Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas #CNTI denunciamos ante la opinión pública la inminente orden de desalojo policivo que se llevarán a cabo en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, los días 12 y 13 de junio del presente año.
Dicha acción represiva y violenta contra la comunidad indígena del pueblo Sikuani, se llevará a cabo por la fuerza pública, dando respuesta a una orden emitida por la Alcaldía municipal de Puerto Gaitán. Quienes argumentan materializar un fallo policivo para el predio “Villa Esperanza”, lugar donde actualmente está asentada la comunidad de Barrulia.
Esta acción que violenta y ponen en riesgo los derechos humanos y territoriales del Pueblos Sikuani iniciará en la madrugada del día 12 de junio, con la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y contará con la presencia de dicho alcalde municipal, además de funcionarios de la Personería municipal quienes verificarán el equipamiento de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en la Estación de Policía de Puerto Gaitán.
Desde la #CNTI DENUNCIAMOS la violación a los derechos fundamentales de la comunidad indígena de Barrulia y el Pueblo Sikuani, la cual pretenden llevar a cabo las entidades estatales. Por lo tanto, HACEMOS RESPONSABLES a la fuerza pública, la alcaldía municipal y todas entidades públicas involucradas en esta acción de desalojo, la cual pone en riesgo la vida de las comunidades originarias de este territorio.
De igual modo le EXIGIMOS al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales del Pueblo Indígena Sikuani, debido a que estas acciones represivas por parte de las entidades municipales y policiales de Puerto Gaitán van cada día en crecimiento, provocando una constante persecución y asedio contra unas comunidades que solo luchan por el reconocimiento y las garantías jurídicas de sus derechos territoriales ancestrales.
En el marco de las acciones preparatorias para el escenario mundial de biodiversidad más grande del planeta: “Conferencia de las Partes COP16: Colombia en Paz con la Naturaleza”, el 7 de junio la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI asistió al Encuentro Territorial en el municipio de Tumaco, Nariño, con el objetivo de participar en las Mesas temáticas para la construcción del Plan de Acción de Biodiversidad, realizando el acompañamiento a las comunidades y pueblos indígenas que habitan la región suroccidente.
Como parte de la agenda 2024 en Colombia para la preservación, protección y salvaguarda del ambiente, el encuentro en Tumaco es un escenario de participación integrado a la Ruta Pacífica, que se vincula a los 17 Encuentros Regionales que se organizan a nivel nacional en las diferentes regiones de Colombia. Siendo un espacio para el diálogo y encuentro étnico entre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, en el cual se entablan conversaciones entorno a las 23 Metas del Marco Global Kunming Montreal.
Este encuentro fue liderado por el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, comunidades indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes de la Costa Pacífica nariñense, Gobernación de Nariño, Universidad de Nariño, Universidad Mariana y CORPONARIÑO, entre otras entidades que reconocen a las pueblos indígenas y Consejos comunitarios afro, como actores fundamentales para la construcción participativa y conjunta del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia hacia el año 2030.
Así mismo, en el ejercicio participativo del Encuentro Regional, la CNTI se vinculó en la Mesa Étnica, posicionando la necesidad e importancia de reconocer los derechos territoriales a través de la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio de la gobernanza, autonomía y autodeterminación de los territorios indígenas en el uso, manejo, administración y armonización colectiva de los instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial con enfoque étnico. Además, de mitigar los efectos del cambio climático, fortalecer la preservación de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad en Colombia, mediante la figura de resguardos indígenas.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, reiteró la importancia de fortalecer los procedimientos normativos y las adecuaciones institucionales necesarias para la formalización y seguridad jurídica de los territorios, conservando la biodiversidad a través de la implementación de sistemas de restauración propios de las comunidades indígenas. A su vez, instó al Gobierno Nacional a garantizar espacios de consulta y concertación con las comunidades sobre los planes, políticas y normativas para la gestión integral de los ecosistemas, la biodiversidad, el respeto, reconocimiento de las salvaguardas sociales y ambientales, ya existentes en las comunidades indígenas.
El Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI, radicó el pasado 06 de mayo de 2024, una acción de tutela en favor de la comunidad indígena Barrulia, del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, con el fin de que se tutelen los derechos fundamentales del debido proceso, al territorio, a la protección, a los territorios ancestrales y/o tradicionales y a la autonomía. Lo anterior, obedece a las demoras excesivas en la resolución de la revocatoria directa, interpuesta desde la STI-CNTI en octubre de 2022. Sin que, a la fecha de la presentación de la acción judicial, se haya tomado medidas de fondo a dicha solicitud.
Como principales argumentos, se estableció que desde el año 2017 la comunidad de Barrulia solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la protección de sus territorios ancestrales, según lo establecido en el Decreto 2333 de 2014. La solicitud fue decidida en mayo del 2022, cinco años después, por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante Resolución No. 20225100110896, en la que resolvió no reconocer su ocupación histórica del territorio ancestral por no haber ejercido “ocupación continuada sobre el mismo”.
