El día 20 de abril de 2022 en Bogotá se dio inicio a la primera sesión autónoma indígena de la La Comisión Nacional de Territorios indígenas (CNTI), con la participación de sus respectivos delegados, para continuar en la defensa y garantía de los derechos territoriales.
En este espacio se reúnen representantes de: Confederación Indígena Tayrona (CIT), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO), Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor), además de los cinco representantes indígenas de las macro regiones del país: Norte, Centro Oriente, Occidente, Orinoquía y Amazonía, así como un ex constituyente indígena.
También contamos con la participación de Carlos Alberto Sánchez, Mayor del Pueblo Indígena Nasa del Resguardo López Adentro del departamento del Cauca, quien fue cofundador de la CNTI. En un ejercicio de memoria, el mayor Carlos Alberto trajo a colación la toma pacifica de la Confederación Episcopal por parte de los Pueblos Indígenas en el año 1996, que buscaba reunir al Gobierno Indígena y el gobierno nacional para reivindicar los derechos de los Pueblos que históricamente han sido vulnerados, hecho que propició la creación de la CNTI y la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC).
En el marco del espacio autónomo, los delegados y líderes indígenas reiteraron la importancia de la creación de la CNTI mediante el Decreto 1397 de 1996 que ha permitido reconocer a la comisión como vocera de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas del país.
Dando inicio a la agenda concertada con los delegados de cada Organización Indígena, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, socializó ante los participantes las acciones que viene desarrollando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI). El cual es una estrategia fundamental para la formulación de políticas públicas en materia territorial, igualmente es una herramienta para incidir políticamente a nivel nacional e internacional, también para el monitoreo en materia de derechos territoriales que como espacio de concertación indígena le corresponden a la CNT
De igual modo, se compartieron los logros y proyecciones de cada una de las áreas que hacen parte del ODTPI de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, incluyendo la socialización del Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA), como una herramienta propia del espacio que ha permitido almacenar y visualizar los diferentes acuerdos que se han generado en cada una de las sesiones con el gobierno nacional.
En el marco de la agenda la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, informó que en lo relacionado a la Reforma Rural Integral del punto 1 del Acuerdo Final de Paz (AFP), se evidenció que el gobierno nacional viene avanzando con el plan de formalización, sin tener en cuenta un enfoque diferencial, dado que no existe un Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento (FISO) étnico, ni un Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) étnico.
El gobierno de Ivan Duque continúa imponiendo su política pública de Catastro Multipropósito, violando lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, así como el derecho funtamental de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa Libre e Informada, estas acciones promueven nuevos conflictos territoriales.
Durante la sesión se abrió el espacio al Pueblo Indígena Nukak del departamento del Guaviare, quienes expresaron la grave situación de vulneración de derechos humanos y territoriales que vienen padeciendo. Entre las vulneraciones más severas denunciadas está la siembra de minas antipersona, los desplazamientos forzados, el reclutamiento de menores, las amenazas a sus autoridades y las disputas armadas por el control territorial entre los grupos armados. Frente a esta situación, los delegados de la CNTI, propusieron crear una alerta humanitaria para facilitar acciones que permitan encontrar soluciones a la crisis de salud, educación y alimentación que aquejan a este pueblo ancestral.
Adicional a esto, aseguraron que desde este espacio se avanzará en varias propuestas donde el territorio continué siendo el eje fundamental para la vida y permanencia de los pueblos de manera física y cultural. Por ello, el llamado al gobierno es a garantizar los derechos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia de manera urgente.
La discriminación y actos de racismos contra los Pueblos Indígenas en Colombia parece ser pan de cada día en Colombia. Las acciones de los funcionarios públicos en los espacios de diálogo y concertación nacional, se han vuelto repetitivos y sistemáticos hacia las Autoridades, Pueblos y Organizaciones Indígenas.
