Las Secretarías Técnicas Indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI) así como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), rechazamos y denunciamos el constante asedio, persecución y vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de Barrulia del Pueblo Sikuani por parte de las autoridades del municipio de Puerto Gaitán, quienes hasta la fecha han realizado siete (7) intentos de desalojo, ordenados por las autoridades municipales de Puerto Gaitán, en los cuales la policía Nacional ha utilizado fuerza desmedida y acciones violentas en contra de la población indígena.
Antecedentes.
Desde el año 2017, las comunidades indígenas de Barrulia, Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo, del Pueblo Sikuani, ubicadas en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, solicitaron ante la Agencia Nacional de Tierras la protección a la posesión de sus territorios ancestrales bajo el Decreto 2333 de 2014.
Después de más de cinco años de presentada la solicitud de la comunidad de Barrulia, y tras varias dilaciones administrativas del proceso, el 17 de mayo del 2022 la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) decidió no reconocer la ocupación ancestral e histórica de esta comunidad sobre la zona solicitada en protección, desconociendo la especial relación de esta comunidad con su territorio, su característica identitaria como pueblo indígena seminómada y las relaciones culturales y espirituales sostenidas con sus territorios ancestrales a pesar de la violencia generada por el conflicto armado contra ellos, esta situación permitió que terceros adquieran el dominio de estos territorios desconociendo el carácter de ancestralidad de estos, de manera que esta negación, llevó a que se activen acciones de desalojo por presunta perturbación de la propiedad, las cuales han sido avaladas por la alcaldía y la inspección de policía del municipio de Puerto Gaitán.
En el mes de noviembre de 2022 y en coadyuvancia a las diferentes acciones jurídicas realizadas por la comunidad de Barrulia, las organizaciones indígenas de Colombia: Autoridades Indígenas de Colombia Por La Pachamama ( AICO), Confederación Indígena Tayrona (CIT), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas como vocero de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, interpusieron ante la ANT acciones de Revocatoria Directa en contra de la resolución que negó la ocupación y la protección del territorio ancestral de la comunidad de Barrulia, las cuales hasta la fecha, no han sido resueltas.
A pesar de ello, la Inspección Segunda de Puerto Gaitán, Meta. mediante Auto 045 del 1 de junio del 2023, ordenó el desalojo de la comunidad de Barrulia para los días 27, 28 y 29 de junio del presente año y la entrega material de la finca los Cocuyos ubicada en la Vereda Nuevas Fundaciones.
Exigencias
Las Secretarías Técnicas Indígenas de la CNTI y Comisión de Derechos Humanos, así como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunciamos que de realizarse la acción de desalojo se estarían vulnerando una vez más los derechos fundamentales de la comunidad indígena de Barrulia, porque como lo informamos anteriormente esta población cuenta con seis intentos de desalojos, varios de ellos de forma violenta por parte de la fuerza pública.
Teniendo en cuenta lo anterior, hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Tierras para que garantice el derecho al territorio ancestral del Pueblo Sikuani, resolviendo de fondo las solicitudes de Revocatoria Directa para la comunidad de Barrulia y la culminación de los procesos de protección a la posesión de los territorios ancestrales de Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael de Warrojo. Así mismo, hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría y a la Procuraduría, para que realice el acompañamiento necesario de garantía de los derechos humanos de estas comunidades indígenas.
¡Defender los territorios es defender la vida!
Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI) Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
LaComisiónNacionaldeTerritoriosIndígenas(CNTI) creada por el Decreto 1397 de 1996 es un órgano asesor y coordinador de interlocución y concertación de carácter permanente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de los Pueblos Indígenas en materia de derechos territoriales. Se encuentra integrada, de un lado, por el Gobierno Indígena representado por delegados de las siguientes organizaciones: la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), así como cinco representantes indígenas de las macro regiones del país: Norte, Centro-Oriente, Occidente, Orinoquía y Amazonía, además de los Senadores indígenas en ejercicio y los Exconstituyentes Indígenas así como organizaciones invitadas permanentes, entre ellas, las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO).
