por Prensa CNTI | Dic 5, 2025 | Noticias, Actualidad, Nota de prensa
Las organizaciones y los delegados indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alertamos al país sobre el sistemático incumplimiento de la Directiva 001 de 2025, un acto administrativo que establece orientaciones obligatorias para que las entidades del Estado garanticen la protección de los territorios indígenas.
Esta Directiva ordena que, antes de crear cualquier otra figura territorial —como Zonas de Reserva Campesina (ZRC) o Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM)— las instituciones deben verificar rigurosamente la existencia de territorios indígenas. Para ello deben verificar y consultar las distintas fuentes institucionales de información que este acto administrativo establece, y comunicarse con las instancias propias de los Pueblos Indígenas. Solo así se respeta el debido proceso y se garantiza la protección de los territorios indígenas en curso de formalización o pendientes de identificación por parte del Estado. Su propósito es claro: prevenir conflictos, proteger los derechos territoriales y asegurar que las decisiones del Estado respeten la autonomía y la integridad de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas evidenciamos que estas obligaciones no se están cumpliendo. La Directiva 001 de 2025, creada como instrumento preventivo, no está siendo aplicada, lo cual ha permitido que avancen procedimientos de constitución de ZRC y TECAM sin las verificaciones previas que exige la norma. Esta omisión expone a los territorios indígenas a decisiones que desconocen su integridad y está generando conflictos territoriales que pudieron evitarse.
Además, las entidades responsables no han entregado la información necesaria sobre la implementación de la Directiva, ni han garantizado actuaciones de consulta institucional ni de coordinación con los Pueblos Indígenas. La ausencia de estas garantías vulnera el debido proceso y debilita la protección territorial.
El incumplimiento estatal está afectando gravemente la armonía entre Pueblos Indígenas, campesinos y afrodescendientes, y está desconociendo derechos colectivos reconocidos por la normativa nacional e internacional. Esta negligencia institucional debilita la confianza en los mecanismos de concertación y pone en riesgo la seguridad jurídica, la pervivencia y permanencia de nuestros pueblos.
Frente a estos incumplimientos, los Pueblos Indígenas exigimos que el Estado aplique de manera estricta la Directiva 001 de 2025 y cumpla con sus obligaciones de:
Verificar de manera previa y rigurosa la existencia de territorios indígenas antes de crear cualquier otra figura territorial.
Garantizar acceso completo y oportuno a la información, con transparencia en todas las actuaciones administrativas.
Respetar el debido proceso en trámites que involucren territorios indígenas.
Cumplir con los estándares constitucionales e interamericanos de protección a los derechos territoriales y de autonomía de los pueblos indígenas, así como al del Consentimiento Libre, Previo e Informado.
Estas no son solicitudes nuevas: son obligaciones del Estado que deben cumplirse para proteger la vida, la dignidad y los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Dic 2, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Como Pueblos Indígenas, afirmamos que ningún proceso de medida legislativa o administrativa pública puede avanzar legítimamente si no respeta nuestro derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Este derecho, reconocido en normas nacionales e internacionales como el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado colombiano a consultarnos cuando una medida legislativa, administrativa o un proyecto pueda afectarnos de manera directa. No es una cortesía ni un trámite; es un principio de justicia que protege nuestras formas de vida, culturas, territorios y sistemas de conocimiento.
La consulta previa es un mecanismo jurídico y político que garantiza nuestra participación real en las decisiones que pueden transformar los territorios que habitamos y cuidamos. Consiste en un proceso de diálogo intercultural, de buena fe y con procedimientos acordados con nuestras autoridades, para que podamos analizar, deliberar y decidir colectivamente sobre asuntos de interés vital para nuestros pueblos. Este proceso es fundamental porque asegura el respeto por nuestra autonomía, evita decisiones unilaterales y previene impactos y conflictos que puedan causar daños irreparables en nuestros pueblos y en los ecosistemas que protegemos.
