por STI | Mar 17, 2022 | Comunicados
Redacción CNTI
16 de marzo de 2022
En el marco de la sesión IX de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) realizada el 19 de noviembre del 2020 entre las Organizaciones Indígenas y el gobierno nacional, se presentó un hecho de racismo y discriminación por parte de una funcionaria del gobierno nacional. Actuaciones de servidores públicos que se han vuelto reiterativas y sistemáticas en los espacios de diálogo y concertación, con las autoridades y organizaciones Indígenas. Situación que vulnera los derechos de los Pueblos Originarios.
Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI en su calidad de instancia vocera de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia, interpuso una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la dignidad humana, la Igualdad Material, el derecho a la Honra, la Participación, la Diversidad Cultural, la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
En esencia, la acción jurídica buscó evidenciar las reiteradas acciones de discriminación y racismo estructural, naturalizadas por el gobierno nacional a través de sus funcionarios en los diferentes escenarios o espacios donde participan los Pueblos Indígenas.
Por medio de la acción de tutela, la CNTI con la vocería del secretario técnico se advirtió de la existencia de un hecho discriminatorio con un patrón de racismo estructural, por parte del gobierno nacional y una gran parte de la sociedad colombiana en contra de los Pueblos Indígenas. Sobre los hechos expuestos y por medio de dicho amparo se le solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá realizar un análisis constitucional y emitir una acción de justicia, sobre el impacto en los derechos fundamentales vulnerados.
El fallo con radicado 11001310302120210002604 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. de la Sala civil especializada en Restitución de Tierras, tuteló los derechos fundamentales y expuso que:
“La expresión como acto discriminatorio tuvo la fuerza para afectar la dignidad humana de las comunidades y pueblos indígenas, esto es, el valor que en sí mismos como seres humanos se les debe reconocer y proteger. Asimismo, quebrantó su derecho a la honra pues incidió en la estimación que de sí mismos hacen como indígenas, así como en la estimación y el reconocimiento que de su dignidad esperan, no cualquier persona, sino de los servidores y las entidades del Estado. Igualmente, la expresión, en el fondo, niega el reconocimiento de la diversidad cultural que define al Estado social declarado desde 1991”.
Este hecho de racismo y discriminación racial por parte del gobierno nacional en representación de una de sus funcionarias, tuvo lugar en un espacio de concertación de la MPC y CNTI, espacio donde se supone debe primar el diálogo, respeto y la garantía de derechos. De este modo este tipo de acciones o expresiones de servidores públicos violentó y vulneró los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, pueblos históricamente marginados por la imposición de ordenes socio raciales.
Esta acción puntual de humillación y vergüenza no solo vulneró los derechos de los Pueblos Indígenas, sino que también provocó el deterioro de las reacciones y acrecentó pérdida de confianza de los Pueblos Indígenas ante la institucionalidad del estado colombiano.
Frente a ello reitera que:
“…el racismo en Colombia representa un problema de gran envergadura que se encuentra profundamente arraigado en la sociedad, y que es contrario a los principios morales y éticos de la humanidad, a la naturaleza de las relaciones entre los estados, a los derechos al desarrollo integral de los seres y grupos humanos y al principio de igualdad. A pesar de considerarse una práctica extendida y arraigada en la sociedad colombiana, es objeto de la negación sistemática por parte de la sociedad y en ocasiones de las autoridades, lo que ha conducido a su escasa visibilización.”
Por ello, la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas frente al lenguaje y los hechos discriminatorios, no solo deben estar en función de lograr la eliminación de acciones racistas que afectan o impactan a las personas, comunidades y Pueblos Indígenas, sino que se orienta a restaurar el derecho conculcado o, cuando menos, a mitigar la afectación causada. Esta intervención judicial no sólo resulta importante en el marco del caso concreto, sino que apunta a evitar riesgos mayores para los derechos de los Pueblos Indígenas discriminados y racializados.
De las ordenes contenidas del fallo, se resaltan las siguientes:
- Las entidades participantes de la sesión IX de 2020 de la MPC y CNTI, junto con los servidores públicos delegados para el espacio y en compañía de la Defensoría del Pueblo como órgano de control, serán convocados a un acto simbólico en el que se ofrezcan disculpas de manera pública a los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
- Se debe adoptar una posición de evidencie el rechazó institucional en contra de la discriminación a través del uso del lenguaje.
