sin que se les resuelva la situación de sus territorios ancestrales, están enfrentadas a los procesos policivos de desalojos por parte de las autoridades ordinarias municipales, de igual modo las comunidades vienen denunciando que sobre sus territorios ancestrales hay muchos intereses económicos por parte de colonos y empresas privadas, así como comunidades religiosas como es el caso de los “menonitas”, quienes quieren apropiarse de dichos terrenos, todo estos actores al parecer son los responsables de la presión ante las entidades municipales de Puerto Gaitán para estas ejecuten lo más pronto dichos desalojos contra las comunidades Indígenas del Pueblo Sikuani.
En el marco de la incidencia estratégica para la defensa de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, la Secretaría Técnica Indígena realizó varios encuentros o jornadas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, en especial con Julio Luis Balanta Mina, delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de dicha entidad. Durante estos encuentros se acordaron acciones en el marco de las función de dicho ministerio público para que puedan realizar un seguimiento y acompañamiento oportuno a las comunidades y así ayudar a garantizar los derechos de esta población Indígena que hoy está en una situación de vulneración, no solo por los procesos policivos de desalojo sino también por las condiciones de saneamiento básico, alimentación y movilidad en la que se encuentran a causa de las continuas destrucciones de sus viviendas y bases alimentarias.