Reiteramos la importancia de comprender qué implica este derecho, cómo opera y por qué su cumplimiento es esencial para la democracia participativa, la pervivencia y permanencia de nuestros pueblos. Los territorios no son una extensión geográfica definida por escrituras o mapas oficiales: son espacios de vida, memoria, espiritualidad y futuro. Allí se sostienen nuestras prácticas culturales, nuestras economías tradicionales, las formas de gobierno propio y los equilibrios ecológicos que cuidamos desde tiempos inmemoriales.
A pesar de que la Corte Constitucional ha sido clara en que la consulta previa es obligatoria siempre que una decisión afecte el territorio —incluidos espacios sagrados, ríos, montañas, cementerios ancestrales y lugares de tránsito tradicional—, durante décadas el Estado ha interpretado este derecho de manera restrictiva. Con frecuencia se ha minimizado la afectación directa, alegando beneficios para el “interés general” o desconociendo nuestras formas propias de entender el territorio. Estas prácticas reproducen patrones históricos de imposición y despojo, y desconocen nuestra autonomía y capacidad de decisión.
Recordamos que la afectación directa no se limita a lo visible o material. Cualquier intervención que modifique un espacio de importancia espiritual, ecológica o cultural tiene consecuencias profundas para nuestros territorios. La Corte, en la Sentencia SU-123 de 2018, estableció criterios claros para determinar esta afectación, como los vínculos culturales y ancestrales con el territorio, la intensidad y permanencia de la ocupación o las situaciones de riesgo, desplazamiento y amenaza contra la supervivencia de los pueblos. Estos parámetros deben guiar la acción estatal y no pueden ser ignorados.
La consulta previa tampoco significa otorgar un “sí automático” ni aceptar proyectos impuestos. Significa diálogo real, respeto por nuestras autoridades tradicionales y decisiones colectivas que reconozcan nuestra palabra. Somos guardianes de los territorios que mantienen la biodiversidad y diversidad cultural, regulan los ciclos del agua y sostienen la vida para toda la humanidad. Nuestra participación no bloquea el desarrollo; lo orienta hacia rutas justas y sostenibles, en equilibrio con la Madre Tierra.
Insistimos: no hay futuro posible sin los territorios y sin los Pueblos Indígenas. Escuchar nuestras voces es escuchar a la naturaleza misma. Las decisiones que tomamos se fundamentan en la responsabilidad intergeneracional y en el cuidado de quienes vienen detrás. Por eso, defender la consulta previa es defender la dignidad, la democracia directa y la posibilidad de construir un país más justo.
Seguiremos caminando con la palabra firme y el territorio en el corazón, exigiendo que este derecho sea respetado en todas las decisiones que puedan afectarnos. La construcción del futuro debe hacerse con nosotros, no a costa nuestra.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Dic 1, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
Hasta el momento, la COP30 será recordada por la mayor participación indígena de la historia. Más de 5.000 indígenas asistimos a este encuentro mundial, con al menos 900 acreditados en la Zona Azul y participación en más de 500 eventos oficiales y paralelos.
Nuestra presencia se extendió a todos los espacios de la Cumbre. En la Cúpula de los Pueblos, más de 1.300 organizaciones y alrededor de 70.000 participantes se sumaron a los debates y movilizaciones. La Aldea COP, espacio central de encuentro indígena, recibió a más de 4.000 personas. La Barqueada de la Cúpula de los Pueblos, realizada el 12 de noviembre, convocó a más de 200 embarcaciones y 5.000 participantes. La Marcha Global por el Clima, el 15 de noviembre, reunió a 70.000 personas, y la Marcha Global Indígena – La Respuesta Somos Nosotros, el 17 de noviembre, movilizó a 3.000 hermanos y hermanas de diversos pueblos originarios.
Sin embargo, esta fuerza colectiva no se tradujo en poder de decisión. Aunque logramos una participación récord y visibilidad durante la COP30, todavía no tenemos participación formal en el proceso de negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), para que nuestras demandas puedan ser incorporadas a las decisiones oficiales. Participamos, sí, pero no decidimos.