- Se tiene que identificar y dar a conocer la expresión deshonrosa, para que se identifiquen y expliquen las razones por las cuales se trató de un acto discriminatorio en contra de los Pueblos Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas afectados.
- Tienen que publicar en sus páginas web y redes sociales una socialización de la presente sentencia, además de las disculpas públicas a los Pueblos Indígenas con ocasión de la expresión deshonrosa y discriminatoria realizada.
- La Procuraría General de la Nación debe presentar un informe al promotor del amparo el estado actual de la queja, donde exponga las razones por las cuales no ha resuelto si ejercerá o no la función preferente disciplinaria.
- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Interior, como entidades adscritas a los espacios de diálogo y concertación de la MPC y CNTI, deben diseñar e implementar una campaña pedagógica con el fin de educar a los funcionarios públicos que hacen parte de estos procesos para el reconocimiento de los derechos fundamentales y territoriales con un enfoque diferencial de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Con base en lo anterior, la Secretaria Técnica indígena de la CNTI reconocida en reiterados pronunciamientos como vocera de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, seguirá representando y respaldando de manera legítima a través de diferentes acciones, la garantía y materialización de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Reiteramos la importancia de estos espacios de diálogo y hacemos un llamado a las demás instituciones participes del mismo, expresar una voz de rechazo frente al actuar de los funcionarios o servidores públicos con el fin de reivindicar la dignidad de los Pueblos Indígenas afectados, discriminados o racializados.
Este tipo de conductas y acciones de imposiciones de ordenes socio raciales durante el gobierno de Iván Duque, dejan en evidencia la exacerbación del racismo estructural difundido en discursos de odio, discriminación y estigmatización que, sumado a la violencia sistemática, continúan amenazando la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.
Desde este espacio, continuaremos en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos fundamentales y territoriales acogiéndonos a nuestra Ley de Origen bajo los principios de la Unidad y la Autonomía, en el marco de los derechos que se reconocen a través de la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para leer el memorial sobre la tutela presentada por la CNTI, clic aquí
Para leer la sentencia completa, clic aquí
¡Somos fuente de saber, defendemos el sentir de nuestros territorios!
por STI | Feb 27, 2022 | Comunicados
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas en respuesta a la invitación realizada por la secretaría técnica de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico OCDE, presentó una aproximación y referencias generales en cuanto a los retos de los pueblos indígenas para ejercer la autonomía territorial, situación que han sido seguidos por mandato de las autoridades de los más de 100 pueblos indígenas en Colombia, a través de la CNTI.
Recordemos que la OCDE, es una instancia internacional que tiene como misión diseñar políticas para una vida mejor. La Organización promueve políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de las personas. Colombia desde el año 2018 fue aprobado para hacer parte de la OCDE, luego de haber recibido una invitación directa y la aceptación de todos los demás integrantes mediante consenso. Una vez que el país es aceptado, debe asumir ciertas obligaciones en áreas sociales, económicas, ambientales y además, el congreso de la República debe legislar frente a las áreas mencionadas. Es decir, Colombia hace parte del club de los nuevos ricos.
Ahora bien, La CNTI ha reiterado en las recomendaciones realizadas por la OCDE frente la política agraria del año 2015 en “La mejora de los derechos sobre la tierra y la utilización del suelo deberían contribuir al crecimiento a largo plazo del sector agrícola” especialmente en 4 puntos específicos de particular relevancia para los pueblos indígenas:
- Actualizar el sistema catastral.
- Acelerar el registro de los derechos de la tierra.
- Ajustar la secuencia de las operaciones del mercado del suelo rural entre el proceso de registro y el catastro.
- Simplificar el sistema de tenencia de tierra y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas.
¿Y qué ha pasado frente a ello? La CNTI reitera en cada proceso lo siguiente.
Actualización del sistema catastral: El Gobierno nacional tiene un desconocimiento descomunal y falto de voluntad política en la construcción e implementación de la política pública frente a las condiciones de los territorios indígenas y sus múltiples situaciones. La CNTI ha insistido en la necesidad de garantizar que la política de catastro multipropósito y barrido predial se establezca según lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Así, los pueblos indígenas han insistido que la tierra es un ser que tiene conexiones desde los supramundos al cosmos. No se trata únicamente levantar polígonos, inventariarlos y que entren a un banco de mercado, sino de comprender el universo de los mundos indígenas en Colombia.