Los representantes de las entidades del Gobierno Nacional que concurren en su composición son: el Vice ministro de Agricultura, los directores generales de Asuntos Étnicos y el jefe de la Oficina de Planeación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un delegado del Ministerio del Interior, el Jefe de Desarrollo Agropecuario del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Además, asisten como invitados permanentes, representantes de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), así como otras entidades relacionadas con la titulación de territorios para pueblos indígenas. Por último, se cuenta con el acompañamiento de organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
En la CNTI se abordan entre otros, los asuntos propios de la garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, relativos a los procedimientos de protección de territorios ancestrales y solicitudes de formalización de territorios indígenas (constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de Resguardos). Asimismo, la CNTI tiene dentro de sus mandatos el seguimiento de la política pública y la formulación de recomendaciones y modificaciones a la legislación nacional en materia agraria, atinente a los pueblos indígenas.
En los últimos años, hemos venido desarrollando diversas iniciativas comunicativas y de investigación, todas enfocadas en la visibilización y defensa de los derechos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. Para ello, construimos el Observatorio de derechos territoriales de los pueblos indígenas (ODTPI) de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, el cual surge como una exigencia histórica de los pueblos ante la ausencia de línea de base e información precisa para la toma de decisiones, la formulación de la política pública en materia territorial y el monitoreo de las responsabilidades legales de la CNTI, así como desde el gobierno indígena para apoyar su incidencia política.
El observatorio ha venido trabajando conjuntamente con los delegados indígenas en las fases de nacimiento, establecimiento de objetivos, determinación de componentes de trabajo, apuestas políticas, ajuste, retroalimentación, evaluación, y socialización de los resultados en el marco de los espacios autónomos de las sesiones de la CNTI.
Hasta ahora, El Observatorio ha establecido siete componentes de trabajo a partir de los temas centrales de la CNTI, enunciados por los delegados indígenas y la agenda propia de la CNTI: (1) Sistemas de información (2) Conflictos territoriales y ambientales (3) Monitoreo de las solicitudes de formalización y protección de territorios ancestrales (4) Acuerdo paz (5) Territorio como víctima (6) Formación política (7) Incidencia política. Las áreas de trabajo con las que cuenta el Observatorio de derechos territoriales de los pueblos indígenas son: comunicación e incidencia estratégica, investigación, análisis territorial, geografía y territorio, impulso a la concertación política, tecnología de la información e incidencia sociojurídica.
Al tratarse de una herramienta técnica, una parte del trabajo ha estado concentrada en la generación de datos espaciales, cuantitativos y cualitativos, para la producción de análisis de contexto, diagnósticos y documentos analíticos con la finalidad de identificar avances, retrocesos, riesgos y problemáticas en materia de garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
El Observatorio busca robustecer la producción de insumos relevantes para apoyar el proceso de toma de decisiones, también se enfoca en el desarrollo de propuestas para la formulación de política pública en el marco del trabajo político de la CNTI y en brindar insumos para el análisis de las diferentes problemáticas de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Para su funcionamiento se privilegia un enfoque de derechos y cultural desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas sobre el territorio.
Teniendo en cuenta lo anterior y como resultado del arduo esfuerzo del Observatorio y la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, hasta la actualidad hemos producido un total de veinte cinco (25) informes de investigación y estamos próximos a publicar siete (7) nuevos informes, lo cuales abordan diferentes problemáticas territoriales así como de afectación a la vida de los Pueblos Indígenas de Colombia. De igual modo, estamos próximos a publicar una serie audiovisual documental denominada “El canto de la Selva”, que aborda los problemas territoriales que viven los Pueblos Indígenas en la Amazonía Colombiana.
Es por ello que realizaremos un evento presencial en la ciudad de Bogotá el día 17 de junio de 2023, para presentar tanto los resultados como los hallazgos de los siete (7) informes de investigación, la serie documental de la Amazonía colombiana “El canto de la Selva”, como los resultados del trabajo realizado por Observatorio en estos últimos tres (3) años.
