por Prensa CNTI | Oct 1, 2025 | Nota de prensa, Noticias
En el marco del primer día de la IV Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), las autoridades y delegados de los Pueblos Indígenas expresaron su preocupación frente a los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional y la ausencia de instituciones clave convocadas al espacio. Esta falta de presencia afecta el diálogo, la concertación y la garantía de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas.
Protección a la posesión de los territorios indígenas
Durante el primer día de la sesión, se abordó la socialización de acciones y la pedagogía para implementar la Directiva 001 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Las entidades avanzan lentamente en su aplicación, limitándose a capacitaciones superficiales a contratistas y funcionarios. Además, no se ha presentado el número total de solicitudes ni los actos administrativos de constitución de Tierras de Comunidades Ancestrales (TECAM) y Zonas de Reserva Campesina (ZRC).
Los obstáculos identificados incluyen socializaciones fragmentadas, información incompleta y sin participación plena de las autoridades indígenas, lo que genera desconfianza y pone en riesgo los territorios. Esta situación deriva en impactos graves: traslapes con territorios indígenas, conflictos sociales y desconocimiento de derechos colectivos, debilitando la confianza en los acuerdos.
Las autoridades insisten en que no basta con socializar: se requiere presencia de directivos con capacidad de decisión, sistemas de información oficiales y la incorporación real de los Pueblos Indígenas en los procesos.
Rezago en contratación de personal de la ANT
Otro de los puntos críticos fue la socialización del estado de contratación del personal de la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Actualmente, cerca de 300 personas siguen pendientes por contratar de un universo de 451, existen Unidades de Gestión Territorial (UGT) sin coordinadores, y no hay correspondencia entre el número de contratados y las solicitudes de los Pueblos Indígenas.
La ANT carece de una planeación estratégica que garantice la continuidad del personal durante toda la vigencia, lo que dificulta la ejecución del presupuesto y vulnera directamente el derecho al territorio. Desde este escenario, se exhorta al director general de la ANT y al subdirector de Asuntos Étnicos a presentar explicaciones y soluciones reales, sin que ello implique un detrimento a los derechos de los Pueblos Indígenas.
Las garantías presupuestales para el avance de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, son fundamentalespara su materialización. Hoy la ANT nos presenta una ejecución del 23% de los recursos destinados a la formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas, sin unas fechas y estrategias tanto claras como detalladas de aquí a diciembre para comprometer y ejecutar el 100% de los recursos.
Frente a este panorama, las organizaciones indígenas plantean la necesidad de que la ANT garantice que se comprometerá el 100% de los recursos y asegurar el cumplimiento de un Plan de Acción efectivo y gante en esta vigencia.
Incumplimientos del Ministerio del Interior
La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior presentó nuevamente un avance insuficiente en registros de autoridades, conceptos previos, autocensos y estudios etnológicos, fundamentales para garantizar derechos colectivos.
La Procuraduría recordó al Ministerio el incumplimiento de acuerdos cuya fecha límite era el 20 de agosto, mientras que el delegado de la cartera reconoció que los atrasos afectan derechos fundamentales. A ello se suma la falta de funcionarios con capacidad de decisión en el desarrollo de la sesión.
Los obstáculos persisten: ausencia de planeación estratégica, incumplimientos reiterados y rezago histórico. El impacto directo es la inseguridad jurídica, la limitación de la autonomía y la falta de participación efectiva de los Pueblos Indígenas en decisiones sobre sus territorios.
Desde este espacio de concertación política, de gobierno a gobierno, los Pueblos Indígenas exigimos:
Exigimos que el próximo viernes 3 de octubre no se instale la mesa de la IV Sesión Mixta de la CNTI sin la presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, y del presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), César Pachón. Esta exigencia responde a los incumplimientos y retrasos en los acuerdos concertados en este escenario de Gobierno a Gobierno. Es indispensable la presencia de funcionarios de alto nivel con poder de decisión, el cumplimiento inmediato de los acuerdos adquiridos, la información clara, completa y transparente sobre los procesos, y participación plena y efectiva de las autoridades indígenas en la implementación de las medidas.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Sep 30, 2025 | Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) expresamos nuestra profunda preocupación y respaldo a la decisión de las autoridades tradicionales y la Asociación Indígena Unuma – ASOUNUMA, que agrupa a los pueblos Sikuani, Sáliba, Piapoco y Cubeo de Puerto Gaitán, Meta, quienes se han declarado en asamblea permanente y en armonización en la ciudad de Bogotá ante la grave vulneración de sus derechos territoriales y de la vida.
