El 25 de abril comenzó la sesión 21  del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, cuyo evento tiene como temática “Pueblos Indígenas, empresa, autonomía y los principios de derechos humanos asociados a la concertación previa, libre e informada”.

En este espacio Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas presentó un balance sobre los conflictos históricos de la tenencias de tierras que han conllevado a múltiples violencias contra los Pueblos Indígenas en Colombia.

La realidad de los derechos territoriales en Colombia, no es muy diferente de la realidad de los demás pueblos indígenas del mundo. La falta de seguridad jurídica en la tenencia de los territorios colectivos es un problema que también afecta gravemente a nuestro país, en consonancia con lo anterior, me parece importante resaltar que la tenencia de la tierra, ha sido un factor de conflicto, lucha y exigencia histórica, que ha configurado la realidad actual territorial.

A la falta de seguridad jurídica, se le agrega la desactualización catastral, que ha conllevado que el gobierno colombiano desconozca la realidad física, jurídica y económica de los bienes de la nación. Todo ello, no le ha permitido tomar decisiones acertadas en el territorio. Esto se refleja en la adjudicación de bienes que se traslapan entre figuras de protección e inversión, por ejemplo adjudicación de licencias de proyectos mineros – energéticos en territorios que están constitucionalmente protegidos.

En Colombia se han constituido 788 territorios indígenas, los cuales abarcan un área total de 33.257.400 hectáreas, es decir el 28% del territorio nacional. Es importante resaltar que el 97% del total de estas áreas constituidas son zonas de reserva forestal y protección de la biodiversidad, donde convergen ecosistemas estratégicos como bosques húmedos tropicales, bosques secos y páramos, donde sólo el 3% es de vocación agropecuaria.

Estos son algunos puntos estructurales de la realidad territorial indígena:

Fallas en los procesos de formalización: Actualmente en Colombia existe un rezago en la resolución de las más de 1450 solicitudes de adjudicación de territorios colectivos, de las cuales se desconoce el número total de hectáreas en solicitud y en algunos se han identificado que son procesos que sobrepasan los 20 años de gestión. Estos procesos no deberían superar los dos años. Los departamentos con más solicitudes de formalización son los siguientes: Putumayo con 173, Tolima con 109, Cauca con 85, Nariño con 67, Guajira con 65, choco con 59 y Valle del cauca con 58.

La Violencia Sociopolítica y territorios Indígenas: Así como lo menciona Global Witness, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta.

El despojo, el control territorial por actores armados y bandas delincuenciales, la mercantilización de los territorios por el desarrollo de proyectos extractivos como la minería (legal e ilegal), deforestación, hidrocarburos, energía, mega obras de infraestructura sumado a la falta de reconocimiento y garantías gubernamentales en el acceso a la tierra por parte del Estado son algunos elementos que han profundizado la inequidad y exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia.

Desde el Sistema de Violencia Sociopolítica contra los Pueblos Indígenas del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), se han sistematizado diferentes casos de asesinatos y otros hechos de violencia. A partir de la adopción del capítulo étnico del Acuerdo Final para la Paz (AFP), el 24 de agosto de 2016, con corte a 17 de abril de 2022, se registra un total de 515 asesinatos a indígenas, según los perfiles se encuentra que el 58% eran comuneros (as), el 26% líderes/ lideresas, 7% autoridades en sus territorios, 8% guardias indígenas y el 1% médicos tradicionales.

Así, contrastando los escenarios con el total de hechos registrados por el ODTPI se encuentra que el 53% de asesinatos ocurrieron en el Departamento del Cauca y el 16% en el departamento de Nariño, 5% en el Valle del Cauca y en cuarto lugar los departamentos de Chocó y el Putumayo con el 4% cada uno. Más del 71 % de las víctimas se concentran en tres departamentos con el mayor número de solicitudes de formalización.

Recomendaciones:

  1. Expedición de la ley de Entidades Territoriales Indígenas para fortalecer la autonomía territorial.
  2. Que el gobierno colombiano emprenda un proceso de articulación y adecuación institucional¡ para solucionar el rezago en la resolución de las solicitudes de formalización de los territorios colectivos indígenas, el cual debe estar acompañado de un presupuesto público que garantice estos procesos.
  3. Cumplimiento de lo establecido en el AFP, especialmente en el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral, respetando la esencia de lo acordado en este proceso.
  4. Garantizar la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, lideres y lideresas sociales, sus familias y comunidad, protección que debe responder al enfoque y necesidades propias de los pueblos indígenas.

Conoce la ponencia en el siguiente enlace:

Mira la ponencia completa, aquí: https://media.un.org/en/asset/k1h/k1hy8uurj5

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