por Prensa CNTI | Dic 6, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
En el corazón de la frontera colombo-ecuatoriana, bajo la ribera del río San Miguel, se encuentra el resguardo indígena de San Marcelino, territorio del pueblo Kichwa. Tiene dos cabildos menores, San Luis y Juan Cristóbal y cuenta con 749 habitantes que lucha por preservar su territorio, sus costumbres y su dignidad frente a décadas de abandono estatal, violencia y despojo.
La historia del pueblo Kichwa en esta región está marcada por la resistencia. Desde la constitución de la Reserva Yarinal-San Marcelino-Amaron entre 1967 y 1980, la comunidad ha visto cómo una parte significativa de su territorio aún no ha sido formalmente reconocida como resguardo indígena, dejando en incertidumbre su protección. Según Francisco Lizardo Vargas, líder del pueblo Kichwa, todavía queda por sanear una extensión de 6.924 hectáreas más 1.700 metros cuadrados, una situación que refleja una problemática común en muchas reservas del país, donde la falta de acciones concretas por parte del Estado perpetúa conflictos y desarmonías en los territorios ancestrales.
A esta deuda histórica se suma una compleja problemática territorial: la presencia de colonos, el avance de cultivos ilícitos y la exploración de hidrocarburos por parte de empresas multinacionales han profundizado la vulnerabilidad del pueblo Kichwa. Durante el conflicto armado interno, muchos de sus miembros fueron desplazados hacia Ecuador, perdiendo no solo su tierra, sino también seres queridos y parte de su patrimonio cultural. Esta ausencia facilitó el ingreso de actores económicos, empresas multinacionales para la exploración petrolera que, sin consulta previa ni consentimiento, ocuparon zonas estratégicas y sagradas, afectando sus prácticas ancestrales.
“El territorio para nosotros no es solo tierra, es vida, es memoria, es espiritualidad”, comentó Francisco. En su testimonio, describe no solo el despojo físico sufrido por la comunidad, sino también la ruptura del tejido cultural que ha sostenido su identidad. La pérdida de saberes, la fragmentación de la lengua y el debilitamiento de sus prácticas ancestrales son heridas aún abiertas.
Pese a la presencia de la Fuerza Pública en la región y a los marcos normativos que existen para proteger los derechos indígenas, la realidad sobre el terreno dista mucho de lo que dictan las leyes. La comunidad denuncia la falta de acciones concretas por parte del Estado para sanear la totalidad del territorio y evitar nuevas vulneraciones.
Uno de los principales mecanismos legales que podrían brindar alivio a esta situación es el Decreto 2333 de 2014, que establece la figura de protección provisional de los territorios ancestrales indígenas. Esta norma permite reconocer la posesión ancestral sobre territorios que aún no han sido formalmente delimitados ni titulados como resguardos, buscando evitar que sean adjudicados a terceros. Sin embargo, en la práctica, esta protección ha sido insuficiente. La falta de voluntad política y la ausencia de medidas efectivas han permitido que actividades dañinas continúen, afectando derechos fundamentales y perpetuando un ciclo de despojo y vulneración.
“La verdadera reparación no es solo física. Exige la recuperación integral del territorio, el restablecimiento de nuestras formas de vida y el reconocimiento pleno de nuestra autonomía como pueblo”, menciona Francisco.
Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han subrayado que los Estados están obligados a prevenir cualquier acto que ponga en riesgo “la existencia, el valor, el uso o el goce” de los territorios indígenas, incluso si no están tituladas formalmente. Sin embargo, en el caso del pueblo Kichwa, estos derechos no se han garantizado plenamente, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad y desprotección.
El impacto de esta omisión estatal no se limita al acceso a la tierra. La imposibilidad de ejercer el gobierno propio, la autonomía y la autodeterminación ha debilitado profundamente la estructura social y espiritual del pueblo Kichwa.
