Desde este espacio rechazamos categóricamente la negativa del Gobierno nacional a aceptar la visita de la CIDH para investigar las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el Paro Nacional.
Las declaraciones de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, después de la reunión sostenida en Washington con Luis Almagro, secretario general de la OEA, son una muestra más de la falta de interés del Gobierno por esclarecer los hechos que enlutan al país y que son consecuencia de un actuar sistemático de la fuerza pública que ha dado un tratamiento de guerra a los y las manifestantes desde el pasado 28 de abril.
Sugerir que la visita de la CIDH al país podría realizarse eventualmente y a la vez argumentar que por el momento es competencia de los organismos de control nacional, prolonga la incertidumbre y revictimiza a la población que en constantes ocasiones ha señalado la ausencia de dichos organismos para hacer un seguimiento exhaustivo a las denuncias. Actualmente la ciudadanía no encuentra respaldo en los representantes de la institucionalidad y esto es resultado de una dudosa gestión que parece responder a los intereses del Gobierno de turno.
Así mismo, hacemos seguimiento a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien niega que la fuerza pública haya actuado en contravía de los derechos humanos en el marco del paro. Durante su intervención del 24 de mayo en la plenaria del Senado, afirmó que esta “actúa con estricto apego a los derechos humanos para garantizar las movilizaciones. Tenemos normas que regulan el uso legítimo de la fuerza y cumplimos procedimientos”.
Estaremos al tanto del avance de esta iniciativa, pues es inadmisible que quienes deben trabajar por la defensa y la seguridad de su propio pueblo, avalen, apliquen y justifiquen tales modos de represión como los que hemos visto desde hace un mes en Colombia.
Reiteramos como organización que:
Es urgente la presencia de organismos internacionales que verifiquen las violaciones de derechos humanos que se han evidenciado en el marco del Paro Nacional. Los crímenes cometidos durante las protestas no pueden ser ocultados y dejados en la impunidad.
La protesta social es un derecho fundamental reconocido y protegido por la Constitución Política de Colombia, contemplado en el artículo 37. El garantizar las libertades y otros derechos relacionados a la protesta como la libertad de reunión y asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión, entre otros, no es y nunca será negociable.
La estigmatización y la criminalización de la protesta nunca será la forma de resolver los justos reclamos de miles de colombianos/as afectados/as por la falta de oportunidades, la desigualdad social y la aplicación de medidas que van en retroceso de los derechos adquiridos.
Nos unimos a las voces que reclaman el desmonte del ESMAD y exigimos el esclarecimiento de los asesinatos, las desapariciones, los casos de violencia sexual y los abusos de autoridad por parte la fuerza pública.
En el marco del trabajo que se teje desde el Observatorio, componente de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se realizó un acompañamiento a las comunidades entre el 26 de abril y el 7 de mayo del presente año. Las diferentes actividades permitieron afianzar trabajos articulados con organizaciones y comunidades indígenas del Cauca que resisten a la constante violación de derechos humanos y territoriales.
De la mano de los/as compañeros/as Nasa, la CNTI compartió un espacio en el Resguardo Indígena Kitek Kiwe ubicado en el municipio de Timbío, Cauca, en el que alrededor de la tulpa y de diversos comuneros fue posible socializar el trabajo que está realizando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
De igual manera, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) ubicada en Popayán, se llevó a cabo el fortalecimiento de los canales de comunicación y la articulación con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), así como la presentación general de los avances sobre la ruta de implementación de la política del catastro multipropósito y el barrido predial, en un espacio político en el que intervino Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión.
Desde la Comisión Nacional de Territorios indígenas (CNTI) enfatizamos que la titulación del Cabildo La Montaña – Pueblo Indígena Los Pastos, ha sido dilatada administrativamente por más de 14 años.
En el marco de situaciones que evidencian la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en materia territorial para las Comunidades y Pueblos Indígenas en Colombia; La Secretaria Técnica indígena de la CNTI interpuso una acción de tutela que expone la violación de derechos fundamentales por las dilaciones administrativas por situaciones atribuibles a la existencia del conflicto armado en los territorios colectivos, postulado a todas luces inconstitucional.
El fallo con radicado 2021–043 proferido en primera instancia por el Juzgado Doce de Familia de Bogotá y confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, reitera que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la subdirección de asuntos étnicos de la ANT, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la protección a la diversidad étnica y cultural, a la constitución de propiedad colectiva y a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. El estudio de la acción expone que la Secretaria Técnica indígena de la CNTI, resulta representativa y legitima para la presentación de acciones constitucionales en favor de las comunidades y pueblos indígenas que necesitan activar mecanismos para la tutela de sus derechos fundamentales.