El 19 de noviembre del 2020, en el marco de la sesión IX de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) entre el Gobierno Indígena y el gobierno nacional, se presentó un hecho de racismo y discriminación estructural por parte de una funcionaria del gobierno.
Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI interpuso una tutela para la protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la dignidad humana, la Igualdad Material, el derecho a la Honra, la Participación, la Diversidad Cultural, la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de la Sala civil especializada en Restitución de Tierras falló a favor de los Pueblos Indígenas y resaltó los siguiente puntos:
Las entidades participantes de la sesión IX de 2020 de la MPC y CNTI, junto con los servidores públicos delegados para el espacio y en compañía de la Defensoría del Pueblo como órgano de control, serán convocados a un acto simbólico en el que se ofrezcan disculpas de manera pública a los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Se debe adoptar una posición de evidencie el rechazó institucional en contra de la discriminación a través del uso del lenguaje.
Se tiene que identificar y dar a conocer la expresión deshonrosa, para que se identifiquen y expliquen las razones por las cuales se trató de un acto discriminatorio en contra de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas afectados.
Tienen que publicar en sus páginas web y redes sociales una socialización de la presente sentencia, además de las disculpas públicas a los Pueblos Indígenas con ocasión de la expresión deshonrosa y discriminatoria realizada.
La Procuraduría General de la Nación debe presentar un informe al promotor del amparo el estado actual de la queja, donde exponga las razones por las cuales no ha resuelto si ejercerá o no la función preferente disciplinaria.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Interior, como entidades adscritas a los espacios de diálogo y concertación de la MPC y CNTI, deben diseñar e implementar una campaña pedagógica con el fin de educar a los funcionarios públicos que hacen parte de estos procesos para el reconocimiento de los derechos fundamentales y territoriales con un enfoque diferencial de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Después de emitida dicha sentencia judicial, el 01 de abril de 2022 el gobierno hizo una convocatoria para que de manera virtual se diera un encuentro con los Pueblos Indígenas y así cumplir con lo ordenado por el ente judicial. Sin embargo, los delegados indígenas que estuvieron presentes en la sesión ampliada de la MPC y la CNTI en noviembre de 2020, fecha en la que se presentaron los hechos racistas y discriminatorios por parte de la funcionaria del gobierno nacional, rechazaron la participación a dicho espacio virtual, debido a que la actividad convocada por el gobierno no contaba con las garantías, ni condiciones para dar cumplimiento con lo establecido en el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá.
A pesar de lo anteriormente expuesto el día 5 de abril del año en curso, el gobierno decidió realizar dicha reunión virtual sin la presencia de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, incumpliendo con lo estipulado en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, desconociendo y negando con esto, los principios orientadores sobre lo ordenado por el ente judicial que hace referencia a la publicación discriminatoria realizada en sus diferentes canales de comunicación, además de ofrecer disculpas de manera pública a los Pueblos, Autoridades y Organizaciones Indígenas del país.
Desde la CNTI rechazamos de manera contundente el actuar del gobierno en el cumplimento del fallo judicial en mención. Aclaramos que dicho evento virtual y las supuestas disculpas proferidas por los funcionarios públicos no tienen ninguna validez política ni jurídica. Toda vez que no se han dado las garantías necesarias por parte del gobierno nacional y tampoco ha existido una conversación respetuosa ni coordinada con los Pueblos Indígenas que participaron de la sesión ampliada de la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para realizar este acto de manera pública.
Teniendo en cuenta lo anterior, el espacio simbólico que le corresponde convocar al gobierno nacional, debe contar con la representación y participación de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia. En esa medida los Pueblos y Organizaciones Indígenas con asiento en la CNTI, exigimos al gobierno nacional que se lleve a cabo de manera presencial y en el menor tiempo el acto simbólico en el que se ofrezcan disculpas de manera pública a los Pueblos Indígenas. Evento que deberá contar con las siguientes garantías:
Se debe garantizar la instalación y participación oportuna por parte de las entidades que conforman la CNTI establecidas en las respectivas convocatorias, por cuanto el decreto 1397 de 1996 exige que las sesiones de trabajo y las agendas deben garantizar el diálogo, coordinación y concertación de acciones entre los diferentes actores.