Recordamos al mundo que no hay salida a la crisis climática sin nosotros. Espacios como el Caucus Indígena, la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas y el Círculo de los Pueblos representan avances construidos por el movimiento indígena internacional. Sin embargo, seguimos exigiendo algo simple y legítimo: participar de manera directa en las negociaciones y acuerdos que afectan nuestros territorios y sistemas de vida.
La histórica participación indígena en la COP30 marcó un cambio político y paradigmático: no puede haber acción climática sin la inclusión de los territorios y Pueblos Indígenas en el centro del debate y los acuerdos climáticos. Este es uno de nuestros legados para las próximas COP. Nuestros territorios son acciones climáticas contundentes y efectivas.
Sin garantizar los derechos territoriales, la seguridad jurídica y los derechos humanos de nuestros pueblos, no es posible aumentar de manera justa la lucha global contra el cambio climático. Las decisiones deben incluir salvaguardas firmes que eviten afectaciones, presiones, despojos, criminalización o desplazamientos, y protejan plenamente a los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, quienes enfrentan desafíos particulares.
A pesar de nuestra presencia histórica, la COP30 dejó vacíos críticos. No se adoptó una hoja de ruta para detener la expansión y deforestación asociada a los combustibles fósiles. Tampoco se recomendó que las políticas nacionales incorporen la identificación, el monitoreo y la gobernanza territorial indígena como pilares climáticos esenciales. Esta ausencia desconoce la evidencia y el papel real de nuestros territorios. Las omisiones de la COP30 debilitan la acción climática.
La falta de mecanismos seguros de denuncia y de salvaguardas robustas permite que proyectos de carbono y esquemas como JREDD+ avancen sin nuestro consentimiento, generando presiones, amenazas, despojos y criminalización. Exigimos garantías efectivas para que ninguna iniciativa climática vulnere nuestros derechos ni los de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. Sin salvaguardas reales y efectivas, los riesgos aumentan.
Somos Pueblos que hemos cuidado la vida durante milenios. Habitamos, defendemos y protegemos los territorios más biodiversos del planeta, y nuestros sistemas de conocimientos sostienen el equilibrio de la Madre Tierra. Ignorar nuestra palabra debilita cualquier solución real y coherente.
Hoy reiteramos:
Sin derechos territoriales, sin seguridad jurídica y sin garantías de derechos humanos, no habrá justicia climática real. Y aunque las decisiones globales sigan siendo insuficientes, seguiremos defendiendo y cuidando nuestros territorios y la vida, como lo hemos hecho milenariamente.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Nov 28, 2025 | Nota de prensa, Actualidad, Noticias
A pesar de haberse instalado formalmente la VI Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), las autoridades y delegados de las organizaciones indígenas decidimos declararnos en Sesión permanente ante la ausencia de funcionarios de alto nivel con capacidad real de decisión. Esta ausencia impide avanzar en cualquier punto de la agenda, bloquea la discusión de los compromisos pendientes y desconoce la naturaleza vinculante de este espacio de Gobierno a Gobierno.
Declararnos en Sesión permanente significa mantener activa la exigencia política, no cerrar el espacio y sostener la presión colectiva hasta que el Gobierno asuma su responsabilidad institucional, garantice condiciones reales de diálogo y cumpla con la palabra pactada con los Pueblos Indígenas.
El Estado incumple su responsabilidad frente a los territorios indígenas
Las organizaciones y delegados indígenas alertamos que el Estado no está garantizando el debido proceso en las actuaciones que afectan nuestros territorios. Por el contrario, continúa promoviendo otras figuras territoriales dentro de territorios indígenas sin la verificación previa, la consulta ni el consentimiento libre, previo e informado que exige la normativa nacional e internacional.
A esta situación se suma un patrón reiterado: ausencia de funcionarios de alto nivel, incumplimiento sistemático de acuerdos, avances parciales y una ralentización institucional que impide el desarrollo efectivo de los procesos territoriales. La baja ejecución presupuestal confirma la falta de voluntad política y el rezago en los compromisos asumidos durante el año.