El llamado de la comunidad es claro: sin territorio no hay pueblo, y sin pueblo, se pierde una parte esencial de la riqueza cultural y espiritual del país. Proteger los territorios indígenas no es solo una obligación jurídica, es también un acto de justicia y una forma de preservar la diversidad que sustenta la nación colombiana.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Dic 5, 2025 | Noticias, Actualidad, Nota de prensa
Las organizaciones y los delegados indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alertamos al país sobre el sistemático incumplimiento de la Directiva 001 de 2025, un acto administrativo que establece orientaciones obligatorias para que las entidades del Estado garanticen la protección de los territorios indígenas.
Esta Directiva ordena que, antes de crear cualquier otra figura territorial —como Zonas de Reserva Campesina (ZRC) o Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM)— las instituciones deben verificar rigurosamente la existencia de territorios indígenas. Para ello deben verificar y consultar las distintas fuentes institucionales de información que este acto administrativo establece, y comunicarse con las instancias propias de los Pueblos Indígenas. Solo así se respeta el debido proceso y se garantiza la protección de los territorios indígenas en curso de formalización o pendientes de identificación por parte del Estado. Su propósito es claro: prevenir conflictos, proteger los derechos territoriales y asegurar que las decisiones del Estado respeten la autonomía y la integridad de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas evidenciamos que estas obligaciones no se están cumpliendo. La Directiva 001 de 2025, creada como instrumento preventivo, no está siendo aplicada, lo cual ha permitido que avancen procedimientos de constitución de ZRC y TECAM sin las verificaciones previas que exige la norma. Esta omisión expone a los territorios indígenas a decisiones que desconocen su integridad y está generando conflictos territoriales que pudieron evitarse.
Además, las entidades responsables no han entregado la información necesaria sobre la implementación de la Directiva, ni han garantizado actuaciones de consulta institucional ni de coordinación con los Pueblos Indígenas. La ausencia de estas garantías vulnera el debido proceso y debilita la protección territorial.
El incumplimiento estatal está afectando gravemente la armonía entre Pueblos Indígenas, campesinos y afrodescendientes, y está desconociendo derechos colectivos reconocidos por la normativa nacional e internacional. Esta negligencia institucional debilita la confianza en los mecanismos de concertación y pone en riesgo la seguridad jurídica, la pervivencia y permanencia de nuestros pueblos.
Frente a estos incumplimientos, los Pueblos Indígenas exigimos que el Estado aplique de manera estricta la Directiva 001 de 2025 y cumpla con sus obligaciones de:
Verificar de manera previa y rigurosa la existencia de territorios indígenas antes de crear cualquier otra figura territorial.
Garantizar acceso completo y oportuno a la información, con transparencia en todas las actuaciones administrativas.
Respetar el debido proceso en trámites que involucren territorios indígenas.
Cumplir con los estándares constitucionales e interamericanos de protección a los derechos territoriales y de autonomía de los pueblos indígenas, así como al del Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Estas no son solicitudes nuevas: son obligaciones del Estado que deben cumplirse para proteger la vida, la dignidad y los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Dic 4, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
En el departamento del Putumayo, donde Colombia se encuentra con las fronteras de Ecuador y Perú, vive el pueblo Cofán, quienes llevan más de 30 años defendiendo su territorio ancestral, con una historia profundamente ligada a su territorio y a las economías extractivas que lo han atravesado y enfrenta nuevos y antiguos desafíos que amenazan su existencia física, cultural y espiritual.
La región del Putumayo, rica en biodiversidad y recursos naturales, ha sido durante décadas escenario de múltiples oleadas extractivas. A principios del siglo XX, la explotación del caucho y la quina marcó los primeros grandes impactos. Luego, en la segunda mitad del siglo, llegó la fiebre petrolera, y más recientemente, la llamada bonanza de la coca.
A pesar de estas presiones externas, el pueblo Cofán ha mantenido una firme defensa de su territorio a través de lideres como Pablo Puerres y Víctor Quenama Queta destacan que su lucha no es solo por la tierra, sino por la vida misma y la permanencia de sus prácticas ancestrales.
