El Secretario Técnico Indígena de la CNTI y las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, interpusieron una acción de tutela en contra de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del departamento del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán, la Unidad Restitución de Tierras – URT y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para solicitar el amparo de los derechos territoriales de las cuatro común idades.
El pasado 15 de noviembre de 2022, en decisión de segunda instancia, la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión tomada por el Juzgado Penal para Adolescentes que negó las pretensiones de los accionantes y finalmente concedió el amparo de los derechos fundamentales de estas cuatro comunidades indígenas a la autonomía y al debido proceso.
La acción de tutela interpuesta argumentó que las tierras ancestrales de las referidas comunidades del pueblo Sikunai se ubican en las veredas La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frio, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena de Puerto Gaitán, Meta, las cuales, al no contar con un título colectivo, han sido despojados por cuenta de la titulación a terceros como es el caso de la comunidad religiosa de Los Menonitas. Por este motivo, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la protección de sus territorios en el marco de la implementación del decreto 2333 de 2014; solitudes que en el caso de las comunidades de Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo siguen sin ser resueltas por la agencia, y una, la de la comunidad de Barrulia, al no concedérsele la protección, interpuso ante la entidad el Recurso de reposición y en subsidio el de apelación, sin que respecto a este y a la fecha, exista pronunciamiento alguno.
Las comunidades referidas han ejercido diferentes acciones ante la administración local, la inspección de policía y solicitado impulso procesal ante la ANT. Asimismo, han presentado varias peticiones de suspensión de los diversos procesos policivos de restitución de posesión o propiedad; no obstante, mediante ordenes de desalojo, las comunidades han sido atropelladas, desmanteladas sus viviendas, y quemados sus bienes y enseres por integrantes de comisiones oficiales que han acompañado al inspector de policía del municipio de Puerto Gaitán (Meta).
Por ello interpusieron acción de tutela por la violación de sus derechos fundamentales al territorio, a la protección de territorios ancestrales y tradicionales, a la propiedad colectiva, a la autonomía, a la autodeterminación, a la diversidad étnica y cultural, a la vida digna, al debido proceso administrativo, a la reparación integral, a la seguridad alimentaria, a la vivienda adecuada, al mínimo vital y al trabajo rural.
La Asociación Indígena Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía (UNUMA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Las Autoridades Indígenas de Colombia “Por la Pacha Mama” (AICO) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en coadyuvancia y en apoyo a la defensa de los derechos territoriales del pueblo Sikuani, también coadyuvaron el fallo de primera instancia.
En el reciente fallo de segunda instancia, la sala evidencia que en algunos casos han pasado más de cuatro años sin que la ANT haya decidido las medidas de protección en favor de las comunidades Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo. Aunque la ANT como entidad demandada se ha excusado en la dificultad para notificar a los propietarios de los terrenos sobre los cuales estas revindican su posesión ancestral, lo cierto es que ha excedido por mucho el plazo razonable para resolver las solicitudes de pendientes.
En síntesis, el fallo revoca la decisión de primera instancia; ampara de los derechos fundamentales a la autonomía y al debido proceso de las comunidades Indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsabilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán; ordena a la ANT para que resuelva la medida de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las comunidades de Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsabilonia; y ordena a la Gobernación del del Meta, a la Alcaldía de Puerto Gaitán y a la Inspección de Policía de ese municipio que se suspendan todos los procesos policivos de perturbación en la posesión de los predios objeto de solicitud de medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las Comunidades Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, hasta que la ANT los resuelva mediante acto administrativo ejecutoriado.
Las autoridades de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa, y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, Territorio Ancestral demarcado por la Línea Negra, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI- a través de su Secretaría Técnica Indígena -STI- junto a otros coadyuvantes acompañaron a la comparecencia en la audiencia inicial convocada por el Consejo de Estado en el marco del proceso que discute la legalidad del Decreto 1500 de 2018, el cual redefine y protege dicho territorio ancestral. Audiencia reanudada y realizada de manera virtual, el pasado lunes 19 de septiembre. Esto conforme a lo previsto por el artículo 180 del Código de procedimiento administrativo[1] y de lo contencioso administrativo.
Las autoridades indígenas de estos cuatro pueblos asistieron como demandados que son en el caso, junto los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cultura y del Interior, entidades presidido por la oficina jurídica de la Presidencia de la República. Dicha audiencia se dio entre otros con el propósito de dejar fijado el debate que requiere dicho proceso jurídico, a fin de sanear su trámite y resolver las solicitudes de pruebas presentadas por las partes.