Cabe mencionar, que en dicha decisión no se consideró el carácter nómada y seminómada del pueblo indígena Sikuani. Además, tampoco se valoró el contexto histórico de violencia que le ha dificultado su tránsito y ocupación territorial, así como el despojo institucional de los territorios que ha llevado a sus comunidades a padecer afectaciones territoriales como el confinamiento y el desplazamiento forzado.
De igual forma, se precisó que desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígena de Colombia Por la Pachamama (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT), también presentaron en noviembre de 2022, las solicitudes de Revocatoria Directa, con el objetivo de que la Agencia Nacional de Tierras, estudiara la negación de su decisión enmarcada en la manifiesta oposición a la constitución política y al interés social y público que implicó esta decisión.
La acción de tutela fue admitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, quien concedió el amparo constitucional en favor de la comunidad de Barrulia el día 22 de mayo de 2024, ordenando así a la Dirección de Asuntos Étnicos, que, en el término de 10 días, resuelva las solicitudes de revocatorias directas en contra de la resolución que niega la protección del territorio ancestral de la comunidad de Barrulia. Así mismo, el juez instó a la ANT para que adelante los procesos de protección a la posesión de territorios ancestrales sean atendidos en los plazos y las condiciones establecidas en el marco del Decreto 2333 de 2014.
Lo anterior sienta un precedente importante en materia procedimental y de protección de los territorios indígenas en referencia a las solicitudes realizadas en el marco del Decreto 2333 del 2014, pues señala la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierras, adelante el procedimiento administrativo mediante trámites prioritarios, preferentes, sin dilaciones administrativas y atendiendo a los principios constitucionales de celeridad y economía procesal.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, como espacio de concertación nacional para los derechos territoriales creado por el Decreto 1397 de 1996 e integrado por la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO) y las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor y como manifestación colectiva de los 115 pueblos que integran la nación, exponemos ante la opinión pública que:
En nombre de la verdad, la justicia y el respeto a la diversidad étnica y cultural, denunciamos enérgicamente las acciones del representante a la cámara Miguel Polo Polo, quien ha difundido a través de sus redes sociales un vídeo cargado de información falsa, discriminación, racismo estructural, injuria y calumnia contra los Pueblos y Organizaciones Indígenas de nuestro país.
El posicionamiento del Congresista, atenta gravemente contra la dignidad y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, al calumniar e injuriar sobre los procedimientos administrativos y acciones técnicas de articulación con el estado colombiano en el marco de la garantía de los derechos étnico territoriales, así mismo, al incurrir en la estigmatización de nuestras prácticas culturales y religiosas, tachándolas de “brujería y santería”. Esta difamación irresponsable no solo desinforma a la población, sino que perpetúa estereotipos dañinos, promueven la intolerancia y la violencia hacia las cosmovisiones ancestrales de nuestros pueblos originarios.
Es inaceptable que un servidor público elegido para representar a la circunscripción especial, investido con la responsabilidad de velar por los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas, recurra a la confusión, manipulación y la discriminación para obtener rédito político. La difusión de este tipo de mensajes contribuye a profundizar las brechas de desigualdad y a perpetuar el racismo estructural que tanto daño causa en nuestra sociedad.
En este sentido, exigimos a las autoridades competentes de todas las instancias, que investiguen este caso y apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Constitución y la Ley, e instamos al representante Miguel Polo Polo a retractarse públicamente de sus declaraciones y a ofrecer disculpas a las comunidades indígenas afectadas por sus palabras y que en caso de poner en duda la legalidad del trabajo adelantado por las organizaciones indígenas, recurra ante las autoridades competentes.
Como CNTI, en anteriores ocasiones nos hemos pronunciado de manera decidida, activado todos los conductos administrativos, legales y constitucionales existentes a nivel nacional e internacional, teniendo precedentes importantes donde se reafirman que en la sociedad y en las instituciones persisten prácticas que vulneran nuestros Derechos Humanos, las cuales deben ser visibilizadas y sancionadas.
Reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de respeto, inclusión y diversidad, y llamamos a toda la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Es hora de poner fin a la discriminación y la desinformación.
¡No permitamos que el racismo y la intolerancia contaminen nuestra sociedad! ¡Defender los Territorios, sus pueblos y comunidades, es Defender la Vida!
El pasado 15 al 17 de mayo del 2024, se llevó a cabo la primera sesión mixta y autónoma entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena, en la cual, se lograron 10 acuerdos en relación a los siguientes temas. Ejecución presupuestal 2023 – 2024 con las entidades Agencia Nacional de Tierras -ANT y la Unidad de Restitución de Tierras URT. Además, de los relacionados con la formalización en la articulación entre las unidades de gestión territorial y el nivel central de la ANT, mecanismo y protocolo de registro de actos administrativos que formalizan territorios indígenas, abordaje ambiental, reconocimiento de los pueblos indígenas, adecuación institucional y restitución.