La defensa territorial de los Cofán no ha sido en solitario, su pueblo está organizado en la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de Trabajo por el Pueblo Cofán, en articulación con cabildos indígenas de los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí, en los municipios del Valle del Guamuez y San Miguel- AMPPI CANKE.
Esta organización nació en el Primer Congreso Colombo-Ecuatoriano del Pueblo Cofán en 1998, realizado en marzo de 1998 en el territorio de Jardines de Sucumbíos, Municipio de Orito. Cuenta con 17 comunidades; 6 resguardos, 8 cabildos y 3 cabildos menores, trabajando bajo las directrices de su Plan de Vida.
Una de las mayores problemáticas del pueblo Cofán es la falta de formalización jurídica de su territorio. Aunque algunas reservas indígenas fueron constituidas entre 1967 y 1980 —como Santa Rosa del Guamuez, Yarinal-San Marcelino-Amaron y Bocana de Luzón— muchas no fueron convertidas en resguardos, lo que ha facilitado su ocupación por colonos, cultivos ilícitos, proyectos de hidrocarburos y hasta la instalación de bases militares.
Existen al menos nueve solicitudes de formalización en trámite, dos de las cuales datan de hace más de 25 años, como los casos de Tierra Linda y Bocanas de Luzón. Esta falta de avance, señalan líderes Cofán, constituye una violación al Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado colombiano a garantizar la propiedad y posesión sobre los territorios tradicionalmente ocupados por los pueblos indígenas.
Según el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), Putumayo es el departamento con mayor número de solicitudes de formalización territorial en Colombia, con 170 procesos en curso. Esto representa el 15% del total nacional y refleja la magnitud del problema en esta región fronteriza. Además de la lentitud institucional, los pueblos indígenas enfrentan la presencia de empresas petroleras que han generado nuevos conflictos, afectando su autonomía y deteriorando el equilibrio de sus ecosistemas.
Para los pueblos indígenas como el Cofán, el territorio no se limita a un bien material. Es un espacio de vida, de espiritualidad y de transmisión cultural. Sin embargo, las zonas ya formalizadas no cubren la totalidad de los sitios de importancia cultural o espiritual, y aún existen comunidades sin ningún reconocimiento jurídico sobre sus territorios.
La lucha por el territorio, aseguran los líderes Cofán, es también una resistencia activa por la protección del territorio, la vida y la continuidad de sus culturas. “El territorio es historia, es identidad y es la pervivencia para nosotros como pueblos”, afirma Pablo Puerres.
Aunque el marco legal como el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT establece claramente la obligación estatal de formalizar los territorios indígenas, los procesos siguen siendo, en muchos casos, simbólicos y sin efecto práctico.
La restitución de derechos territoriales exige una articulación interinstitucional eficaz y con voluntad política real. No basta con reconocer los derechos en el papel; es necesario traducirlos en acciones concretas que garanticen la seguridad jurídica y el respeto a los pueblos que han habitado estas tierras por siglos. La historia del pueblo Cofán no es un caso aislado, es el espejo de una deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos originarios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Dic 3, 2025 | Nota de prensa, Actualidad, Noticias
En la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el 26 de abril 2023 en Santiago de Chile, Daris Cristancho junto con otro lideres U’wa fueron escuchados, en un hito si se tiene en cuenta que es el primer pueblo indígena de Colombia que ha logrado llegar a la CIDH en un juicio contra el Estado colombiano por la violación a sus derechos territoriales y culturales.
En la zona rural de Cubará, Boyacá se encuentra una de las naciones U’wa, un pueblo indígena más antiguo que la misma nación de colombiana, es un territorio sagrado, un territorio en disputa, para el ELN es un escondite y corredor para el narcotráfico y para el Estado colombiano y las empresas multinacionales es una fuente de gas natural y petróleo.
El territorio como espacio de vida, los U’wa lo definen como ese lugar sagrado, un ser vivo con espíritu propio que cumple la función de brindar armonía y equilibrio. Donde todo ser vivo tiene sangre, todo árbol, vegetal y animal. Razón por la cual, es fundamental y determinante para la vida y pervivencia como nación U’wa.