- Aceleramiento del registro de los derechos de la tierra: Como lo ha mencionado la OCDE en el 2015, el 40% de tierras en Colombia sigue siendo informal. Esto debido a las dilaciones administrativas y falta de respuestas sobre solicitudes y procesos de formalización que ha conllevado a múltiples conflictos de los territorios rurales, el acaparamiento de tierras, inversiones económicas cuestionables. Como consecuencia en territorios indígenas se ha acumulado las problemáticas de los actores armados, la proliferación de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la violencia sistemática contra líderes y autoridades. La CNTI se ha empoderado para mitigar los impactos territoriales y promover una política rural efectiva.
- Frente a la necesidad de ajustar la secuencia de las operaciones del mercado del suelo rural entre el proceso de registro de catastro: La CNTI ha ratificado que la política pública de Catastro Multipropósito debe consolidarse de la mano de los pueblos indígenas.
- Frente a la importancia de simplificar el sistema de tenencia de tierras y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas: Las entidades del gobierno que tienen funciones específicas en tierras, (ANT, IGAC, Ministerio del Interior, Sistema de Notariado y Registro) parecen presentar una desarticulación “intencionada” que hacen presentar demoras excesivas, lo que limita respuestas de fondo de las solicitudes. Todo ello indica una sistemática violación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
En Colombia para los Pueblos Indígenas existen retos en materia de autonomía territorial que se resumen de la siguiente manera:
- Seguridad jurídica para garantizar y proteger los derechos y las autonomías territoriales frente a las violencias ejercidas desde diversos actores que vienen en el proyecto de la destrucción de la tierra como la minería, deforestación, hidrocarburos, energía, megaobras de infraestructura, las fuerzas militares tanto legales como ilegales.
- En Colombia existe una estructura legal que otorga el derecho a la autonomía de los Pueblos Indígenas , sin embargo, hoy a 30 años de la Constitución se puede afirmar que no cuentan con la garantía estatal de una entidad territorial propia.
- Existen ausencias jurídicas territoriales frente a la titulación, registro, demarcación de territorios y actualización catastral. Las demoras o dilaciones administrativas y la falta de respuestas sobre solicitudes y procesos de formalización y la pérdida de expedientes de formalización han estancado dichos procesos.
- El reglamento por parte del Estado en cuanto al Derecho a la Consulta Previa, libre e informada, consentimiento y participación de los pueblos indígenas se ve afectado puesto que se ha evidenciado una regulación reducida a meros procesos administrativos y jurídicos.
- La CNTI ha identificado que las políticas agrícolas para los pueblos indígenas no poseen un enfoque diferencial, y más cuando el acceso a las tierras en Colombia ha sido extremadamente desigual.
Frente a todas estas situaciones, la CNTI ha propuesto ejercer e implementar el derecho a la Autonomía Territorial, avanzar en los procesos de formalización territorial, adoptar todas las medidas para la protección de la pervivencia física y espiritual de los pueblos indígenas. Exigir al gobierno nacional una estrategia de Reconstrucción y publicidad de expedientes de solicitudes de protección y formalización de territorios indígenas y finalmente desestigmatizar la labor de los pueblos indígenas en procesos de recuperación y protección de los territorios.
por STI | Feb 22, 2022 | Comunicados
En el mes de febrero de 2022, por invitación de Amazon Conservation Team Surinam, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, participó en un evento denominado “Seguridad jurídica para nuestros territorios de vida, de acuerdo con los estándares internacionales” en la ciudad de Paramaribo, República de Surinam.
En dicho evento, Camilo compartió parte del trabajo que se ha venido realizando desde este espacio de diálogo y concertación entre el gobierno nacional y los Pueblos Indígenas para garantizar la seguridad jurídica y los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Habló sobre la gran biodiversidad natural (hídrica y biológica) con la que cuenta Colombia, en especial la protegida por las poblaciones ancestrales. Así mismo, resaltó la importancia de la protección cultural y espiritual de dichas poblaciones para enfrentar el cambio climático.
En el marco de este espacio, los panelistas indagaron sobre los mecanismos que se utilizaban en Colombia para la resolución de conflictos en los territorios indígenas. Camilo Niño, expresó que a pesar de que siempre van a existir conflictos, desde el espacio existe un proceso de diálogo y concertación, para la construcción de un instrumento general que va a brindar unas pautas sobre cómo se puede resolver el conflicto en Colombia.