El Cabildo de La Montaña del municipio de Samaniego, Nariño, lleva más de 14 años realizando una serie de acciones para activar la respuesta del Estado en función de la garantía de sus derechos territoriales para obtener la titulación de su propiedad colectiva. Sin embargo, a la fecha no existen respuestas efectivas que garanticen los derechos fundamentales de la comunidad. La ANT como autoridad agraria responsable del proceso de formalización de territorios colectivos en el país, ha dilatado el procedimiento administrativo estableciendo limitaciones no desarrolladas en los marcos normativos que regulan la materia, sumadas las demoras excesivas e irrazonables para dar trámite a las solicitudes.
Cabe resaltar que, en materia de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, la Sentencia T-153 de 2019 señaló que procedimiento administrativo de constitución de Resguardos Indígenas debe adelantarse respetando el tiempo establecido sin dilaciones injustificadas. La Corte Constitucional ha sostenido que el deber de actuar diligentemente se traduce en la obligación estatal de garantizar el acceso a los territorios, así como su delimitación y titulación dentro de un plazo razonable.
Por su parte, La Sala Tercera del TribunalSuperior del Distrito Judicial de Bogotá, que estudio el caso, no desconoce la preocupación por parte de la Agencia Nacional de Tierras respecto a que los predios que solicitan la respectiva titulación estén libres de minas y cultivos ilícitos, pero resalta que no es un obstáculo para culminar el trámite de la solicitud radicada desde el año 2012.
El fallo orienta sobre la formalización de territorios colectivos como un mecanismo de garantía de derechos de las comunidades que viven en zonas donde el conflicto armado continúa generando afectaciones, por ello resalta:
“En cuanto a la complejidad del proceso, hay que decirse que las circunstancias relativas a la existencia de minas antipersonales dentro de los territorios que se pretenden que sean reconocidos, es un factor de suma importancia, pues no puede ser tomado a la ligera por cuanto está en juego a la vida de los integrantes del resguardo indígena, y de la población civil como tal. Es por lo anterior, que se evidencia que la dilación se debe a una falta de actuación por parte del gobierno y las autoridades competentes, a fin de suministrar la seguridad de los habitantes que componen el territorio del resguardo indígena que, a través de la presente acción, se pretende concluir satisfactoria y favorablemente el trámite de constitución del Resguardo Indígena de la Montaña, Pueblo Indígena de Los Pastos en el municipio de Samaniego (Nariño)”.
“Ahora, si bien, la existencia Minas Antipersona MAP-, Municiones sin Explotar MUSE y Trampa Explosiva TE en el territorio colectivo del cabildo, no es una razón suficiente para el retraso que presenta el trámite de constitución del Resguardo Indígena de la Montaña, Pueblo Indígena de Los Pastos en el municipio de Samaniego (Nariño), pues dadas las condiciones actuales del país, en donde aún existe presencia de grupos armados ilegales, las cuales van a seguir operando sin tener una fecha cierta de que desaparezcan, lo que deja desprotegidos a los habitantes de estos territorios, delos cuales se requiere protección por parte del Estado”.
Como CNTI, hacemos un llamado a que el Estado responda a su deber de garantía y active todos los mecanismos para evitar las afectaciones territoriales por la presencia de grupos armados, cultivos de uso ilícito, minas antipersonal, municiones sin Explotar, trampas explosivas, entre otras situaciones que generan riesgo a la perviviencia de los pueblos, resaltando que ello sigue siendo un reflejo indiscutible del fracaso de la implementación de los acuerdos de paz y la omisión ante el deber de cumplir de buena fe el acuerdo por parte del Gobierno.
La CNTI logró activar los mecanismos judiciales que ordenan a la ANT culminar el proceso administrativo de titulación colectiva del resguardo en un lapso de tres (3) meses.
Desde este espacio hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Tierras y demás instituciones del Gobierno para que acaten los pronunciamientos jurídicos en los que se reconoce la tardanza irrazonable con argumentos de las instancias judiciales a favor de los pueblos indígenas.
¡Como CNTI continuaremos activando el diálogo y la exigibilidad con medidas administrativas y judiciales porque defender los territorios es defender la vida!
