El pasado 13 de octubre del 2023, el Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca realizó la presentación del libro ¡Le encargo la UNIDAD! Tiempo y memorias de la revista Unidad Alvaro Ulcué 2017-2022, en la ciudad de en Popayán.
Le encargo la UNIDAD es un viaje por los territorios indígenas del Cauca. Un viaje descrito por comunicadores y comunicadoras indígenas, quienes un día decidieron contar sus propias historias desde su propia perspectiva. Se trata de un conjunto de relatos que han ayudado a revitalizar sus identidades, visibilizar conflictos y fortalecer la participación en el proceso colectivo del movimiento indígena.
El libro pretende ser un depositario de la memoria de los pueblos indígenas del suroccidente colombiano. Aquí se cuentan algunas historias de lo que ha sucedido en los diferentes pueblos y sus planes de vida: el conflicto armado, las diversidades y contrastes interculturales, la comunicación, la Guardia Indígena, el papel de las mujeres y los jóvenes en la organización política, las artes, la ecología y el medio ambiente, así como la justicia propia, entre muchos otros. En 15 trabajos, que han sido seleccionados de las 62 historias escritas a lo largo de las 7 ediciones de la revista Unidad Alvaro Ulcué, compartimos la creatividad y el entusiasmo de esos autores que, con estilos y lenguajes sencillos, plasmaron lo que piensan las comunidades, permitiendo así un cálido acercamiento a los lectores de cada territorio.
Estas miradas que se narran dentro de la revista Unidad Alvaro Ulcué surgen del desafío propuesto por los comunicadores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para compartir temas y opiniones más profundas y sensibles, evitando el estancamiento rutinario de las noticias del día a día. La revista cuenta sin afanes, se detiene a conversar, a pensar y a mambear las historias, esas que se construyen en colectivo, las pinta de colores y procura que el lector sienta el olor de la tierra, el agua, el humo de las tulpas y fogones. Además, las pone a caminar al lado de quienes hacen del territorio y de las luchas una vida libre, transforma- dora y diversa.
En lo corrido del mes de septiembre de 2023, las comunidades de los resguardos Siona Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, ubicadas entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo, en el departamento de Putumayo, han venido denunciando ante diferentes entidades del Estado una serie de hechos violentos que están ocurriendo dentro de sus territorios, perpetrados por estructuras armadas, presuntamente pertenecientes a las disidencias de las FARC y los Comandos de la Frontera.
Como consecuencia de estos hechos de violencia, hoy las comunidades de ambos resguardos son víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, dado que la presencia de estos grupos armados, así como de las fuerzas armadas del estado, y los constantes enfrentamientos que sostienen dentro de los territorios indígenas, se traducen en la imposibilidad de que los pobladores puedan acceder a sus sitios sagrados, así como a sus chagras y lugares de pesca, lo que significa la vulneración a su derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria.
Además de atentar contra la seguridad alimentaria de estas comunidades, y obligarlas a confinarse o desplazarse, con las escuelas cerradas existe un riesgo inminente de incremento del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes que habitan estos resguardos por parte de los grupos armados, razón por la cual las familias se han visto obligadas, en medio del terror, a separarse y enviar a sus jóvenes y menores fuera de los territorios sin ningún tipo de acompañamiento.
A esta situación se suman los señalamientos a la población indígena como “colaboradores” o “sapos” de un grupo o de otro, situación que se agrava dada la presencia de “cordones de seguridad” conformados por más de cien (100) hombres armados de estos grupos, que determinan la movilidad de las comunidades obligándolas a permanecer confinadas o a salir de los territorios para no regresar so pena de retaliaciones.
Esta crítica situación humanitaria, ha sido puesta en conocimiento por parte de las comunidades ante entidades del Estado como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Secretarías de Salud, Educación y la Personería Municipal de Puerto Asís; sin que hasta la fecha haya habido una respuesta efectiva por parte de la institucionalidad que busque, garantizar la seguridad dentro del territorio y la atención humanitaria de emergencia que requieren las comunidades afectadas en el marco del enfoque diferencial.
Actualmente son aproximadamente más de 1.100 familias para un total estimado de 2.735 personas afectadas por los hechos expuestos.
Las organizaciones Indígenas que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en el marco de su acompañamiento a los Resguardos Siona Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, exigimos a las entidades requeridas por las comunidades, la atención inmediata a atender esta problemática; así mismo, se le exige a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad de Restitución de Tierras, que avancen en los procesos de formalización y restitución de los derechos territoriales de estos resguardos indígenas.
