

Los expedientes perdidos de titulación y saneamiento de los territorios indígenas

En el marco de la CNTI, Inician las mesas técnicas entre los pueblos indígenas y el gobierno nacional
Dentro de la agenda se abordaron diferentes temas, entre los que están: articulación interinstitucional y Reparación Integral de pueblos y territorios indígenas por parte de la URT y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la atención, seguimiento e impulso de las medidas cautelares, además de las solicitudes de protección territorial, revisión de la ruta étnica que está relacionada con los procesos de formalización y la seguridad jurídica, seguimiento a las tres etapas de restitución y por último, el caso expuesto por el delegado de Gobierno Mayor, con el caso Metiwa Guacamayas.
Frente al punto que hace referencia al presupuesto, se van a definir las respectivas metas con el Proyecto de Inversión para poder especificar una cifra dentro del proyecto con un enfoque diferencial. Por otro lado, la URT manifestó que vienen trabajando de manera mancomunada, consolidando la información en territorio y así, poder articular con las Direcciones de Asuntos Étnicos de las entidades competentes en materia territorial.
En ese sentido, se espera poder establecer una dinámica de trabajo más coordinada con la ANT en lo que tiene que ver con los procesos de formalización para establecer una ruta más clara de cara a los próximos años, con el fin de que la URT pueda funcionar como un operador de la agencia con los procesos de compra y así, poder darles mayor celeridad a las solicitudes existentes dentro de los procesos de ampliación, saneamiento y constitución de los resguardos indígenas.
Es así como dentro de los acuerdos establecidos en el marco de la sesión del 23 al 25 de noviembre, la URT debe presentar dos informes anuales, sobre aquellos casos donde se resuelvan traslapes de casos entre la ruta individual y la ruta étnica. Adicional a esto, los voceros del movimiento indígena, le solicitaron a la unidad que construya unos lineamientos, protocolos, orientaciones y parámetros generales para el abordaje de los conflictos interétnicos e intraétnicos para la garantía de una seguridad jurídica en los territorios de los pueblos solicitantes.
Además de estos acuerdos, el diálogo se enmarcó en una serie de concertaciones para construir y trabajar de manera articulada con cada uno de los representantes que hacen parte de estos espacios para el goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales del país. Desde este espacio, seguiremos informando las discusiones que se den de gobierno a gobierno en materia territorial.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
Fallo a favor de los derechos territoriales del Pueblo Indígena Sikuani, en el departamento del Meta
El Secretario Técnico Indígena de la CNTI y las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, interpusieron una acción de tutela en contra de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del departamento del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán, la Unidad Restitución de Tierras – URT y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para solicitar el amparo de los derechos territoriales de las cuatro común idades.
El pasado 15 de noviembre de 2022, en decisión de segunda instancia, la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión tomada por el Juzgado Penal para Adolescentes que negó las pretensiones de los accionantes y finalmente concedió el amparo de los derechos fundamentales de estas cuatro comunidades indígenas a la autonomía y al debido proceso.
La acción de tutela interpuesta argumentó que las tierras ancestrales de las referidas comunidades del pueblo Sikunai se ubican en las veredas La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frio, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena de Puerto Gaitán, Meta, las cuales, al no contar con un título colectivo, han sido despojados por cuenta de la titulación a terceros como es el caso de la comunidad religiosa de Los Menonitas. Por este motivo, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la protección de sus territorios en el marco de la implementación del decreto 2333 de 2014; solitudes que en el caso de las comunidades de Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo siguen sin ser resueltas por la agencia, y una, la de la comunidad de Barrulia, al no concedérsele la protección, interpuso ante la entidad el Recurso de reposición y en subsidio el de apelación, sin que respecto a este y a la fecha, exista pronunciamiento alguno.
Las comunidades referidas han ejercido diferentes acciones ante la administración local, la inspección de policía y solicitado impulso procesal ante la ANT. Asimismo, han presentado varias peticiones de suspensión de los diversos procesos policivos de restitución de posesión o propiedad; no obstante, mediante ordenes de desalojo, las comunidades han sido atropelladas, desmanteladas sus viviendas, y quemados sus bienes y enseres por integrantes de comisiones oficiales que han acompañado al inspector de policía del municipio de Puerto Gaitán (Meta).
