La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denuncia la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad arhuaca (Iku) de Kutunsama en el resguardo Kogui Malayo Arhuaco, debido a la invasión que se está presentado desde el pasado 20 de agosto de 2020, en la que aproximadamente 200 colonos han comenzado un proceso arbitrario de parcelación, tala y apropiación ilegal del territorio.
Según denuncias de la propia comunidad, han hecho uso de cintas para demarcar el territorio y sin mediar palabra han avanzado con el corte indiscriminado de vegetación nativa y diferentes especies arbóreas, generando una afectación directa al equilibrio ambiental de la zona. Así mismo, amenazaron con “tumbar los árboles grandes’’ mañana (22 de agosto de 2020) tras argumentar que el Estado no los ha reubicado ni dado tierras.
A pesar de que la Policía Metropolitana y la Personería del Pueblo hicieron presencia en el lugar el día de ayer, en la madrugada de este viernes 21 de agosto las actividades fueron reanudadas por los colonos, provenientes de las zonas aledañas de Guachaca, Palomino, Marquetalia, Puerto Nuevo e incluso (se cree) desde Venezuela. Sin embargo, no hubo acuerdo y la Fuerza Pública manifestó no poder hacer nada porque “hay intereses de otros grupos más grandes’’.
En este territorio ancestral, que constituye una ruta de salida al mar para esta comunidad que durante tantos años lo disputó, están ubicados sitios sagrados para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y es además una importante área de conservación ambiental. Por eso las acciones de los últimos días representan una pérdida significativa para las comunidades que desde hace más de ocho años han trabajado por la recuperación del mismo.
Estos fenómenos son facilitados y promovidos por la falta de formalización y la inseguridad jurídica que sufren los territorios indígenas debido a la negligencia estatal. Actualmente, en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) existen 1009 solicitudes de formalización de territorios indígenas en resguardos. Tal es el caso del resguardo Kogui Malayo Arhuaco que va por su cuarta solicitud de ampliación aún no resuelta y que responde a la ausencia de integralidad en el reconocimiento de los territorios ancestrales por parte del Estado.
Vemos con preocupación cómo en el marco de la pandemia por covid-19 ha aumentado significativamente la presencia de grupos ajenos a los pueblos indígenas que invaden y destruyen el entorno para ampliar la frontera agrícola y adelantar procesos de deforestación y ganadería extensiva.
Lo que logramos identificar es que el principal actor generador del conflicto es el Estado colombiano. Por eso, desde este espacio hacemos un llamado de manera urgente a la opinión pública, y pedimos a las entidades de control y organizaciones internacionales que intervengan, verifiquen la situación y le exijan al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas que ven cómo sus territorios sagrados son vulnerados sin encontrar una respuesta clara y efectiva por parte de las autoridades competentes.
Las organizaciones indígenas con asiento en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI creada por el Decreto 1397 de 1996, dejamos pública constancia ante el Gobierno Nacional y hacemos un llamado urgente a sus autoridades, a los organismos de control, comunidad internacional y a la sociedad colombiana en su conjunto, para que se exijan, adopten y ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias, encaminadas a detener el avance arrasador de la deforestación en la Amazonía colombiana.
Este posicionamiento se suma a las muchas voces que han advertido sobre esta misma situación, entre ellas la muy autorizada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, quien recientemente llamó la atención en su informe sobre los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía, sobre cómo “el incremento de las actividades extractivas en la Amazonía ha causado efectos de deforestación y ha creado tensiones por el uso de la tierra y sus recursos”, señalando al mismo tiempo que “durante los últimos años se han advertido nuevos problemas que amenazan la supervivencia de estos pueblos, particularmente las alteraciones medioambientales y el cambio climático, hacen cada vez más difícil que puedan mantener sus formas de vida e interacción con el medio ambiente” (2019).