En el marco de este evento, también tenemos proyectado generar dos (2) conversatorios o diálogos de saberes entre los delegados Indígenas de la CNTI, funcionarios del gobierno y representantes de la comunidad internacional. Los conversatorios se han denominado: “La seguridad jurídica de los territorios Indígenas de Colombia” y “los Pueblos Indígenas y el cambio climático: reflexiones basadas en los derechos territoriales”.
Este importante evento contará con la participación de los delegados indígenas de la CNTI, representantes y autoridades de las organizaciones indígenas del orden nacional, regional y local, funcionarios de diferentes entidades del gobierno nacional, delegados de los ministerios públicos, académicos y voceros de las organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de las varias embajadas y miembros invitados en representación de la comunidad internacional.
Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia
La Secretaria Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, rechaza los actos violencia que se presentan en el departamento del Cauca. El primero se presentó en la sede del Cabildo San Lorenzo, ubicada en el perímetro urbano de la cabecera municipal de Caldono. El segundo, el asesinado del comunero indígena Brayan Alexis Yugue Camayo de 24 años edad en López Adentro y tercero la presencia e instalación de un artefacto explosivo, tipo cilindro bomba, sobre la transversal el libertador, exactamente en el kilómetro 37 vía Gabriel López, municipio de Tororó.
Según denuncia de las autoridades indígenas, el primero hecho se presentó aproximadamente a eso de las 12:50 de la madrugada del día 14 de mayo del presente año, al parecer por integrantes de grupos armados al margen de la ley, quienes atentan contra la casa sede del Cabildo Indígena de San Lorenzo de Caldono. Cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le propinan 11 disparos a la puerta principal que da acceso hacia la sede, ocasionando daños materiales de consideración. Afortunadamente a esa hora no había personas en la sede del cabildo y por tanto solo se presentaron daños materiales.
El segundo, según denuncia de la autoridad del territorio Indígena de López Adentro sucedió el día domingo 14 de mayo, aproximadamente 1:10 de la tarde, donde fue asesinado el comunero indígena Brayan Alexis Yugue Camayo, de 24 años edad, mientras se encontraba en un establecimiento público departiendo licor en el corregimiento de Huasanó, municipio de Caloto, Cauca. Hasta este sector llegaron hombres armados quienes lo interceptaron y posteriormente lo obligaron a subirse en un vehículo rojo sin placas, el cual tomó rumbo por la vía que comunica hacia Corinto, Cauca. Según información recolectada por autoridades indígenas, minutos después es hallado el cuerpo sin vida del joven Brayan, a un costado de la vía con quince impactos de balas.
El tercero, ocurrió el día 15 de mayo, donde se reportó la presencia e instalación de un artefacto explosivo, tipo cilindro bomba, sobre la transversal el libertador, más exactamente en el kilómetro 37, vía Gabriel López municipio de Totoró, denunciaron las autoridades del pueblo Totoroez.
Cabe recordar que las autoridades tradicionales en el departamento del Cauca, han sido amenazadas por los grupos armados por su ejercicio de control territorial en aras de preservar la armonía y la tranquilidad de las comunidades. En ese sentido, los actos de violencia que se viene presentando en las comunidades, es una muestra más de la vulnerabilidad en que se encuentran los territorios, pues el regreso y el recrudecimiento del conflicto armado ha generado un desequilibrio territorial, colocando en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas.
Las autoridades ancestrales de los diferentes territorios del Cauca, han denunciado en repetidas ocasiones las problemáticas que padecen, sin embargo, no han sido escuchadas y el conflicto armado se agudiza cada vez más, generando una crisis humanitaria, puesto que en lo que va transcurrido de este año se han presentado diferentes hechos de violencia, lo cual ha generado zozobra y miedo en la población.
Desde este espacio hacemos el llamado al Gobierno Nacional, los organizamos de derechos humanos y la presencia de la comunidad internacional para que acompañen a las comunidades que últimamente han sido escenario de confrontaciones armadas y atentados que ocasionan toda clase de vulneraciones a los derechos humanos y desarmonías en sus territorios.