La participación de las organizaciones y sus delegados indígenas, así como la de los ex constituyentes y senadores indígenas con asiento en la CNTI se debe garantizar de manera presencial, lo anterior considerando la distancia, ubicación y las dificultades insuperables de conectividad que se presentan en los diferentes territorios indígenas.
Las agendas y sesiones se fijarán de conformidad a los antecedentes en materia de coordinación y las regulaciones normativas que implican dichas sesiones mixtas de concertación y serán estrictamente fijadas en mutuo acuerdo entre la secretaría técnica indígena y de gobierno nacional, de ninguna manera se viabilizará la imposición de agendas, temáticas y fechas.
Las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito que exijan que se realice espacios virtuales o conexiones virtuales de algún participante, como situación en extremo excepcional debe ser puesta en conocimiento formalmente, con su respectiva justificación, de manera previa, a la secretaría técnica indígena y de gobierno para que, en coordinación, mediante acuerdo previo entre las partes se defina su viabilidad y se determinen las medidas para cada caso.
De ninguna manera se promoverán situaciones excepcionales y masivas de participación virtual como regla general, por lo que la participación en mayoría se requiere que sea presencial.
Por lo tanto, se solicita dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1397 de 1996 sobre la convocatoria y participación de las sesiones en materia de participación y logística. De parte de los Pueblos Indígenas se reitera la permanente disposición para construir un diálogo coordinado y consensuado.
Finalmente, la CNTI hace énfasis en que no hay garantías de participación a la convocatoria virtual solicitada por el gobierno nacional, debido a que este tipo de eventos, no cumplen con los requerimientos ni con lo estipulado en el fallo de la tutela en mención. Por lo que no se realizará ninguna sesión de diálogo y concertación hasta que el gobierno nacional dé cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, y se cumpla con las garantías de convocatoria y coordinación para la participación garantizada de los pueblos indígenas.
Diplomado en Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, 2022
En el primer semestre del 2022, el Observatorio de Derechos territoriales de los Pueblos indígenas, ODTPI, de la CNTI, finalizó la VI Minga del Diplomado de Derechos Territoriales y Buen Vivir, en la Tulpa de la Çxhab Wala Kiwe, en el municipio de Santander de Quilichao. Este espacio estuvo bajo el direccionamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, quien fue la encargada de orientar y desarrollar la temática de economías propias a los participantes, durante los días 25 y 26 del mes de marzo.
Durante esta última sesión, los estudiantes y dinamizadores del diplomado socializaron su propuesta de investigación propia llamada “Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos”, CRISSAC; esto con el propósito de preparar las sustentaciones de sus productos de investigación, ante sus autoridades y las comunidades de sus territorios.
El diplomado de Derechos Territoriales y Buen Vivir, contó con la participación de 46 estudiantes indígenas Nasas, Totoroes y Misak, de los territorios de Playón Nasa, Miranda, Guadualito, Cali, Jambaló, Huellas – Caloto, López Adentro, Corinto, Pueblo Nuevo Ceral, Toribio, Cerro Tijeras, Nasa Kiwe Tekh Ksxaw, Munchique Los Tigres y Toéz Caloto, quienes en total presentaron 13 proyectos de investigación o Cultivos y Crianza de Sabidurías y Conocimientos – CCRISAC
Entre las temáticas de investigación propia socializadas por los estudiantes o dinamizadores, fueron Formalización de los Territorios, Proyectos Productivos Propios, Protección de Espacios Sagrados, Defensa de la Autonomía Territorial y Consulta Previa. Estas temáticas se desarrollaron en los respectivos territorios, con el fin de identificar sus problemáticas y así generar una propuesta que contribuya a encontrar alternativas de solución propias.