La CNTI, continuará con el seguimiento y acompañamiento de este proceso para la defensa jurídica de esta norma (Decreto 1500 de 2018). Reiterando lo ya expresado en el marco de dicho proceso, este instrumento jurídico es un estándar de reconocimiento y protección de la territorialidad indígena, único en el país que incorpora las relaciones culturales, espirituales y ambientales que los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta mantienen con la naturaleza, así como el reconocimiento de los derechos de uso y acceso a espacios sagrados establecido en la Constitución Política de Colombia y las leyes ordinarias, así como las normas propias de los Pueblos Indígenas.
Secretaría Técnica Indígena
Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
[1] Artículo que reglamenta el procedimiento para llevar a cabo una Audiencia Inicial.
Desde este espacio de diálogo y concertación, hacemos un llamado urgente a la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, para que los casos o procesos que contengan problemáticas, afectaciones y pretensiones identificadas por las comunidades, se active la ruta étnica de protección, de igual modo avancen de manera correcta y oportuna en la restitución de derechos territoriales, acatando los principios del Decreto 4633 de 2011. (más…)
La Asociación de Autoridades Tradicionales Awá, Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), fue creada el 6 de junio de 1990, con la intención de unificar y fortalecer el pueblo indígena, conformada por 32 resguardos, con una población promedio de 23.000 indígenas, dentro de la jurisdicción de los municipios de Cumbal, Santa Cruz, Barbacoas, Mocoa, Puerto Asís, Valle de Guamez, San Miguel, la Dorada, Orito, Ricaurte y ubicados en el sur del departamento de Nariño.
Actualmente, el Pueblo Indígena cuenta con una serie de problemáticas generadas por tres décadas del conflicto. Desde los años 90, este Pueblo Indígena ha sido víctima de la presencia de grupos armados, la mafia y de las rutas del narcotráfico que han puesto en riesgo la permanencia y pervivencia física y cultural de este pueblo en su territorio.
Sumado a esto, existe una tergiversación y una precariedad en la seguridad jurídica de sus territorios, un factor que ha facilitado ampliamente el despojo y la invasión territorial en resguardos con presencia de cultivos ilícitos e incluso, con actividades militares en zonas de ampliación.
En los últimos días, se ha conocido del Pueblo Awá, por el recrudecimiento de la violencia tras los asesinatos de Juan Orlando Moriano, líder Awá y gobernador suplente del resguardo Inda Sabaleta, Jhon Faver Nastacuas y Carlos José, integrantes de la guardia indígena, quienes acompañaban a Juan Orlando. Con ellos, el Observatorio de Hechos Victimizantes contra el Pueblo Awá de la UNIPA, se registran 95 personas asesinadas después de la firma del Acuerdo Final de Paz (AFP).
Por otro lado, en el marco de la rueda de prensa, la Asociación de Autoridades Tradicionales Awá-UNIPA, manifestó que la Defensoría del Pueblo, alerto sobre la presencia de más de 10 grupos armados, situación que no es ajena a la realidad que vive el pueblo, pero que no hace parte de una condicionalidad para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no avance con la formalización de su territorio, desconociendo lo estipulado en el AFP.
En este espacio, la delegación del pueblo Awá como hijos de la selva, expresó ser un pueblo de paz y de armonía que ha creado una serie de estrategias de pervivencia por la UNIPA, con el fin de que la guardia indígena, las mujeres, niños y niñas, no sigan siendo víctimas de hostigamientos, amenazas y asesinatos por defender la vida y el territorio.
Teniendo en cuenta la crisis humanitaria que está viviendo el Pueblo Indígena Awá, varias organizaciones y espacios de derechos humanos, sociales y territoriales, nos sumamos a la rueda de prensa, al acompañamiento de la “Minga por la vida y la dignidad del Pueblo Awá UNIPA” y al rechazo contundente de estos hechos de violencia que desarmonizan los territorios y que vulneran los derechos humanos y territoriales del Pueblo Indígena.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) atendemos la solicitud del Pueblo Indígena Awá, reiteramos y nos sumamos al llamado urgente a las organizaciones competentes para que avancen en la formalización del territorio, como un derecho fundamental para el fortalecimiento del proceso organizativo y territorial de la organización UNIPA; para el reconocimiento del ejercicio de defensa de los Pueblos Indígenas en materia territorial, la importancia del manejo, el cuidado de la biodiversidad hídrica y biológica que hay en nuestro país, para la pervivencia no solo de los de los pueblos ancestrales, si no, de toda la humanidad.