Una de las obligaciones a cargo del Estado colombiano en el marco de su responsabilidad de garantizar el derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas, la seguridad jurídica de los territorios, así como el disfrute interdependiente de todos los derechos que allí se ejercen.
Con el comienzo de este nuevo gobierno, más concretamente en octubre del año pasado, en el marco del evento “Colombia, un país diverso y multiétnico: formalización de territorios indígenas e intercambio de saberes ancestrales” la Agencia Nacional de Tierras anunció al país la entrega PROTOCOLARIA de las resoluciones tendientes a la formalización de 10 resguardos que abarcaban 297mil hectáreas. Es importante aclarar que estas hectáreas hacían referencia a predios sobre los cuales ya se había tomado una decisión de formalización en gobiernos anteriores, que la fecha de creación del registro de cada una de estas decisiones también tuvo lugar en el periodo del gobierno anterior, de este modo la única actividad del actual gobierno asociada a dichas entregas en ese momento, solo tuvo que ver con el reporte de algunas de esas formalizaciones al sistema de metas de cumplimiento del Estado -Sinergia-, lo cual constituye un paso ajeno a la consolidación de los derechos territoriales en estricto sentido.
Valga señalar que, en el marco de un proceso de formalización de un territorio indígena, posterior al cumplimiento de múltiples trámites que comprenden un estudio socioeconómico, un estudio de títulos, adquisiciones de predios en caso de ser necesario, y conceptos de diversas entidades -lo cual suele demorarse al punto de ser necesario repetir las etapas por desactualización de los datos, y existen solicitudes de formalización radicadas hace más de treinta y cinco años y en el promedio su culminación está alrededor de los diez años.
Superado este filtro este Consejo -que está conformado por 11 miembros en representación de diversas entidades del gobierno – expide la resolución que constituye, amplía, sanea o clarifica la vigencia del título de un resguardo, de ahí en adelante, lo que procede es registrar dicha decisión ante la oficina de instrumentos públicos con el fin de dar publicidad de esta decisión con efectos hacia terceros y en caso de que la comunidad no esté en posesión del predio respectivo se procede a la entrega material. De ahí en adelante, para efectos de reporte de resultados de la entidad, el respectivo caso se sube al sistema Sinergia como parte del cumplimiento de metas a cargo de la Agencia Nacional de Tierras tal cual lo hacen todas las entidades públicas (ver imagen 1).
Imagen 1 Síntesis del proceso de formalización resguardos indígenas
A continuación está la tabla 1 que relacionado los resguardos que fueron entregados en dicha jornada. Tabla 1 Actos de formalización entregados por parte de Agencia Nacional de Tierras en octubre de 2022
Fuente: elaboración propia con base en ANT (datos de 2023)
Lejos de ser un hecho aislado, desde su inicio, la divulgación de este tipo de información puede llegar a presentarse para interpretaciones erróneas sobre la gestión del nuevo gobierno en materia de dotación de tierras para pueblos indígenas, situación que se ha venido reiterando a un punto que más allá de mostrar resultados, puede estar actuando en desmedro de la transparencia, y por el contrario puede ser el detonante absolutamente evitable de nuevos conflictos inter étnicos, el cual sería el escenario menos deseado durante este cuatrienio como lo pasamos a describir.
Así, en noviembre de 2022, al cierre de los primeros cien días del gobierno Petro, la Agencia Nacional de Tierras hizo un nuevo anuncio en la ciudad de Valledupar sobre la formalización de 256 mil hectáreas de tierras en el marco de lo que fue presentado por la entidad como “la titulación masiva de comunidades étnicas más grande que se haya realizado hasta ahora” en la que se hizo la entrega de las resoluciones de constitución o ampliación de lo que en su momento se anunció que involucraba a 32 resguardos indígenas.