Las comunidades y Pueblos Indígenas denuncian el incumplimiento reiterado de los acuerdos suscritos por el Estado colombiano, así como la persistente omisión en la formalización, constitución, ampliación y saneamiento de resguardos. A ello se suman la titulación irregular de tierras a terceros, la invasión de territorios ancestrales por empresas de hidrocarburos y proyectos agroindustriales, y el preocupante fenómeno de extranjerización de la tierra, en particular por parte de la comunidad menonita y otros actores privados. Estas prácticas han limitado el acceso a fuentes de agua, espacios sagrados y espacios vitales para la caza, la pesca y la recolección, afectando directamente la soberanía alimentaria, la medicina tradicional y la pervivencia cultural y espiritual de los Pueblos Indígenas.
Las comunidades exigen al Gobierno Nacional atención inmediata a través de un diálogo directo con el Presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial, con garantías de cumplimiento verificable y acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los puntos centrales de sus exigencias están la suspensión de títulos irregulares, la restitución de predios ancestrales adjudicados de manera indebida, la priorización de baldíos a favor de los resguardos y la instalación de mesas de trabajo de gobierno a gobierno en materia de consulta previa, conservación y reconocimiento de autoridades indígenas.
Desde este escenario reafirmamos que la situación de Puerto Gaitán refleja los riesgos estructurales que enfrentan los Pueblos Indígenas en la Orinoquía y en todo el país, producto del despojo, la extranjerización y la falta de garantías jurídicas. Defender los territorios no es solo un derecho constitucional: es condición para la vida, la autonomía y la pervivencia material y espiritual de los pueblos.
Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional a actuar con voluntad política, coherencia y celeridad, y a cumplir lo pactado con los Pueblos Indígenas. Asimismo, hacemos un llamado a los sectores sociales, organizaciones indígenas, colectivos ambientales, defensores de derechos humanos y a la ciudadanía en general a unirse y respaldar este proceso, visibilizando la grave situación territorial que enfrentan los pueblos indígenas en la Orinoquía. La solidaridad y el acompañamiento son esenciales para exigir que el Estado cumpla con su deber constitucional y garantice la vida, el territorio y la cultura de nuestros pueblos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Sep 30, 2025 | Nota de prensa, Noticias
La Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí – Ñatubayibari convoca a los medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales, al Ministerio Público, a la ciudadanía y a organismos de derechos humanos a acompañar y cubrir la marcha pacífica que se lleva a cabo el 30 de septiembre en la ciudad de Cúcuta. Esta movilización se enmarca en la Minga del Pueblo Barí, un ejercicio legítimo de defensa de los derechos territoriales en el Catatumbo.
El llamado surge ante el incumplimiento del Gobierno Nacional frente a los compromisos adquiridos para la protección, garantía y reconocimiento del territorio ancestral Barí. Esta situación pone en riesgo la pervivencia cultural, espiritual y territorial de este pueblo indígena, que se moviliza para exigir respeto y protección efectiva a sus derechos.
El Pueblo Barí, hijos de la Piña y guardianes del Faro del Catatumbo, ha resistido por más de 600 años la ocupación indebida de su territorio, las violencias del conflicto armado, la presión de economías ilegales y el abandono estatal. A lo largo de su historia han protegido ríos, selvas y bosques productores de agua y oxígeno para toda la región, aportando a la paz y a la sostenibilidad ambiental del país.
Hoy demandan un diálogo de gobierno a gobierno que garantice soluciones reales y el cumplimiento de las órdenes judiciales en favor de sus derechos étnicos y territoriales. Entre los puntos centrales de la agenda de la Minga se destacan: la protección de los derechos territoriales colectivos y ambientales; atención y reparación integral a las víctimas; cumplimiento del PDET – Pacto Catatumbo; fortalecimiento del plan de vida, gobierno y justicia propia; así como recursos suficientes para el sistema indígena de salud (SISPI), el sistema educativo propio (SEIP) y las entidades de carácter especial (ETI).
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) nos unimos al llamado de la Minga Barí, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos territoriales del Pueblo Barí y con la convicción de que defender el territorio es defender la vida, la paz y el futuro del Catatumbo. ¡Fuerza, Fuerza!
Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional cumplir de manera urgente y efectiva con los compromisos adquiridos y con las órdenes judiciales que protegen al Pueblo Barí. El diálogo de gobierno a gobierno debe traducirse en acciones reales que garanticen la vida, la paz y el futuro del Catatumbo.
por Prensa CNTI | Sep 28, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de Colombia denunciamos ante el país y la comunidad internacional la grave situación de represión y violencia estatal que enfrentan nuestros hermanos Indígenas en Ecuador.