Las petroleras llegaron al territorio U’wa con complicidad del Estado quien permitió la entrada de las multinacionales con la excusa que solo sería para informar a la comunidad, “en el año 1992 el Inderena (Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente) recibió una petición de tres compañías petroleras. Estaba Occidental Petroleum Company – OXY, Ecopetrol y Shell Colombia», comentó uno lideres.
Tres compañías petroleras que pidieron licencia ambiental ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente- Inderena para hacer exploración sísmica dentro del bloque llamado bloque Samoré”. Como lo recuerda Evaristo Tegria, líder U’wa. Cabe mencionar que el Inderena fue creada por el Gobierno colombiano en el año 1968 para reglamentar, administrar y proteger los recursos naturales del país.
El bloque de Samoré recogía los departamentos Santander, norte de Santander, Boyacá y Arauca. Un proyecto que pasaba por territorio de las comunidades indígenas del pueblo U’wa. “En ese entonces no teníamos el resguardo que actualmente tenemos. Teníamos era el resguardo y en Boca Rinconada, pero era un resguardo muy pequeño.” Comentó Evaristo. Sin embargo, desde 1968 los U’wa venían pidiendo la ampliación del resguardo, pero no lograron respuestas.
Para 1994, el Inderena desaparecido y se creó el Ministerio del Medio Ambiente y todo el expediente que reposaba en el INDERENA pasó a competencia del Ministerio del Medio Ambiente y este les aceptó las solicitudes de las empresas para entrar al territorio con el proyecto bloque Samoré.
En 1995 los U’wa se reunieron en el tercer congreso indígena y en ese escenario Evaristo les socializó el caso a todas las autoridades tradicionales. “La conclusión del congreso fue que el proyecto no se podía realizar porque al pueblo U’wa no les habían consultado. Además, porque no podían dejar extraer el petróleo, porque este es la sangre de la Madre Tierra, para ellos es intocable. Con eso no se puede jugar, no se puede tocar, porque para nosotros significa la destrucción de nuestro mundo”, comentó Evaristo.
Posteriormente fueron citados por el Ministerio del Interior en Arauca donde también estuvieron presentes las tres compañías petroleras. En esa reunión les socializaron nuevamente el proyecto “nos dijeron que la socialización no era para que dijéramos sí o no al proyecto, simplemente era para informarnos que iba a pasar por nuestro territorio. Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero ellos insistieron nuevamente que no era para dar una aprobación de un sí o no al proyecto, simplemente era la información”, recordó Evaristo. Y así inicia la exploración en el territorio, vulnerando su derecho tanto a la consulta previa como su derecho a la relación especial con el territorio.
Tanto la nación U’wa como los demás pueblos que habitan en territorio colombiano tienen una relación de respeto y armonía con el territorio, y han desarrollado conocimientos milenarios para su protección y así mismo para mantener sus prácticas sagradas, por tanto, cualquier irrupción en la armonía causa desequilibrio en su comunidad. Además, en Colombia, los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener, fortalecer y practicar la relación con los territorios que ocupan o utilizan de diversas maneras. “Un derecho que el Gobierno colombiano está obligado a respetar y es esa importancia especial que tiene el territorio para nuestra cultura y valores espirituales que tiene esa relación colectiva”. Según el Manual para la Defensa de los Derechos Territoriales del ODTPI.
Según este derecho, el Estado debe tomar medidas para proteger nuestro derecho a usar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por nuestras comunidades, pero a las que hemos tenido acceso tradicionalmente para nuestras actividades tradicionales y de subsistencia. Esto se traduce en garantizar la supervivencia social, cultural y económica de los pueblos indígenas.