Un impacto grave sobre los derechos territoriales
Estas fallas institucionales vulneran directamente los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, afectan la confianza en los mecanismos de concertación y profundizan los conflictos en nuestros territorios. Al promover figuras territoriales sin respetar el debido proceso, la institucionalidad agraria está afectando la armonía territorial y poniendo en riesgo la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos.
Las organizaciones y delegados indígenas de la CNTI nos mantenemos en Sesión permanente hasta la tercera semana de diciembre
Ante la imposibilidad de avanzar por la ausencia de funcionarios con capacidad real de decisión, la VI Sesión Mixta de la CNTI permanece abierta en Sesión permanente y continuará su desarrollo en la tercera semana de diciembre de 2025. Mantenernos en Sesión permanente significa que el espacio no se cierra ni se aplaza: se sostiene activo, vigente y en exigencia continua hasta que el Gobierno Nacional garantice las condiciones mínimas para dialogar y decidir.
El Gobierno debe asegurar la presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman; del Viceministro de Agricultura, José Luis Quiroga; y de todos los altos directivos competentes para tomar decisiones efectivas. Hacemos un llamado firme para que no se repita lo ocurrido el año pasado, cuando, después de tres re agendamientos, la última sesión de 2024 nunca se realizó, afectando gravemente los derechos colectivos y el cumplimiento de los acuerdos con los Pueblos Indígenas.
Hacemos un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de vigilancia, control y acompañamiento frente a estos incumplimientos. Su intervención es necesaria para garantizar que el Estado actúe con responsabilidad, reconozca y garantice los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y evite la repetición de prácticas que ponen en riesgo la confianza, la concertación y la vida en los territorios.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Nov 27, 2025 | Actualidad, Nota de prensa, Noticias
En el cierre de la COP30, levantamos nuestra voz colectiva para afirmar una verdad que el mundo no puede seguir ignorando: no hay futuro posible sin los Pueblos Indígenas. Aunque esta cumbre fue presentada como la “COP indígena”, nuestras voces continuaron siendo excluidas de las decisiones clave de la Convención Marco de Cambio Climático (CMNUCC).
Desde nuestros territorios —que concentran gran parte de la biodiversidad del planeta— insistimos en que no hay salida a la crisis climática sin nosotros. Somos quienes habitamos, protegemos y cuidamos los bosques, ríos, montañas y ecosistemas que regulan el clima del mundo. Nuestros sistemas de conocimiento sostienen el equilibrio de la vida; sin embargo, nuestras propuestas siguen fuera de los espacios donde se toman las decisiones globales.
A pesar de enfrentar los impactos más profundos de la crisis climática, seguimos excluidos del acceso directo a los fondos climáticos y de los mecanismos de decisión vinculantes. Esta exclusión es incompatible con la urgencia que exige la emergencia climática.
Alertamos, además, que sin salvaguardas robustas la llamada transición energética se convierte en un nuevo ciclo de despojo. Las economías “verdes”, la minería de transición y los megaproyectos energéticos ya están presionando nuestros territorios. Sin reconocimiento de nuestros derechos y sin garantía plena del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), la transición energética no transforma nada: solo repite la historia de violencia extractiva.
Recordamos al mundo que nuestros derechos territoriales, nuestra autodeterminación y nuestra participación plena están reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Exigimos que se cumplan sin excepción en todas las decisiones climáticas.
La COP30 cerró sin adoptar un plan para abandonar los combustibles fósiles, lo que representa la mayor derrota del encuentro. La presión de los países aliados a la industria petrolera y gasífera frenó cualquier avance real. Esta omisión revela que la Convención aún no reconoce el peso y la urgencia de una transición energética verdadera. Sin una salida clara de los combustibles fósiles, no existirá transición justa ni protección efectiva de nuestros territorios.
A pesar de estas limitaciones, reiteramos: seguiremos defendiendo la vida y los territorios más allá de las COP, como lo hemos hecho milenariamente. Nuestro compromiso con la Madre Tierra no depende de las negociaciones internacionales; es un mandato espiritual, político y colectivo.
Desde Belém, enviamos un mensaje firme: Los Pueblos Indígenas no somos un actor simbólico. Somos la raíz viva de las soluciones reales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
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