Hoy más que nunca en Colombia se intensifican y materializan los riesgos y las amenazas contra la diversidad biológica de este bioma que es vital para la existencia misma de la humanidad, y un territorio sagrado y ancestral del que hace parte la mayor selva tropical húmeda del planeta. Tales riesgos se concretan, en la actualidad, en contra de la existencia física y cultural de los más de 60 pueblos y comunidades indígenas que, orientados por nuestros conocimientos y sistemas propios de pensamiento, hemos sido y seguiremos siendo, a pesar de toda adversidad, los guardianes tradicionales y ancestrales de este territorio amazónico colombiano.
En el balance de los más de 150 días de emergencia sanitaria por el COVID-19 realizado por la ONIC, se identificaron 7.691 casos positivos para coronavirus; el 12.3% de los infectados corresponde a indígenas de más de 60 años que son las autoridades espirituales y, un 68,5% en las cifras de fallecimientos. Se cuentan 2.772 casos adicionales que esperan los resultados de las pruebas. Además, de los 775 resguardos en el país, a la fecha se identifican 228 en riesgo por la pandemia; hoy son 71 pueblos afectados por el virus, con 425.079 familias indígenas en riesgo de contagio de este, dada su cercanía con poblaciones urbanas de alto foco de infección, de las que un 30% son familias residentes en resguardos y otro 73.7% son familias residentes en territorios ancestrales. Salvo a las medidas propias de prevención impartidas por las autoridades tradicionales, el gobierno nacional y regionales no han adoptado otros mecanismos efectivos ni consensuados para evitar la propagación del virus.
Durante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se han evidenciado las deudas y falencias del Estado frente a los pueblos indígenas, en ámbitos como la protección de la vida e integridad, la territorialidad, la autonomía y la participación. Se han exacerbado los riesgos y amenazas a los pueblos indígenas, entre los cuales se encuentra la violación de nuestros derechos territoriales debido a su falta de seguridad jurídica, actividades extractivas legales e ilegales, el aumento de la presencia de grupos armados y las fuerzas militares, el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las mismas fuerzas militares que ponen en riesgo a las comunidades.
Las amenazas y ataques constantes a líderes indígenas que defienden el territorio, el aumento de zonas deforestadas en la Amazonía colombiana, y el registro de 50 asesinatos a indígenas desde el inicio de la pandemia y en el confinamiento de las comunidades, evidencian el aumento del riesgo de exterminio físico y cultural. Los Pueblos Indígenas estamos sufriendo un etnocidio.
A pesar de la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, que ordena la realización de la consulta previa a pueblos indígenas y afros, y la adopción de medidas reales y efectivas que garanticen el derecho a la participación de las comunidades rurales afectadas, la ANLA convocó nuevamente a audiencia virtual para el próximo 1 de septiembre desacatando las órdenes del juez constitucional.
Boletín CNTI
En el mes de julio, el Tribunal de Nariño respaldó al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto al dejar en firme la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental para la reanudación de fumigaciones con glifosato, destinadas a 170.000 hectáreas de cultivo de coca en 104 municipios del país.
Esta sentencia se dio para proteger el derecho a la consulta previa para indígenas y afrodescendientes, así como el derecho a la participación de las poblaciones campesinas y comunidades foco del programa de erradicación mediante aspersión aérea con glifosato. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha querido sustituir la audiencia ambiental con mecanismos virtuales, desconociendo los problemas de conectividad y extrema vulnerabilidad que impiden a las comunidades una participación masiva, real y efectiva para decidir sobre los asuntos que atañen a sus territorios.
Dentro de las órdenes del juez constitucional está: realizar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas, garantizar la disponibilidad de la información ambiental del proyecto y modificar el plan de socialización y difusión que de garantías a la población en general, ya que los mecanismos de difusión por internet y convocatoria radial en concepto del tribunal no son adecuados.
El incumplimiento de la sentencia
Según la denuncia hecha por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR): “tan solo unos días después de emitido el fallo de la tutela (…) la ANLA y la Policía, de forma unilateral, decidieron convocar mediante edicto otra vez una audiencia virtual a celebrarse el martes 1 de septiembre de 2020 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”.