En ese sentido, denunciamos que:
El territorio Awá (Katsa Su) ha sido reconocido como sujeto colectivo de derechos víctima en el marco del conflicto armado, ejemplo de ello la acreditación ante la JEP. Solicitamos a la JEP, así como a la Unidad de Restitución de Tierras, se avance en las medidas que permitan la protección real y material del territorio, así como lo referido a la restitución de los derechos territoriales.
Dadas las afectaciones ambientales en el territorio que con ocasión al conflicto armado se han presentado como consecuencia de los derrames de crudo, ya sea por voladuras al tubo del Oleoducto Transandino o la instalación de válvulas caseras para el robo del crudo por parte de los diferentes actores armados ilegales que hacen presencia en la zona.
La pervivencia de las comunidades indígenas en su territorio se ha visto impactada porque se han secado algunas fuentes hídricas y se han contaminado los ríos y quebradas de donde deviene el sustento del sujeto colectivo afectado el derecho a la soberanía alimentaria, así como el derecho vital al agua, al ambiente sano, entre otros. En ese sentido, le exigimos a la autoridad ambiental competente, que adelante las acciones tendientes a la mitigación y recuperación del territorio en consulta con las autoridades del pueblo Awá.
Así mismo, se hace un llamado a la Fuerza Pública para que cuando adelante labores de destrucción de infraestructura o droga incautada, tome las medidas respectivas ante la quema de estos elementos y consulte con las autoridades del pueblo Awá, toda vez que está generando impactos en el ambiente y en la salud de los comuneros ya que, en ocasiones estas explosiones causan lluvias con fuertes olores, que han generado enfermedades en la piel y enfermedades respiratorias, especialmente a menores de edad.
Denunciamos, la constante afectación al derecho a libre movilidad por el territorio ya que por parte de los actores armados sea han instalado minas antipersonales en los caminos y cerca de donde se desarrollan diferentes actividades cotidianas para las comunidades Awá. Tras la firma del Acuerdo Final se han contabilizado por el observatorio UNIPA 10 accidentes mortales. Esta situación no sólo afecta el derecho de la libertad de movilidad sino también la autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas ya que el control territorial que realiza la Guardia Indígena está debilitado por estas presiones en el territorio.
Finalmente, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas le solicitamos a la Agencia Nacional de Tierras – ANT, avanzar en la formalización de los derechos territoriales de las comunidades:
Watsalpi
Guelmambi El Bombo
Sangulpí
Arenal
Alto Peña Lisa.
Así como en los procesos de saneamiento y ampliación que tienen pendientes, ya que la inseguridad jurídica de los territorios como consecuencia a la deuda histórica que ha tenido la institucionalidad de tierras en el reconocimiento de la propiedad colectiva, ha sido instrumental al despojo que hemos sufrido los pueblos indígenas en el conflicto armado aún existente en nuestros territorios.
Por último, nos solidarizamos con todas las familias del Pueblo Awá y le exigimos al gobierno nacional tomar las medidas necesarias para la protección y la garantía de los derechos fundamentales del pueblo hermano Awá ante las continuas, sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas. ¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
¡Un indígena sin tierra, es como un fogón sin leña!
El pasado 26 de junio, las Autoridades Indígenas alertaron sobre el secuestro de cuatro personas indígenas del pueblo Wounaan y un afrodescendiente en la Playa de Orpua, en el municipio del Bajo Baudó en Chocó. Al parecer, el rapto y hostigamiento que recibieron las personas interceptadas se dio en medio de enfrentamientos por los grupos armados ilegales entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
Después de no saber del paradero de las cinco personas, el día de ayer 27 de junio, las respectivas Autoridades Indígenas, reportaron el hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos en el sector El Venado, ubicada entre Orpúa y Pichimá, municipio de Litoral de San Juan departamento del Chocó. Frente a esta situación las comuniades Indígenas manifestaron su impotencia y dolor ante los desplazamientos, reclutamientos y constantes asesinatos en contra de sus habitantes.