El pasado domingo 9 de mayo, la Policía Nacional y civiles armados abrieron fuego contra comuneros/as de la Minga Indígena que realizaban acciones humanitarias en el marco del Paro Nacional, en un ejercicio de derecho propio, ancestral y de movilización pacífica. Esta violenta incursión dejó un saldo de diez comuneros/as heridos/as, algunos/as de gravedad.
No olvidemos que la Minga Indígena en las últimas décadas nos ha mostrado la importancia de la movilización social para la exigencia legítima de los derechos. Los pueblos indígenas son una de las poblaciones rurales que han tenido que vivir la sistematicidad de la violencia y el despojo de sus territorios, y hoy son símbolo de la dignidad a la hora de reclamar sus derechos fundamentales, al realizar movilizaciones multitudinarias que dejan en la memoria la organización, la cultura y el rechazo a la violencia como vía para la resolución de los conflictos.
La Minga también ayudó a coordinar, en medio del Paro Nacional, el tránsito de una caravana humanitaria de víveres, medicinas y servicios de urgencias, con lo que dieron claras muestras de su voluntad de aportar a la construcción de salidas dialogadas y concertadas con el Gobierno. El apoyo de la Minga al Paro Nacional es un ejemplo más de la generosidad que caracteriza a los pueblos indígenas.
Asimismo, se solidarizó con la acción de protesta de la ciudadanía que ante el desconocimiento y la burla del Gobierno, solo ha recibido el actuar por fuera de la ley del ESMAD y la Policía, quienes la han reprimido brutal y arbitrariamente. Es de esta manera que la “Minga Hacia Afuera” se dirigió a Cali, epicentro de las más autoritarias e inconcebibles acciones de represión, para actuar como un cordón humanitario y aunar esfuerzos en apoyo al paro.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) reivindicamos el derecho a la protesta ante un Gobierno que desconoce la realidad del país, se muestra indiferente y busca recargar sus responsabilidades a una ciudadanía ya suficientemente afectada por la pandemia, la precaria atención en salud y la ausencia de una renta básica que garantice los derechos de la población más vulnerable, sin contar las problemáticas históricas que se viven especialmente en los territorios.
Responsabilizamos al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa, Diego Molano, a Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, y a los altos mandos de la Policía Nacional, por cada uno de los asesinatos perpetrados por aquellos que, habiendo jurado defender a su pueblo, alzaron sus armas y derramaron la sangre del mismo.
La CNTI y las organizaciones de los pueblos indígenas acompañamos a los diferentes sectores sociales que se han unido a las movilizaciones y recordamos que hacemos parte de esta lucha por la vida y la dignidad. Exigimos que se deje de criminalizar la protesta y que cese la desinformación en la prensa.
Seguimos rechazando la reforma tributaria y la reforma a la salud. Decimos NO a la violación de derechos humanos y de derechos fundamentales como a la consulta previa, libre e informada. Nos oponemos a la implementación del catastro multipropósito sin la participación efectiva de los pueblos mediante la consulta previa y al regreso de las aspersiones aéreas con glifosato a nuestros territorios. Honramos además la memoria de los líderes y lideresas asesinados/as: por sus vidas, sus luchas y el legado de sus procesos organizativos, reclamamos que se detenga el genocidio.
Así mismo, requerimos la participación real del defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien ha estado ausente y cuya negligencia resulta escandalosa. Aún más, al ver que en su más reciente aparición, hizo un “llamado a la cordura” a la ciudadanía, ignorando por completo la situación que estamos viviendo los colombianos a causa de la militarización y las constantes agresiones, no solo contra los manifestantes sino también contra viviendas y transeúntes en zonas residenciales.
A fecha del 3 de mayo y ante la posibilidad de presentar un subregistro en la información, la plataforma GRITA reportó 1181 casos de violencia policial en Colombia. De estos, fueron reportadas 142 víctimas de violencia física, 26 víctimas de violencia homicida, 761 detenciones arbitrarias, 216 intervenciones violencias, 17 víctimas de agresión en sus ojos, 56 casos de disparos de arma de fuego, 9 víctimas de violencia sexual y 56 denuncias por desapariciones en el marco de las movilizaciones. ¡¡¡No es hora de callar!!!
Hacemos un llamado urgente a los medios de comunicación internacionales, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a las demás entidades competentes, para vencer la censura y que tanto los casos de brutalidad policial como las ejecuciones perpetradas por la fuerza pública, no queden impunes. Es indispensable saber quiénes han ordenado estos ataques directos y desproporcionados contra la población civil que claramente nos impiden hablar de un Estado en democracia.
Seguiremos en pie de lucha, ¡defender los territorios es defender la vida!