Diplomado Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas del Cauca, 2022.
Durante los ejercicios de acercamiento a sus comunidades y autoridades, los estudiantes reflexionaron sobre la desarmonía del territorio por la presencia de los grupos armados, los cultivos ilícitos, la tala indiscriminada y la explotación minera, entre otros. Ante esta situación, se consideró la importancia del cuidado y la protección de todo lo que habita en el territorio, no solo de manera física y si o también espiritual.
Por ejemplo, uno de los CRISSAC fue Mecanismos De Defensa Territorial, que tiene como propósito “Fortalecer el cuidado de la madre tierra, dando seguimiento a las actividades de control territorial en el marco del pacto territorial firmado por las 21 autoridades de la zona norte del Cauca. Además, de sensibilizar a la comunidad en todos los sentidos para que desde la casa se fortalezca el cuidado del territorio, teniendo en cuenta que si no se cuida no habrá esperanza para los hijos”, manifestó uno de los estudiantes.
Por su parte, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN, fue la encargada de orientar y hacer seguimiento a los proyectos de investigación CRISSAC. Por otro lado, el ODTPI apoyó de manera técnica los CRISSAC relacionados con la formalización de territorios.
Una vez esté terminada la socialización de los estudiantes en cada uno de sus territorios, la UAIIN también será la institución educativa superior de carácter pública y especial, que se encargará de certificar el proceso de formación intercultural del diplomado de Derechos Territoriales y Buen Vivir.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se acompañó a la delegación del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez, en Florida, Valle del Cauca, con el fin de brindarles apoyo, así como hacer seguimiento a la solicitud de ampliación y saneamiento de dicho resguardo.
En el marco de este espacio, se dialogó con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre la importancia de generar acciones más efectivas que permitan avanzar en la restitución del Derecho Territorial del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez. Entre ellos, los derechos y órdenes proferidas por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
De igual modo la STI de la CNTI hizo referencia al cumplimiento de la Sentencia N.º 1 del 10 de marzo de 2022, la cual le ordena a la ANT realizar los trámites que son necesarios para resolver los procesos de constitución y ampliación de los resguardos ya surtidos en el punto de ubicación, alinderamiento y georreferenciación de los predios que lo conforman.
Este territorio en donde se encuentra ubicado el resguardo, los Pueblos Indígenas afrontan algunas limitaciones como la distancia entre las zonas de producción y los centros de comercialización, la ineficiencia de las vías, la ausencia de valor agregado en la mayoría de sus productos, el desconocimiento de sus costos de producción y la limitación por la explotación de tierras.
Durante los últimos 40 años, el pueblo Nasa del Resguardo Triunfo Cristal Páez, ha sido víctima de la presencia de distintos grupos armados, los cuales se disputan el control del corredor estratégico conformado por los municipios de Florida, Miranda y Pradera, el cual conecta el piedemonte amazónico con el Pacífico, favoreciendo el tráfico de armas y de estupefacientes, así como el tránsito de los actores armados entre los dos flancos de la cordillera central y a lo largo de ella, en sentido Norte-Sur y viceversa.
Pese a las complicaciones de orden público en el territorio y tras las secuelas de la masacre de El Naya, dos décadas después de lo ocurrido, el Observatorio de Derechos Territoriales de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) ha acompañado su proceso de resistencia por la formalización de su territorio iniciada desde los años 90, además de estar presente en una de las conmemoraciones para recordar lo sucedido y honrar a sus muertos con el propósito de hacer memoria.
Desde este espacio esperamos que el gobierno nacional brinde una respuesta real y efectiva, ya que la desarticulada, lenta, discontinua y los escasos avances por parte de la institucionalidad se desdibujan ante la sistematicidad de la violencia en los territorios indígenas. Las víctimas de la masacre aún esperan la reparación y justicia en su integralidad, porque aún no cuentan con garantías para asegurar la tenencia colectiva del territorio y proteger su vida.