Una vez más aclaramos, que los resguardos involucrados según la información reportada por la Agencia Nacional de Tierras a la Secretaría Técnica Indígena del espacio de diálogo nacional en materia de tierras de los pueblos indígenas con el gobierno nacional, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (en adelante STI-CNTI), además de responder al listado de 30 y no 32 resguardos como lo anuncia la publicidad, hacían referencia a predios que también habían sido formalizados en gobiernos anteriores, por ejemplo, algunas adoptadas desde el año 2019 (Naexal Lajt, El águila), razón por la cual, en este caso, no se evidencia ninguna gestión por parte del gobierno actual, salvo que, el registro de algunas de estas resoluciones hayan tenido lugar en los últimos 10 meses, información que no fue aportada por parte de la Agencia.
Aquí podemos destacar el caso del Resguardo Monilla Amena, del pueblo Murui Muina, ubicado en el departamento del Putumayo, el cual fue constituido en noviembre de 2021 y la fecha de reporte a Sinergia de este acto figura en diciembre de 2021. Cada uno de los casos de este segundo anuncio publicitario por parte de la ANT puede verse en la tabla 2. Cabe insistir en que, sobre este segundo anuncio no fue posible acceder a las respectivas fechas de registro, lo cual nos limita a precisar o tener mayor claridad sobre los alcances de la gestión de cada gobierno.
Tabla 2 Actos de formalización entregados en Valledupar el 11 de noviembre de 2022
Fuente: elaboración propia con base en ANT (2023)
Con estos dos anuncios presentados a la opinión pública, al parecer se está dando a entender que ya se trataría de al menos 553mil ha formalizadas para pueblos indígenas en el marco del presente gobierno nacional. Razón por la cual la STI-CNTI prendió sus alarmas, y en aras de tener mayor claridad sobre los datos que venía anunciando la ANT, justo el día de la entrega de las resoluciones en Valledupar, en sesión formal de la CNTI del 11 de noviembre de 2022, la STI presentó una declaración pública dirigida al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras en la que se indicó que la entrega de las resoluciones en relación con esos 32 resguardos como producto del trabajo de este gobierno, no se correspondía con un hecho cierto, en la medida que dichos reconocimientos estaban asociados a gestiones gubernamentales y de los pueblos indígenas en vigencias anteriores.
Publicidad marzo 1 de 2023 Publicidad marzo 10 de 2023
Es preciso destacar que, si bien los trinos del 1 y 10 de marzo de 2023 se refieren a ¨entregas¨, una posterior publicidad de este mismo mes parece ofrecer un comparativo de las hectáreas formalizadas para cada sector beneficiario, es decir, que se podría fortalecer la idea de que no se trata de entregas de títulos sobre las tierras si no de formalizaciones impulsadas durante este gobierno. Al respecto también precisar que la constitución de una Zona de Reserva Campesina no necesariamente implica una formalización y no se asemeja a la consolidación de una propiedad colectiva como ocurre con un resguardo.
Frente a estas cifras, hasta donde tiene conocimiento la STI-CNTI, en el marco del consejo directivo de la Agencia, el actual gobierno ha dado a conocer la formalización, de por lo menos 10 casos. Siete (7) de ellos de constitución de resguardo y tres (3) de ampliación, los cuales suman un total de 114.350 hectáreas. Esta cifra reportada sería la que el actual gobierno podría presentar como parte de su gestión y no la cifra publicada el 10 de marzo en sus canales de comunicación. Lo anterior, con la salvedad que no se cuenta con la certeza del registro de dos de estas resoluciones como paso final con efectos de publicidad a terceros sobre la propiedad colectiva.
En el entender de la STI-CNTI, al momento de la última publicidad del 10 de marzo, a la gestión del gobierno Petro le son atribuibles 114.550 hectáreas que favorecen 10 resguardos indígenas. Respecto de las 553mil hectáreas que favorecieron a 40 resguardos indígenas, se atribuyen en principio al gobierno anterior, en la medida en que todos los actos administrativos son previos al gobierno actual. Se hace necesario corroborar en qué fecha se procedió al registro de dichos casos, datos que hasta el momento, como ha sido mencionado, no fueron aportados por la Agencia a la STI-CNTI.