El 28 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ecuador asesinaron brutalmente a Efraín Fuerez, comunero Kichwa de 46 años de Cotacachi, padre de dos hijos y reconocido líder comunitario. De acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Efraín fue acribillado con tres disparos en la vía Panamericana Norte, en medio de la represión desatada contra el legítimo Paro Nacional 2025. Otro comunero resultó gravemente herido.
Ecuador atraviesa una grave crisis política, social y económica. Desde el 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y diversos sectores sociales adelantan un paro nacional en rechazo al alza del diésel, el incremento del costo de vida, la precarización de la salud y la educación, el avance del modelo extractivista y la represión sistemática contra líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
Este crimen de Estado, ordenado bajo la responsabilidad política del presidente Daniel Noboa, constituye una violación flagrante de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La represión militarizada convierte al país en un campo de guerra contra su propio pueblo, criminalizando la protesta social y poniendo en riesgo la vida de comunidades enteras.
La CNTI expresa su solidaridad y respaldo al movimiento indígena ecuatoriano y a las familias de las víctimas, ratificando que su lucha es también nuestra lucha como pueblos de Abya Yala. Denunciamos que esta violencia responde a un patrón histórico de racismo estructural y represión sistemática que también hemos vivido en Colombia, donde el estallido social dejó asesinatos, persecuciones y estigmatización contra quienes alzamos la voz en defensa de la vida y el territorio.
Exigimos el cese inmediato de la represión, la militarización y la criminalización de la protesta en Ecuador, así como justicia y reparación integral para la familia de Efraín Fuerez y para todas las víctimas de la violencia estatal. Asimismo, demandamos la intervención urgente de organismos internacionales como la ONU, la CIDH y la OEA para garantizar el respeto de los derechos humanos y frenar esta grave situación.
La protesta social es un derecho legítimo y no un delito. La vida de los pueblos no puede seguir siendo sacrificada por políticas extractivas y gobiernos autoritarios.
Los Pueblos Indígenas no somos terroristas. Somos guardianes de la Madre Tierra y defensores de los territorios, de la vida y de la dignidad de los pueblos. Nuestra lucha no nace del odio, sino del compromiso ancestral con el cuidado, la memoria y la pervivencia.
Expresamos nuestra solidaridad y hermandad con los Pueblos Indígenas del Ecuador, que hoy enfrentan la violencia y la represión estatal en el marco de su legítima protesta social. Sus luchas son también las nuestras: la defensa de la vida, los territorios y los derechos colectivos. Les acompañamos con respeto, fuerza y dignidad, reafirmando que la unidad de los pueblos es el camino para resistir la opresión y construir un futuro de justicia y libertad.
Desde Colombia, los Pueblos Indígenas decimos con fuerza:
¡La vida no se negocia, se respeta y se defiende!
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Sep 23, 2025 | Nota de prensa, Noticias
El 8 de septiembre se llevó a cabo la Mesa Técnica correspondiente a la Sesión N.º 116, convocada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con la participación de la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Durante esta jornada se abordaron temas estratégicos relacionados con la formalización de resguardos indígenas y la garantía de seguridad jurídica sobre el derecho a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas en Colombia.
Uno de los puntos tratados en la Mesa Técnica 116 fue la aclaración de que, en 2019, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) —instancia de interlocución entre los Pueblos Indígenas de Colombia y el Gobierno Nacional, creada mediante el Decreto 1397 de 1996— reafirmó su propósito de garantizar la seguridad jurídica y la protección integral de los territorios ancestrales. Este mandato implica que las decisiones deben tomarse con la orientación directa de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones, promoviendo su reconocimiento jurídico, político y social como base para la defensa de la vida, la autonomía y el futuro de los pueblos.
La CNTI, como instancia de diálogo y concertación entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional en temas territoriales, identificó varias inconsistencias. La autoridad de tierras reporta un número de actos administrativos emitidos para la formalización de territorios indígenas. Sin embargo, no todos aparecen registrados en las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP). Tampoco coinciden con los reportes de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).
Además, se encontraron diferencias con la información registrada en las bases catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La CNTI alertó que la falta de registro en las ORIP de los actos administrativos de constitución, ampliación, saneamiento y conversión de reservas a resguardos indígenas genera inseguridad jurídica para las comunidades. Muchos de estos actos fueron emitidos por la autoridad de tierras, pero no concluidos en varios procesos de formalización.
Durante la plenaria de la quinta sesión mixta de 2019 se definió una ruta de trabajo:
- Verificar los actos administrativos para identificar si hacen referencia a folios de matrícula inmobiliaria (FMI).
- Consultar esos FMI en el Sistema de Información Registral y en la Ventanilla Única de Registro, para comprobar si el acto fue registrado.