Sin embargo, al pueblo U’wa no se le respetó esa relación especial con el territorio que ocupan ancestralmente, por el contrario, se le otorgo licencia ambiental a una de las multinacionales que llegó a su territorio. Y tampoco se les respetó el derecho a la consulta previa y perdieron el caso ante el Estado colombiano, quien permitió la entrada de multinacionales a su territorio. Aunque la CIDH menciona que dada la relación especial que los pueblos indígenas tienen los territorios para la subsistencia material como para la integridad cultural, se establece que “la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Debe existir ese respecto hacia los pueblos y garantizar esa protección”.
Por ende, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar a los pueblos indígenas el derecho a practicar sus tradiciones, a preservar y proteger los espacios sagrados o de importancia cultural, incluyendo el acceso a dichos sitios, ya sea que se encuentren en propiedad privada o no.
Sin embargo, teniendo en cuenta que el pueblo U’wa ha ocupado su territorio ancestralmente cuidándolo desde sus saberes ancestrales, el Estado no respeto sus derechos y emitió una licencia ambiental para la exploración en su territorio.
Aunque los U’was agotaron los recursos internos para revertir esta decisión no fue posible y deciden llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos interponiendo una demanda contra el Estado colombiano. “Este fue un proceso de lucha y resistencia de décadas, por violaciones de sus derechos humanos y colectivos, donde finalmente fueron escuchados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia histórica” comentó Milena Mazabel una de las abogadas que acompañó el caso de los U’wa.
En Colombia no se cuenta con una normativa o política clara en esta materia, lo que implica la ausencia de un reconocimiento y protección efectiva de los lugares sagrados de los pueblos indígenas, así como de la territorialidad que estos determinan.
Pese a las contundentes pruebas presentadas por la Nación U’wa y a pesar de que la representación del Estado admitiera que se tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas, el Estado no reconoció responsabilidad internacional en el caso U’wa por las múltiples violaciones de derechos ocurridas durante más de 26 años.
En la audiencia participó la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI como perito, donde aportó desde su experticia sobre los impactos que los proyectos extractivos y militarización del territorio causan desarmonías y despojo en los territorios. Además de manifestar que “el Estado no ha adoptado medidas para proteger los derechos territoriales de este pueblo indígena, tampoco realizó esfuerzos para consultar a la Nación U’wa sobre los proyectos extractivos, pese a las múltiples evidencias de ocupación ancestral del territorio y al alto valor espiritual que para la Nación U’wa tienen las zonas en donde se implantaron los proyectos.
Después de analizar los alegatos hechos por la parte peticionaria, que representó a 34 comunidades ubicadas en Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander, y las respectivas respuestas por parte del Estado colombiano, en diciembre del 2024 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico en el que se declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos del pueblo U’wa. Una decisión que ocurre después de treinta años de lucha por la justicia.
El fallo histórico
El fallo concluyó que el Estado le vulneró 13 derechos al pueblo U’wa. Entre ellos están el derecho a la propiedad colectiva, el derecho de acceso a la información, el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho al medioambiente sano, el derecho a la vida digna, entre otros consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, para reparar a esta comunidad de manera integral, la Corte emitió 11 órdenes al Estado colombiano, tendientes a garantizar la permanencia en su territorio ancestral con garantías jurídicas; clarificar títulos de origen colonial; mitigar daños ambientales causados por proyectos minero energéticos y el conflicto armado; pedirle perdón; y crear un fondo de desarrollo comunitario a raíz de las afectaciones a la participación en la vida cultural, la vida digna y la integridad personal.
Lo que ocurrió en la audiencia en Santiago de Chile, no solo fue una victoria para los U’wa. Fue un precedente histórico para los pueblos indígenas de América Latina que enfrentan una situación similar de violación sistemática de sus derechos ancestrales y la inacción estatal.