Relación de hectáreas formalizadas a pueblos indígenas mencionadas en notas de prensa de la Agencia Nacional de Tierras durante este gobierno
Sumando las dos cifras anteriores (114.350 + 553.828) con el objetivo de entender por qué se llegó a anunciar la formalización de 910mil ha en el reporte más reciente, quedarían aun 243mil ha sobre las cuales no se tiene información.
Valga señalar que posterior a esta publicidad del gobierno han sido adoptadas otras cuatro resoluciones por parte del consejo directivo, las cuales abarcan la formalización, mediante dos constituciones de resguardo y dos ampliaciones de resguardo, de 44.869 hectáreas sobre las que aparentemente faltaría garantizar el respectivo registro. Lo anterior, sin perjuicio de otras pocas resoluciones que hayan podido expedirse en días recientes.
Formalización de territorios indígenas durante el gobierno Petro
Fuente: elaboración propia con base en ANT (2023)
Por todo lo anterior, desde la STI-CNTI hacemos un llamado al gobierno nacional para que de precisión a la opinión pública sobre cuáles son las cifras de formalización de territorios para pueblos indígenas gestionadas durante el actual gobierno, diferenciando cuáles casos hacen parte las gestiones adelantadas y culminadas en el gobierno anterior.
En el mismo sentido, para los pueblos indígenas es de suma importancia que el gobierno nacional pueda dar todas las claridades pertinentes sobre los procesos de formalización de territorios indígenas, tanto de la gestión de gobiernos pasados como los casos que le corresponde a la gestión del actual gobierno. Información que también es importante para las demás poblaciones rurales y la ciudadanía en general. Y de este modo se pueda evidenciar precisión y coherencia con el compromiso manifestado por este gobierno con los pueblos indígenas.
Es claro que en algunos casos las nuevas administraciones recogen la cosecha de los anteriores gobiernos, por lo que necesario que haya veracidad en la información que se comparte con la ciudadanía colombiana a fin de evitar malentendidos o general posibles conflictos innecesarios entre la población indígena y otros sectores de la sociedad. De igual modo este gobierno esperamos que no caiga en esas viejas prácticas de la desinformación o información parcializada, contrario a ello esperamos que con cifras ciertas, claras y veraces podamos seguir construyendo entre todos esa tan anunciada reforma agraria.
Pronunciamiento de los Pueblos y Organizaciones Indígenas frente al incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados con el gobierno nacional del Presidente GUSTAVO PETRO URREGO
Los 115 Pueblos Indígenas, hablantes de 64 lenguas y con vocería de los Pueblos Indígenas no contactados o en aislamiento voluntario, con una territorialidad legalmente reconocida en un 33% del país, con presencia en 31 Departamentos, en ejercicio de los Gobiernos Propios, en unidad espiritual y territorial con fundamento en los mandatos y principios entregados en la Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio, Ley Natural y Palabra de Vida; representados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO “Por la Pacha Mama”, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC Nacional) y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), como Movimiento Indígena congregado en la Mesa Permanente de Concertación – MPC, señalamos lo siguiente: En el marco de la unidad los Pueblos Indígenas nos movilizamos y apoyamos hasta lograr la elección del presidente Gustavo Petro y respaldamos las trasformaciones sociales que requiere el país, sin embargo, hasta la fecha se han venido dando una serie de incumplimientos que no han garantizado el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas y que por el contrario dificultan y ponen en riesgo la construcción de la Colombia pensada. Vemos con gran preocupación y rechazamos el limitado avance en la ejecución de las salvaguardas para la protección del territorio, el Gobierno Propio y la puesta en marcha de nuestros sistemas propios (salud, educación, justicia, ambiente), la lucha contra el cambio y la crisis climática, las dificultades para la construcción de la paz total y protección de los DDHH, y la falta de diálogo directo del Presidente con el Movimiento Indígena. Por lo anterior:
1. EXIGIMOS el respeto por el Consentimiento Libre, Previo e Informado y la Consulta Previa como derechos fundamentales e irrenunciables de los Pueblos Indígenas, de conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas, esto es, el Convenio 169 de la OIT ratificado mediante la Ley 21 de 1991, la declaración de las Naciones Unidas y la declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido solicitamos al Gobierno Nacional el levantamiento de las reservas o veto a la “Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” para que sea adoptada en su totalidad por el Estado Colombiano.