- Cuando el acto abra un nuevo FMI, se realizará la consulta por índices de propietarios para cada resguardo, con el fin de identificar sobre qué folio fue constituido.
- Si los pasos anteriores no arrojan resultados, la ANT oficiará a la ORIP correspondiente y enviará copia a la SDPRFT de la SNR.
El objetivo de esta ruta es analizar y garantizar el registro efectivo de todas las resoluciones expedidas. En este proceso participan la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), el IGAC y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En cumplimiento de la ruta concertada, la SNR verificó la información entregada por la Agencia Nacional de Tierras sobre 1.001 actos administrativos relacionados con comunidades indígenas, emitidos por la autoridad de tierras con corte a noviembre de 2019. La revisión se hizo con las bases de datos de la SNR. El propósito fue comprobar si las comunidades indígenas tenían efectivamente la inscripción a su favor. En los casos en que no aparecía registrada, la SNR notificó a la ANT para que adelantara el trámite correspondiente ante la ORIP competente. El objetivo de esta verificación fue establecer si las comunidades indígenas contaban efectivamente con la inscripción a su favor o, en caso contrario, notificar a la ANT para que adelantara, de ser necesario, el trámite correspondiente ante la ORIP competente.
Ahora bien, en cumplimiento del compromiso cuarto concertado en la segunda sesión mixta de la CNTI: “En la Sesión III-2020 Especial Virtual de la CNTI, la ANT y la SNR presentarán el protocolo conjunto para inscribir el total de los actos administrativos no registrados que formalizan y protegen territorios indígenas emitidos por Incora, Incoder y ANT, así como el proceso de corrección de los actos que ya están registrados y presentan errores en su inscripción de conformidad con el informe presentado en sesión de agosto de 2020 por le SNR”, Se estable, como garantía y protección de los derechos territoriales de las comunidades y Pueblos Indígenas.
En defensa de los derechos territoriales, es importante recordar el acuerdo alcanzado con el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas durante la Quinta Sesión de 2020: “Se aprueba un protocolo para la inscripción de los actos administrativos que formalizan territorios indígenas, emitidos por las autoridades agrarias Incora, Incoder y la ANT, que será implementación por la SNR, ANT e IGAC, y será suscrito por estas tres entidades y elevado a memorando de entendimiento, que se impulsará desde la ANT”. En este espacio se aprobó un protocolo para la inscripción de los actos administrativos que formalizan territorios indígenas, emitidos por Incora, Incoder y la ANT. Este protocolo debe ser implementado por la SNR, la ANT y el IGAC. Además, será suscrito por estas tres entidades y elevado a memorando de entendimiento, impulsado desde la ANT.
En virtud de lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro presentó un informe histórico en el que identificó cerca de 1.001 actos administrativos relacionados con resguardos indígenas. De ellos, aproximadamente 656 no estaban registrados en los folios de matrícula inmobiliaria. Ante esta situación, en 2020 se instalaron mesas técnicas con la participación de la SNR, la ANT y el IGAC, con acompañamiento y concertación de la CNTI. Estas mesas permitieron depurar la información, establecer que al menos 85 casos no correspondían realmente a actos de formalización y definir una ruta para registrar los actos administrativos restantes.
Como resultado, se construyeron dos herramientas fundamentales: el protocolo de registro, aplicable a los actos administrativos de formalizados expedidos antes del año 2020 por el INCORA, INCODER y la ANT; y el mecanismo de verificación de inscripción, cuya función hacer seguimiento e implementar una serie medidas preventivas y correctivas para garantizar el cumplimiento de los actos administrativos expedido por la máxima autoridad de tierras del año 2020 en adelante.
Estos avances han permitido consolidar un camino de seguridad jurídica para los resguardos, sin que la falta de registro afecte la validez de los derechos reconocidos, en cumplimiento de lo señalado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Ahora bien, como resultado de este proceso, el 10 de septiembre del 2025 el Consejo Directivo de la ANT, aprobó los procedimientos de ampliación de Resguardos Indígenas como: San Antonio del Fragua, ubicado en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca; La Leona, ubicado en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca; Wasipanga, ubicados en los municipios de Piamonte y Santa Rosa (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo); en este sentido, queda sustentado en los actos administrativos generando la seguridad jurídica de los mismo de conformidad a lo anterior expuesto.
Desde la CNTI reiteramos que la formalización no es simplemente un trámite administrativo: es una medida fundamental para garantizar la pervivencia de los Pueblos Indígenas, la defensa de la vida y el fortalecimiento del gobierno propio.
¡Defender los territorios es defender la vida!
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