Durante la sesión la Secretaria Técnica Indígena y los delegados indígenas manifestaron que aún persiste el incumplimiento sistemático de acuerdos celebrados con el Ministerio del Interior con dicho espacio de concertación. Además, del rezago sistemático en materia de registro de autoridades, estudios etnológicos y conceptos previos que vulnera los derechos fundamentales de los pueblos indígenas a la autodeterminación y al fortalecimiento de su identidad cultural, consagrados en el Convenio 169 de la OIT. A pesar de las reiteradas solicitudes, a la fecha que no se conoce el estado real del total de solicitudes.
Por otro lado, con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y ANT, se analizó detenidamente la distribución del presupuesto asignado para los proyectos de inversión de los territorios indígenas, reconociendo la necesidad de garantizar una asignación efectiva y el cumplimiento de metas e indicadores que permitan superar la brecha histórica en materia territorial, puesto que el presupuesto no es solo una cifra, sino una herramienta fundamental para la materialización de proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades.
Luego de una jornada de revisión entre las partes e intervenciones de casos puntuales se culminó la sesión concertando los siguientes puntos:
La ANT y la STI-CNTI, realizarán mesas de trabajo para sesionar el primer jueves de cada mes durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2024. Esto como mecanismo de seguimiento conjunto a los avances de la ejecución y cumplimiento de metas para las compras, formalización y seguridad jurídica de la presente vigencia. Además, la ANT en cabeza del director general o su delegado adelantarán una mesa técnica para revisar la proyección de la contratación y el rediseño estratégico de los equipos técnicos del nivel central y UGT´s que atenderán los procesos de adquisiciones, formalización, y seguridad jurídica.
Así mismo, otro de los acuerdos fue en relación a la atención de los derechos constitucionales indígenas, a la participación y libre autodeterminación donde no serán incluidos considerandos de Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Área OMEC, Pagos por Servicios Ambientales PSA y los Núcleos de Alta Deforestación NAD en los actos administrativos de formalización y seguridad jurídica expedidos por la Agencia Nacional de Tierras.
En ese sentido, el delegado indígena ante el Consejo Directivo de la ANT presentará la propuesta de considerando relacionada con el componente ambiental, de biodiversidad y cambio climático de los territorios indígenas, desde los sistemas de conocimiento y gobierno propio, para ser incorporado en los Actos Administrativos de formalización.
Por otro lado, en el marco del seguimiento al acuerdo 21030109, la Dirección de Asuntos Étnicos DAE de la URT remitirán un informe a la CNTI del balance presupuestal del año 2023, donde señale el presupuesto que se destinó y ejecutó en favor de los pueblos indígenas.
Además, para la garantía del derecho fundamental a la restitución de derechos territoriales, la URT en la línea base del fondo de restitución para atender las órdenes judiciales de derechos territoriales, deberá diferenciar el presupuesto asignado, y ejecutado, destinado al cumplimiento de las sentencias de restitución de pueblos indígenas.
En cuanto al seguimiento del compromiso 4 de la sesión I de la CNTI del año 2023, las organizaciones indígenas que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI y el equipo autónomo, presentarán una propuesta de instrumentos normativos y adecuación institucional que busquen simplificar y agilizar los procedimientos de dotación, formalización, protección y seguridad jurídica de los territorios Indígenas, con el fin de ser concertado con el Gobierno Nacional y su posterior expedición.
En relación al acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y el Pueblo Arhuaco en el territorio ancestral de Jimain en el 2023, se llevará a cabo una mesa técnica con el director general de la ANT para el día 20 de mayo de 2024. La cual tendrá como objetivo, hacer una revisión general del avance y las diferentes acciones que se han ejecutado por parte de las instituciones, con el fin de aclarar, mejorar y coordinar medidas que impulsen el efectivo desarrollo de la ruta.
Además, en el seguimiento de los acuerdos 22060102, 23060113 y 23060114 suscritos en la CNTI orientados a la ejecución de la estrategia de aceleración y descongestión para atender las solicitudes de restitución la URT enviará un informe antes de la sesión autónoma del mes de junio de la CNTI, que señale los avances del rezago del año 2023, su estado actual a 2024.
Finalmente, el Ministerio del Interior convocará a una reunión de alto nivel entre el ministro y el Secretario General de esa cartera, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la CNTI, en un plazo no mayor a un mes, con el objetivo de abordar y acordar acciones que busquen resolver la problemática respecto a estudios etnológicos, registro de autoridades, conceptos previos y auto censos.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, seguirá avanzando en el trabajo por la reivindicación de los derechos territoriales de pueblos indígenas en Colombia.