Para tal fin, la ANLA programó tres reuniones informativas preparatorias para los días 11, 13 y 15 de agosto, respectivamente. El CAJAR señaló que «los únicos cambios “sustanciales” ahora incorporados consisten en transmitir la audiencia vía televisión por el Canal 13 solo durante tres horas, en once municipios se habilitará un espacio en los que se tendrán pantallas para proyectar la transmisión y se contará con un teléfono móvil. Dichos espacios solo permitirán un aforo máximo del35% de la capacidad total del recinto».
La ANLA insiste en la realización de la audiencia sin acatar primero las órdenes de las sentencias de tutela, lo cual constituye desacato.
El llamado de las comunidades y las organizaciones sociales
En la defensa por el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de estas poblaciones, se exige a la ANLA la suspensión de estas jornadas, toda vez que no se ha cumplido con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y afros, ni tampoco existen condiciones para celebrarlas con las garantías ordenadas por los jueces de tutela con la adopción de garantías reales y efectivas para la participación, para el acceso y consulta de la información ambiental.
A las voces de alerta ante esta situación se han sumado administraciones y personerías municipales, así como la Procuraduría General de la Nación, pidiendo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales haga uso de su facultad de detenerlas hasta que se garanticen las condiciones de participación para las comunidades que serían afectadas directamente con las aspersiones aéreas.
Es importante tener en cuenta que este no es solo un reclamo desde los territorios sino que el accionar de la ANLA desobedece lo señalado por el Tribunal Administrativo de Nariño en su fallo de tutela. Por lo tanto, representa un desconocimiento a las decisiones tomadas por la Justicia colombiana.
La relevancia de la posible reactivación de aspersiones aéreas con glifosato va más allá de la erradicación de cultivos de uso ilícito. Como lo sostienen los representantes de las comunidades en los municipios del programa de erradicación, el herbicida genera afectaciones en la tierra dejándola infértil, contamina las fuentes hídricas de las cuales se abastecen y se presentan casos de enfermedades o malformaciones no solo en las especies de fauna presentes en el lugar, sino en los mismos habitantes de la zona.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas lamentamos el fallecimiento de la comisionada y lideresa afrodescendiente Ángela Salazar, nuestra solidaridad a su familia, a sus allegados y a la CEV, su partida producto del COVID-19, deja un gran vacío en el sistema de conocimiento y sabiduría ancestral, la recordaremos como una mujer aguerrida, alegre y luchadora por las causas sociales.
La comisionada Ángela Salazar, de 66 años, oriunda de Tadó, Chocó, falleció en la mañana de este viernes 7 de agosto en Apartadó, Antioquia.
Según fuentes cercanas a la Comisión de la Verdad, Ángela Salazar se destacó como lideresa de mujeres en el Urabá antioqueño y era una de las 11 integrantes del pleno de la comisión.
La comisionada es reconocida por haber ejercido su liderazgo comunitario como conciliadora en equidad, se destacó por visibilizar la lucha y la defensa del derecho de las mujeres, su pilar de lucha fue hacer visibles las luchas de los derechos de las mujeres, especialmente de las victimas de la violencia sexual, los trabajadores bananeros, las empleadas domésticas, entre otros.
Quienes la conocieron de cerca reconocen en ella su capacidad organizativa durante los días más violentos de la región de Urabá, gozaba de una alegría de vivir y una disposición aguerrida en defensa de los derechos humanos.
En los últimos tres años trabajó incansablemente como comisionada de la verdad, sobre todo en la recuperación de la memoria y la verdad del pueblo afrocolombiano, afectado por el conflicto armado.
La comisionada Salazar es la segunda integrante del pleno de la Comisión de la Verdad que fallece, después de la muerte, en octubre de 2019, del periodista y sociólogo Alfredo Molano Bravo.