Por ello, es fundamental que el Estado garantice el derecho que tienen los pueblos indígenas en mantener sus prácticas y su relación especial con los territorios, desde el reconocimiento y delimitación de las territorialidades. “La relación con el territorio no es solo de posesión, es de un vínculo espiritual para vivir en armonía, y nosotros, por fin, fuimos escuchados”” mencionó Daris Cristancho al cierre de la audiencia. La herida aún no cierra, pero la justicia ha empezado a sanar.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Dic 2, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Como Pueblos Indígenas, afirmamos que ningún proceso de medida legislativa o administrativa pública puede avanzar legítimamente si no respeta nuestro derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Este derecho, reconocido en normas nacionales e internacionales como el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado colombiano a consultarnos cuando una medida legislativa, administrativa o un proyecto pueda afectarnos de manera directa. No es una cortesía ni un trámite; es un principio de justicia que protege nuestras formas de vida, culturas, territorios y sistemas de conocimiento.
La consulta previa es un mecanismo jurídico y político que garantiza nuestra participación real en las decisiones que pueden transformar los territorios que habitamos y cuidamos. Consiste en un proceso de diálogo intercultural, de buena fe y con procedimientos acordados con nuestras autoridades, para que podamos analizar, deliberar y decidir colectivamente sobre asuntos de interés vital para nuestros pueblos. Este proceso es fundamental porque asegura el respeto por nuestra autonomía, evita decisiones unilaterales y previene impactos y conflictos que puedan causar daños irreparables en nuestros pueblos y en los ecosistemas que protegemos.
Reiteramos la importancia de comprender qué implica este derecho, cómo opera y por qué su cumplimiento es esencial para la democracia participativa, la pervivencia y permanencia de nuestros pueblos. Los territorios no son una extensión geográfica definida por escrituras o mapas oficiales: son espacios de vida, memoria, espiritualidad y futuro. Allí se sostienen nuestras prácticas culturales, nuestras economías tradicionales, las formas de gobierno propio y los equilibrios ecológicos que cuidamos desde tiempos inmemoriales.
A pesar de que la Corte Constitucional ha sido clara en que la consulta previa es obligatoria siempre que una decisión afecte el territorio —incluidos espacios sagrados, ríos, montañas, cementerios ancestrales y lugares de tránsito tradicional—, durante décadas el Estado ha interpretado este derecho de manera restrictiva. Con frecuencia se ha minimizado la afectación directa, alegando beneficios para el “interés general” o desconociendo nuestras formas propias de entender el territorio. Estas prácticas reproducen patrones históricos de imposición y despojo, y desconocen nuestra autonomía y capacidad de decisión.
Recordamos que la afectación directa no se limita a lo visible o material. Cualquier intervención que modifique un espacio de importancia espiritual, ecológica o cultural tiene consecuencias profundas para nuestros territorios. La Corte, en la Sentencia SU-123 de 2018, estableció criterios claros para determinar esta afectación, como los vínculos culturales y ancestrales con el territorio, la intensidad y permanencia de la ocupación o las situaciones de riesgo, desplazamiento y amenaza contra la supervivencia de los pueblos. Estos parámetros deben guiar la acción estatal y no pueden ser ignorados.
La consulta previa tampoco significa otorgar un “sí automático” ni aceptar proyectos impuestos. Significa diálogo real, respeto por nuestras autoridades tradicionales y decisiones colectivas que reconozcan nuestra palabra. Somos guardianes de los territorios que mantienen la biodiversidad y diversidad cultural, regulan los ciclos del agua y sostienen la vida para toda la humanidad. Nuestra participación no bloquea el desarrollo; lo orienta hacia rutas justas y sostenibles, en equilibrio con la Madre Tierra.
Insistimos: no hay futuro posible sin los territorios y sin los Pueblos Indígenas. Escuchar nuestras voces es escuchar a la naturaleza misma. Las decisiones que tomamos se fundamentan en la responsabilidad intergeneracional y en el cuidado de quienes vienen detrás. Por eso, defender la consulta previa es defender la dignidad, la democracia directa y la posibilidad de construir un país más justo.
Seguiremos caminando con la palabra firme y el territorio en el corazón, exigiendo que este derecho sea respetado en todas las decisiones que puedan afectarnos. La construcción del futuro debe hacerse con nosotros, no a costa nuestra.
¡Defender los territorios es defender la vida!
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