Los nombres de las víctimas del vil asesinato de las cinco personas, ocurridos en inmediaciones de la Playa de Orpúa, Chocó, corresponden a: Luis Alberto Ismare Chamarra de 22 años, Albis Puchicama Barrigon de 25 años, los hermanos, Jhonsy Membache Carpio de 23 años y Erofio Membache Carpio de 25 años, todos ellos del resguardo de (Buenavista – Unión Pitalito), por su parte el señor José Antonio Hurtado del Pueblo Afrocolombiano pertenacia a la comunidad Montaño de Playa de Orpúa.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), rechazamos de manera contundente estos hechos de violencia que desarmonizan los territorios y que atentan contra la tranquilidad y que vulneran sus derechos humanos y territoriales de los Pueblos Indígenas y compañeros Afrodescendientes.
Por otro lado, nos solidarizamos con todas las familias del Pueblo Wounaan y hacemos un llamado urgente a todos los organismos de control y demás organizaciones competentes para que investiguen de manera inmediata este vil asesinato para que este hecho tan lamentable que viven hoy los compañeros y compañeras del territorio del Chocó no quede en la impunidad.
El 19 de noviembre del 2020, en el marco de la sesión IX de la Mesa Permanente de Concertación ampliada con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), se presentó un hecho contra los Pueblos Indígenas de racismo y discriminación por parte de los funcionarios públicos que participaban de estos espacios de diálogo y concertación.
Ricardo Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI en su calidad de instancia como vocera de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia, interpuso una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la dignidad humana, la Igualdad Material, el derecho a la Honra, la Participación, la Diversidad Cultural, la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
Esta tutela se interpuso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C de la Sala Civil especializada en Restitución de Tierras, quien en marzo de 2022 falló a favor de los Pueblos Indígenas, además el ente judicial resolvió una serie de exigencias, entre ellas, que las organizaciones participantes de la sesión IX de 2020 de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), junto con los funcionarios del gobierno nacional delegados para dicho espacio, deben convocar a un acto simbólico donde se ofrezcan disculpas de manera pública a los Pueblos Indígenas de Colombia.
En respuesta a dicho fallo judicial (tutela 2021-0002604) el día 15 de junio de 2022 en la ciudad de Bogotá, a las 2:00 PM, en el marco de la sesión mixta de la mesa ampliada de la CNTI y la MPC, las entidades del gobierno nacional y las entidades vinculadas, mediante una rueda de prensa, ofrecerán disculpas públicas a los Pueblos Indígenas y sus organizaciones, por actos de racismo y discriminación estructural anteriormente expuestos.
De igual modo, las entidades del gobierno nacional, deben publicar en sus páginas web y redes sociales la socialización de la sentencia, además de reiterar las disculpas públicas a los Pueblos Indígenas con ocasión de la expresión deshonrosa y discriminatoria realizada, de las cuales solo han publicado la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Ministerio del Interior, con esfuerzos mínimos sin acatar en su integralidad el sentido total de lo que exige el fallo.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Interior, como entidades adscritas a los espacios de diálogo y concertación de la MPC y CNTI, deben diseñar e implementar una campaña pedagógica con el fin de educar a los funcionarios públicos que hacen parte de estos procesos para el reconocimiento de los derechos fundamentales y territoriales con un enfoque diferencial de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Esta intervención judicial no sólo resulta importante en el marco del caso concreto, sino que apunta a evitar riesgos mayores para los derechos de los Pueblos Indígenas con conductas y acciones de imposiciones de órdenes socio raciales que continúan dejando en evidencia la exacerbación del racismo estructural difundido en discursos de odio, discriminación y estigmatización que, sumado a la violencia sistemática, continúan amenazando la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas.
Por eso, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en representación de los 115 pueblos indígenas en Colombia reiteramos el rechazo de estos actos racistas y discriminatorios y reafirmamos la importancia de estos espacios de diálogo y concertación.
Hacemos un llamado a las demás instituciones partícipes del mismo, a expresar una voz de rechazo a través de una rueda de prensa frente al actuar racista de los funcionarios o servidores públicos con el fin de reivindicar la dignidad de los Pueblos Indígenas afectados, discriminados o racializados.
Desde este espacio, continuaremos luchando por la defensa de nuestros derechos fundamentales y territoriales acogiéndonos a nuestra Ley de Origen, bajo los principios de la Unidad y la Autonomía, en el marco de los derechos que se reconocen a través de la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