En el marco de la sesión IX de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) realizada el 19 de noviembre del 2020 entre las Organizaciones Indígenas y el gobierno nacional, se presentó un hecho de racismo y discriminación por parte de una funcionaria del gobierno nacional. Actuaciones de servidores públicos que se han vuelto reiterativas y sistemáticas en los espacios de diálogo y concertación, con las autoridades y organizaciones Indígenas. Situación que vulnera los derechos de los Pueblos Originarios.
Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI en su calidad de instancia vocera de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia, interpuso una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la dignidad humana, la Igualdad Material, el derecho a la Honra, la Participación, la Diversidad Cultural, la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
En esencia, la acción jurídica buscó evidenciar las reiteradas acciones de discriminación y racismo estructural, naturalizadas por el gobierno nacional a través de sus funcionarios en los diferentes escenarios o espacios donde participan los Pueblos Indígenas.
Por medio de la acción de tutela, la CNTI con la vocería del secretario técnico se advirtió de la existencia de un hecho discriminatorio con un patrón de racismo estructural, por parte del gobierno nacional y una gran parte de la sociedad colombiana en contra de los Pueblos Indígenas. Sobre los hechos expuestos y por medio de dicho amparo se le solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá realizar un análisis constitucional y emitir una acción de justicia, sobre el impacto en los derechos fundamentales vulnerados.
El fallo con radicado 11001310302120210002604 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de la Sala civil especializada en Restitución de Tierras, tuteló los derechos fundamentales y expuso que:
“La expresión como acto discriminatorio tuvo la fuerza para afectar la dignidad humana de las comunidades y pueblos indígenas, esto es, el valor que en sí mismos como seres humanos se les debe reconocer y proteger. Asimismo, quebrantó su derecho a la honra pues incidió en la estimación que de sí mismos hacen como indígenas, así como en la estimación y el reconocimiento que de su dignidad esperan, no cualquier persona, sino de los servidores y las entidades del Estado. Igualmente, la expresión, en el fondo, niega el reconocimiento de la diversidad cultural que define al Estado social declarado desde 1991”.
Este hecho de racismo y discriminación racial por parte del gobierno nacional en representación de una de sus funcionarias, tuvo lugar en un espacio de concertación de la MPC y CNTI, espacio donde se supone debe primar el diálogo, respeto y la garantía de derechos. De este modo este tipo de acciones o expresiones de servidores públicos violentó y vulneró los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, pueblos históricamente marginados por la imposición de ordenes socio raciales.
Esta acción puntual de humillación y vergüenza no solo vulneró los derechos de los Pueblos Indígenas, sino que también provocó el deterioro de las reacciones y acrecentó pérdida de confianza de los Pueblos Indígenas ante la institucionalidad del estado colombiano.
Frente a ello reitera que:
“…el racismo en Colombia representa un problema de gran envergadura que se encuentra profundamente arraigado en la sociedad, y que es contrario a los principios morales y éticos de la humanidad, a la naturaleza de las relaciones entre los estados, a los derechos al desarrollo integral de los seres y grupos humanos y al principio de igualdad. A pesar de considerarse una práctica extendida y arraigada en la sociedad colombiana, es objeto de la negación sistemática por parte de la sociedad y en ocasiones de las autoridades, lo que ha conducido a su escasa visibilización.”
Por ello, la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas frente al lenguaje y los hechos discriminatorios, no solo deben estar en función de lograr la eliminación de acciones racistas que afectan o impactan a las personas, comunidades y Pueblos Indígenas, sino que se orienta a restaurar el derecho conculcado o, cuando menos, a mitigar la afectación causada. Esta intervención judicial no sólo resulta importante en el marco del caso concreto, sino que apunta a evitar riesgos mayores para los derechos de los Pueblos Indígenas discriminados y racializados.