2. EXIGIMOS al Gobierno Nacional y a la Rama Legislativa RESPETAR, ACATAR, PROTEGER Y CUMPLIR los acuerdos pactados con los Pueblos Indígenas en el marco del proceso de Consulta, Previa, Libre e Informada del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Además de garantizar su implementación concertada por conducto de nuestras estructuras propias y autoridades representativas correspondientes.
3. DENUNCIAMOS las violaciones a los derechos Humanos de los Pueblos Indígenas graves y sistemáticas, van más de 500.000 víctimas Indígenas a causa del conflicto interno desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, las agresiones más recurrentes por parte de los grupos armados son las amenazas, confinamientos, los asesinatos, el reclutamiento forzado, los desplazamientos, las violaciones sexuales, los cultivos de uso ilícito, la deforestación, la minería ilegal y la contaminación con residuos y metales pesados. Por lo tanto, exigimos la protección de todas las formas de vida, la activación de las rutas propias de protección culturales, la reactivación de los diálogos entorno a la construcción de la Política Pública de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la declaratoria de emergencia y crisis humanitaria, la implementación de programas para la atención de Indígenas víctimas del conflicto armado y el cumplimiento irrestricto del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
4. ALERTAMOS por el incumplimiento sistemático y generalizado del Gobierno Nacional a los acuerdos suscritos, pactados y protocolizados con los Pueblos Indígenas en el marco de la MPC hasta la fecha, con relación a: la implementación de la política para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes de los Pueblos Indígenas, no se presentan avances por parte del ICBF; las rutas metodológicas para la garantía del derecho fundamental a la Consulta Previa en cuanto a la coordinación de la JEI con la Jurisdicción Ordinaria; la materialización de los cambios estructurales que requiere el país en la lucha contra el cambio y la crisis climática; finalmente dos de los asuntos fundamentales para nuestra pervivencia están siendo dejados al final de la agenda incumpliendo incluso los constantes acercamientos que hemos propiciado con el Gobierno Nacional en materia de salud y educación.
5. EXHORTAMOS al Gobierno Nacional a que garantice las acciones necesarias para poner en funcionamiento nuestros territorios como Entidades Territoriales, haciendo efectivo nuestro estatus como autoridades estatales, garantizando nuestra gobernabilidad y el apoyo institucional para la real implementación de los sistemas propios de educación, salud, ambiente, justicia, entre otros. Como un paso inmediato, se debe expedir la norma que reconoce competencias ambientales a los territorios Indígenas que ya han sido protocolizadas en el pasado.
6. ALERTAMOS la posible configuración de un incumplimiento al fallo judicial de la Corte Constitucional SU-245 de 2021 por la NO expedición del decreto del Sistema Transitorio de Equivalencias para los dinamizadores y educadores indígenas ya concertado y protocolizado. Así como la ausencia del Ministerio de Hacienda para abordar el componente administrativo del SEIP.
7. MANIFESTAMOS nuestra voluntad permanente e indeclinable de continuar con el diálogo constructivo, propositivo y transformador, pero no renunciamos a la movilización. Hemos confiado en que un gobierno que hace una apuesta por el cambio estará a la altura del momento histórico que vivimos, y que podremos materializar todos los acuerdos suscritos en favor de la pervivencia como Pueblos y alcanzar de manera conjunta la apuesta de la Paz Total. Seguiremos caminando la palabra convencidos de honrar las luchas históricas de nuestros Sabios, Sabias y Autoridades Tradicionales, levantando nuestra voz para forjar el presente de nuestras futuras generaciones. Invitamos al Presidente Gustavo Petro a un diálogo directo donde a partir de la palabra tejamos país.