Aunque la misma institucionalidad es la que muchas veces genera los conflictos en los territorios, se pueden crear mecanismos generales para abordar la diversidad de los conflictos existentes. Teniendo en cuenta esto, Camilo Niño, hizo un llamado a los parlamentarios presentes en el evento, para que ayuden a los Pueblos Indígenas y Cimarrones a través del reconocimiento de sus territorios para saber si se permite intervenir el territorio o si se va a concesionar o no. Esto con el fin de evitar futuros problemas con el gobierno y/o empresarios que quieran explorar los territorios.
En esa línea, el secretario técnico, manifestó las posibilidades que existen de construir un mecanismo para la resolución de los conflictos donde puedan discutir directamente las políticas y generar las diferentes rutas para garantizar la seguridad jurídica de los territorios, además de la pervivencia física y cultural de los Pueblos allí presentes.
Es necesario continuar resistiendo a través del diálogo para lograr la unión y la paz de todos los Pueblos Indígenas-Cimarrones del país y del mundo. Los principios de la territorialidad, unidad y autonomía, son los únicos que pueden garantizar la protección de la Madre Tierra.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Nov 27, 2021 | Comunicados
Por Redacción CNTI
En este espacio fueron evaluados los avances de los acuerdos suscritos a lo largo del año y se dio cierre a las jornadas de diálogo y concertación con los representantes de Gobierno en materia territorial de los pueblos indígenas durante 2021.
Por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y respecto al primer punto de la agenda que contempló los avances para la creación de una dependencia de atención especial para grupos étnicos, los funcionarios expresaron que, tras las respectivas averiguaciones a nivel interno, será presentada la propuesta a la nueva administración para su creación.
A fin de dar cumplimiento a esta iniciativa, la entidad realizará una convocatoria para articular las actividades misionales de cada una de las direcciones que se verían involucradas en los procesos, además de mostrar que efectivamente existen tanto las necesidades como las condiciones para la creación de la misma.
Respecto a los resultados expuestos del plan de acción de la ANT para 2021, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la CNTI, reconoció que si bien existe un contexto de dilaciones administrativas estructurales, los resultados conseguidos por la entidad en esta vigencia son una muestra de que sí es posible avanzar en la formalización de los territorios indígenas en el país.
«Reconocemos el trabajo hecho y esperamos que este año superemos nuevamente la meta. Esto evidencia que cuando se garantiza seguridad jurídica a los territorios, realmente se impacta positivamente a las comunidades. Sabemos que hay muchas dificultades, pero esta es una muestra de que cuando se quiere y se trabaja articuladamente, se puede avanzar», agregó.
Por otro lado, la ANT se comprometió a la constitución y ampliación de 35 resguardos (20 casos de constitución y 15 de ampliación) como metas del plan de acción 2022, además de la adquisición de 25 predios. Frente a los procedimientos de clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial y/o republicano, acordó atender 3 casos, 2 más referentes a la protección a territorios ancestrales y tradicionales en el marco del Decreto 2333 de 2014 y cuatro casos en delimitación.
Así mismo, la entidad se comprometió a realizar el censo del proceso de ampliación del Resguardo San Lorenzo (Riosucio, Caldas) y apoyar el despliegue logístico que ello implica en los primeros cuatro meses del año 2022.
Finalmente, el Ministerio del Interior entregará los conceptos previos del Resguardo Indígena Cacica Ibanasca, del Resguardo Indígena La Cabaña, del Resguardo Indígena Yachay Wasy e Intillagta para el 6 de diciembre del 2021; del Resguardo Indígena La Mayera y Quintín Lame el 20 de diciembre 2021, además del caso Muchajagua para el 29 de noviembre y de Karamandú para el 3 de diciembre.
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras acordó presentar la ruta de atención al procedimiento de ampliación del resguardo Guacamayas Mamiyare en la I sesión del 2022 de la CNTI, llevar ante el consejo directivo el Proyecto de Acuerdo de la Constitución del resguardo indígena Renacer Awá en el primer trimestre del 2022, realizar una reunión en el mes de febrero del 2022 con el objetivo de concertar con el Resguardo indígena El Arenal el ingreso al territorio para la realización de la visita de verificación y la presentación periódica a la CNTI de los avances en la implementación de la ruta jurídica definida para el caso del Alto Naya (Sinaí Alto Naya, Playón Nasa Naya, Páez Alto Naya).
¡Defendemos los territorios, tejemos la vida!