Por ello interpusieron acción de tutela por la violación de sus derechos fundamentales al territorio, a la protección de territorios ancestrales y tradicionales, a la propiedad colectiva, a la autonomía, a la autodeterminación, a la diversidad étnica y cultural, a la vida digna, al debido proceso administrativo, a la reparación integral, a la seguridad alimentaria, a la vivienda adecuada, al mínimo vital y al trabajo rural.
La Asociación Indígena Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía (UNUMA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Las Autoridades Indígenas de Colombia “Por la Pacha Mama” (AICO) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en coadyuvancia y en apoyo a la defensa de los derechos territoriales del pueblo Sikuani, también coadyuvaron el fallo de primera instancia.
En el reciente fallo de segunda instancia, la sala evidencia que en algunos casos han pasado más de cuatro años sin que la ANT haya decidido las medidas de protección en favor de las comunidades Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo. Aunque la ANT como entidad demandada se ha excusado en la dificultad para notificar a los propietarios de los terrenos sobre los cuales estas revindican su posesión ancestral, lo cierto es que ha excedido por mucho el plazo razonable para resolver las solicitudes de pendientes.
En síntesis, el fallo revoca la decisión de primera instancia; ampara de los derechos fundamentales a la autonomía y al debido proceso de las comunidades Indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsabilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán; ordena a la ANT para que resuelva la medida de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las comunidades de Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsabilonia; y ordena a la Gobernación del del Meta, a la Alcaldía de Puerto Gaitán y a la Inspección de Policía de ese municipio que se suspendan todos los procesos policivos de perturbación en la posesión de los predios objeto de solicitud de medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las Comunidades Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, hasta que la ANT los resuelva mediante acto administrativo ejecutoriado.
Para leer el fallo completo, clic aquí
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Puntos clave a tener en cuenta en la cuarta Sesión Autónoma de la CNTI del 2022
El 17 de noviembre comenzó la cuarta sesión de la mesa autónoma de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) con la participación de los delegados indígenas y la secretaría técnica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI. El primer día tuvo un avance en el análisis de la situación jurídica y territorial de algunas comunidades indígenas, así como las propuestas que se presentarán a las entidades territoriales del Gobierno Nacional.
Uno de los primeros casos analizados fue la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala de Asuntos Penales con el fallo a favor de la impugnación conjunta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas –CNTI y de las Comunidades Indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsabilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán. Este proceso buscó garantizar el goce efectivo y la seguridad jurídica del territorio ancestral de estos pueblos originarios.
Desde este fallo, en el espacio autónomo, se resaltó la importancia de PROTEGER y FORMALIZAR los territorios, además de la exigencia de frenar los procesos policivos en contra de las comunidades indígenas que fueron víctimas de órdenes de desalojos donde fueron destruidos sus viviendas, agredidas las personas y quemados sus bienes y enseres.
Otro de los puntos mencionados fue la situación actual que viven los pueblos Sikuani y Piapocos, en el resguardo indígena de Únuma, en el departamento del Vichada, donde las comunidades Puerto Príncipe, las Auroras la Unión y Caño Azul manifiestan que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha dilatado los procesos de clarificación de los linderos entre los campesinos, el Resguardo de Únuma y el río Cada.
Es por ello, que los pueblos originarios del territorio del Vichada le exigen claridad y garantías reales a la ANT frente a su derecho fundamental al acceso al territorio, puesto que estas comunidades también se enfrentan a la presencia de grupos armados legales e ilegales, los cultivos de uso ilícito, los monocultivos y las ofertas de ventas de carbono. Estos múltiples conflictos han generado disputas internas en sus organizaciones, así mismo la afectación del goce efectivo de los derechos territoriales y su permanencia como pueblos ancestrales de este territorio.
Ante esta situación, los delegados indígenas y el equipo técnico de la CNTI proyectan hacia el avance de las propuestas que se le presentará a la Agencia Nacional de Tierras, La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y demás entidades territoriales. Además, deben dar claridad sobre los avances, indicadores, metas y cumplimientos de la restitución de formalización y saneamiento de los territorios indígenas, pues la no priorización de estos rezagos afecta la relación ancestral de los pueblos indígenas con el territorio.
El espacio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, junto con los delegados y las autoridades indígenas continuarán trabajando para que los Pueblos Indígenas puedan tener el goce efectivo de sus territorios.
Defender los territorios, es defender la vida.