Hoy martes 26 de septiembre se dio la primera reunión del equipo de los 10 delegados conformados entre técnicos y líderes de las organizaciones que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, para avanzar en la dinamización del acuerdo 4 pactado en la I sesión mixta de la CNTI del 2023.
Este acuerdo tiene como propósito a su vez revisar el acuerdo IT1-2 del Plan Nacional De Desarrollo del 2023, donde se garantice la contratación de un equipo exclusivo e interdisciplinar de 10 personas delegadas por los pueblos y organizaciones indígenas, el cual, en conjunto con un equipo del Gobierno Nacional tendrá como objetivo formular propuestas y acciones en aras de dinamizar el plan de descongestión, las adecuaciones normativas e institucionales, en articulación con las entidades pertinentes para agilizar los procedimientos de formalización, dotación, protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
En este primer encuentro, el equipo delegado logró avanzar en la construcción de un cronograma con actividades generales que permitirán darle cumplimiento al plan de descongestión de los procedimientos administrativos de la formalización (Construcción, ampliación y saneamiento) de los territorios de las comunidades originarias. Además, este avance será presentado en la próxima sesión mixta que se realizará en el mes de octubre.
Siendo así, este equipo intercultural seguirá trabajando en la construcción del plan de trabajo donde se identifiquen problemáticas territoriales que no puedan ser resueltas, para que luego sean llevados a los espacios de concertación de la CNTI; como también, se deberán dar reportes periódicos en secretarías operativas para el respectivo seguimiento.
Sin embargo, para que este ejercicio de seguimiento y descongestión pueda ser efectivo, es el Gobierno Nacional quien debe garantizar y ser el responsable del cumplimiento de las metas e indicadores del IT1-2 del PND.
Desde la Secretaría técnica indígena de la Comisión Nacional Territorios Indígenas, se seguirá trabajando en la construcción de acciones que permitan las garantías jurídicas de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
El presente informe es un balance de esos impactos, logros y retos en el marco de los acuerdos y los diálogos en la CNTI. La suscripción de acuerdos permite tener una continuidad en el análisis y monitoreo de los derechos territoriales en el trasegar de los diferentes gobiernos.
En el trascurso del año 2022 se suscribieron cincuenta y nueve (59) acuerdos como resultado del desarrollo de seis (6) sesiones adelantadas, entre los meses de octubre y diciembre, en el marco de un nuevo gobierno
La colección de informes elaborados por el ODTPI en cuanto al seguimiento a la implementación del decreto 2333 durante los últimos tres años de vigencia aporta elementos para evidenciar la negligencia estatal . Estos análisis revelan al menos, seis hallazgos principales sobre los cuales es urgente que la institucionalidad revise su accionar, de manera que se logre resolver el rezago y paralelamente se dé celeridad a las nuevas solicitudes de protección de territorios ancestrales.
De esta manera, los principales cuellos de botella en la implementación del decreto identificados tienen que ver con: i) El incumplimiento sistemático de acuerdos por parte del gobierno nacional, ii) Dificultades en la implementación de los planes de acción y atención, iii) Dificultades en el procedimiento de notificación personal, iv) Superposición de rutas de protección, v) Limitaciones en el acceso a la información institucional e, vi) Intereses económicos de terceros alrededor del proceso de protección de territorios ancestrales.
El libro pretende ser un depositario de la memoria de los pueblos indígenas del suroccidente colombiano. Aquí se cuentan algunas historias de lo que ha sucedido en los diferentes pueblos y sus planes de vida: el conflicto armado, las diversidades y contrastes interculturales, la comunicación, la Guardia Indígena, el papel de las mujeres y los jóvenes en la organización política, las artes, la ecología y el medio ambiente, así como la justicia propia, entre muchos otros. En 15 trabajos, que han sido seleccionados de las 62 historias escritas a lo largo de las 7 ediciones de la revista Unidad Alvaro Ulcué, compartimos la creatividad y el entusiasmo de esos autores que, con estilos y lenguajes sencillos, plasmaron lo que piensan las comunidades, permitiendo así un cálido acercamiento a los lectores de cada territorio.
Este acuerdo tiene como propósito a su vez revisar el acuerdo IT1-2 del Plan Nacional De Desarrollo del 2023, donde se garantice la contratación de un equipo exclusivo e interdisciplinar de 10 personas delegadas por los pueblos y organizaciones indígenas, el cual, en conjunto con un equipo del Gobierno Nacional tendrá como objetivo formular propuestas y acciones en aras de dinamizar el plan de descongestión, las adecuaciones normativas e institucionales, en articulación con las entidades pertinentes para agilizar los procedimientos de formalización, dotación, protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