De las ordenes contenidas del fallo, se resaltan las siguientes:
Las entidades participantes de la sesión IX de 2020 de la MPC y CNTI, junto con los servidores públicos delegados para el espacio y en compañía de la Defensoría del Pueblo como órgano de control, serán convocados a un acto simbólico en el que se ofrezcan disculpas de manera públicaa los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Se debe adoptar una posición de evidencie el rechazó institucional en contra de la discriminación a través del uso del lenguaje.
Se tiene que identificar y dar a conocer la expresión deshonrosa, para que se identifiquen y expliquen las razones por las cuales se trató de un acto discriminatorio en contra de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas afectados.
Tienen que publicar en sus páginas web y redes sociales una socialización de la presente sentencia, además de las disculpas públicas a los Pueblos Indígenas con ocasión de la expresión deshonrosa y discriminatoria realizada.
La Procuraría General de la Nación debe presentar un informe al promotor del amparo el estado actual de la queja, donde exponga las razones por las cuales no ha resuelto si ejercerá o no la función preferente disciplinaria.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Interior, como entidades adscritas a los espacios de diálogo y concertación de la MPC y CNTI, deben diseñar e implementar una campaña pedagógica con el fin de educar a los funcionarios públicos que hacen parte de estos procesos para el reconocimiento de los derechos fundamentales y territoriales con un enfoque diferencial de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Con base en lo anterior, la Secretaria Técnica indígena de la CNTI reconocida en reiterados pronunciamientos como vocera de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, seguirá representando y respaldando de manera legítima a través de diferentes acciones, la garantía y materialización de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Reiteramos la importancia de estos espacios de diálogo y hacemos un llamado a las demás instituciones participes del mismo, expresar una voz de rechazo frente al actuar de los funcionarios o servidores públicos con el fin de reivindicar la dignidad de los Pueblos Indígenas afectados, discriminados o racializados.
Este tipo de conductas y acciones de imposiciones de ordenes socio raciales durante el gobierno de Iván Duque, dejan en evidencia la exacerbación del racismo estructural difundido en discursos de odio, discriminación y estigmatización que, sumado a la violencia sistemática, continúan amenazando la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.
Desde este espacio, continuaremos en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos fundamentales y territoriales acogiéndonos a nuestra Ley de Origen bajo los principios de la Unidad y la Autonomía, en el marco de los derechos que se reconocen a través de la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas en respuesta a la invitación realizada por la secretaría técnica de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico OCDE, presentó una aproximación y referencias generales en cuanto a los retos de los pueblos indígenas para ejercer la autonomía territorial, situación que han sido seguidos por mandato de las autoridades de los más de 100 pueblos indígenas en Colombia, a través de la CNTI.
Recordemos que la OCDE, es una instancia internacional que tiene como misión diseñar políticas para una vida mejor. La Organización promueve políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de las personas. Colombia desde el año 2018 fue aprobado para hacer parte de la OCDE, luego de haber recibido una invitación directa y la aceptación de todos los demás integrantes mediante consenso. Una vez que el país es aceptado, debe asumir ciertas obligaciones en áreas sociales, económicas, ambientales y además, el congreso de la República debe legislar frente a las áreas mencionadas. Es decir, Colombia hace parte del club de los nuevos ricos.
Ahora bien, La CNTI ha reiterado en las recomendaciones realizadas por la OCDE frente la política agraria del año 2015 en “La mejora de los derechos sobre la tierra y la utilización del suelo deberían contribuir al crecimiento a largo plazo del sector agrícola” especialmente en 4 puntos específicos de particular relevancia para los pueblos indígenas:
Actualizar el sistema catastral.
Acelerar el registro de los derechos de la tierra.
Ajustar la secuencia de las operaciones del mercado del suelo rural entre el proceso de registro y el catastro.