Finalmente, hacemos un llamado a las bases del Movimiento Indígena Colombiano para que sigamos en sesión permanente desde nuestros espacios propios de gobierno, para la defensa y el cuidado de la vida de los Pueblos Indígenas de Colombia, siempre en alerta para respaldar este posicionamiento político.
El Secretario Técnico Indígena de la CNTI y las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, interpusieron una acción de tutela en contra de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del departamento del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán, la Unidad Restitución de Tierras – URT y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para solicitar el amparo de los derechos territoriales de las cuatro común idades.
El pasado 15 de noviembre de 2022, en decisión de segunda instancia, la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión tomada por el Juzgado Penal para Adolescentes que negó las pretensiones de los accionantes y finalmente concedió el amparo de los derechos fundamentales de estas cuatro comunidades indígenas a la autonomía y al debido proceso.
La acción de tutela interpuesta argumentó que las tierras ancestrales de las referidas comunidades del pueblo Sikunai se ubican en las veredas La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frio, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena de Puerto Gaitán, Meta, las cuales, al no contar con un título colectivo, han sido despojados por cuenta de la titulación a terceros como es el caso de la comunidad religiosa de Los Menonitas. Por este motivo, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la protección de sus territorios en el marco de la implementación del decreto 2333 de 2014; solitudes que en el caso de las comunidades de Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo siguen sin ser resueltas por la agencia, y una, la de la comunidad de Barrulia, al no concedérsele la protección, interpuso ante la entidad el Recurso de reposición y en subsidio el de apelación, sin que respecto a este y a la fecha, exista pronunciamiento alguno.
Las comunidades referidas han ejercido diferentes acciones ante la administración local, la inspección de policía y solicitado impulso procesal ante la ANT. Asimismo, han presentado varias peticiones de suspensión de los diversos procesos policivos de restitución de posesión o propiedad; no obstante, mediante ordenes de desalojo, las comunidades han sido atropelladas, desmanteladas sus viviendas, y quemados sus bienes y enseres por integrantes de comisiones oficiales que han acompañado al inspector de policía del municipio de Puerto Gaitán (Meta).
Por ello interpusieron acción de tutela por la violación de sus derechos fundamentales al territorio, a la protección de territorios ancestrales y tradicionales, a la propiedad colectiva, a la autonomía, a la autodeterminación, a la diversidad étnica y cultural, a la vida digna, al debido proceso administrativo, a la reparación integral, a la seguridad alimentaria, a la vivienda adecuada, al mínimo vital y al trabajo rural.
La Asociación Indígena Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía (UNUMA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Las Autoridades Indígenas de Colombia “Por la Pacha Mama” (AICO) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en coadyuvancia y en apoyo a la defensa de los derechos territoriales del pueblo Sikuani, también coadyuvaron el fallo de primera instancia.
En el reciente fallo de segunda instancia, la sala evidencia que en algunos casos han pasado más de cuatro años sin que la ANT haya decidido las medidas de protección en favor de las comunidades Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo. Aunque la ANT como entidad demandada se ha excusado en la dificultad para notificar a los propietarios de los terrenos sobre los cuales estas revindican su posesión ancestral, lo cierto es que ha excedido por mucho el plazo razonable para resolver las solicitudes de pendientes.
En síntesis, el fallo revoca la decisión de primera instancia; ampara de los derechos fundamentales a la autonomía y al debido proceso de las comunidades Indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsabilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán; ordena a la ANT para que resuelva la medida de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las comunidades de Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsabilonia; y ordena a la Gobernación del del Meta, a la Alcaldía de Puerto Gaitán y a la Inspección de Policía de ese municipio que se suspendan todos los procesos policivos de perturbación en la posesión de los predios objeto de solicitud de medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las Comunidades Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, hasta que la ANT los resuelva mediante acto administrativo ejecutoriado.
Fuente: elaboración propia con base en ANT (datos de 2023)