Simplificar el sistema de tenencia de tierra y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas.
¿Y qué ha pasado frente a ello? La CNTI reitera en cada proceso lo siguiente.
Actualización del sistema catastral: El Gobierno nacional tiene un desconocimiento descomunal y falto de voluntad política en la construcción e implementación de la política pública frente a las condiciones de los territorios indígenas y sus múltiples situaciones. La CNTI ha insistido en la necesidad de garantizar que la política de catastro multipropósito y barrido predial se establezca según lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Así, los pueblos indígenas han insistido que la tierra es un ser que tiene conexiones desde los supramundos al cosmos. No se trata únicamente levantar polígonos, inventariarlos y que entren a un banco de mercado, sino de comprender el universo de los mundos indígenas en Colombia.
Aceleramiento del registro de los derechos de la tierra: Como lo ha mencionado la OCDE en el 2015, el 40% de tierras en Colombia sigue siendo informal. Esto debido a las dilaciones administrativas y falta de respuestas sobre solicitudes y procesos de formalización que ha conllevado a múltiples conflictos de los territorios rurales, el acaparamiento de tierras, inversiones económicas cuestionables. Como consecuencia en territorios indígenas se ha acumulado las problemáticas de los actores armados, la proliferación de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la violencia sistemática contra líderes y autoridades. La CNTI se ha empoderado para mitigar los impactos territoriales y promover una política rural efectiva.
Frente a la necesidad de ajustar la secuencia de las operaciones del mercado del suelo rural entre el proceso de registro de catastro: La CNTI ha ratificado que la política pública de Catastro Multipropósito debe consolidarse de la mano de los pueblos indígenas.
Frente a la importancia de simplificar el sistema de tenencia de tierras y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas: Las entidades del gobierno que tienen funciones específicas en tierras, (ANT, IGAC, Ministerio del Interior, Sistema de Notariado y Registro) parecen presentar una desarticulación “intencionada” que hacen presentar demoras excesivas, lo que limita respuestas de fondo de las solicitudes. Todo ello indica una sistemática violación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
En Colombia para los Pueblos Indígenas existen retos en materia de autonomía territorial que se resumen de la siguiente manera:
Seguridad jurídica para garantizar y proteger los derechos y las autonomías territoriales frente a las violencias ejercidas desde diversos actores que vienen en el proyecto de la destrucción de la tierra como la minería, deforestación, hidrocarburos, energía, megaobras de infraestructura, las fuerzas militares tanto legales como ilegales.
En Colombia existe una estructura legal que otorga el derecho a la autonomía de los Pueblos Indígenas , sin embargo, hoy a 30 años de la Constitución se puede afirmar que no cuentan con la garantía estatal de una entidad territorial propia.
Existen ausencias jurídicas territoriales frente a la titulación, registro, demarcación de territorios y actualización catastral. Las demoras o dilaciones administrativas y la falta de respuestas sobre solicitudes y procesos de formalización y la pérdida de expedientes de formalización han estancado dichos procesos.
El reglamento por parte del Estado en cuanto al Derecho a la Consulta Previa, libre e informada, consentimiento y participación de los pueblos indígenas se ve afectado puesto que se ha evidenciado una regulación reducida a meros procesos administrativos y jurídicos.
La CNTI ha identificado que las políticas agrícolas para los pueblos indígenas no poseen un enfoque diferencial, y más cuando el acceso a las tierras en Colombia ha sido extremadamente desigual.
Frente a todas estas situaciones, la CNTI ha propuesto ejercer e implementar el derecho a la Autonomía Territorial, avanzar en los procesos de formalización territorial, adoptar todas las medidas para la protección de la pervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas. Exigir al gobierno nacional una estrategia de Reconstrucción y publicidad de expedientes de solicitudes de protección y formalización de territorios indígenas y finalmente desestigmatizar la labor de los pueblos indígenas en procesos de recuperación y protección de los territorios.
